El pasado 16 de abril, el Congreso del Estado de Sinaloa recibió una iniciativa de ley firmada por el gobernador Rubén Rocha Moya para modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.
Aunque en la exposición de motivos se habla de la necesidad de homologar el marco legal con el federal, además de la racionalidad del gasto, la propuesta contiene elementos que alarmaron a organizaciones de la sociedad civil del estado por el retroceso que implica su posible aprobación.
La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (ReCIAS) realizó un análisis técnico donde comparó los artículos actuales de la ley con la modificación propuesta, y halló 20 puntos de preocupación, entre los que se encuentran que el Ejecutivo podrá reservar comprobantes fiscales o cualquier tipo de recibo que sustente el ejercicio de gasto público; se amplían las causales de reserva para incluir seguridad nacional, estabilidad financiera, estudios o proyectos del Estado y una formulación más amplia del daño al interés público, y crece el concepto de información confidencial ante la existencia de denuncias o procedimientos administrativos en curso.
“Estos cambios reducen el alcance del derecho de acceso a la información y generan riesgos de regresividad y menor control ciudadano sobre el poder público”, se lee en el documento de la ReCIAS, integrada por las organizaciones Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Coparmex, Sabuesos Guerreras, No se metan con nuestras hijas y Tacuichamona Mx.
También se expande el plazo de respuesta, de 10 a 20 días; no define a los “sujetos obligados”, lo que ensancha la discrecionalidad y ambigüedad de la aplicación de la ley; se elimina el Consejo Consultivo, que es un mecanismo de participación ciudadana; borra los términos de transparencia proactiva, gobierno abierto y cultura de transparencia; elimina la posibilidad de que los municipios tengan un órgano garante, y se eliminan las obligaciones de los partidos políticos y de los sindicatos a transparentar, como los acuerdos internos, contratos y convenios, montos de financiamiento público y privado, listado de aportantes, tabuladores de remuneraciones, currículums de candidatos y dirigentes, mecanismos internos de selección, estados financieros, inventarios patrimoniales y resoluciones disciplinarias.
La iniciativa llevaba prisa, pero la acusación contra Rocha Moya y nueve de sus colaboradores y excolaboradores por narcotráfico de parte del gobierno de Estados Unidos parece retrasar el proceso.
El 16 de abril se presentó la iniciativa a través de la Secretaría General de Gobierno, que entonces dirigía Yeraldine Bonilla, ahora mandataria interina. El 21, apenas cinco días después, se le dio la primera lectura, y tres días más tarde la segunda lectura de ley.
El documento se encuentra en fase de dictaminación en las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y en la de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.
También el Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Sinaloa notó retrocesos en la iniciativa de Ley de Transparencia del Ejecutivo estatal, y emitieron un comunicado en el que se destaca la ampliación de plazos de respuesta y la reducción de las obligaciones de transparencia, entre otras observaciones.
“Se identifica falta de independencia del organismo garante y ausencia de mecanismos de participación ciudadana en el sistema propuesto”, se expone.
Se buscó una postura de María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso y coordinadora de la bancada de Morena, pero al cierre de edición no se logró.
La acusación de Estados Unidos incluye al exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, y al exsecretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.
A partir de la publicación del caso, uno de los personajes más cuestionados ha sido Díaz Vega, tanto por su riqueza personal como por la acusación en la que se le atribuye ser quien entregó a Los Chapitos un listado con nombres de opositores a Rocha para que fueran amenazados en las elecciones pasadas a gobernador, donde el morenista resultó ganador.
Pero el gobierno de Rocha ha sido cuestionado en el manejo del dinero desde antes de esta denuncia. Pidió préstamos para saldar deudas de gobiernos anteriores y realizar obras públicas por 4 mil 500 millones de pesos que no han sido transparentados, la exsecretaria de Transparencia fue exhibida con gastos excesivos en viáticos, y se conoció que la secretaria de Turismo viajó a Canadá y hasta chicles, chocolates y miel de maple facturó.
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