La defensa del sargento José "N", implicado en una presunta ejecución extrajudicial ocurrida durante los enfrentamientos del 3 de mayo pasado en Palmarito, Puebla, se prepara para presentar un amparo contra la orden de vincular a proceso al elemento castrense emitida por un tribunal federal.

La semana pasada los abogados del sargento fueron notificados de la resolución del Segundo Tribunal Unitario en Puebla que ordenó vincularlo a proceso y dejar sin efectos la resolución del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad que determinó su liberación bajo las reservas de ley.

El juez de control consideró que las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público federal fueron insuficientes para mantener vigente la orden de prisión preventiva en contra del sargento, pues sólo ofreció un dictamen pericial que no fue concluyente y opiniones de peritos que no pudieron ser valorados como pruebas, así como los testimonios de otros militares que no señalaron directamente al general como responsable.

Sin embargo, el magistrado Esteban Santos Velázquez, titular del Segundo Tribunal Unitario, al resolver la impugnación de la Procuraduría General de la República contra la decisión del juez de control, consideró que esas pruebas eran suficientes para vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado.

Alejandro Robledo, abogado del militar, indicó que por el momento su cliente continuará preso en el cuartel militar en el que enfrenta un proceso penal castrense y el caso de Palmarito se tramitará de manera paralela al mismo.

Por el momento, esperarán a ofrecer y desahogar las pruebas que acrediten que su cliente no es el militar que aparece en un video difundido en redes sociales detonando un arma para matar a un supuesto ladrón de combustible durante los enfrentamientos del 3 de mayo pasado en Palmarito.

"Estamos en etapa complementaria o de investigación judicializada y ofreceremos pruebas dentro de la carpeta para que en su momento sean analizadas por el juez de control", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

"Mi cliente está preocupado por esta resolución que se dio en un tiempo récord de tres días, porque el expediente le llegó al tribunal el 27 de junio y para el 30 ya estaba resuelto".

La investigación judicializada, etapa en la que se encuentra el asunto, puede durar hasta tres meses más, por lo que el abogado afirmó que existen elementos técnicos que no fueron considerados en la resolución del Tribunal Unitario y ante ello, promoverán un juicio de amparo contra su determinación.

Fotogalería del encuentro entre delincuentes, policías y militares en Tamaulipas, que dejo a varias personas heridas y varias patrullas dañadas.

Un militar mexicano confiesa en un vídeo que le disparó a un niño de 11 años, dejándolo herido, del municipio de La Huacana, en el estado de Michoacán, por "un descuido", informó este jueves el grupo Radio Fórmula.

En el vídeo, que registra hechos ocurridos el pasado domingo, puede verse cómo los pobladores del municipio piden explicaciones al militar por el disparo y este resta gravedad a la situación.

"¿Dénos una explicación, por qué le tiraron (dispararon) al niño?", pregunta una mujer en el vídeo. "Fue un descuido", contesta el militar.

Posteriormente, los pobladores agredieron, desarmaron y retuvieron temporalmente a los militares por este suceso y alegando que lo hacía en defensa propia.

"Son delincuentes, ¿qué autodefensa ni qué ocho cuartos?, eso no existe, son delincuentes y punto", dijo al respecto el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles.

Por su parte, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) contestó a Radio Fórmula que durante el fin de semana hubo altercados violentos con los pobladores y que hubo muertos y heridos civiles, entre ellos el mencionado menor de edad, el cual se encuentra en un hospital de Irapuato en estado estable tras recibir el disparo en el glúteo.

La dura situación de violencia que vive el occidental estado de Michoacán ha llevado a que este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, anunciase el despliegue en julio de 4.050 miembros de la Guardia Nacional, el nuevo organismo de seguridad creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Los grupos delincuenciales no cesan en su intento de alterar la seguridad y cometer actos criminales, por estas razones debemos cerrar filas con toda la determinación para combatirlos con inteligencia y renovada capacidad de fuerza", señaló Durazo.

En un acto junto al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el secretario federal confesó que México vive "un tiempo de emergencia" en materia de seguridad que "llevará tiempo corregir".

La violencia en México es un problema ya sistemático que dura décadas y que inevitablemente también impacta a los niños.

Según el informe "Construyendo una vida mejor para la niñez", elaborado por la organización Save the Children, en México suceden 4,9 homicidios a menores de edad por cada 100.000 habitantes de entre 0 y 19 años.

La cifra supera con creces a las registradas en Siria o Palestina, países que cuentan con una tasa de 1,0 y 2,7 respectivamente.

En el ránking global de calidad de vida de los menores, compuesto por 176 países, México descendió en 2019 tres lugares, pasando del puesto 93 al 96, situándose por debajo de países latinoamericanos como Cuba, Chile o Perú. 

Desde que empezó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Policía Federal (PF) y las Fuerzas Armadas han sido agredidas en 106 ocasiones por grupos del crimen organizado en 53 municipios.

Dichas localidades están ubicadas en 17 estados de la República; sin embargo, 47% de las agresiones contra las Fuerzas Armadas se han concentrado en Tamaulipas.

Según información obtenida por EL UNIVERSAL a través de solicitudes de información realizadas a la Policía Federal (PF) y la Secretaría Marina-Armada de México (Semar) y la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Nuevo Laredo es el municipio donde más ataques han recibido las autoridades, con 18. En Reynosa, 13; en Camargo, seis; en Matamoros, cinco; en Miguel Alemán, tres, y al menos uno en Aldama, González, Nueva Ciudad Guerrero y San Fernando, Tamaulipas.

De esta manera, Tamaulipas no sólo es la entidad donde más combates se han registrado, sino que posee los cuatro municipios en los que las fuerzas federales de seguridad han tenido que intervenir más ante la amenaza del crimen organizado.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) también sirven para contextualizar la realidad de Tamaulipas: en los primeros meses de 2019 han sucedido 471 homicidios, 4 mil 519 casos de robo y 74 hechos relacionados con el narcomenudeo.

Sin embargo, no sólo en ese estado los presuntos grupos criminales han atacado a la fuerzas de seguridad; en los municipios de Otumba, Estado de México, y Celaya, Guanajuato, se han registrado seis enfrentamientos.

La misma situación ocurrió 18 veces en Acámbaro, Guanajuato; Petatlán, Guerrero; Buenavista y Múgica, Michoacán; Esperanza, Puebla; Guamuchil, Sinaloa; Yecora y Navojoa, Sonora, y Huimanguillo, Tabasco. Mientras el resto de los combates se han distribuido en otros 33 municipios diferentes, se indicó.

La misma información obtenida por esta casa editorial, desglosada día por día desde el 1 de diciembre de 2018 y hasta marzo de este año, revela que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional han participado en ocho de cada 10 disputas.

En tanto que la Semar sólo ha tenido participación en tres refriegas, y la Policía Federal lo ha hecho en 23 ocasiones.

Sangre derramada. El 31 de diciembre de 2018 ha sido el día más oscuro para el Ejército desde que inició la actual administración; en ese momento un convoy de la Sedena se encontraba en un rondín en Huimanguillo, Tabasco, cuando un grupo de presuntos huachicoleros lo emboscó hasta dejar cinco heridos y un militar muerto.

En total, los choques entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada y las autoridades han dejado un saldo de al menos 18 personas fallecidas y 38 lesionadas.

El Ejército es la institución que más se ha visto afectada con 29 militares lesionados y cuatro asesinados, en el caso de la Semar han sido tres lesionados y un muerto, y en la Policía Federal se registró el deceso de cuatro elementos y otros seis heridos.

Respecto al crimen organizado, los datos oficiales destacan que nueve de sus presuntos integrantes perdieron la vida tras participar en batallas con las fuerzas del orden; siete fallecieron a manos de la Policía Federal y dos por ataques de la Marina.

Sobre el número de civiles abatidos y lesionados, la Sedena no proporcionó información, y argumentó que "a partir de abril de 2014 esta secretaría ya no da continuidad a la estadística sobre este rubro, haciéndolo actualmente la Fiscalía General de la República (FGR)".

Esta respuesta fue dada a pesar de que hace dos meses el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de la Defensa informar cuántos civiles han sido detenidos, muertos y heridos por haber participado en un enfrentamiento con militares desde dicho año.

Esta resolución se dio luego de que un grupo de académicos, periodistas y organizaciones sociales interpusieron un recurso de revisión en el Inai tras el rechazo del Ejército a proporcionar esos datos.

Lo ocurrido el pasado fin de semana en La Huacana, Michoacán, donde 11 militares fueron retenidos por pobladores, es otro de los muchos antecedentes que existen en diversas regiones del país en las cuales grupos criminales utilizan a mujeres, niños y ancianos como "escudo humano", afirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En Michoacán, la dependencia señaló que enviar a grupos vulnerables para restringir la acción de la justicia y la presencia de las autoridades es una práctica común de las autodefensas, de "Los Viagras" y del "Cártel Jalisco Nueva Generación" (CJNG), que se disputan el control de las actividades ilícitas en la entidad.

La institución señaló que a partir de 2013 las autodefensas tuvieron una gran influencia en la Tierra Caliente de Michoacán, donde se autorizó que registraran armamento. "Michoacán no es la única entidad donde sus pobladores agreden a la autoridad; [por el] huachicoleo también en el Estado de México, Hidalgo y Puebla", recordó la Sedena.

Sobre los hechos ocurridos el pasado domingo en La Huacana, la Sedena informó que los soldados fueron agredidos a balazos por civiles armados en dos ocasiones cuando recorrían la comunidad de Cuimbo, en donde asegurando cuatro armas largas y cargadores.

Posteriormente, al reincorporarse el personal militar a su unidad y pasar por el centro de la cabecera municipal de La Huacana, la población, incluyendo mujeres y niños, bloqueó la circulación, y agredió física y verbalmente a los soldados, reteniendo a un grupo de 11 militares.

El experto en seguridad Jorge Alberto Lara Rivera dijo que uno de los efectos de las agresiones a militares y policías por la población civil es el debilitamiento de la autoridad: "Vemos que hay un esquema de debilidad de nuestro tejido de autoridades, un debilitamiento que, además, pudo haber sido producto de órdenes superiores", indicó.

Calificó de acertada la actuación del Ejército en La Huacana, al señalar que los militares evitaron que la situación pasara a mayores. "Lo más lamentable sería que después de este episodio nadie fuese llamado a cuentas; me parece que el caso nos indigna, pero nos debería de indignar aún más que no haya una consecuencia jurídica y que estas personas no sean presentadas ante un juez para responder por los delitos que, de manera abierta, cometieron", mencionó.

El especialista en Fuerzas Armadas, Javier Oliva, afirmó que los grupos criminales están utilizando cada vez más a la población civil para confrontara a las fuerzas federales, lo que "habla de la profundidad de la crisis moral que se está viviendo en varias partes del país".

Refirió que el estar recurriendo a este tipo de prácticas, los grupos criminales "podrían ocasionar una tragedia, esperemos que no suceda, pero así está planteada la situación y la diversificación de las actividades ilícitas. Exponer a grupos vulnerables indica que estamos ante personas que no se tientan el corazón".

Para Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), las agresiones de la población civil contra militares seguirán mientras las Fuerzas Armadas continúen en las calles realizando labores de seguridad pública. "No es algo nuevo, ya ha habido otros eventos, pero aquí el problema es que esto ya se volvió frecuente, porque ya está exponiendo demasiado a los militares", comentó.

Aseguró que el gobierno federal debe sortear las consecuencias de estas agresiones.

El general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció que el pasado domingo, la dependencia negoció con los delincuentes el cambió de armas por soldados, luego de que su personal fue desarmado, agredido y retenido en el municipio de La Huacana.

En el marco del arranque de la segunda fase del Plan Integral de Seguridad de Michoacán, Sandoval González justificó el actuar del Ejército ante la agresión de pobladores de Pueblo Viejo a su personal.

Sandoval dijo que fue mejor regresar las armas, que atacar a la población utilizada por los civiles armados.

Al respecto, el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, condenó una vez más lo ocurrido en La Huacana el pasado domingo.

Dijo que si bien es un asunto que seguramente atraerá la Fiscalía General de la República (FGR), su gobierno colaborará en las investigaciones para que la agresión contra militares no quede impune.

"Señor secretario de la Defensa Nacional, aprovechó para decirle que nos enfada la actitud que hace algunos días asumieron algunos ciudadanos en contra del Ejército", reiteró Aureoles Conejo.

"No vamos a permitir impunidad ni vamos a permitir que se vulneren a las instituciones y menos que se lastime a una de nuestras más grandes instituciones como lo es el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México", agregó.