Un elemento de la Secretaría de Marina Armada de México y siete supuestos miembros de la delincuencia organizada fallecieron durante un enfrentamiento ocurrido en la madrugada de este lunes en el municipio de San José del Cabo, Baja California Sur.

El saldo fue resultado de un ataque armado iniciado por los supuestos integrantes de la delincuencia quienes dispararon contra personal de infantería de Marina que realizaba un recorrido de vigilancia en la Colonia Vistahermosa del municipio.

Luego de abrir fuego contra los elementos de la Marina, los hombres señalados como agresores se introdujeron en un domicilio, por lo que los navales repelieron la agresión y posteriormente aseguraron armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, bolsas de droga de diferentes tipos, vehículos, equipos de comunicación, equipo táctico y uniformes.

El Grupo de Coordinación en Seguridad de BCS confirmó lo anterior y señaló que en el lugar, peritos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) localizó los cuerpos sin vida siete personas, cinco hombres y dos mujeres.

Sobre el oficial que falleció, el reporte señala que fue trasladado lesionado a un hospital, donde más tarde falleció.

Apenas hace unas semanas el Grupo de Coordinación refería que tras el arribo de elementos militares a la entidad, al iniciar el mes de abril, los índices de homicidios se habían reducido. Y es que BCS desde hace casi tres años es escenario de pugnas entre grupos de la delincuencia organizada que han dejado más de 300 personas fallecidas, entre ellas varios civiles que fueron alcanzados por las balas, a quienes no se les identificó con ninguna célula criminal.

Foto: @NLDOVigilante

Con un aumento de casos de Covid-19 confirmados, de 200 hasta 400 diarios, y la identificación de tres variantes: Alfa, Delta y Gamma, Baja California Sur enfrenta el mayor repunte de contagios durante toda la pandemia, obligando a las autoridades a subir el nivel de alerta en el semáforo, a restringir actividades y a alistar una mayor disponibilidad de camas.

El Comité Estatal de Seguridad en Salud, integrado por autoridades de los tres niveles de gobierno, acordó esta semana subir el semáforo a fase 5 “crítico”, uno antes del rojo, para los municipios de La Paz y el puerto turístico internacional de Los Cabos, que registra el mayor número de contagios y de ocupación hospitalaria.

Los municipios restantes: Comondú, Loreto y Mulegé permanecerán en color amarillo “riesgo alto”. Al 23 de junio se tenía un registro en la entidad de 2 mil 255 casos activos confirmados de Covid-19; sin embargo, la cifra real podría ser 30% mayor, es decir, cerca de 3 mil, confirmó el secretario de Salud estatal Víctor George Flores.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, el funcionario reconoció que la situación es crítica por el aumento acelerado de contagios y de hospitalizaciones, las cuales atribuyó a las aglomeraciones por las campañas electorales.

“Tenemos 295 pacientes hospitalizados y 117 intubados. Es el mayor número que registramos. Nunca habíamos tenido esta cifra. La situación es crítica”, expuso, al tiempo que refirió que el perfil de contagios cambió y hoy son jóvenes de 35 años; con hospitalizados de 45 años, en promedio, e intubados de 47 años.

Estimó que de mantener esta velocidad de contagios, se alcance hasta las 400 camas ocupadas en los distintos hospitales de la entidad en las próximas dos semanas, sobre todo en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que concentra 70% de la derechohabiencia.

Según el reporte de la Secretaría de Salud (Ssa), el estado cuenta con una disponibilidad de 369 camas, pero se han ocupado 286, lo que representa 78%.

George Flores expuso que se encuentran en proceso de reconversión de áreas para ampliar la disponibilidad de camas y han recibido apoyo de otras entidades. Arribaron hace unos días 20 médicos provenientes de Puebla para apoyar en Los Cabos.

Bajaron la guardia

Sobre las variantes del coronavirus identificadas en la entidad, informó que hay tres casos confirmados de Gamma (Brasil), uno de Alfa (Inglaterra) y uno de Delta (India), por lo que no se les considera una “circulación comunitaria”, aunque reconoció que se deben aplicar más pruebas, sobre todo en el municipio de Los Cabos, a fin de detectar si el incremento acelerado de contagios y en jóvenes, pudiera obedecer a esta última variante.

En opinión del secretario estatal, tanto la ciudadanía como el sector empresarial “bajaron la guardia”, especialmente durante las campañas.

Incluso refirió que el sector hotelero redujo considerablemente el número de pruebas que hacía a su personal para detectar oportunamente contagios.

De 4 mil que se hacían meses atrás cada semana, durante las campañas apenas realizaron 200 por semana, por lo que corresponde a las autoridades, y justificó que no tenían facultades para sancionar a los actores políticos en campaña y que las recomendaciones y llamados a la prudencia no fueron atendidos: “Parecía uno loco en el desierto. No nos hacían mucho caso”, lamentó.

Hasta el miércoles, Los Cabos presentaba el mayor registro de casos activos de Covid en la entidad, con mil 344, por ello se reconvirtieron dos hospitales, uno de la Secretaría de Salud y uno del IMSS sólo para atención Covid.

“Queremos decirle a la población que estamos trabajando para hacerle frente a la demanda hospitalaria, que los servicios están garantizados tanto hospitalarios, como de medicina familiar, pero es muy importante también hacer conciencia e incrementar las medidas de contención, la sana distancia para que disminuyan los contagios”, expresó el delegado del IMSS en la entidad, José Luis Ahuja Navarro.

En el caso de La Paz, el hospital principal del IMSS tiene aún capacidad para instalar más camas, y como medida auxiliar se habilitó otra área para 20 camas en la Clínica 34 de esta capital.

El nivel 5 de alerta en el estado mantiene suspendidas algunas actividades comerciales, como: florerías, salones de belleza, agencias de viaje, joyerías, actividades de culto, espacios deportivos (gimnasios e instalaciones), bibliotecas, museos, galerías, y la circulación peatonal en La Paz; las actividades turísticas, hoteles y restaurantes deberán reducir su aforo a 30%.

Fotogalería del encuentro entre delincuentes, policías y militares en Tamaulipas, que dejo a varias personas heridas y varias patrullas dañadas.

Un militar mexicano confiesa en un vídeo que le disparó a un niño de 11 años, dejándolo herido, del municipio de La Huacana, en el estado de Michoacán, por "un descuido", informó este jueves el grupo Radio Fórmula.

En el vídeo, que registra hechos ocurridos el pasado domingo, puede verse cómo los pobladores del municipio piden explicaciones al militar por el disparo y este resta gravedad a la situación.

"¿Dénos una explicación, por qué le tiraron (dispararon) al niño?", pregunta una mujer en el vídeo. "Fue un descuido", contesta el militar.

Posteriormente, los pobladores agredieron, desarmaron y retuvieron temporalmente a los militares por este suceso y alegando que lo hacía en defensa propia.

"Son delincuentes, ¿qué autodefensa ni qué ocho cuartos?, eso no existe, son delincuentes y punto", dijo al respecto el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles.

Por su parte, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) contestó a Radio Fórmula que durante el fin de semana hubo altercados violentos con los pobladores y que hubo muertos y heridos civiles, entre ellos el mencionado menor de edad, el cual se encuentra en un hospital de Irapuato en estado estable tras recibir el disparo en el glúteo.

La dura situación de violencia que vive el occidental estado de Michoacán ha llevado a que este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, anunciase el despliegue en julio de 4.050 miembros de la Guardia Nacional, el nuevo organismo de seguridad creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Los grupos delincuenciales no cesan en su intento de alterar la seguridad y cometer actos criminales, por estas razones debemos cerrar filas con toda la determinación para combatirlos con inteligencia y renovada capacidad de fuerza", señaló Durazo.

En un acto junto al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el secretario federal confesó que México vive "un tiempo de emergencia" en materia de seguridad que "llevará tiempo corregir".

La violencia en México es un problema ya sistemático que dura décadas y que inevitablemente también impacta a los niños.

Según el informe "Construyendo una vida mejor para la niñez", elaborado por la organización Save the Children, en México suceden 4,9 homicidios a menores de edad por cada 100.000 habitantes de entre 0 y 19 años.

La cifra supera con creces a las registradas en Siria o Palestina, países que cuentan con una tasa de 1,0 y 2,7 respectivamente.

En el ránking global de calidad de vida de los menores, compuesto por 176 países, México descendió en 2019 tres lugares, pasando del puesto 93 al 96, situándose por debajo de países latinoamericanos como Cuba, Chile o Perú. 

Desde que empezó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Policía Federal (PF) y las Fuerzas Armadas han sido agredidas en 106 ocasiones por grupos del crimen organizado en 53 municipios.

Dichas localidades están ubicadas en 17 estados de la República; sin embargo, 47% de las agresiones contra las Fuerzas Armadas se han concentrado en Tamaulipas.

Según información obtenida por EL UNIVERSAL a través de solicitudes de información realizadas a la Policía Federal (PF) y la Secretaría Marina-Armada de México (Semar) y la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Nuevo Laredo es el municipio donde más ataques han recibido las autoridades, con 18. En Reynosa, 13; en Camargo, seis; en Matamoros, cinco; en Miguel Alemán, tres, y al menos uno en Aldama, González, Nueva Ciudad Guerrero y San Fernando, Tamaulipas.

De esta manera, Tamaulipas no sólo es la entidad donde más combates se han registrado, sino que posee los cuatro municipios en los que las fuerzas federales de seguridad han tenido que intervenir más ante la amenaza del crimen organizado.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) también sirven para contextualizar la realidad de Tamaulipas: en los primeros meses de 2019 han sucedido 471 homicidios, 4 mil 519 casos de robo y 74 hechos relacionados con el narcomenudeo.

Sin embargo, no sólo en ese estado los presuntos grupos criminales han atacado a la fuerzas de seguridad; en los municipios de Otumba, Estado de México, y Celaya, Guanajuato, se han registrado seis enfrentamientos.

La misma situación ocurrió 18 veces en Acámbaro, Guanajuato; Petatlán, Guerrero; Buenavista y Múgica, Michoacán; Esperanza, Puebla; Guamuchil, Sinaloa; Yecora y Navojoa, Sonora, y Huimanguillo, Tabasco. Mientras el resto de los combates se han distribuido en otros 33 municipios diferentes, se indicó.

La misma información obtenida por esta casa editorial, desglosada día por día desde el 1 de diciembre de 2018 y hasta marzo de este año, revela que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional han participado en ocho de cada 10 disputas.

En tanto que la Semar sólo ha tenido participación en tres refriegas, y la Policía Federal lo ha hecho en 23 ocasiones.

Sangre derramada. El 31 de diciembre de 2018 ha sido el día más oscuro para el Ejército desde que inició la actual administración; en ese momento un convoy de la Sedena se encontraba en un rondín en Huimanguillo, Tabasco, cuando un grupo de presuntos huachicoleros lo emboscó hasta dejar cinco heridos y un militar muerto.

En total, los choques entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada y las autoridades han dejado un saldo de al menos 18 personas fallecidas y 38 lesionadas.

El Ejército es la institución que más se ha visto afectada con 29 militares lesionados y cuatro asesinados, en el caso de la Semar han sido tres lesionados y un muerto, y en la Policía Federal se registró el deceso de cuatro elementos y otros seis heridos.

Respecto al crimen organizado, los datos oficiales destacan que nueve de sus presuntos integrantes perdieron la vida tras participar en batallas con las fuerzas del orden; siete fallecieron a manos de la Policía Federal y dos por ataques de la Marina.

Sobre el número de civiles abatidos y lesionados, la Sedena no proporcionó información, y argumentó que "a partir de abril de 2014 esta secretaría ya no da continuidad a la estadística sobre este rubro, haciéndolo actualmente la Fiscalía General de la República (FGR)".

Esta respuesta fue dada a pesar de que hace dos meses el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de la Defensa informar cuántos civiles han sido detenidos, muertos y heridos por haber participado en un enfrentamiento con militares desde dicho año.

Esta resolución se dio luego de que un grupo de académicos, periodistas y organizaciones sociales interpusieron un recurso de revisión en el Inai tras el rechazo del Ejército a proporcionar esos datos.

Lo ocurrido el pasado fin de semana en La Huacana, Michoacán, donde 11 militares fueron retenidos por pobladores, es otro de los muchos antecedentes que existen en diversas regiones del país en las cuales grupos criminales utilizan a mujeres, niños y ancianos como "escudo humano", afirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En Michoacán, la dependencia señaló que enviar a grupos vulnerables para restringir la acción de la justicia y la presencia de las autoridades es una práctica común de las autodefensas, de "Los Viagras" y del "Cártel Jalisco Nueva Generación" (CJNG), que se disputan el control de las actividades ilícitas en la entidad.

La institución señaló que a partir de 2013 las autodefensas tuvieron una gran influencia en la Tierra Caliente de Michoacán, donde se autorizó que registraran armamento. "Michoacán no es la única entidad donde sus pobladores agreden a la autoridad; [por el] huachicoleo también en el Estado de México, Hidalgo y Puebla", recordó la Sedena.

Sobre los hechos ocurridos el pasado domingo en La Huacana, la Sedena informó que los soldados fueron agredidos a balazos por civiles armados en dos ocasiones cuando recorrían la comunidad de Cuimbo, en donde asegurando cuatro armas largas y cargadores.

Posteriormente, al reincorporarse el personal militar a su unidad y pasar por el centro de la cabecera municipal de La Huacana, la población, incluyendo mujeres y niños, bloqueó la circulación, y agredió física y verbalmente a los soldados, reteniendo a un grupo de 11 militares.

El experto en seguridad Jorge Alberto Lara Rivera dijo que uno de los efectos de las agresiones a militares y policías por la población civil es el debilitamiento de la autoridad: "Vemos que hay un esquema de debilidad de nuestro tejido de autoridades, un debilitamiento que, además, pudo haber sido producto de órdenes superiores", indicó.

Calificó de acertada la actuación del Ejército en La Huacana, al señalar que los militares evitaron que la situación pasara a mayores. "Lo más lamentable sería que después de este episodio nadie fuese llamado a cuentas; me parece que el caso nos indigna, pero nos debería de indignar aún más que no haya una consecuencia jurídica y que estas personas no sean presentadas ante un juez para responder por los delitos que, de manera abierta, cometieron", mencionó.

El especialista en Fuerzas Armadas, Javier Oliva, afirmó que los grupos criminales están utilizando cada vez más a la población civil para confrontara a las fuerzas federales, lo que "habla de la profundidad de la crisis moral que se está viviendo en varias partes del país".

Refirió que el estar recurriendo a este tipo de prácticas, los grupos criminales "podrían ocasionar una tragedia, esperemos que no suceda, pero así está planteada la situación y la diversificación de las actividades ilícitas. Exponer a grupos vulnerables indica que estamos ante personas que no se tientan el corazón".

Para Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), las agresiones de la población civil contra militares seguirán mientras las Fuerzas Armadas continúen en las calles realizando labores de seguridad pública. "No es algo nuevo, ya ha habido otros eventos, pero aquí el problema es que esto ya se volvió frecuente, porque ya está exponiendo demasiado a los militares", comentó.

Aseguró que el gobierno federal debe sortear las consecuencias de estas agresiones.