El estado de Baja California se encuentra entre uno de los cinco del país con menos índices de analfabetismo. Existe cerca de 1.4% de analfabetismo en la región, mismo que ha disminuido en los últimos años con diversos programas.

El Instituto Nacional para la Educación del Adulto (INEA) se encuentra capacitando a personas desde los 15 años que no tienen la oportunidad de concluir estudios de primaria y secundaria. En años pasados, la mayoría de éstos, eran personas de la tercera edad quienes no habían recibido educación, pero en la actualidad, también se busca trabajar con jóvenes que por diferentes razones abandonaron las instituciones.

Un dato que es verdaderamente preocupante es la deserción en secundaria, pues más de  480 mil baja californianos no han concluido con este nivel, por ello,el Instituto también estará enfocando sus programas en este sector.

El derecho a la educación no solo debe garantizarse a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sino también a los adultos que por algún motivo no tuvieron la oportunidad de realizar sus estudios, indicó la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, quien anunció que más de cuatro millones 318 mil personas que no saben leer ni escribir recibirán servicios educativos por parte de egresados y estudiantes de escuelas normales de todo el país.

Esto, después de la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); la Subsecretaría de Educación Superior, y la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), para fomentar la participación del estudiantado de las escuelas de educación normal y de formación docente en las acciones de alfabetización.

Durante el acto, realizado en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, en Toluca, Estado de México, la titular de la SEP expuso que voluntarios ayudarán a llevar alfabetización en donde se necesita y se generarán incentivos y condiciones adecuadas para acercar, de forma efectiva, servicios educativos a las personas que no saben leer ni escribir.

Para sumar más egresados y estudiantes a la educación de personas adultas, a los normalistas que participen en los trabajos de alfabetización se les tomará en cuenta con un puntaje para los procesos de admisión a una plaza de docente en educación básica que lleve a cabo la Usicamm, sostuvo la titular de la SEP.

Recordó que un convenio similar se firmó con la Subsecretaría de Educación Media Superior, gracias al cual mil 870 jóvenes de ese nivel se registraron como voluntarios al Movimiento Nacional para la Alfabetización y la Educación. Y ahora que se suman los normalistas, dijo, el número de voluntarias y voluntarios se incrementa.

El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, detalló que el objetivo general de la alianza entre el INEA y la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio es sumar a las y los estudiantes de las escuelas normales públicas del país en apoyo a los servicios educativos de alfabetización que ofrece el instituto, y contribuir a la formación integral de jóvenes voluntarios, con un claro sentido de responsabilidad social.

Afirmó que el INEA ha transformado la visión inmediata para extender fuertemente la idea de dar alcance a este derecho humano a la educación y se asume, como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que los 40 millones de mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos también tienen esta garantía individual a la enseñanza, a la que también ha respondido el INEA.

Concheiro Bórquez subrayó que la alfabetización de un pueblo, tanto como el hecho educativo mismo, es un acontecimiento político y cultural cuyo éxito depende de la participación masiva y unánime de todas las organizaciones y sectores de la población.

La titular de la Usicamm, Adela Piña Bernal, informó que las y los egresados de las escuelas normales, de la UPN y de los centros de actualización del magisterio, tendrán 25 puntos adicionales, así como puntos extra por su participación en el programa de alfabetización del INEA, en los procesos de admisión realizados por el organismo.

Lo anterior, precisó, como parte de los acuerdos emitidos por la Usicamm el 17 de diciembre pasado, y en seguimiento al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador para priorizar a las escuelas normales públicas en el ingreso al sistema educativo nacional.

Explicó que el organismo federal surgió de la reforma al artículo 3° constitucional, impulsada en 2019, con la premisa de erradicar la corrupción en la asignación de plazas docentes; reglamentar los procesos de admisión, promoción y reconocimiento en educación básica, y garantizar una carrera profesional justa y con mejores condiciones laborales.

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Carmen es una mujer indígena de la tercera edad, habitante de Oaxaca, analfabeta y que sólo habla chinanteco; el gobierno federal la acusó de peculado porque supuestamente recibió dinero a través de un programa social, pero no acreditó en qué lo gastó.

Su acusación la mantuvo presa desde junio de 2019 sin asistencia legal y sin que contara con un intérprete que le explicara qué era lo que estaba ocurriendo.

En 2010 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) otorgó un apoyo económico de 175 mil pesos para financiar la producción y comercialización de cerdos, y beneficiar a un grupo social en el que Carmen fue registrada como vocal de control y vigilancia.

Dos años después la dependencia inició un "procedimiento correctivo", porque detectó que no hubo comprobación de los recursos otorgados y presentó una denuncia ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) contra los integrantes de dicho grupo social por el delito de peculado.

La presidenta y vicepresidenta del grupo fueron detenidas y se les dictó auto de formal prisión; tras unos meses fueron liberadas por falta de elementos para procesar.

Ambas declararon que Carmen se salió del grupo antes de que la Sedesol entregara los recursos y que no recibió el dinero; sin embargo, en junio de 2019 fue detenida por agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y fue internada en el Centro de Reclusión Femenil en Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.

La Unidad de Litigio Estratégico del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) recibió su caso y acreditó que Carmen se dedica al campo para el autoconsumo y vive en una comunidad rural a ocho horas de la ciudad Oaxaca de Juárez.

Que desconocía que se le registró como vocal del grupo, pues aunque dio copia de su credencial le pidieron que plasmara sus huellas digitales en un documento escrito en español del que ella, por razón de su habla y su analfabetismo, desconocía su contenido.

Carmen declaró que las personas que la incluyeron en el grupo nunca la volvieron a llamar y nunca le dieron el dinero que, le dijeron, recibiría para comprar láminas y no cerdos.

En agosto de ese año se le dictó auto de formal prisión y la defensora pública que llevaba el caso solicitó que se le fijara una garantía para obtener su libertad provisional, la cual se fijó en 181 mil pesos.

En revisión de medida cautelar, la defensa alegó que su situación económica y su condición de mujer, indígena, adulta mayor, monolingüe, analfabeta y campesina no le permitían pagar esa cantidad.

La garantía fue reducida a 5 mil pesos, y aunque se ordenó que acudiera mensualmente a Oaxaca, a ocho horas de su domicilio, a firmar asistencia, la defensa logró dejar sin efecto esta medida.

El abogado tramitó un amparo en el que un juez federal declaró que el Ministerio Público no tenía elementos de prueba suficientes para procesarla y que en ningún momento debió ser sujeta a proceso penal.

Aunque actualmente está libre y fue declarada inocente, la defensa solicitó al juez que se pronuncie sobre la constitucionalidad de acusar penalmente a los beneficiarios de programas sociales del delito de peculado.

Debido a que el juez de Amparo no se pronunció al respecto, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) tramitó un recurso de revisión y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo atraiga.

"En el amparo se podían pronunciar sobre la inconstitucionalidad del 223 del Código Penal Federal y sobre la reparación del daño en favor de la señora Carmen, porque hubo una serie de violaciones que evidentemente tuvieron una consecuencia para ella y por ende el juzgado pudo haberse pronunciado sobre ello", explicó Rafael Robles Roa, titular de la Unidad de Litigio Estratégico del IFDP.

"Buscamos que la Suprema Corte se pronuncie para que no se aplique la fracción IV de este artículo a beneficiarios de programas sociales, tomando en consideración que estas personas ya acreditaron ante la autoridad que realmente necesitan esos recursos y que forman parte de un sector vulnerable.

"Queremos que sea la Corte la que diga qué alcance debe tener esta fracción para que no haya más casos como el de Carmen, para que podamos obtener una reparación y para que se vuelva a debatir sobre el tema de error judicial", alegó.

Además, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del instituto envió un informe de procedimiento especial a la Oficina del Alto Comisionado de las Nacional Unidas para Derechos Humanos debido a las circunstancias en las que Carmen fue detenida.

 Con las medidas puestas en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 6 de enero, las ventas al menudeo en esta Zona Metropolitana de Baja California, registraron un incremento acumulado del 25% comparado con el mismo mes del año pasado.

Concretamente bajó la inflación y subió la confianza del consumidor, al tiempo que el Salario Mínimo aumentó al doble (de 88.36 pesos a 176.72 pesos diarios), en tanto el IVA disminuyó del 16% al 8% y el ISR del 30% al 20%, en los municipios fronterizos del norte, como es el caso de Baja California, en el que Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, están considerados en ese tratamiento fiscal.  

Coincidencia muy favorable con otros logros alcanzados por el nuevo Gobierno de la República, que en este lunes 11 de marzo, cumple sus primeros cien días, y de los cuales el primer mandatario ofreció rendir un informe detallado de los avances alcanzados en sus líneas de acción por la regeneración nacional y la Cuarta Transformación.

De allí la trascendencia de los indicadores del Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial (CEMDI), conformado por los organismos empresariales de las ciudades de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, en alianza con instituciones académicas y de investigación locales.

Su interpretación específica es que la Zona Libre y los Programas de Estímulos Fiscales decretados por el nuevo régimen del Gobierno federal, están dando resultados positivos en esta región noroeste del país, con factores a favor como la disminución del IVA y del ISR, como también el aumento del Salario Mínimo al doble.

El CEMDI, es un proyecto emblemático del Plan Estratégico Metropolitano (PEM 2034), con la coordinación del sector privado y el liderazgo del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), el Consejo de Desarrollo Económico de Tecate CDET), el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito (CCDER ), Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (CODEEN) y el Consejo Coordinación Empresarial (CCE).

Periódicamente emite y publica resultados de sus estudios regionales y en cada uno de los municipios de la Zona Metropolitana costera de Baja California, con el fin de monitorear y medir los factores que inciden en la productividad y las tendencias económicas de la región, para orientar las conductas y proyectos de desarrollo a corto, mediano y largo alcance.

Es así que el CEMDI detectó que la inflación en Baja California durante ese mes tuvo la mayor variación a la baja a nivel nacional, que fue de -1.52%, representado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por INEGI, así como en una expectativa muy positiva en el Índice de Confianza al Consumidor dado a conocer por INEGI para el pasado mes de febrero, cuyo dato es el de mayor nivel desde que se aplica ente instrumento de medición en el país.

Estos indicadores no hacen más que corroborar que la medida de disminuir el IVA en nuestra región al 8%, el ISR al 20% y el aumento del salario mínimo han brindado resultados positivos para la economía y las familias de Baja California. 

Sin duda que hace falta aún más trabajo, inteligencia y coordinación para brindar la seguridad pública que los bajacalifornianos merecemos, lo que seguramente podrá darse con la plena implementación de los Programas de Bienestar impulsados como ejes torales del nuevo Gobierno federal que cumple, este lunes 11 de marzo, sus primeros cien días.

La Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Melba Adriana Olvera Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales.

Olvera Rodríguez y Ortiz Morales, abordaron temas referentes a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, así como el seguimiento del Pacto por los Derechos de las Mujeres y las Niñas que se firmó en 2017 entre la CEDHBC y los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con presidentes municipales, organismos de la sociedad civil y medios de comunicación.

La Ombudsperson de Baja California recordó que a través del Pacto por los Derechos de las Mujeres y las Niñas, los firmantes se comprometieron a establecer una agenda de avance en los derechos humanos para las mujeres y las niñas, entre ellos su derecho a una vida libre de violencia.

En ese sentido, acordaron continuar con acciones de educación en derechos humanos como la dirigida al personal del Poder Judicial en materia de atención e investigación del delito de feminicidio y derechos humanos de mujeres que se desarrolló en fecha reciente.

Melba Adriana Olvera Rodríguez subrayó que en el tema de la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se revisaron temas como el derecho que tienen a vivir libre de violencia y a vivir en familia, entre otros.

Cabe mencionar que durante la reunión también revisaron el seguimiento a Quejas y Recomendaciones.

Para finalizar, la Presidenta y el Magistrado Presidente, coincidieron en la importancia de mantener un canal de comunicación abierto y de continuar trabajando de manera cercana en el fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos, desde todas las instituciones.

El Centro Cultural y Social Riviera de Ensenada fue la sede de la ceremonia oficial del 67 Aniversario del Estado de Baja California, evento que reunió a presidentes municipales, diputados, ex alcaldes y líderes sociales, encabezados por el gobernador Francisco Vega.

Fue un 16 de enero de 1952 cuando después de una larga lucha cívica fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que creó el Estado de Baja California.

“Desde su conformación como un territorio de nuestro México, esta tierra ha recorrido un largo camino para ser lo que es hoy, un brazo fuerte y vigoroso de nuestro país, este caminar se caracterizó por la lejanía el aislamiento con relación al resto del país, los rigores del clima extremo, la escasez de agua”, expuso el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

“Nuestro estado es ejemplo de desarrollo, bienestar y de progreso, en menos de siete décadas nuestro estado se convertido en la vanguardia de México, es una zona muy atractiva para la inversión, actualmente capta 6.8 millones de dólares diarios de inversión privada nacional y extranjera, sólo de debajo de la capital del país y del Estado de México, la economía estatal crece en un 3.7 por ciento cada año por encima del 2.5 por ciento que registra el crecimiento nacional esto significa que ocupamos el primer lugar de la frontera, y el segundo a nivel país”, dijo el mandatario.

También mencionó que en los últimos cinco años se crearon 241 mil nuevos empleos en la frontera norte, amén de contar con el primer lugar en arribo de Cruceros, producir el 87 por ciento del vino en el país, destinar a la educación el 57 por ciento del presupuesto estatal, “y en materia social Baja California avanzó al segundo lugar nacional con menor probraza externa y al tercer lugar en menor pobreza en México, siendo este un estado receptor de migrantes”-

Ensenada fue capital del Estado de1882 a 1915, y el edificio del Riviera fue sede de los poderes de Baja California durante un período.