La trayectoria de María de Jesús Espinosa de los Santos inició hace 30 años, cuando llevaba atención médica a indígenas tojolabales y tzeltales que huían de la guerra en Guatemala en los años 80. Ahora, a punto de jubilarse, esta enfermera chiapaneca y sus compañeras del hospital Rafael Pascacio Gamboa, en Tuxtla Gutiérrez, enfrentaron una batalla que se antojaba difícil de ganar. Una lucha contra un sistema de salud atrapado por la burocracia y la indiferencia al que terminaron por doblegar este martes a través de dos huelgas de hambre en lo que ellas califican como un ejercicio de "resistencia y dignidad".

El movimiento de las enfermeras chiapanecas, que trascendió fronteras y despertó pronunciamiento de organismos como la Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, inició desde enero pasado, cuando trabajadores de Chiapas levantaron un plantón para denunciar "una crisis del sector salud de la entidad". Como respuesta, 10 mujeres y cinco hombres de diferentes áreas fueron despedidos. Por esa razón que el 3 de abril comenzó el primer ayuno.

Cielo Gramajo Cundapí, María de Jesús Espinosa de los Santos, Ivonne Castillo Escobar, María Isidro Orozco Sánchez y Verónica Zenteno Pérez fueron las primeras enfermeras en negarse a tomar alimentos hasta que las autoridades cumplieran sus demandas. El 12 de abril se retiraron luego de acordar con autoridades estatales el cumplimiento de sus demandas.

Sólo habían pasado 18 días cuando las enfermeras volvieron a declararse en huelga el 1 de mayo, ante lo que consideraron un incumplimiento de las autoridades a los acuerdos alcanzados. Desde entonces, durante 23 días, nueve enfermeras sobrevivieron con agua y miel hasta la media noche del martes, cuando concluyeron el ayuno. Las dos primeras exigencias de las enfermeras eran claras. Pedían el pago de prestaciones laborales pendientes desde 2011 y la reinstalación en sus puestos de trabajo de los compañeros cesados. La tercera se antojaba aún más complicada, pues demandaban el abasto de medicamos, insumos y equipos que mantenían en crisis al sistema estatal de salud.

Para María de Jesús, vocera de las enfermeras, el primer síntoma de la crisis se dio hace tres años, cuando la dependencia se quedó con los pagos realizados por concepto de préstamos de viviendas, impuesto sobre la renta, fondo para el retiro, contratos de seguros de vida, y otras prestaciones.

Una pared del Cañón del Sumidero sufrió un desprendimiento la tarde de este miércoles.

El fenómeno fue captado por turistas que navegaban en el río Grijalva por lo que suspendieron el recorrido.

La falla geológica, que inicia en el municipio de Chiapa de Corzo y concluye en la presa Manuel Moreno Torres, tiene muros de hasta mil 300 metros de altura y el Cañón del Sumidero tiene una antigüedad de 12 millones de años.

El derrumbe obligó al cierre preventivo de la navegación turística sobre el afluente, informaron autoridades.

Expertos de la Secretaría Estatal de Protección Civil y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) acudirán a la zona este jueves para realizar las primeras evaluaciones y determinar las causas del suceso.

Aunque la noche de este miércoles la Secretaría de Protección Civil del Estado, a cargo de Luis Manuel García Moreno, informó que el desprendimiento de roca del Cañón del Sumidero se trata de un fenómeno geológico denominado "caído".

Los fenómenos geológicos, explicó, son manifestaciones naturales recurrentes, que tienen su origen en la dinámica interna y externa de las tres capas concéntricas de la tierra: el núcleo, manto y corteza, las cuales se registran en distintas formas de liberación de energía.

La semana pasada fue clausurada la empresa Cales y Morteros del Grijalva que operaba en la zona de amortiguamiento del Cañón, a un costado del poblado Cahuaré de Chiapa de Corzo. La factoria estuvo activa en el sitio durante más de medio siglo enmedio de la oposición de los lugareños.

La Dirección para la Protección contra Riesgos Sanitarios clausuró la empresa que utilizaba explosivos para extraer el material pétreo en la zona del Cañón. Asimismo, había una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH-12-2019 al gobierno de Chiapas para tomar medidas y garantizar la salud de la población de los alrededores.

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Captan derrumbe en el Cañón del sumidero en #Chiapas #derrumbe

Una publicación compartida por Cadena Noticias (@cadena_noticias) el 1 de Ene de 2020 a las 8:00 PST

Un saldo de 11 personas fallecidas y cuatro heridos, dejó un accidente automovilístico la mañana de este domingo en el kilómetro 036+900 paralelo 14-A del tramo Arriaga-Ocozocoautla.

Los hechos se registraron cerca de las 9:00 de la mañana, entre un vehículo Jetta de color blanco, con una unidad Urvan del Servicio Público Federal (SPF), que chocaron de frente.

Durante el percance 10 personas murieron en el lugar de los hechos, mientras que un menor de 11 años pereció cuando era trasladado al hospital regional de la cabecera municipal de Cintalapa.

Mientras que cuatro personas reciben atención médica en el hospital de Arriaga a quienes identificaron como: Ada Judith Gamboa Sánchez, de 22 años; Emilio Gamboa Hernández, de 57 años de edad; Kenia Berenice López Arrevillaga, de 26 años, y una menor de siete años de edad, que fue trasladada vía aérea a la capital chiapaneca para su atención médica.

Los lesionados procedían de la ciudad de Tapachula y Tuxtla Chico.

Un grupo de campesinos ingresó al ayuntamiento de Margaritas, Chiapas, y sacó al alcalde Luis Escandón Hernández para pedirle y exigirle que entregara recursos para ejecutar. 

El grupo de campesinos llegó a la presidencia municipal para exigir que el alcalde los atendiera, pero al no ser escuchados, los manifestantes ingresaron al inmueble.

 Los campesinos tomaron al alcalde y lo amarraron a una camioneta, en la que pretendían llevárselo arrastrando a su comunidad. 

Sin embargo, policías municipales lograron interceptar a los manifestantes y rescatar al alcalde, tras un enfrentamiento con los campesinos que dejó al menos 10 personas heridas. 

Tras ser rescatado, el alcalde fue trasladado a otro lugar, donde fue atendido por las heridas que sufrió durante la retención. 

En tanto, los campesinos se retiraron a su comunidad tras el incidente. La Fiscalía General del Estado informó que por estos hechos violentos se encuentran 11 personas detenidas, mismas que serán presentadas ante la autoridad para determinar su situación jurídica. 

Una amarga navidad aguarda a más de 5.000 desplazados en el municipio de San Pedro Chalchiuitan, en el suroriental estado mexicano de Chiapas, por las condiciones inhumanas y el olvido gubernamental, denunciaron hoy sus representantes.

El desplazamiento fue originado ante la actividad de un grupo armado que detonó una escalada de violencia con el asesinato del compañero Samuel Luna Girón en octubre del 2017, denunció Ausencio Pérez Paciencia en una conferencia de prensa.

El asesinato y la actividad del grupo armado exacerbaron un conflicto con el municipio vecino de San Pedro Chenalhó por la disputa de varias miles de hectáreas, indicó.

Recordó que este grupo paramilitar emboscó en octubre de 2017 a Luna Girón y después ha disparado hacia las casas de vecinos de nueve comunidades, que para protegerse se vieron forzados a huir hacia las montañas.

El 60 % de los más de 5.023 desplazados son mujeres, niñas, niños y ancianos que en esta temporada sufren de falta de alimentos, cobijo y medicamentos, aseguró Pérez Paciencia.

Del total de desplazados, 3.786 se vieron forzados a regresar a sus casas, aunque durante la noche las dejan para refugiarse en otros sitios por el temor a ser agredidos de nuevo por el grupo armado, explicó.

Otras 1.237 personas permanecen en 10 campamentos sin que el gobierno del estado de Chiapas haya cumplido con la recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de protegerlos.

Marcos Pérez Gómez, consejero del comité de desplazados, destacó que los desplazados de Chalchihuitán viven en condiciones inhumanas con mucho miedo, con mucha tensión.

"No viven tranquilos porque no tienen alimentos. Hemos hecho gestiones para que la Secretaría de Gobierno (de Chiapas) cumpla con su compromiso de ayudarles mientras prosigan los disparos durante todo el día", agregó.

Los invasores de las tierras abandonadas por los desplazados están protegidos por los paramilitares.

"Pedimos la solución definitiva del problema y pedimos un retorno digno, desarticulación de los paramilitares, conocer de donde provienen los recursos que usan, al gobierno federal retome el caso porque autoridades del estado se hacen omisas y no atienden nada", agregó.

En el conflicto agrario entre los dos municipios, el Tribunal Agrario falló a favor de San Pedro Chenalho, por lo que se haría un convenio para indemnizar a los habitantes de San Pablo Chalchiuitan, explican sus pobladores.

Entonces se hizo un convenio por el que cualquier municipio que llegara a perder lo iban a reconocer con la cantidad de 15 millones de pesos (752.256 dólares) pero resulta que la sentencia se malinterpretó.

"Ahora seguimos muy preocupados el problema sigue después de acusarnos de gastar 15 millones de pesos que no hemos visto", agregó.

Los representantes del Comité de Desplazados Forzados Internos Chalchihuitle exigieron una solución, la desarticulación del grupo paramilitar y el retorno seguro a sus comunidades a donde anhelan regresar a cultivar a sus parcelas ya que sus tierras ahora están ocupadas por los invasores.

Responsabilizan a las autoridades municipales, estatales y federales de cualquier agresión que sufran los desplazados. 

 Un policía ministerial murió y dos más fueron heridos durante un enfrentamiento contra presuntos delincuentes la madrugada de hoy viernes en Tapachula, informaron fuentes de seguridad.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) cumplían una orden de aprehensión contra un supuesto homicida, pero al llegar a un inmueble de la colonia Los Laureles, los oficiales fueron recibidos con disparos.

Los policías ministeriales repelieron la agresión durante unos 20 minutos.

En el sitio falleció el agente Eleazar "N".

En tanto, los heridos Luis Adrián "N" y Juan José "N" fueron ingresados a un hospital de esa ciudad fronteriza.

Policías federales, estatales y municipales se trasladaron a la zona del enfrentamiento en apoyo al operativo y cercaron una cuadra para evitar la huida de los agresores.

En el despliegue fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, a quienes se les aseguró armas largas y cortas. Los agresores fueron puestos a disposición del Ministerio Público.