Tras agotarse el término constitucional de 72 horas, le fue dictado auto de formal prisión a Diego Cruz, uno de los jóvenes conocidos como ‘Los Porkys’. Diego Cruz fue internado en el centro conocido como "El Penalito", en la capital veracruzana. El viernes, alrededor de las 19:30 horas acudió al juzgado tercero de primera instancia en donde se lleva el caso para ratificar las declaraciones, donde se negó a responder las preguntas de la fiscalía Asimismo, la defensa de Diego deberá aportar las pruebas que considere a su favor. Mientras que la defensa de Enrique Capitaine logró un amparo, el cual tiene el carácter de efectos, no en el fondo. Por ahora, el juez tiene que valorar todas las pruebas sobre las que no se pronunció cuando se le dicto la formal prisión, sin que ello signifique la libertad inmediata.

Convertidas en universidades del delito y en bases de negocios criminales y sin lograr regenerar a los prisioneros, las 149 cárceles de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá cayeron en una violenta crisis en una realidad numérica: con capacidad de alojar a 72 mil 235 reclusos, la población penal de los seis países es de casi el doble y sumó 143 mil 159 presos a 2018.

Los líos en los penales de Centroamérica se saldaron esta semana con un motín el martes en Panamá que dejó 12 reclusos muertos y 11 heridos. Honduras militarizó el mismo día el sistema carcelario, donde las sangrientas disputas entre redes del crimen organizado, maras o pandillas y delincuencia común dejaron 105 homicidios desde 2013 y 20 únicamente en 2019.

Los datos oficiales sobre las cárceles del área, extraídos del más reciente informe World Prison Brief, del (no estatal) Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, de Londres, con cifras a septiembre de 2018 y algunas actualizadas a octubre de 2019, revelaron que El Salvador, con 38 mil 939 presos y 604 por cada 100 mil habitantes, tiene el mayor número de reclusos del istmo.

Con capacidad para 18 mil 51 personas, la sobrepoblación en 25 prisiones en ese país llegó a 215.2% en junio de 2018, precisó.

Una crisis que se arrastra. "La crisis carcelaria en Centroamérica se arrastra hace muchos años. No se corrige nada", adujo el salvadoreño Miguel Montenegro, director ejecutivo de la (no estatal) Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.

El Instituto precisó que Guatemala alcanzó 25 mil 320 presos en 21 cárceles con capacidad para 6 mil 800, a 143 por 100 mil habitantes y una sobrepoblación de 357.6%. Honduras registró 20 mil 506 privados de libertad, con 229 por 100 mil habitantes en 27 instituciones con capacidad para 10 mil 600 reclusos y una sobreocupación de 193.58%, indicó.

Con posibilidad de albergar a 11 mil 781 prisioneros en nueve penales, Nicaragua reportó 20 mil 918, una sobrepoblación de 177.6% y 332 por 100 mil habitantes.

Costa Rica, con 19 mil 226 reos en 33 centros penales con capacidad para 9 mil 791, llegó a una sobreocupación de 139.4% y 374 por 100 mil personas.

Panamá llegó a 16 mil 953 reclusos en 24 cárceles con opción de recibir a 15 mil 222, para un exceso de 111.4% y 401 por 100 mil pobladores.

"Autoridades ayudan a la corrupción". "El hacinamiento es muy grave y sin atención integral para solventarlo. Las autoridades ayudan a la corrupción en los penales que, sin readaptación, son escuelas del crimen para salir a delinquir", declaró Montenegro a EL UNIVERSAL.

Su condición de privados de libertad tampoco les impidió comprar privilegios -lujos, placeres y acceso a armas, municiones, marihuana, cocaína o licores vía sobornos- y seguir ligados a sus contactos de afuera de las cárceles para controlar operaciones externas de extorsión, trata de personas, tráfico de drogas y armamento, sicariato, estafas telefónicas y otras actividades ilícitas. Los motines son frecuentes y mortales.

Al advertir que "siempre hay abogados coludidos" con los presos, el viceministro de Seguridad de Honduras, Luis Suazo, reveló que tres empleados penitenciarios fueron detenidos porque cobraron 40 mil 500 dólares hace tres meses por introducir dos teléfonos celulares y un aparato de comunicación satelital a un penal para unos presos.

El caso demostró un alza, ya que el costo por insertar un teléfono celular a prisión era de unos 60 dólares, narró Suazo a la prensa hondureña. "Hay personas que se prestan para trasladar mensajes, dinero, armas", narró.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó al juez Tercero de Distrito en el estado de Veracruz, Anuar González Hemadi, por haber cometido actos de corrupción en el caso de "Los Porkys de Costa de Oro" sobre la violación de una menor de edad ocurrida en el año 2015.

En abril de 2017 el juez González Hemadi concedió un amparo a Diego Cruz, uno de los jóvenes implicados en el caso, y ordenó su liberación al considerar que realizó tocamientos a la menor en contra de su voluntad pero que esto no demostraba que tuvo intención de sostener relaciones sexuales con ella, por lo que no se acreditaba el delito de pederastia por el que fue acusado.

Luego de emitir la resolución, el juez fue duramente criticado en redes sociales por lo que el CJF inició una investigación en su contra para determinar si actuó dolosamente de manera parcial en el caso como consecuencia de una conducta de corrupción, por lo que ordenó su suspensión hasta en tanto concluyeran las indagatorias.

A casi dos años de la suspensión del juez, el Pleno del CJF determinó que el juez incurrió en corrupción y que actuó "en contra de constancias" y que cometió errores inexcusables en el amparo de Diego Cruz.

"La responsabilidad de los juzgadores es máxima y esencialmente social. Las decisiones jurisdiccionales deben ser siempre instrumentos que impacten positivamente en las personas y generen un cambio social mediante sus precedentes, jamás estar sujetas a intereses particulares o económicos", indicó el CJF en un comunicado en el que dio a conocer la decisión de destituir al juzgador.

Decenas de personas han protestado este fin de semana frente a un centro de detención de Nueva York que lleva siete días parcialmente sin electricidad ni calefacción, coincidiendo con jornadas de intenso frío, y cuyas ventanas los reos golpeaban para llamar la atención.

Según informó este domingo el canal ABC7, la autoridad federal de Prisiones estima que este lunes volverá la energía al Centro de Detención Metropolitano del distrito de Brooklyn, que el domingo pasado sufrió un apagón parcial causado por un pequeño incendio en las instalaciones eléctricas.

Unos 1.200 presos se alojan en el centro y, según se escucha en videos subidos a las redes sociales delante del lugar, muchos pedían ayuda golpeando las ventanas con objetos tras varios días en los que el termómetro en Nueva York llegó a marcar quince grados centígrados bajo cero.

Las protestas de los vecinos, con carteles en los que se leía "Humanidad para todos" o "los escuchamos", provocaron este sábado tensiones con los funcionarios de la penitenciaría, de acuerdo a imágenes televisivas, y hoy domingo por la mañana decenas de personas volvieron a acudir a las puertas del penal.

El alcalde Bill de Blasio dijo a través de su cuenta de Twitter que la autoridad federal de Prisiones había "rechazado la ayuda" de las agencias locales y el sábado por la noche ordenó enviar camiones con mantas, calentadores de mano y generadores.

Abogados de los reos denunciaron que no había servicios médicos y que sus clientes habían estado envolviéndose con toallas de la cabeza a los pies para mantener el calor estos días.

La Oficina federal de Prisiones explicó a CNN que hubo un incendio en la sala de los fusibles y uno de los dos edificios del centro tenía un apagón parcial, problema que se ha resuelto instalando un nuevo panel eléctrico, aunque los técnicos aún tienen que restaurar el servicio, trabajo que finalizará este lunes.

Asimismo, la autoridad dijo que los presos tienen agua caliente, alumbrado de emergencia, que sí hay servicios médicos y que la temperatura del aire en las celdas estaba "en rangos aceptables", algo que disputan representantes políticos locales.

La congresista demócrata Nydia Velázquez, que acudió el viernes y el sábado a las instalaciones, consideró que no se han respetado los "derechos humanos básicos", mientras que su colega Jerry Nadler volvía este domingo para comprobar si funcionaba la calefacción y si los reos podían recibir a sus letrados.

Un Tribunal de Guatemala decidió condenar a 77 años de cárcel a 19 integrantes de la Mara Salvatrucha acusados de extorsionar a trabajadoras sexuales.

El fallo, emitido por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, establece que los condenados eran integrantes de la clica "santos locos salvatruchas y black demon" y se dedicaban a extorsionar a 144 trabajadoras sexuales del área conocida como "La Línea", en la zona 1 de la capital.

El Ministerio Público (MP-Fiscalía), que informó de la sentencia en un comunicado, señala que los mareros eran los encargados de "recoger el dinero exigido a las víctimas y mantener el control de quienes cancelaban las cuotas".

Por estos hechos, el Tribunal impuso a cada uno la pena de seis años de cárcel por asociación ilícita, ocho años por extorsión de forma continuada, 33 años y cuatro meses por conspiración para el asesinato y 30 años por asesinato.

La banda cometió además "seis conspiraciones para cometer asesinatos a 11 víctimas", el asesinato en agravio de Alberto Rene Gutiérrez Navarro, quien era piloto de autobús, y extorsión "en forma continuada" a las trabajadoras sexuales, a quienes les exigían 25 quetzales diarios (3,4 dólares) o 175 quetzales semanales (unos 24 dólares), bajo amenazas de muerte.

Los hechos ocurrieron entre abril y diciembre del año 2015.

El juez 53 penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, sentenció a 44 años, tres meses de prisión y el pago de 390 mil 726 pesos por concepto de multa y reparación del daño, a un hombre acusado de homicidio y robo agravado, en perjuicio de un estudiante en 2016.

En la investigación quedó registrado que el 18 de mayo de ese año, el sentenciado y tres cómplices, quienes ya se encuentran internos por su participación en el ilícito, ingresaron a un café Internet, ubicado en calle Sur 175, colonia Gabriel Ramos Millán, delegación Iztacalco; comenzaron a despojar de sus pertenencias a los clientes, consistentes en teléfonos celulares y diversos objetos que guardaron en una bolsa, color café.

El agraviado trató de evitar el hurto de una computadora portátil; sin embargo, uno de los victimarios accionó el arma de fuego que portaba y lo lesionó. Cometido el ilícito, los implicados huyeron a bordo de un vehículo y la víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció.

Al tener conocimiento de los hechos, personal del Centro de Comando y Control C2 realizó el seguimiento del automóvil en el que escaparon los agresores, el cual fue localizado en Eje Central Lázaro Cárdenas, lo que derivó en la captura de los participantes, a quienes al momento de su detención, se les aseguró una pistola, tipo revólver, con cinco cartuchos útiles y uno percutido, que de acuerdo con el dictamen en materia de balística, coincidió con el proyectil utilizado para privar de la vida el ofendido.

La Procuraduría General de Justicia capitalina refrenda su compromiso de investigar el delito de homicidio hasta su esclarecimiento, con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, a fin de abatir la impunidad y mantener la confianza de los capitalinos hacia las instituciones.