Las muertes violentas de mujeres han aumentado 10% en la Ciudad de México, informó el Instituto de las Mujeres capitalino (Inmujeres).

En entrevista , la titular de la dependencia, Teresa Incháustegui Romero, aclaró que no todas las muertes violentas de mujeres son feminicidios.

Explicó que el Inmujeres CDMX utiliza el indicador de mortalidad de la Secretaría de Salud federal, el cual se divide en dos: muertes naturales y muertes violentas; en el segundo caso se establecen los rubros de accidentes, suicidios y presuntos homicidios. En este último aspecto, en 2017, se elevaron los reportes entre 7 y 10% con respecto al año anterior.

"Son presuntos homicidios, es decir, todavía son muertes que el Ministerio Público tiene que investigar. Por ejemplo, la Secretaría de Salud dice: 'esta mujer murió violentamente porque la ahorcaron, la asesinaron, etcétera'. Hay un aumento de muertes por arma de fuego, y este tipo no suele ser la muerte típica del feminicidio, pero no es descartable que también pueda ocurrir por arma de fuego".

Abundó que las autoridades ministeriales son las que otorgan la clasificación de "feminicidio" conforme al desarrollo de cada investigación.

El miércoles pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidió reclasificar la muerte de Lesvy como feminicidio agravado, pues había elementos suficientes para que el fallecimiento no fuera tomado como suicidio, como había establecido la Procuraduría General de Justicia.

De acuerdo con el Artículo 148 Bis del Código Penal del Distrito Federal vigente, el feminicidio es cometido por aquella persona que prive la vida a una mujer por razones de género.

Para establecer este clasificación, la víctima deberá presentar signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto en contra de la víctima; el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

Aquella persona que cometa feminicidio se le impondrá de 20 a 50 años de prisión.

Teresa Incháustegui dijo que el Instituto de las Mujeres no minimiza ningún caso de feminicidio o muerte violenta de una mujer, pues estos casos son una realidad tanto en el país como en la capital.

"Pueden estar aumentando pero también es obligación del estado perseguir estos eventos y tratar de tener acciones para empoderar a las mujeres y evitar que sigan los crímenes".

"Lo que le importa a este instituto es que estos hechos se investiguen como debe de ser, se castigue, y se mande la señal de que, efectivamente tenemos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México", agregó.

Felipe Gaytán, investigador de Sociología de la universidad La Salle, alertó sobre los casos de feminicidios en la Ciudad de México.

En entrevista, aseguró que, si bien, la capital del país no reporta los niveles de feminicidios de estados del norte, la cercanía con el Estado de México, que es la entidad con más asesinatos de mujeres, debe preocupar a las autoridades locales.

"Estos casos han tomado relevancia en la Ciudad de México, como el caso de Lesvy. Una de las causas es la impunidad y estas lagunas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, hay recovecos para liberar a las personas".

"La Ciudad de México no está blindada de los municipios mexiquenses. Eso ya debe ser un indicativo de alerta".

Dos asesinatos casi simultáneos se registraron en Cajeme, la primera de ellas durante el velorio de un hombre que había sido acribillado hace casi una semana. En el lugar resultaron heridas con impacto de bala tres personas, una de ellas una menor de seis años de edad.

Estos hechos violentos se registraron alrededor de las 22:00 horas del miércoles 15 de agosto, en una vivienda de las calles Antonio Caso y Hacienda del Real de la colonia Villas del Rey.

Según testigos, la familia estaba velando el cuerpo de un joven que fue encontrado el pasado viernes en el Ejido Yucuribampo, el cual estaba envuelto en una cobija.

Llegaron hombres armados a bordo de un pick up y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Ahí murió un hombre de 45 años de edad, de nombre Martín Francisco "N", y tres personas más resultaron lesionadas en el ataque.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a las personas heridas a un hospital público y personal de Servicios Médicos Forenses, dieron fe para el levantamiento del cuerpo.

En otro caso, un vendedor de hot dogs, de nombre Jesús "N", fue asesinado a tiros en la colonia Valle Verde, en las calles Topacio y Ejército Nacional, su cuerpo quedó tendido afuera de una tienda de conveniencia.

La víctima estaba acompañada por su esposa y su hija, quienes solicitaron auxilio, pero al llegar la Cruz Roja ya no contaba con signos vitales,

Personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) abrió carpeta de investigación de ambos casos.

Falta de servicios públicos, inseguridad, que se demuestra por una alta de homicidios, y hasta casos de presunta corrupción gubernamental, ubican a Tijuana como un municipio fallido, afirma el regidor Manuel Rodríguez Monárrez, quien este fin de semana enlistó en redes sociales lo que considera abusos financieros cometidos por la administración que encabeza Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

“Perdió la gobernabilidad el presidente municipal. Hay mucha simulación en torno a las decisiones que se toman, solo está el interés inmediato de hacer negocio: la espiral de crisis nos ha llevado a altos niveles de inseguridad, la gente no sabe qué hacer, por la falta de servicios.

“Siempre se dice, estamos haciendo algo, pero es la planeación estratégica la que debió realizarse desde el día que ganó la elección y no esperar a que empezara su gobierno para empezar a ver qué es necesario hacer”.

Tijuana es el municipio más endeudado del país, con 2 mil 677 millones de pesos.

Por el nivel de endeudamiento, Tijuana está en bancarrota y le convendría buscar el rescate federal, para poner en receso a deudores y avanzar en el pago de la deuda.

Casos emblemáticos de corrupción de contratos, gastos y concesiones, publicados por el regidor Monárrez: La concesión para la recolección de basura a Turbofín, por 237millones de pesos. La ampliación indebida de la concesión del basurero de Tijuana a GEN hasta el año 2043. El pago de 40 millones de pesos para la cobranza del impuesto predial a morosos. La concesión de estacionómetros, con mayoría de regidores panistas. El pago de 14 millones de pesos por el reclutamiento de 13 policías. Destinar cuatro millones de pesos para obras en un fraccionamiento privado de ricos y entregar dos millones de pesos a un empleado municipal que preside una organización no gubernamental contra el maltrato entre estudiantes.

Manuel Rodríguez reveló que no se permite a los regidores generar iniciativas, salvo que se opine a favor del alcalde.

“La sindicatura, sin actuar en ninguno de los ocho casos denunciados, las irregularidades un patrón de comportamiento la forma en que se administran los recursos dela ciudad. El tesorero está denunciado también, por la forma en que se han emitido los cheques, sin respeto a la ley, solo obedeciendo las órdenes del presidente”, finalizó.

El 2017 fue el año más violento en la historia de México, según los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con 31 mil 174 homicidios, siendo los estados más violentos el Estado de México, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua.

En entrevista radiofónica con Luis Cárdenas, Adrián Franco Barrios, director General de Estadísticas de Gobierno y Seguridad Pública del Instituto, informó que las cifras preliminares arrojan que hubo 26.9% más homicidios que en 2016.

Esto es, que ocurrieron 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, cinco más de los registrados en 2016.

La tasa actual supera a los dos picos anteriores con más defunciones por asesinato, que fueron 2011 con 24 por cada 100 mil y 2010 con 23.

Respecto a la diferencia con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reporta poco más de 29 mil casos, declaró que siempre han discrepado en datos porque adquieren la información de fuentes distintas, sin embargo, planteó que lo importante es que los datos se mantienen en la misma tendencia.

Dijo que los datos recabados por el Inegi se sustentan en los certificados de defunción emitidos por las dependencias gubernamentales.

El funcionario acotó que son siete las entidades concentran casi la mitad de los homicidios a nivel nacional: Baja California, Michoacán, Sinaloa, estado de México, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua. Los últimos cuatro estados registraron por sí mismos 32.4% de los 31 mil 174 homicidios, es decir, uno de cada tres asesinatos.

En 27 entidades aumentaron los homicidios, en tanto que en Yucatán, Campeche, Durango, Morelos y Guerrero decreció la cifra.

Barrios informó que en Baja California Sur, Nayarit y Quintana Roo la cifra se elevó en números abruptos, casi triplicando las anteriores.

"México es un cementerio. Esa frase no es mía, es de las madres que buscan a sus hijos y que encuentran fosas clandestinas", dice la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien afirma que los dos gobiernos anteriores dejaron 200 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos, lo que hace necesario que la nueva administración ponga en marcha una política de pacificación del país.

"Tenemos dos sexenios de muerte, desolación y una ola de violencia imparable. Esto no gusta mucho que se diga, pero solamente con las cifras oficiales tenemos en estos dos sexenios más de 200 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos. No sabemos cuántas ejecuciones extrajudiciales, extorsiones, derechos de piso, violaciones, trata y asesinatos de periodistas, el tema es sumamente complicado, muy complejo. Pero de lo que sí estamos ciertos es de que no podemos seguir así, con una política anticrimen y antidrogas que no ha dado otro resultado que más violencia", argumenta a EL UNIVERSAL la próxima secretaria de Gobernación.

Y explica: "La pacificación del país es la paz y seguridad de cada una de las familias mexicanas", mediante la recomposición del tejido social.

La ministra Sánchez Cordero agrega que la despenalización del comercio de las drogas, iniciando con la marihuana, es un tema que es analizado y será consultado por el nuevo gobierno, pero asegura que "el objetivo no es despenalizar la droga, el objetivo es la paz; ese es el objetivo, que no se confunda".

Andrés Manuel López Obrador me dio "carta abierta" para pacificar al país, porque "es hora de que desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada", afirmó Olga Sánchez Cordero, la nominada por el virtual presidente electo para asumir la secretaria de Gobernación, en el "Seminario sobre Violencia y Paz, ¿Olvidó, verdad o justicia?".

"Es hora de que desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada y haya justicia en derechos humanos, que se hable de verdad, de justicia y de reparación", afirmó.

Sánchez Cordero destacó que Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente, le dijo que tiene "carta abierta, lo que sea necesario para pacificar el país".

Resaltó que la nación está inmersa en la violencia, con decenas de miles de personas desaparecidas y que el Estado ha sido incapaz de enfrentar la situación.

Manifestó: "Somos un país en el que desaparece la juventud, en el que las mujeres son las que buscan a los desaparecidos", una nación en el que ser periodista o defensor de derechos humanos es un riesgo de muerte.

"En muchas partes del país se respira el horror y la deshumanización", lamentó Sánchez Cordero y destacó que en los casos de violencia ha faltado que se investiguen profundamente los contextos en los que se llevaron a cabo los delitos y quiénes fueron los autores.

La designada titular de Gobernación afirmó que es necesario pensar en un proyecto de ley que incluya no sólo las amnistías, sino también las comisiones de la verdad y un plan de reparación.

"Hablar de justicia transicional puede parecer ambicioso, la articulación es una tarea titánica, pero es posible", aseguró.

Mencionó que en la justicia transicional las víctimas serán parte fundamental del proceso para reconstruir el modelo que México requiere.

Respecto a las comisiones de verdad, indicó que habrá para casos concretos, estatales o una gran Comisión de la Verdad. Éstas tienen como objetivo trascender a la verdad jurídica y construir una red amplia que permita avanzar en las investigaciones, como en el caso Ayotzinapa, que estará virtualmente a cargo de Alejandro Encinas.

Asimismo, expresó que se debe empezar a elaborar un plan integral de reparaciones, porque hasta el día de hoy no hay, el cual involucre a todas las autoridades encargadas.

Añadió que la reparación no se debe centrar sólo en eso, sino que se debe apostar también a las garantías de no repetición, que permitan "pensar de qué manera vamos a reconciliar una realidad dolorosa en nuestro país".

Cuando concluyó su ponencia en El Colegio de México, familiares de personas desaparecidas y de víctimas de violencia se acercaron a ella para exigir que se haga justicia en sus casos.

Les respondió que "la Secretaría de Gobernación tendrá las puertas abiertas" y que caminará junto a ellos, porque son quienes mejor conocen de los hechos porque han estado involucrados en los procesos de justicia.

El activista, Javier Sicilia celebró que Sánchez Cordero asuma la responsabilidad de la situación de violencia que hay en el país, no como lo han hecho los gobiernos anteriores.

"El tema de la paz es la agenda de la nación, si no tenemos la capacidad de asumir ésta como la agenda fundamental las demás no van a prosperar", destacó.

Respecto al tema de la amnistía, dijo que le preocupa que se siga poniendo adelante esa ley, cuando es la última parte de la situación, porque lo primordial para que exista justicia es que haya verdad. Por eso, pidió que las propuestas del nuevo gobierno no se conviertan en un "show mediático" y que cumplan con todo lo que se comprometieron.

Marieclaire Acosta, defensora de derechos humanos, recordó que desde hace 10 años especialistas planteaban la idea de justicia transicional y que para lograrla deben haber cuatro pilares: búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación del daño a las víctimas y las garantías de no repetición. "Su éxito depende la capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de los contextos en los que operan".

Santiago Corcuera, ex integrante del Comité Contra Desapariciones Forzadas de la ONU, dijo que sí se despenalizan las drogas no se necesitaría la amnistía, y que en otros casos también se podría aplicar esa medida, pero dependería del delito que cometió.

Aseguró que el proceso de justicia debe incluir a todas las personas y tomar como pilar fundamental a las víctimas.

Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México, en representación de Mónica Serrano, recordó que hace 18 años Vicente Fox también mencionó que iba a crear una comisión de la verdad, la cual no sucedió; sin embargo, celebró que el nuevo gobierno retome ese mecanismo en beneficio de las víctimas.