Francisco Rueda Gómez, secretario de Gobierno en el estado, aseguró que para julio comenzará a operar la Unidad Estatal de Protección a Periodistas y Activistas de los Derechos Humanos, la cual seguirá el protocolo que establece el mecanismo nacional en ese sentido.

En entrevista, detalló que será responsabilidad de esta unidad realizar el diagnóstico y mapa de riesgos que exista en el estado, además de dar seguimiento oportuno y verificar que se atienda el índice de protocolo para la atención y protección de los mismos, así como dar a conocer la información a quienes están involucrados en estos procesos.

Destacó que la unidad estará integrada por tres personas, una por parte de la Secretaría General de Gobierno, quién estará pendiente de los derechos humanos; otra por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), quién dará seguimiento a las investigaciones; y otra representando a la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), quién dará el seguimiento a las investigaciones que se presenten.

Estas personas, dijo, serán capacitados en estos temas a partir del 19 y hasta el 30 de junio, para posteriormente dar inicio inmediato con la atención a los periodistas y activistas que así lo soliciten.

Destacó que la intención de ello es salvaguardar la integridad física de las personas, la de las instalaciones que representan y por supuesto salvaguardar el ejercicio libre de la profesión, porque ello representa la libertad de expresión.

En cuanto a inversión, Rueda Gómez refirió que solamente se invertirá en la capacitación de las personas, pero eso será cubierto por la federación a través del Fondo de Aportaciones de Seguridad (FAS)

El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro, convocó a la grey católica a no acostumbrarse a la violencia, y destacó la importancia de la libertad de expresión porque "la verdad nos hace libres”.

En la séptima jornada de oración mensual, dedicada en esta ocasión a los periodistas, principalmente a los comunicadores asesinados, Castro afirmó que algunas de las razones por las que matan a periodistas se debe a su convicción por defender la verdad, porque dicen la verdad.

“Hay intereses oscuros que no quieren que se toquen sus verdades y lo más fácil es callar al que habla, mandar asesinarlo.

“Qué triste que tengamos que enfrentar esta realidad, por eso saben que van intimidar a algunos, que los van a hacer callar, que les van a decir aquí está esta fuerza más firme que la lucha”, dijo el obispo de la Diócesis de Cuernavaca desde el púlpito.

El jefe católico elevó plegarias para que nunca deje de proclamarse la verdad y refirió el caso del periodista Ciro Gómez Leyva como ejemplo de la violencia que se ejerce contra los periodistas en México, "el país más peligroso del mundo" para ejercer el periodismo, dijo.

Precisó que durante 2022 al menos 11 periodistas fueron asesinados en México, con lo que colocó a nuestro país como el lugar más peligroso para dichos profesionistas, por cuarto año consecutivo.

Este domingo, obispos de todo el país participaron en la séptima jornada de oración mensual.

El reportero Sergio Uribe Alvarado, quien cubre temas de seguridad en El Diario de Colima, fue amenazado la noche del miércoles 23 de noviembre, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Colima y una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado.

Uribe relató que el miércoles pasado, al llegar a su domicilio alrededor de las 9 de la noche tras su jornada de trabajo, encontró que alguien había deslizado bajo la puerta un papel con una amenaza escrita a mano: “Cuidate Te Bamos A Madirar (sic)”.

Dudó un poco, pensó que tal vez podría tratarse de una broma, pero desde hace tiempo la situación de seguridad en Colima es crítica y hace meses recibió otra amenaza durante una de sus coberturas, por lo que decidió no dejar pasar las cosas.

Avisó a familiares y amigos de lo ocurrido, después denunció en la Fiscalía Estatal, que emitió las medidas de protección que, según la dependencia, incluyen vigilancia en el domicilio y auxilio inmediato en el lugar donde se encuentre.

Sin embargo, Uribe no se siente tranquilo, pues hasta ahora sólo se han presentado dos policías estatales a su domicilio para informarle que estarán patrullando por la zona; por eso, el viernes pasado el reportero acudió ante la Comisión de los Derechos Humanos de Colima para interponer una queja para exigir se le otorguen las medidas de protección necesarias y se esclarezca el origen de las amenazas en su contra, que él atribuye a su labor periodística.

Además, con apoyo de organizaciones, busca acceder al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

De enero a octubre de este año se han cometido en Colima 624 homicidios dolosos, la mayoría de ellos en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, y 2022 se perfila como uno de los años más violentos en la historia reciente de la entidad; las autoridades estatales atribuyen esta violencia a una ruptura entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el grupo delictivo “Los Mezcales”, hoy autodenominados Cártel Independiente de Colima. Sergio Uribe Alvarado ha dado cuenta puntual de todo esto.

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que desde el sexenio de Felipe Calderón al presente gobierno del presidente López Obrador han sido asesinados 260 periodistas en México y reconoció que prevalecen las agresiones a los comunicadores por la corrupción y la colusión de autoridades municipales y grupos delictivos.

En conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, el subsecretario detalló que 101 periodistas fueron asesinados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, 96 con Enrique Peña Nieto y 63 con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Otro tema que nos interesa resaltar y que es de muchas preocupación de la opinión pública, es el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en donde hemos registrado como prevalecen un conjunto de agresiones particularmente vinculadas con el crimen organizado, la corrupción y colusión de autoridades municipales y grupos delictivos. Cerca del 40% de las agresiones que van desde las amenazas, las agresiones, los robos, el incumplimiento de las obligaciones de los estados y municipios y la falta de una cultura para reconocer la importancia de la labor de periodistas y defensores de los derechos humanos sigue generando problemas.

Van 63 periodistas asesinados en el actual gobierno

“Desde el gobierno de Felipe Calderón a lo que va de este gobierno han sido lamentablemente asesinados 260 periodistas: 101 en el gobierno de Calderón, 96 en el de Peña Nieto, 63 en la actual administración”, detalló.

En Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos señaló que a diferencia de las administraciones pasadas, actualmente se está combatiendo la impunidad que se venía registrando en la comisión de estos homicidios.

Destacó que en los 13 asesinatos contra periodistas que se han registrado en el presente año no solamente hay 32 personas detenidas, sino 24 personas están vinculadas a proceso y tres ya han sido sentenciadas.

Alejandro Encinas indicó que actualmente hay mil 768 beneficiados del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y destacó que a la fecha se han erogado más de mil 800 millones en los cuatro años de gobierno en medias de protección.

Indicó que el presupuesto inicial para 2023 será de 569 millones de pesos, lo que representará un aumento del 46% respecto a 2022.

“Este año se autorizó un aumento del 70% para las plazas del Mecanismo de Protección y en los próximos meses se estará sumando un grupo interdisciplinario de 30 personas que fortalecerán los servicios que se brindan”, agregó.

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La editora del portal “Playa al Día”, con sede en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, fue privada de la libertad, atada y amenazada con arma de fuego este viernes y, posteriormente, abandonada en un área verde localizada en una región popular, en la ciudad de Cancún.

La víctima es Priscila R. originaria de Chile y radicada en Quintana Roo desde hace más de cinco años, quien se desempeñaba como editora en el portal electrónico “Playa al Día”, para el cual desarrollaba funciones de editora y administración. 

La comunicadora se casó hace año y medio y cambió de residencia de Playa del Carmen a Cancún. Desde hace una semana comenzó a recibir mensajes telefónicos amenazantes que le exigían abandonar la ciudad.

Ayer había notificado a su medio periodístico que había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del estado (FGE), sin aparentemente entrar en mayores detalles. En el portal ya no tuvieron noticia de ella, hasta hoy, que se enteraron de lo ocurrido.

Este viernes se recibió un reporte al número de emergencia 911 para verificar la presencia de una mujer atada de manos y presuntamente golpeada, en un área verde de la Región 256, en la ciudad de Cancún.

La información oficial refiere que la agraviada se encontraba con las muñecas atadas con un pedazo de cable y relató a las autoridades que, al salir de su domicilio, un hombre desconocido ataviado con gorra, pasamontañas y lentes, junto con una mujer, descendieron de un vehículo gris, se aproximaron hacia ella, le cubrieron el rostro y la ataron de manos para subirla al auto. 

Ya abordo del vehículo, el par de agresores le dijeron que le habían advertido que se tenía que ir de Cancún, la encañonaron con un arma de fuego y luego de “darle vueltas” por la ciudad la dejaron abandonada.

De acuerdo con esta versión, la comunicadora habría informado a la autoridad sobre su denuncia ante la Fiscalía y que cambió su número celular; sin embargo, añadió que fue ubicada en sus redes sociales para reiterarle las amenazas, que se hicieron extensivas a una persona más.

La víctima se encuentra internada en el Hospital General “Jesús Kumate”, mientras que la otra persona ya fue entrevistada por las autoridades ministeriales.

En sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), Lucio Hernández, descartó que el caso se tratase de un homicidio, como había trascendido de forma preliminar y se apresuró a concluir que, con las evidencias existentes, se trata de un “tema de venganza y diferencias personales”. 

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