A sus 73 años, Maximino Rodríguez llegaba a las escenas del crimen de manera temeraria, con libreta y pluma en mano. Lanzaba preguntas a cuanto testigo se le cruzara en medio de cualquier madrugada sangrienta. Si no lo dejaban pasar a la zona acordonada pedía permiso en las casas aledañas para treparse y tener acceso. Miraba desde las alturas y fotografiaba. Sus palabras se convirtieron no sólo en las más críticas contra la violencia y hacia el gobierno de Baja California Sur (BCS), sino en las más confiables para los ciudadanos.

Max, como le llamaban sus amigos, estaba jubilado y volvió a la escena periodística en 2015, año en que el crimen organizado se desató: comandos con armas largas balanceándose, así como espacios familiares y turísticos impregnados de plomo. Él no necesitaba fuentes policiacas o radiofrecuencias, los avisos llegaban de los pobladores al blog ciudadano Colectivo Pericú. Su pluma era filosa, al grado de señalar células y operadores de cárteles de la droga.

En abril de 2017 lo asesinaron. Como ha sucedido en tiempos recientes a otros sudcalifornianos. La narcoviolencia ya dejó altos saldos: estudiantes, turistas, reporteros e incluso un bebé. Muertos.

Violencia nunca antes vista

Hace una semana, en los municipios de San José del Cabo y la capital La Paz se suscitaron 12 ejecuciones, la misma cantidad que se registró en todo BCS en 1990. De forma simultánea, habitantes de esta región ubicada en el noroeste, salieron a marchar para exigir "un alto a la delincuencia organizada y la reacción inmediata del gobierno local y federal".

En 2010, época de la llamada "Guerra contra el narco", el número de homicidios empezó a subir, pero no rebasaba el centenar de casos.

Ya en la actual administración del gobernador panista Carlos Mendoza Davis, los homicidios —sobre todo dolosos— incrementaron más de 300%.

De enero a septiembre de 2017 se contabilizaron 451 casos, según cifras oficiales. Año sangriento, teniendo como antecedente, al inicio de año [en enero], la extradición de Joaquín Guzmán Loera alias "El Chapo", lo que desembocó en un posible reacomodo de organizaciones criminales.

El exdiputado sudcaliforniano y empresario, Víctor Martínez de Escobar, advirtió en 2016, en entrevista con EL UNIVERSAL, que con su extradición aumentaría la violencia. "Estamos viviendo una situación caótica jamás vista. Va a ser el estado más violento en relación con sus habitantes. [...] Con el Congreso no se cuenta absolutamente para nada, como ciudadano he presentado dos pronunciamientos para organizar un foro y tener un diagnóstico exacto de la situación, pero no hay contestaciones".

Así fue. En enero del 2017 el narcotraficante mexicano fue trasladado a Estados Unidos, donde aún espera ser juzgado, no obstante, los diez meses siguientes fueron los más sangrientos en la historia de la entidad.

"Nos hemos visto afectados por la escalada de la violencia. No hay presencia disuasiva, mucho menos operativa para contener y combatir la escalada de la violencia. Las zonas turísticas doradas están muy bien resguardadas por las fuerzas federales, el resto [de las zonas] que somos simples mortales no gozamos esa condición, a la federación sólo le interesa la fuente de ingresos", apunta el abogado especializado en derechos humanos 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que más de mil personas, entre ellas algunos servidores públicos y empresas tienen actividades vinculadas al "Cártel Jalisco Nueva Generación" ("CJNG"), por lo que ordenó bloquear sus cuentas bancarias. A través del Operativo Agave Azul, la UIF analizó 2 mil 571 operaciones inusuales por 2 mil 951 millones de pesos; 38 mil 459 reportes de movimientos relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos; transferencias internacionales por 7 mil 216 millones de pesos; 2 mil 102 reportes por 2 millones 955 mil dólares, y 6 mil 507 transferencias bancarias por 657 millones de pesos.

Por ello entre el 1 y 2 de junio la UIF ejecutó acuerdos de bloqueo de cuentas contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos vinculados al CJNG. De acuerdo con la unidad encabezada por Santiago Nieto las operaciones indagadas se realizaron en Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.

Para realizar sus pesquisas, instituciones del gabinete de seguridad proporcionaron a la UIF informes de inteligencia relacionados con los líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y servidores públicos que operan a favor del cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. Además se trabajó en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para ubicar a más integrantes del cártel y sus operadores financieros y empresas utilizadas para el lavado de dinero.

El pasado 11 de marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, incluyó cuatro empresas mexicanas en la lista de personas vinculadas al narcotráfico por sus vínculos con el "CJNG" y su brazo financiero, "Los Cuinis". Ese mismo día, la DEA ejecutó el Proyecto Python, operativo con el que realizó una serie de arrestos, incautaciones y acusaciones coordinadas contra el "CJNG".

Las compañías señaladas por el Departamento del Tesoro son International Investments Holding, registrada en Guadalajara, Jalisco, misma que supuestamente es controlada por Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis" y su esposa Jeniffer Beaney Camacho Cazares. Se incluyó a GBJ de Colima, S. A. de C. V., compañía de gasolinería ubicada en Villa de Álvarez, Colima, y controlada por Diana María Sánchez Carlon, supuesta operadora de González Valencia. Así como Master Reposterías y Restaurantes, S. A. de C. V., administradora de Bake and Kitchen, restaurante ubicado en Zapopan, Jalisco, y Corporativo Sushi Provi, administradora de Kenzo Sushi, restaurante ubicado en Guadalajara.

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California, cumplimentó una orden de cateo, otorgada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el estado, para un inmueble, donde se detuvo a cuatro personas y se rescató a un connacional.

Derivado de técnicas de investigación de la Policía Federal Ministerial (PFM), se ubicó un inmueble en las inmediaciones de la colonia Valle del Álamo, del municipio de Mexicali, Baja California.

Los detenidos son Fortino “M”, Leonardo “C”, Juan José “R” y Alma Delia “G”. 

Al desahogar la diligencia, los elementos de la PFM, con el apoyo del personal de Servicios Periciales, localizaron en el domicilio diversa documentación (pasaportes y actas de nacimiento), una escalera hechiza de varilla, dos seguetas, un sistema de corte de acetileno, un arma larga, tres armas cortas, 157 cartuchos útiles, tres cargadores, alrededor de 35 gramos de probable metanfetamina y un vehículo.   

Lo asegurado, los detenidos y el lugar, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa integrando la carpeta de investigación.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal en acción coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se logró un decomiso de lo que se presume es droga y se detuvo a dos personas.

Oficiales de la Policía de Tijuana realizaban un recorrido por las calles Primero de Julio y Gardenias en la colonia Ejido Ojo de Agua, del Distrito La Presa Rural, se percataron que un camión blanco circulaba con exceso de velocidad, por lo que solicitaron al conductor de la unidad de carga se detuviera, pero este hizo caso omiso.

Se inició una persecución hasta que lograron que frenaran la marcha del camión a la altura de la calle Orquídeas; y cuando los oficiales se acercaron para realizar una revisión ocular, se percataron que en el asiento del copiloto había una arma de fuego tipo fusil AK 47, y posteriormente solicitaron se abriera la caja del camión, en donde encontraron lo que al parecer era droga de distintas clasificaciones.

Por ello se procedió al aseguramiento de Eduardo “N”, de aproximadamente 33 años de edad; así como del copiloto de nombre Rodolfo “N”, de 38, a quienes se detuvo y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su seguimiento jurídico.

El total del decomiso fue de 128 paquetes de hierba verde, al parecer marihuana; 398 recipientes de diferente color cuyo contenido aparenta ser la droga sintética conocida como cristal, 35 paquetes presuntamente de cocaína y 14 paquetes de una sustancia pastosa posiblemente de la droga conocida como heroína; además de una arma de fuego tipo fusil AK 47.

El director de la policía municipal, Carlos Betancourt, afirmó que más del 65 % de las víctimas de asesinato en la ciudad son consumidores de droga.

La investigación de las ejecuciones le compete a la Procuraduría de Justicia del Estado, lo que puedo comentar es que las ejecuciones se da entre narcomenudistas.

No podría darte un nombre de la célula criminal a la que pertenecen las víctimas, lo que sí puedo mencionar es que para llamar más la atención, los descuartizan.

En ese sentido, refirió que hace unos días les dejaron un cuerpo desmembrado en al menos tres partes.

También reveló que hay una disminución del 28% en el número de ejecuciones, respecto a los que se habían registrado en comparación al mismo mes del año anterior.

La alta capacidad de fuego demostrada la semana pasada por la delincuencia organizada en Culiacán, Sinaloa, hace urgente regularizar las drogas e iniciar con la cannabis, advirtió Mario Delgado, líder de la bancada de Morena en San Lázaro.

Eso permitiría disminuir el mercado que genera ganancias extraordinarias, le da poder a la delincuencia organizada y "les da a estos grupos delictivos un poder económico que se traduce en una alta capacidad de fuego y de corrupción", dijo el legislador.

"México tiene que dar pasos hacia delante en esta materia. No hay ninguna receta, vamos a tener que experimentar en esta regulación, pero el objetivo debe ser proteger el derecho de la salud de las personas, proteger el derecho al desarrollo de la libre personalidad y eliminar el mercado negro de las drogas", sostuvo.

Pese a la agenda apretada para concluir la aprobación del Presupuesto en Cámara de Diputados y el paquete fiscal en el Senado, Delgado confió en que en noviembre o diciembre pudiera haber avances y "la primera regulación".

El Senado está muy avanzado en la discusión del tema, para la dictaminación analizará las iniciativas que también hay en Cámara de Diputados para avanzar, así que "Ojalá se apruebe en este periodo […] estimo que nos va a dar tiempo para que a finales de noviembre, principios de diciembre, pudiéramos tener ya una primera regulación", aseguró.

El legislador de Morena expresó además su respaldo a la decisión del gobierno mexicano de impulsar un acuerdo que ataje el tráfico ilegal de armas hacia territorio nacional, como informó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero recordó que dado que el arsenal mostrado por los delincuentes que la semana pasada ejercieron presión armada en Culiacán para la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, es armamento que no es de venta regular en los Estados Unidos, "hoy se abre una veta muy interesante para investigar de dónde viene este armamento y ahí la cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos sería muy importante".