El comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, informó que firmarán un convenio con el Sistema Preventivo y de Readaptación Social, así como con la Secretaría de Seguridad para que personal de este organismo pueda participar en las revisiones a los 23 centros penitenciarios.

Además, urgió a capacitar al personal de seguridad, como los custodios, además de poner como una recomendación de los Derechos Humanos a las personas idóneas y viables para ocupar estos cargos.

“Despresurizar es prioritario hay saturación en tres o cuatro penales, además de contar con una verdadera reinserción social, poder seguir educando, instruyendo a los internos para que no ocurra este tipo de problemáticas”.

Negó que hayan dejado de trabajar con los centros preventivos y de readaptación social, sino en conjunto con la Secretaría de Seguridad estatal llevan a cabo una serie de estrategias en torno al respeto de las garantías individuales de los internos y sus familiares.

Organizaciones de la sociedad civil como Documenta, Reinserta y Derechos sin Barreras alertan que en las cárceles mexicanas, donde se encuentran recluidas 200 mil 936 personas, existe el peligro de contagios masivos de Covid 2019.

El principal riesgo, alertan, es que en 6 de cada 10 prisiones las condiciones para cumplir con medidas de higiene y sana distancia son difíciles de cumplir, pese a lo que ha demandado el gobierno federal para evitar la propagación del Covid-19.

El Diagnóstico nacional del sistema penitenciario de la CNDH de 2019 advirtió que en 63% de los centros de reclusión federales y estatales las condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios son "deficientes": en 32.79% hay insuficiencia en los servicios de salud, en 33% de las prisiones hay sobrepoblación y en 32% existe hacinamiento.

Según la Encuesta nacional de población privada de la libertad del Inegi, 45.6% de la población privada de la libertad compartió su celda con más de cinco personas y 12.5% compartía cama; además, 30% de las personas reportaron no contar con agua potable en sus celdas y alrededor de 5% carecían de drenaje. "Ahorita no hay casos confirmados dentro de los centros de reclusión, pero una vez que entre el contagio va a ser masivo. Las zonas de aislamiento no existen", advierte María Sirvent, fundadora y coordinadora institucional de Documenta.

Al apadrinar a la primera generación de personas privadas de la libertad que concluyeron las licenciaturas en Derecho –45— y en Administración de Empresas –6—, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que privilegiar la educación es un factor de gran importancia que debe atenderse en un sistema penal que busca la reinserción efectiva de las personas internas en centros penitenciarios.

Señaló que la reinserción puede y debe ser una realidad si se trabaja en ello y se cuenta con recursos y capacidades para concretarla, ya que es aspecto básico que debe contemplarse en el replanteamiento de nuestro sistema penitenciario, como parte de la revisión integral y multidisciplinaria que demandan las políticas públicas vinculadas a la seguridad y justicia. “Nuestro país no podrá hacer frente a la situación crítica que vive en esos ámbitos si cierra los ojos y no atiende la problemática de su sistema penitenciario, lo cual requiere el trabajo y acción coordinada de autoridades tanto federales como locales”, aseguró. 

Acompañado por la Tercera Visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja, y tras señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es aliada para lograr y alcanzar los fines de la pena de prisión, tarea en que continuará trabajando con intensidad, responsabilidad y compromiso, enfatizó que el sistema penitenciario tiene su base en el respeto por los derechos humanos y el objetivo de la pena de prisión es la reinserción, con el fin de alcanzar la prevención social.

La pérdida de la libertad también debe entenderse como la ocasión para propiciar una segunda oportunidad en mejores condiciones de vida, que haga posible la incorporación de todas las personas a una sociedad en forma armónica, conforme a la ley, manteniéndose con el producto de su trabajo y con las aptitudes para hacerlo así.

A solicitud expresa de los graduados, de que la CNDH, el Gobierno del estado y las autoridades federales en materia de reinserción social continúen apoyándolos para estudiar sus maestrías y posgrados, el Ombudsperson nacional les aseguró que así lo hará ante las instancias correspondientes.

Por la mañana, en una primera etapa de su visita de trabajo a Tepic, el Ombudsperson nacional acudió, en compañía del Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz, y el Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, al lugar conocido como La Saucera, en el municipio de Xalisco, del estado de Nayarit, donde observó la tenacidad de las familias que realizan los trabajos de búsqueda acompañadas por autoridades de la Fiscalía del estado y de las comisiones de Búsqueda.

En un diálogo con las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, les reafirmó el compromiso de la CNDH con ellas frente a la violencia por la que atraviesan varias regiones del país, y Nayarit no ha sido la excepción, con lamentables problemas de procuración de justicia y debilidad institucional, ante lo cual el Organismo Nacional seguirá alzando la voz. Y puntualizó que sus dolores y sufrimientos hacen reaccionar a todas las personas, pero las autoridades son las obligadas porque, en la acción o en la tolerancia, lamentablemente, permitieron ese estado de cosas, por lo cual la CNDH seguirá a su lado y observará que los debidos procesos se den con dignidad, que les fue vulnerada en el momento que desaparecieron sus hijos, familiares, esposos o hermanos.

En cuatro años se han abierto al menos 2 mil 184 carpetas de investigación por el delito de aborto en el todo país. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) más de 500 casos de este tipo han presentado por año; en el primer mes del 2018 fueron 49.

En un mapeo estado por estado, realizado por EL UNIVERSAL, es posible acotar que las entidades que concentran mayor cantidad de investigaciones por la interrupción ilegal del embarazo son Ciudad de México con 451; Baja California con 237; Estado de México con 210; Nuevo León con 174 y Tamaulipas con 140.

A estos le siguen Guanajuato con 108; Veracruz y Jalisco con 100; Chiapas con 69, Hidalgo con 62, Morelos con 55 y Oaxaca con 49.

Por otro lado, las entidades donde se registró menor incidencia fueron Campeche y Colima con cinco; Zacatecas con ocho; Tabasco con nueve; Tlaxcala con 12 y Durango con 14. 

Además, de acuerdo con estos datos, de enero de 2015 al mismo mes de 2019 sólo Nayarit no ha reportado ninguna investigación por el presunto delito de aborto. El año con mayores incidencias fue 2018, con 570.

Sobre el sexo de quienes han sido y están siendo investigados por este ilícito no hay datos públicos que lo especifiquen. Aunque el SESNSP tiene un informe con perspectiva de género -que concentra el número victimas e inculpadas del sexo femenino por algunos delitos-, el aborto no está incluido. De manera abierta no se sabe cuántas mujeres han sido culpadas por interrumpir su embarazo de forma ilegal, según lo establecido en los códigos penales de sus estados.

Sin embargo, en este sentido, la licenciada María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Área de Violencia de Género y Derechos Humanos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir México, explica que son las mujeres a quienes más se incrimina por practicarse un aborto de forma ilegal.

"A ellas luego luego las agarran, las llevan al Ministerio Público, tienen que pagar multa y ver que procede, porque la legislación en cada estado es diferente (...) Existen causales para que la mujer pueda interrumpir su embarazo sin ser incriminada, pero muchas veces sucede que ni los médicos quieren respaldarlas por miedo a perder sus cédula o que los suspendan", indica la activista.

Leyes antiaborto.

A la fecha, con la reciente aprobación de una reforma de ley en Nuevo León, suman 19 los estados que han hecho modificaciones a su constitución local para proteger la vida desde la concepción. En varias queda textualmente asentado que, por ley, desde la fecundación se considera la existencia de un ser humano.

Por ejemplo, con la reciente reforma, el Artículo Primero de la Carta Magna de Nuevo León asienta que "desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes".

Las otras entidades que han promovido estas leyes, para penalizar la interrupción de los embarazos, son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Nayarit.

Asimismo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. La mayoría de estas modificaciones a la ley fueron aprobadas por los congresos locales entre 2009 y 2016. 

En este sentido, Estrada Mendoza indica que estas leyes representan un grave retroceso, "sobre todo cuando hay recomendaciones que han dado mecanismos internacionales que son vinculatorios (...) y que han hecho nota a los gobiernos de que estas leyes restrictivas lo único que hacen es dejar a las mujeres en desprotección". 

Causales sin causa.

Sin embargo, para que una mujer sea incriminada por el presunto delito de aborto, no hace falta que viva en un estado donde la constitución proteja la vida desde la concepción.

En los códigos penales de las 32 entidades federativas el aborto doloso —intencional— es considerado ilegal, esto se determina en base a diversas causales, que pueden evitar o no que las mujeres, y quienes les practican el aborto, sean penalizados.

Hasta ahora, todas las entidades no consideran al aborto como delito si la madre fue víctima de violación y se lo practica antes de las 12 semanas de gestación. Además, 29 no lo penalizan si se trata de una situación espontanea; 23 si existe riesgo de muerte y 16 si el producto presenta una alteración genética.

En tanto, 15 estados consideran como causal si el embarazo fue producto de una inseminación artificial no consentida; 14 si la salud de la madre peligra y dos si la situación económica es un impedimento. Sólo la Ciudad de México ha despenalizado el aborto voluntario antes de los tres meses de embarazo.

Pese a que esto establece la ley, en la práctica, advierte la activista María de la Luz Estrada, las cosas son diferentes, ya que las mujeres deben enfrentar procesos donde las revictimizan y quienes las atienden no tienen un protocolo con perspectiva de género. También deben enfrentarse a los prejuicios de oficiales y médicos.

"En las comunidades indígenas, por ejemplo, sucede que las niñas son violadas, pero los médicos que las revisan no las quieren respaldar", indica la especialista.

Además, la misma ley restrictiva y cargada de algunos prejuicios. Por ejemplo, en Yucatán se permite la interrupción del embarazo si la madre no tiene recursos económicos suficientes, pero "siempre que la mujer embarazada tenga ya cuando menos tres hijos".

Los libros se han convertido en su refugio y escapatoria, es la forma posible de viajar y conocer nuevos mundos, al menos para los internos del penal de La Mesa, ubicada en Tijuana, Baja California. 

"Leen porque es una forma de mirar hacia a fuera de las celdas, es su forma de conectar con otra realidad", explica Jesús Valenzuela, perito en psicología, quien trabaja con los internos de esta penitenciaria. 

Instaurado desde 1979 en homenaje al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, cada 12 de noviembre se festeja en México el Día Nacional del Libro. En Tijuana, en octubre de 2017 se abrió esta biblioteca para que hombres y mujeres tuvieran acceso a 4 mil 500 títulos, y que ahora superan los 5 mil ejemplares. 

La lectura es parte de la terapia, dijo, devoran las páginas de cualquier título, puede ser una novela, o un libro de auto-superación, no es importante, porque al final es un mensaje que llega directo a la mente de un lector receptivo. 

"No hay mejor lector, porque ahí en esas cuatro paredes y con el tiempo medido, en medio del silencio, es donde hay mayor posibilidad de concentración", explicó el psicólogo que ha trabajado con hombres, mujeres y menores de edad internos, "puede ser uno, dos, tres o cualquier cantidad de libros por semana, tienen todo darse todo el tiempo para disfrutarlos". 

Desde hace un año hombres y mujeres tienen acceso a una librería que fue inaugurada en octubre de 2017 con un padrón de 4 mil 500 libros, y que ya supera los 5 mil ejemplares. Es un espacio al que tanto hombres y mujeres que purgan una condena tienen acceso no solo como una actividad de lectura, sino como un acceso a la libertad de la que no gozan, como una alternativa para vivir otra realidad y reconstruir su propio espacio. 

"Un libro te da una libertad que no puedes tener de otra manera", asegura Dolores, una de las internas que se encarga de la librería, "antes no había abierto un libro pero aquí, irónicamente, hasta terminé la secundaria, es otra forma de ver la vida". 

Prefiere no dar su apellido pero dice que no le avergüenza aprender a ser una persona distinta. No solo le gusta leer, aprendió a hacerlo estando dentro de la prisión, fue uno de los gustos adquiridos a partir de los talleres y actividades que realizan voluntarios en esa cárcel. 

"Un libro nos abre la puerta a un mundo al que no tenemos acceso, porque estamos aquí en estas circunstancias", dijo mientras abrazaba uno de los miles de libros que fueron colocados en los estantes durante la inauguración de la librería, los cuales ahora están al alcance de los casi 4 mil internos, hombres y mujeres, que hay en esa prisión. El azul claro de las paredes de la librería contrasta con el gris de las celdas, además tienen sillones de piel color negro y no solo concreto. Algún par de cartulinas y pósters fueron colocados entre los libreros, con mensajes claros sobre la superación. 

La directora del Instituto Municipal de Artes y Cultura (IMAC) en Tijuana, Haydee Zavala, dijo que los libros pueden convertirse en una fortaleza para la resiliencia de los hombres y mujeres que viven meses e incluso años tras los muros y rejas de una prisión de concreto. 

Advierte que los paisajes de Rulfo, las batallas de Pacheco o las historias de amor y desventura que hay en la literatura universal; o los mensajes de esperanza y de osadía que hay en "El Conde de Montecristo", son aún más necesarios cuando la libertad solo se halla en libros. Además explica que el proyecto de la librería, encabezado por la Fundación Rebeca Lan, mediante el programa "Atrévete a creer en ti", no solo consiste en traer los libros y la instalación del espacio, va más allá del sitio porque además comenzarán una serie de círculos de lectura para fomentar la actividad entre las compañeras. El subsecretario del Sistema Penitenciario de Baja California, David Limón Grijalva, aseguró que darles la oportunidad de mirarse en otros ojos y en otras palabras, es darles una opción más en el mundo y en la sociedad. Pensar que a pesar de los errores la gente puede re-aprender o cambiar, es parte de la mística qué sigue el programa de reinserción social, porque la visión sobre los internos es con entender la falta de oportunidades y cómo eso incide en las acciones del ser humano. "Esta es la verdadera importancia de la educación porque hay un porcentaje muy alto de los internos que están aquí, y que no tuvieron educación", advierte el funcionario.

La madrugada de este domingo en el Penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, se registró una fuga donde al menos dos internos escaparon de la justicia. Elementos de la Policía y del ejército desplegaron un operativo de seguridad para hacer revisión interna.

Se conoce que durante las primeras horas de este día se alertó a las corporaciones sobre la ausencia de dos reos, cuyas identidades no han sido establecidas por la autoridad, pues la Secretaria de Seguridad Pública no ha emitido ninguna información.

--Fugas anteriores

De este mismo centro en 2017 se evadieron cinco reos federales, entre ellos el hijo de Juan José Esparragoza Moreno "El Azul". Las personas fugadas se vinculan al Cartel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García.

Sobre esta fuga, Cristóbal Castañeda Camarillo, el subsecretario de Seguridad Pública confirmó que los internos evadidos fueron Juan José Esparragoza Monzón, Alfonso Limón Sánchez; Jesús Peña González; Rafael Guadalupe Félix Núñez y Francisco Javier Rosales Zazueta.

Señaló que compete a la Procuraduría General de la República abrir las investigaciones de la fuga debido a la peligrosidad; además, tres de ellos tenían amparos para no ser trasladados a penales del fuero federal.

El 18 de febrero del 2017, en el fraccionamiento Acueducto de esta ciudad, fuerzas federales detuvieron a Rosales Zazueta "Pancho Chimal", identificado como escolta de Ivan Archivaldo Guzmán, hijo de "El Chapo" Guzmán.