La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se reunirá en próximos días con los fiscales de todo el país, especializados en libertad de expresión, para diseñar y homologar las prácticas que permitan abatir la impunidad en agravios contra periodistas.

Así lo anunció el organismo que encabeza el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, y adelantó que en dicha reunión se dará a conocer un protocolo de actuación para los agentes del Ministerio Público encargados de los casos de agresiones a periodistas.

En un comunicado, la CNDH indicó que con independencia de que las personas que ejercen el periodismo denuncien o no las amenazas y agravios en su contra, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben cumplir con su obligación de prevención, mediante el análisis previo del contexto y la línea periodística que las víctimas han desarrollado.

“Sólo así dichas autoridades podrán crear entornos más seguros para el desempeño de la libertad de expresión en el país, evitando la concreción de los riesgos en que se encuentran”, señaló.

El encuentro con los fiscales de todas las entidades y la CNDH, será en coordinación con la Subprocuraduría de Protección de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).

La reunión será para “conocer e intercambiar buenas prácticas tendentes a abatir la impunidad en las agresiones contra periodistas, con el objetivo de buscar uniformidad para hacer efectivo el derecho humano a la procuración de justicia”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que en la Marcha de la Democracia, realizada el 18 de febrero pasado, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas.

“Vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, señaló.

Dijo que en los medios de comunicación se presenta una campaña sucia a partir del supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico.

“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, mencionó.

En su “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”, la Comisión Nacional anunció que construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.

Sostuvo que ese registro tiene como finalidad “identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

Aseguró que el país no enfrenta una polarización, aunque acusó que algunos actores políticos la están generando tal como existía en el pasado por cuestiones de estrategia electoral.

“No estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación, por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, dijo.

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Porque ya no “responde a las necesidades del pueblo”, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pidió desaparecer este organismo, fundado en 1990, para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”, dijo.

En el mensaje que dirigió a los y las legisladoras de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades, señaló que la CNDH llegó al quinto año de su gestión con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos, y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, “que desde hace años reclaman las y los mexicanos”.

“En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos 4 años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo.

“Parece fácil, pero han sido 4 años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, enfatizó.

Piedra Ibarra sostuvo que “somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.

“Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión.

“Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional; redujimos el parque vehicular, eliminando los automóviles para uso particular, incluidas las camionetas blindadas asignadas a la presidencia; y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores”.

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Se reportó la liberación de los periodistas Silvia Nayssa Arce Avilés y Alberto Sánchez Juárez, del medio digital RedSiete, que habían sido desaparecido en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero.

Los dos de tres periodistas que estaban desaparecidos en la entidad fueron liberados anoche, de acuerdo con Articulo 19, que citó a la Oficina para México y Centroamérica y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).

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Hombres armados asesinaron este sábado al periodista Nelson Matus en Guerrero. Matus estaba en su coche, en la parte trasera de una tienda, en la colonia Emiliano Zapata, en Acapulco. Según han informado medios locales, sicarios se le acercaron y dispararon contra él, quitándole la vida. Matus quedó tirado junto al vehículo, ya sin vida. Las autoridades de Guerrero no han dado detalles de lo ocurrido.

El asesinato de Matus es el quinto asesinato de un periodista este año en México y el segundo en Acapulco. En mayo, sicarios asesinaron al comunicador Gerardo Torres Rentería en el puerto, esta vez en su casa. A sus 59 años, Torres había sido camarógrafo de Telemundo y cofundador de TV Azteca Guerrero, aunque desde hace unos años vivía alejado de los medios.

Entre 2000 y 2022, al menos 161 periodistas han sido asesinados en México en presunta relación con su labor, según la cuenta de la organización Artículo 19. Solo el año pasado fueron 13, el más letal desde que se tiene registro. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que cuenta los asesinatos y muertes violentas de periodistas y trabajadores de los medios, rebajan la cifra global a 142.

El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro, convocó a la grey católica a no acostumbrarse a la violencia, y destacó la importancia de la libertad de expresión porque "la verdad nos hace libres”.

En la séptima jornada de oración mensual, dedicada en esta ocasión a los periodistas, principalmente a los comunicadores asesinados, Castro afirmó que algunas de las razones por las que matan a periodistas se debe a su convicción por defender la verdad, porque dicen la verdad.

“Hay intereses oscuros que no quieren que se toquen sus verdades y lo más fácil es callar al que habla, mandar asesinarlo.

“Qué triste que tengamos que enfrentar esta realidad, por eso saben que van intimidar a algunos, que los van a hacer callar, que les van a decir aquí está esta fuerza más firme que la lucha”, dijo el obispo de la Diócesis de Cuernavaca desde el púlpito.

El jefe católico elevó plegarias para que nunca deje de proclamarse la verdad y refirió el caso del periodista Ciro Gómez Leyva como ejemplo de la violencia que se ejerce contra los periodistas en México, "el país más peligroso del mundo" para ejercer el periodismo, dijo.

Precisó que durante 2022 al menos 11 periodistas fueron asesinados en México, con lo que colocó a nuestro país como el lugar más peligroso para dichos profesionistas, por cuarto año consecutivo.

Este domingo, obispos de todo el país participaron en la séptima jornada de oración mensual.