Austreberta Cazales continúa preguntándose a diario qué es lo que vive. Se despierta, hace el desayuno. Da abrazos, besos y buenos consejos a sus nietos. Camina, come, duerme y va a trabajar. Entre el alba y la puesta de la noche, piensa en los días en que para ver a sus hijos bastaba con tomar su auto, cruzar algunos semáforos y llegar a sus casas. Se ha vuelto lejano el recuerdo de la última vez que estuvieron juntos, aunque lo añora.

Es por eso que la fotografía de aquel 10 de mayo de 2011 en la que aparece con ellos la ha replicado tantas veces que se convirtió en una bandera de devastador significado: injusticia, impotencia y soledad. Para ella los días se convirtieron en la misma prisión de sus hijos desde el 8 de junio de 2011.

Seis años, cinco prisiones, un sólo proceso sin sentencia y 40 pruebas presentadas —12 contra sus hijos—. Violación, tortura y golpes, muchos golpes. Una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH]. Esas son las palabras que repite cuando habla de estos años sin ellos.

De no ser porque fue testigo de cómo un grupo de hombres vestidos de civiles —armados y con fusiles cuernos de chivo— tomaron a su hija por la fuerza y la subieron a un auto cuando iba a recoger a sus nietos al colegio, no lo creería.

Austreberta presentó una denuncia por secuestro. Horas más tarde, su hija Verónica le marcó para explicarle que la habían detenido y para pedirle que fuera a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Cuando su madre entró a las oficinas, la llevaron a los separos, donde se enteró que también estaba su hijo Iván. Lo vio "muy golpeado" y le dijo que a su hermana se la llevaron al hospital "porque no había aguantado". ¿Qué? 24 horas de tortura documentadas en la recomendación 12/2017 emitida por la CNDH el 24 de marzo para los hermanos Razo, Verónica e Iván.

Cultura de encubrimiento, sin datos precisos

De 2006 a la fecha la CNDH ha emitido 15 recomendaciones por "hecho violatorio igual a tortura" y 80 por "derecho-hechos violatorios igual a tortura", un total de 95 que incluye varios casos. En 2010-17 denunció 109 casos de tortura cometida por funcionarios públicos, siendo 2010 y 2011 los años con el mayor número, 26 y 28, respectivamente.

"Llevamos años documentando la tortura en México sin que hayamos visto avances en cuanto a combatir la impunidad. Podemos hablar de policías, militares, Ministerios Públicos, que son los oficiales más clásicos cuando hablamos de tortura. Desafortunadamente hay una cultura de encubrimiento que hace que este horrible fenómeno sea tolerado. Es lamentable ver que este año la PGR no ha publicado ninguna información sobre un cargo o condena en contra de un funcionario público federal. En 2016 publicó apenas cinco, pero en los años anteriores el número de cargos presentados es de cero o apenas un par", señala Madeleine Penman, investigadora para México de Amnistía Internacional.

De 2006 a la fecha hay más de 800 denuncias presentadas en la PGR por tortura cometida por funcionarios públicos: 85% se realizaron de 2015 a la fecha; del total, 26% se determinó sin responsabilidad y las demás continúan en trámite.

En 2015 los Organismos Públicos de Derechos Humanos [OPDH] estatales y nacional recibieron quejas por 158 mil 889 presuntas violaciones de las garantías individuales, detalló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En 25% de las violaciones que se denunciaron se responsabilizó a funcionarios de ayuntamientos y 17% se atribuyeron a personal de instituciones de procuración de justicia. Ese año se denunciaron mil 985 casos de "tortura" y 11 mil 504 "tratos crueles, inhumanos o degradantes, principales violaciones del derecho a la integridad".

Para Elena Azaola, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social [CIESAS], no hay datos concretos de las instituciones de impartición de justicia sobre el delito de tortura. En los últimos 15 años Azaola se ha dedicado a trabajar con jóvenes en prisiones para cuestionar el contexto de violencia en que viven. En su último estudio publicado por la CNDH en enero, Adolescencia, vulnerabilidad y violencia, explica que 57% de los jóvenes afirmaron haber sido severamente golpeados y maltratados, "en ocasiones durante varios días, por diferentes instituciones de policía al momento de su detención". En el informe se documentan decenas de casos: "Me detuvo la Estatal, me ponían las chicharras y me golpeaban y no les importaba que yo estaba herido, llevaba dos balazos y ya después tuve que estar dos meses en el hospital".

Un chico indígena de Puebla dice: "Me detuvieron y me llevaron a la procuraduría, ahí me pusieron agua, descargas eléctricas, una bolsa en la cabeza y me patearon las costillas; todavía sigo lastimado".

"[La situación] envía un mensaje muy claro hacia los policías porque difícilmente, más bien nunca, van a ser sancionados. Es el tema de no investigar un delito, de no buscar responsables, alienta a que esa clase de conductas se sigan cometiendo", dice Azaola.

Capacidad en crisis

Quienes han enfrentado tortura tienen derecho a pedir que les apliquen el Protocolo de Estambul, el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, impuesto por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. A los hijos de Austreberta les tomó dos años que les aplicaran el protocolo. Amnistía Internacional tiene casos documentados de presos que han esperado hasta cuatro años.

"Estamos ante una crisis de la capacidad forense del Estado. Por dos razones: una es que no hay un verdadero servicio forense independiente, eso hace que los protocolos de Estambul efectuados suelan carecer de la autonomía para realmente señalar de manera verosímil las violaciones de derechos humanos, porque los peritos están revisando las actuaciones de sus propios colegas. Hablamos de un rezago de 3 mil protocolos.

"Hay posibilidad para avanzar en el tema si los jueces toman más en cuenta el aporte de peritos independientes, acreditados y de la elección de la víctima misma. La nueva ley sobre tortura ofrece más posibilidades para que estos peritajes independientes sean pruebas plenas en juicios de estos casos, pero en el pasado hemos visto que ha habido muchas trabas para que los peritajes sean aceptados", destaca Penman.

Los hermanos Razo continúan en prisión. Su madre se ha hecho cargo de los hijos de Verónica. Cada mes paga 3 mil pesos para mantener a sus hijos. Habla con ellos por lo menos dos veces al mes, por teléfono y en una llamada de ocho o 10 minutos. Los ve una vez al mes. A su nieta más pequeña le dijo por varios años que Verónica estaba enferma en un hospital. Su nieta aún le reclama.

Dos asesinatos casi simultáneos se registraron en Cajeme, la primera de ellas durante el velorio de un hombre que había sido acribillado hace casi una semana. En el lugar resultaron heridas con impacto de bala tres personas, una de ellas una menor de seis años de edad.

Estos hechos violentos se registraron alrededor de las 22:00 horas del miércoles 15 de agosto, en una vivienda de las calles Antonio Caso y Hacienda del Real de la colonia Villas del Rey.

Según testigos, la familia estaba velando el cuerpo de un joven que fue encontrado el pasado viernes en el Ejido Yucuribampo, el cual estaba envuelto en una cobija.

Llegaron hombres armados a bordo de un pick up y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Ahí murió un hombre de 45 años de edad, de nombre Martín Francisco "N", y tres personas más resultaron lesionadas en el ataque.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a las personas heridas a un hospital público y personal de Servicios Médicos Forenses, dieron fe para el levantamiento del cuerpo.

En otro caso, un vendedor de hot dogs, de nombre Jesús "N", fue asesinado a tiros en la colonia Valle Verde, en las calles Topacio y Ejército Nacional, su cuerpo quedó tendido afuera de una tienda de conveniencia.

La víctima estaba acompañada por su esposa y su hija, quienes solicitaron auxilio, pero al llegar la Cruz Roja ya no contaba con signos vitales,

Personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) abrió carpeta de investigación de ambos casos.

Falta de servicios públicos, inseguridad, que se demuestra por una alta de homicidios, y hasta casos de presunta corrupción gubernamental, ubican a Tijuana como un municipio fallido, afirma el regidor Manuel Rodríguez Monárrez, quien este fin de semana enlistó en redes sociales lo que considera abusos financieros cometidos por la administración que encabeza Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

“Perdió la gobernabilidad el presidente municipal. Hay mucha simulación en torno a las decisiones que se toman, solo está el interés inmediato de hacer negocio: la espiral de crisis nos ha llevado a altos niveles de inseguridad, la gente no sabe qué hacer, por la falta de servicios.

“Siempre se dice, estamos haciendo algo, pero es la planeación estratégica la que debió realizarse desde el día que ganó la elección y no esperar a que empezara su gobierno para empezar a ver qué es necesario hacer”.

Tijuana es el municipio más endeudado del país, con 2 mil 677 millones de pesos.

Por el nivel de endeudamiento, Tijuana está en bancarrota y le convendría buscar el rescate federal, para poner en receso a deudores y avanzar en el pago de la deuda.

Casos emblemáticos de corrupción de contratos, gastos y concesiones, publicados por el regidor Monárrez: La concesión para la recolección de basura a Turbofín, por 237millones de pesos. La ampliación indebida de la concesión del basurero de Tijuana a GEN hasta el año 2043. El pago de 40 millones de pesos para la cobranza del impuesto predial a morosos. La concesión de estacionómetros, con mayoría de regidores panistas. El pago de 14 millones de pesos por el reclutamiento de 13 policías. Destinar cuatro millones de pesos para obras en un fraccionamiento privado de ricos y entregar dos millones de pesos a un empleado municipal que preside una organización no gubernamental contra el maltrato entre estudiantes.

Manuel Rodríguez reveló que no se permite a los regidores generar iniciativas, salvo que se opine a favor del alcalde.

“La sindicatura, sin actuar en ninguno de los ocho casos denunciados, las irregularidades un patrón de comportamiento la forma en que se administran los recursos dela ciudad. El tesorero está denunciado también, por la forma en que se han emitido los cheques, sin respeto a la ley, solo obedeciendo las órdenes del presidente”, finalizó.

El 2017 fue el año más violento en la historia de México, según los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con 31 mil 174 homicidios, siendo los estados más violentos el Estado de México, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua.

En entrevista radiofónica con Luis Cárdenas, Adrián Franco Barrios, director General de Estadísticas de Gobierno y Seguridad Pública del Instituto, informó que las cifras preliminares arrojan que hubo 26.9% más homicidios que en 2016.

Esto es, que ocurrieron 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, cinco más de los registrados en 2016.

La tasa actual supera a los dos picos anteriores con más defunciones por asesinato, que fueron 2011 con 24 por cada 100 mil y 2010 con 23.

Respecto a la diferencia con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reporta poco más de 29 mil casos, declaró que siempre han discrepado en datos porque adquieren la información de fuentes distintas, sin embargo, planteó que lo importante es que los datos se mantienen en la misma tendencia.

Dijo que los datos recabados por el Inegi se sustentan en los certificados de defunción emitidos por las dependencias gubernamentales.

El funcionario acotó que son siete las entidades concentran casi la mitad de los homicidios a nivel nacional: Baja California, Michoacán, Sinaloa, estado de México, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua. Los últimos cuatro estados registraron por sí mismos 32.4% de los 31 mil 174 homicidios, es decir, uno de cada tres asesinatos.

En 27 entidades aumentaron los homicidios, en tanto que en Yucatán, Campeche, Durango, Morelos y Guerrero decreció la cifra.

Barrios informó que en Baja California Sur, Nayarit y Quintana Roo la cifra se elevó en números abruptos, casi triplicando las anteriores.

"México es un cementerio. Esa frase no es mía, es de las madres que buscan a sus hijos y que encuentran fosas clandestinas", dice la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien afirma que los dos gobiernos anteriores dejaron 200 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos, lo que hace necesario que la nueva administración ponga en marcha una política de pacificación del país.

"Tenemos dos sexenios de muerte, desolación y una ola de violencia imparable. Esto no gusta mucho que se diga, pero solamente con las cifras oficiales tenemos en estos dos sexenios más de 200 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos. No sabemos cuántas ejecuciones extrajudiciales, extorsiones, derechos de piso, violaciones, trata y asesinatos de periodistas, el tema es sumamente complicado, muy complejo. Pero de lo que sí estamos ciertos es de que no podemos seguir así, con una política anticrimen y antidrogas que no ha dado otro resultado que más violencia", argumenta a EL UNIVERSAL la próxima secretaria de Gobernación.

Y explica: "La pacificación del país es la paz y seguridad de cada una de las familias mexicanas", mediante la recomposición del tejido social.

La ministra Sánchez Cordero agrega que la despenalización del comercio de las drogas, iniciando con la marihuana, es un tema que es analizado y será consultado por el nuevo gobierno, pero asegura que "el objetivo no es despenalizar la droga, el objetivo es la paz; ese es el objetivo, que no se confunda".

Andrés Manuel López Obrador me dio "carta abierta" para pacificar al país, porque "es hora de que desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada", afirmó Olga Sánchez Cordero, la nominada por el virtual presidente electo para asumir la secretaria de Gobernación, en el "Seminario sobre Violencia y Paz, ¿Olvidó, verdad o justicia?".

"Es hora de que desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada y haya justicia en derechos humanos, que se hable de verdad, de justicia y de reparación", afirmó.

Sánchez Cordero destacó que Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente, le dijo que tiene "carta abierta, lo que sea necesario para pacificar el país".

Resaltó que la nación está inmersa en la violencia, con decenas de miles de personas desaparecidas y que el Estado ha sido incapaz de enfrentar la situación.

Manifestó: "Somos un país en el que desaparece la juventud, en el que las mujeres son las que buscan a los desaparecidos", una nación en el que ser periodista o defensor de derechos humanos es un riesgo de muerte.

"En muchas partes del país se respira el horror y la deshumanización", lamentó Sánchez Cordero y destacó que en los casos de violencia ha faltado que se investiguen profundamente los contextos en los que se llevaron a cabo los delitos y quiénes fueron los autores.

La designada titular de Gobernación afirmó que es necesario pensar en un proyecto de ley que incluya no sólo las amnistías, sino también las comisiones de la verdad y un plan de reparación.

"Hablar de justicia transicional puede parecer ambicioso, la articulación es una tarea titánica, pero es posible", aseguró.

Mencionó que en la justicia transicional las víctimas serán parte fundamental del proceso para reconstruir el modelo que México requiere.

Respecto a las comisiones de verdad, indicó que habrá para casos concretos, estatales o una gran Comisión de la Verdad. Éstas tienen como objetivo trascender a la verdad jurídica y construir una red amplia que permita avanzar en las investigaciones, como en el caso Ayotzinapa, que estará virtualmente a cargo de Alejandro Encinas.

Asimismo, expresó que se debe empezar a elaborar un plan integral de reparaciones, porque hasta el día de hoy no hay, el cual involucre a todas las autoridades encargadas.

Añadió que la reparación no se debe centrar sólo en eso, sino que se debe apostar también a las garantías de no repetición, que permitan "pensar de qué manera vamos a reconciliar una realidad dolorosa en nuestro país".

Cuando concluyó su ponencia en El Colegio de México, familiares de personas desaparecidas y de víctimas de violencia se acercaron a ella para exigir que se haga justicia en sus casos.

Les respondió que "la Secretaría de Gobernación tendrá las puertas abiertas" y que caminará junto a ellos, porque son quienes mejor conocen de los hechos porque han estado involucrados en los procesos de justicia.

El activista, Javier Sicilia celebró que Sánchez Cordero asuma la responsabilidad de la situación de violencia que hay en el país, no como lo han hecho los gobiernos anteriores.

"El tema de la paz es la agenda de la nación, si no tenemos la capacidad de asumir ésta como la agenda fundamental las demás no van a prosperar", destacó.

Respecto al tema de la amnistía, dijo que le preocupa que se siga poniendo adelante esa ley, cuando es la última parte de la situación, porque lo primordial para que exista justicia es que haya verdad. Por eso, pidió que las propuestas del nuevo gobierno no se conviertan en un "show mediático" y que cumplan con todo lo que se comprometieron.

Marieclaire Acosta, defensora de derechos humanos, recordó que desde hace 10 años especialistas planteaban la idea de justicia transicional y que para lograrla deben haber cuatro pilares: búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación del daño a las víctimas y las garantías de no repetición. "Su éxito depende la capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de los contextos en los que operan".

Santiago Corcuera, ex integrante del Comité Contra Desapariciones Forzadas de la ONU, dijo que sí se despenalizan las drogas no se necesitaría la amnistía, y que en otros casos también se podría aplicar esa medida, pero dependería del delito que cometió.

Aseguró que el proceso de justicia debe incluir a todas las personas y tomar como pilar fundamental a las víctimas.

Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México, en representación de Mónica Serrano, recordó que hace 18 años Vicente Fox también mencionó que iba a crear una comisión de la verdad, la cual no sucedió; sin embargo, celebró que el nuevo gobierno retome ese mecanismo en beneficio de las víctimas.