Con el propósito de "despresurizar" el penal del Topo Chico y prevenir hechos violentos como los ocurridos en febrero de 2016, cuando se registró una masacre que dejó 49 internos muertos, la mañana de este lunes elementos de la Policía Federal, con apoyo de Fuerza Civil, realizaron un operativo en el penal del Topo Chico para trasladar a 38 reos de "alta peligrosidad" a cinco reclusorios del país.

Los reos trasladados están sentenciados por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Uno de ellos fue llevado del penal de Apodaca.

El propósito, dijo el vocero de seguridad del gobierno de Nuevo León, Alfo Fasci Zuazua, es que no se repitan hechos violentos y evitar el auto gobierno, "porque luego los internos hacen sus propias alianzas y no es factible permitir ese tipo de lujos, que atentan contra el resto de los internos".

Fasci Zuazua informó que al centro de Prevención y Readaptación Social de Guanajuato fueron trasladados los internos Alberto Enrique "N", Alexis "N", Jesús Enrique "N", José Alfredo "N", Juan Carlos "N", Julio César "N", Osvaldo "N", Reyes "N", Sebastián "N" y Sergio "N".

Al penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, fueron transferidos los presos Alberto "N", Carlos Alberto "N", Rubén Brayan "N", y Víctor Hugo "N".

Al reclusorio de Gómez Palacio, Durango, fueron trasladados los internos Alejandro "N", Francisco "N", Jesús Eduardo "N", Juan Carlos "N", Omar "N", Sergio "N" y Zirahuén "N".

Hacia el penal de Morelia, Michoacán, fueron llevados los presos Octavio "N", Fernando Guadalupe "N", Kevin Leonardo "N", Miguel "N", Sergio Damián "N" y Walter "N".

En el Centro Federal de Prevención y Readaptación Social 5 Oriente de Villa Aldama, Veracruz, serán ingresados Adán Jonathán "N", Alejandro Daniel "N", Faustino "N", Francisco Rogelio "N", y Gerardo Miguel "N".

Asimismo, Jairo Edén "N", Jashan Eliud "N", Jonatán Guadalupe "N", Juan Andrés "N", Julio César "N" y Roel Alejandro "N".

Durante el operativo, que tuvo una duración aproximada de una hora y media, no hubo ningún incidente, ya que se realizó con sigilo para evitar que hubiera filtraciones. Bajo resguardo, los reos fueron llevados al aeropuerto donde fueron recibidos por autoridades federales, porque se necesita la autorización del Sistema Nacional Penitenciario, concluyó Fasci.

Organizaciones de la sociedad civil como Documenta, Reinserta y Derechos sin Barreras alertan que en las cárceles mexicanas, donde se encuentran recluidas 200 mil 936 personas, existe el peligro de contagios masivos de Covid 2019.

El principal riesgo, alertan, es que en 6 de cada 10 prisiones las condiciones para cumplir con medidas de higiene y sana distancia son difíciles de cumplir, pese a lo que ha demandado el gobierno federal para evitar la propagación del Covid-19.

El Diagnóstico nacional del sistema penitenciario de la CNDH de 2019 advirtió que en 63% de los centros de reclusión federales y estatales las condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios son "deficientes": en 32.79% hay insuficiencia en los servicios de salud, en 33% de las prisiones hay sobrepoblación y en 32% existe hacinamiento.

Según la Encuesta nacional de población privada de la libertad del Inegi, 45.6% de la población privada de la libertad compartió su celda con más de cinco personas y 12.5% compartía cama; además, 30% de las personas reportaron no contar con agua potable en sus celdas y alrededor de 5% carecían de drenaje. "Ahorita no hay casos confirmados dentro de los centros de reclusión, pero una vez que entre el contagio va a ser masivo. Las zonas de aislamiento no existen", advierte María Sirvent, fundadora y coordinadora institucional de Documenta.

A unos días de cumplir 76 años de su inauguración, el histórico penal de Topo Chico será cerrado de manera definitiva dejando atrás decenas de hechos sangrientos y sin precedente que ocurrieron en su interior como motines, fugas, sobrepoblación y cruentos enfrentamientos.

De acuerdo con el gobierno de Nuevo León, la prisión inaugurada el 3 de octubre de 1943 será demolida y en su lugar se construirá un parque recreativo, un teatro y el Archivo General del Estado.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó hace unos días que el proceso de cierre deberá concluir entre el 30 de septiembre y la primera semana de octubre; previamente se ha ido reubicando a los más de 2 mil internos en los penales de Apodaca y Cadereyta, así como en los de otros estados y en prisiones federales. Consideró que con esta medida se terminó con el autogobierno de presos y se mantiene el control total del sistema penitenciario de la entidad.

Ventajas y desventajas

Carlos Martín Sánchez Bocanegra, quien desde 2004 es director de la agrupación Renace —que apoya jurídicamente a presos de escasos recursos y trabaja en iniciativas por el mejoramiento del sistema carcelario y judicial— afirma que el cierre de este penal se tenía que dar tarde o temprano porque ya no cumplía ningún estándar nacional para seguir operando.

El activista no prevé ningún riesgo de violencia con la reubicación de internos. "Creemos que la estrategia es la correcta, los estamos observando de cerca y hasta ahora tenemos el centro penitenciario tranquilo, no ha habido problemas como antes".

Sin embargo, hay un sector que considera que la paz en los penales aún no está cerca. El abogado Aurelio Galindo Briones —quien por más de 20 años ha tratado a internos y sus familiares— advierte que hay riesgos de que los reacomodos en las prisiones a las que llegarán los reos de Topo Chico reactiven la violencia por el rompimiento de los "equilibrios internos" entre grupos delictivos, además de que algunos líderes no se quieren ir para no perder la extorsión que ejercen sobre otros reclusos.

"Unos no se quieren ir porque tienen el liderazgo en Topo Chico y, si se van a Apodaca, allá hay otros que mandan, se siguen cobrando las cuotas de extorsión. Aquí [a su bufete] llegan llorando los clientes porque pagan hasta mil 500 pesos por semana para que no golpeen a sus presos; eso nunca se va a acabar", considera el litigante.

Con base en testimonios de familiares de internos, el abogado comenta que hay gente que manda en cada sitio; "por ejemplo, en La Perrera está la gente del Cártel de Sinaloa y otro grupo manda en Las Caninas, otro en La Unidad de Reflexión, otro en Enfermería y uno más en el patio, donde hay varios rondines. En suma, el control del Topo Chico nunca lo ha tenido el gobierno".

Galindo Briones señala que en el estado hay presencia de los cárteles del Noreste, del Golfo, Los Zetas, Los Beltrán Leyva y de Sinaloa, pero además se está asentando el de Jalisco Nueva Generación, y esos movimientos se manifiestan en los reclusorios.

Por su parte, familiares de los presos han expresado que con el cambio de penal invertirán más tiempo y dinero para visitar a sus parientes en Cadereyta o Apodaca, o peor, si es en otro estado del país, además de que les preocupa el trato que les darán a los internos, pues, aseguran, "no quieren a los del Topo Chico".

Está el antecedente de que en marzo de 2017, por ejemplo, fue difundido en redes sociales un video tomado en el reclusorio de Apodaca, donde internos presuntamente del Cártel del Noreste vestidos con ropa femenina fueron obligados a limpiar el piso con un trapo mientras recibían patadas y burlas de otros presos.

Y es que los Ceresos de Apodaca y Cadereyta también tienen sus antecedentes negros. Por citar algunos casos, en el penal de Apodaca, el 20 de mayo de 2011 un incendio provocado por reclusos en un área de un grupo rival causó la muerte de 14 presos; al menos cinco habrían sido asesinados a golpes antes de ser calcinados, y el 19 de febrero de 2012, 44 miembros del Cártel del Golfo fueron masacrados por integrantes de Los Zetas, mientras otros 37 integrantes de dicho grupo se fugaban.

En tanto, en la prisión de Cadereyta se registraron dos motines en 2017: uno en marzo, que dejó dos muertos y al menos 10 heridos, y otro, el 10 de octubre con 13 muertos y ocho lesionados.

Además, otro problema al que se enfrenta el sistema carcelario del estado es el déficit de custodios.

El pasado 21 de agosto, Luis Ávila, director de la plataforma Cómo Vamos, aseguró que hay un déficit de mil 556 custodios en los penales del estado, pues en teoría debería haber un celador por cada tres internos, pero en la realidad hay uno por cada 5.91 presos.

Negro pasado

El viejo penal del Topo Chico contaba con capacidad para 3 mil 600 internos, aunque llegó a albergar a casi 6 mil presos. Ostenta el récord trágico de haber registrado la mayor masacre para un centro penitenciario del país, con un saldo de 49 muertos y 34 heridos, la noche del 11 de febrero de 2016 por una presunta disputa entre dos grupos de Los Zetas.

Después de esa matanza, 233 presos del Topo Chico fueron trasladados a otros penales del estado y del país. En ese entonces, las autoridades anunciaron que habían terminado con el autogobierno de los reclusos, pero siguieron las riñas, los amotinamientos, los traslados de reos peligrosos y líderes del crimen organizado y las extorsiones.

En agosto de 2016 fueron asesinados, supuestamente por órdenes del Cártel del Noreste, Javier Orlando Galindo, El Maruchan, y otros dos internos pertenecientes a la misma agrupación. El motivo fue que dejaron de pagar una cuota que les exigía el CDN, de acuerdo con el secretario de Gobierno, Manuel González Flores.

La última vez que hubo disturbios fue el 27 de marzo de este año por el traslado de 501 reos —catalogados como peligrosos— a penales federales de Gómez Palacio, Durango y Ramos Arizpe, Coahuila, así como al reclusorio femenil de Morelos.

La acción desplegada por más de mil efectivos policiacos estatales y federales, así como militares, ocasionó disturbios de presos y protestas de familiares, con saldo oficial de un interno muerto por infarto, 17 lesionados y 12 policías heridos.

Huéspedes destacados

En sus 76 años de historia negra, el penal del Topo Chico ha tenido en sus celdas a personajes polémicos y algunos de renombre. Ahí estuvieron presos por ocho años el banquero Jorge Lankenau Rocha —dueño de una compañía de seguros denominada ABA— por fraude y evasión de impuestos.

En esta prisión fue recluido el exdirector de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Miguel Nazar Haro, acusado de la desaparición en la década de los 70 de los líderes de la Liga Comunista 23 de Septiembre Ignacio Salas Obregón y Jesús Piedra Ibarra, por medio de las brigadas blancas.

También, por 19 horas, fue fichado el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, quien estuvo recluido por daño contra el erario por más de 3 mil millones de pesos y otros delitos.

En 1959 fue internado en Topo Chico el doctor Alfredo Ballí Treviño, acusado de destazar vivo con su instrumental a un joven. Su caso inspiró a Thomas Harris para crear al personaje Hannibal Lecter, que protagonizó Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes.

Otro reo famoso del centro penitenciario fue el llamado Capitán Fantasma, Santiago Reyes Quesada, a quien se atribuyen 12 fugas exitosas de cárceles del país, una de ellas efectuada el 28 de agosto de 1962 del penal de Topo Chico, de donde escapó escondido en un escritorio de doble fondo que él mismo fabricó.

Entre las figuras públicas que también cayeron en esta prisión está el exfutbolista Jesús El Cabrito Arellano, acusado de presunto abuso sexual, y Andrés Puentes, el exesposo de la cantante Tatiana, quien fue acusado por abandono de familia.

Al apadrinar a la primera generación de personas privadas de la libertad que concluyeron las licenciaturas en Derecho –45— y en Administración de Empresas –6—, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que privilegiar la educación es un factor de gran importancia que debe atenderse en un sistema penal que busca la reinserción efectiva de las personas internas en centros penitenciarios.

Señaló que la reinserción puede y debe ser una realidad si se trabaja en ello y se cuenta con recursos y capacidades para concretarla, ya que es aspecto básico que debe contemplarse en el replanteamiento de nuestro sistema penitenciario, como parte de la revisión integral y multidisciplinaria que demandan las políticas públicas vinculadas a la seguridad y justicia. “Nuestro país no podrá hacer frente a la situación crítica que vive en esos ámbitos si cierra los ojos y no atiende la problemática de su sistema penitenciario, lo cual requiere el trabajo y acción coordinada de autoridades tanto federales como locales”, aseguró. 

Acompañado por la Tercera Visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja, y tras señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es aliada para lograr y alcanzar los fines de la pena de prisión, tarea en que continuará trabajando con intensidad, responsabilidad y compromiso, enfatizó que el sistema penitenciario tiene su base en el respeto por los derechos humanos y el objetivo de la pena de prisión es la reinserción, con el fin de alcanzar la prevención social.

La pérdida de la libertad también debe entenderse como la ocasión para propiciar una segunda oportunidad en mejores condiciones de vida, que haga posible la incorporación de todas las personas a una sociedad en forma armónica, conforme a la ley, manteniéndose con el producto de su trabajo y con las aptitudes para hacerlo así.

A solicitud expresa de los graduados, de que la CNDH, el Gobierno del estado y las autoridades federales en materia de reinserción social continúen apoyándolos para estudiar sus maestrías y posgrados, el Ombudsperson nacional les aseguró que así lo hará ante las instancias correspondientes.

Por la mañana, en una primera etapa de su visita de trabajo a Tepic, el Ombudsperson nacional acudió, en compañía del Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz, y el Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, al lugar conocido como La Saucera, en el municipio de Xalisco, del estado de Nayarit, donde observó la tenacidad de las familias que realizan los trabajos de búsqueda acompañadas por autoridades de la Fiscalía del estado y de las comisiones de Búsqueda.

En un diálogo con las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, les reafirmó el compromiso de la CNDH con ellas frente a la violencia por la que atraviesan varias regiones del país, y Nayarit no ha sido la excepción, con lamentables problemas de procuración de justicia y debilidad institucional, ante lo cual el Organismo Nacional seguirá alzando la voz. Y puntualizó que sus dolores y sufrimientos hacen reaccionar a todas las personas, pero las autoridades son las obligadas porque, en la acción o en la tolerancia, lamentablemente, permitieron ese estado de cosas, por lo cual la CNDH seguirá a su lado y observará que los debidos procesos se den con dignidad, que les fue vulnerada en el momento que desaparecieron sus hijos, familiares, esposos o hermanos.

Los libros se han convertido en su refugio y escapatoria, es la forma posible de viajar y conocer nuevos mundos, al menos para los internos del penal de La Mesa, ubicada en Tijuana, Baja California. 

"Leen porque es una forma de mirar hacia a fuera de las celdas, es su forma de conectar con otra realidad", explica Jesús Valenzuela, perito en psicología, quien trabaja con los internos de esta penitenciaria. 

Instaurado desde 1979 en homenaje al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, cada 12 de noviembre se festeja en México el Día Nacional del Libro. En Tijuana, en octubre de 2017 se abrió esta biblioteca para que hombres y mujeres tuvieran acceso a 4 mil 500 títulos, y que ahora superan los 5 mil ejemplares. 

La lectura es parte de la terapia, dijo, devoran las páginas de cualquier título, puede ser una novela, o un libro de auto-superación, no es importante, porque al final es un mensaje que llega directo a la mente de un lector receptivo. 

"No hay mejor lector, porque ahí en esas cuatro paredes y con el tiempo medido, en medio del silencio, es donde hay mayor posibilidad de concentración", explicó el psicólogo que ha trabajado con hombres, mujeres y menores de edad internos, "puede ser uno, dos, tres o cualquier cantidad de libros por semana, tienen todo darse todo el tiempo para disfrutarlos". 

Desde hace un año hombres y mujeres tienen acceso a una librería que fue inaugurada en octubre de 2017 con un padrón de 4 mil 500 libros, y que ya supera los 5 mil ejemplares. Es un espacio al que tanto hombres y mujeres que purgan una condena tienen acceso no solo como una actividad de lectura, sino como un acceso a la libertad de la que no gozan, como una alternativa para vivir otra realidad y reconstruir su propio espacio. 

"Un libro te da una libertad que no puedes tener de otra manera", asegura Dolores, una de las internas que se encarga de la librería, "antes no había abierto un libro pero aquí, irónicamente, hasta terminé la secundaria, es otra forma de ver la vida". 

Prefiere no dar su apellido pero dice que no le avergüenza aprender a ser una persona distinta. No solo le gusta leer, aprendió a hacerlo estando dentro de la prisión, fue uno de los gustos adquiridos a partir de los talleres y actividades que realizan voluntarios en esa cárcel. 

"Un libro nos abre la puerta a un mundo al que no tenemos acceso, porque estamos aquí en estas circunstancias", dijo mientras abrazaba uno de los miles de libros que fueron colocados en los estantes durante la inauguración de la librería, los cuales ahora están al alcance de los casi 4 mil internos, hombres y mujeres, que hay en esa prisión. El azul claro de las paredes de la librería contrasta con el gris de las celdas, además tienen sillones de piel color negro y no solo concreto. Algún par de cartulinas y pósters fueron colocados entre los libreros, con mensajes claros sobre la superación. 

La directora del Instituto Municipal de Artes y Cultura (IMAC) en Tijuana, Haydee Zavala, dijo que los libros pueden convertirse en una fortaleza para la resiliencia de los hombres y mujeres que viven meses e incluso años tras los muros y rejas de una prisión de concreto. 

Advierte que los paisajes de Rulfo, las batallas de Pacheco o las historias de amor y desventura que hay en la literatura universal; o los mensajes de esperanza y de osadía que hay en "El Conde de Montecristo", son aún más necesarios cuando la libertad solo se halla en libros. Además explica que el proyecto de la librería, encabezado por la Fundación Rebeca Lan, mediante el programa "Atrévete a creer en ti", no solo consiste en traer los libros y la instalación del espacio, va más allá del sitio porque además comenzarán una serie de círculos de lectura para fomentar la actividad entre las compañeras. El subsecretario del Sistema Penitenciario de Baja California, David Limón Grijalva, aseguró que darles la oportunidad de mirarse en otros ojos y en otras palabras, es darles una opción más en el mundo y en la sociedad. Pensar que a pesar de los errores la gente puede re-aprender o cambiar, es parte de la mística qué sigue el programa de reinserción social, porque la visión sobre los internos es con entender la falta de oportunidades y cómo eso incide en las acciones del ser humano. "Esta es la verdadera importancia de la educación porque hay un porcentaje muy alto de los internos que están aquí, y que no tuvieron educación", advierte el funcionario.

La madrugada de este domingo en el Penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, se registró una fuga donde al menos dos internos escaparon de la justicia. Elementos de la Policía y del ejército desplegaron un operativo de seguridad para hacer revisión interna.

Se conoce que durante las primeras horas de este día se alertó a las corporaciones sobre la ausencia de dos reos, cuyas identidades no han sido establecidas por la autoridad, pues la Secretaria de Seguridad Pública no ha emitido ninguna información.

--Fugas anteriores

De este mismo centro en 2017 se evadieron cinco reos federales, entre ellos el hijo de Juan José Esparragoza Moreno "El Azul". Las personas fugadas se vinculan al Cartel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García.

Sobre esta fuga, Cristóbal Castañeda Camarillo, el subsecretario de Seguridad Pública confirmó que los internos evadidos fueron Juan José Esparragoza Monzón, Alfonso Limón Sánchez; Jesús Peña González; Rafael Guadalupe Félix Núñez y Francisco Javier Rosales Zazueta.

Señaló que compete a la Procuraduría General de la República abrir las investigaciones de la fuga debido a la peligrosidad; además, tres de ellos tenían amparos para no ser trasladados a penales del fuero federal.

El 18 de febrero del 2017, en el fraccionamiento Acueducto de esta ciudad, fuerzas federales detuvieron a Rosales Zazueta "Pancho Chimal", identificado como escolta de Ivan Archivaldo Guzmán, hijo de "El Chapo" Guzmán.