La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce la necesidad de que las personas procesadas o sentenciadas penalmente, que estén en libertad, cuenten con una identificación con validez oficial, que les permita ejercer su derecho a identificarse, en igualdad de circunstancias con cualquier otra persona, para que puedan llevar una vida de inclusión social y sin factores de discriminación.

No contar con un documento de esta índole es incompatible con los principios de dignidad humana y de reinserción social, reconocidos en la propia Constitución.

La CNDH señala que es necesario implementar un documento gratuito de identificación oficial, desvinculado de procesos político-electorales o de cualquier otra índole, que garantice el acceso a las mismas oportunidades para cualquier persona y evite su exclusión social. 

En tanto eso se concreta, se propone que las personas procesadas o sentenciadas, en libertad, puedan contar con la credencial para votar, para efectos exclusivos de identificación y sin que ello implique, en su caso, restitución de los derechos políticos que les hubiesen sido suspendidos. 

Organizaciones de la sociedad civil como Documenta, Reinserta y Derechos sin Barreras alertan que en las cárceles mexicanas, donde se encuentran recluidas 200 mil 936 personas, existe el peligro de contagios masivos de Covid 2019.

El principal riesgo, alertan, es que en 6 de cada 10 prisiones las condiciones para cumplir con medidas de higiene y sana distancia son difíciles de cumplir, pese a lo que ha demandado el gobierno federal para evitar la propagación del Covid-19.

El Diagnóstico nacional del sistema penitenciario de la CNDH de 2019 advirtió que en 63% de los centros de reclusión federales y estatales las condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios son "deficientes": en 32.79% hay insuficiencia en los servicios de salud, en 33% de las prisiones hay sobrepoblación y en 32% existe hacinamiento.

Según la Encuesta nacional de población privada de la libertad del Inegi, 45.6% de la población privada de la libertad compartió su celda con más de cinco personas y 12.5% compartía cama; además, 30% de las personas reportaron no contar con agua potable en sus celdas y alrededor de 5% carecían de drenaje. "Ahorita no hay casos confirmados dentro de los centros de reclusión, pero una vez que entre el contagio va a ser masivo. Las zonas de aislamiento no existen", advierte María Sirvent, fundadora y coordinadora institucional de Documenta.

Convertidas en universidades del delito y en bases de negocios criminales y sin lograr regenerar a los prisioneros, las 149 cárceles de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá cayeron en una violenta crisis en una realidad numérica: con capacidad de alojar a 72 mil 235 reclusos, la población penal de los seis países es de casi el doble y sumó 143 mil 159 presos a 2018.

Los líos en los penales de Centroamérica se saldaron esta semana con un motín el martes en Panamá que dejó 12 reclusos muertos y 11 heridos. Honduras militarizó el mismo día el sistema carcelario, donde las sangrientas disputas entre redes del crimen organizado, maras o pandillas y delincuencia común dejaron 105 homicidios desde 2013 y 20 únicamente en 2019.

Los datos oficiales sobre las cárceles del área, extraídos del más reciente informe World Prison Brief, del (no estatal) Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, de Londres, con cifras a septiembre de 2018 y algunas actualizadas a octubre de 2019, revelaron que El Salvador, con 38 mil 939 presos y 604 por cada 100 mil habitantes, tiene el mayor número de reclusos del istmo.

Con capacidad para 18 mil 51 personas, la sobrepoblación en 25 prisiones en ese país llegó a 215.2% en junio de 2018, precisó.

Una crisis que se arrastra. "La crisis carcelaria en Centroamérica se arrastra hace muchos años. No se corrige nada", adujo el salvadoreño Miguel Montenegro, director ejecutivo de la (no estatal) Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.

El Instituto precisó que Guatemala alcanzó 25 mil 320 presos en 21 cárceles con capacidad para 6 mil 800, a 143 por 100 mil habitantes y una sobrepoblación de 357.6%. Honduras registró 20 mil 506 privados de libertad, con 229 por 100 mil habitantes en 27 instituciones con capacidad para 10 mil 600 reclusos y una sobreocupación de 193.58%, indicó.

Con posibilidad de albergar a 11 mil 781 prisioneros en nueve penales, Nicaragua reportó 20 mil 918, una sobrepoblación de 177.6% y 332 por 100 mil habitantes.

Costa Rica, con 19 mil 226 reos en 33 centros penales con capacidad para 9 mil 791, llegó a una sobreocupación de 139.4% y 374 por 100 mil personas.

Panamá llegó a 16 mil 953 reclusos en 24 cárceles con opción de recibir a 15 mil 222, para un exceso de 111.4% y 401 por 100 mil pobladores.

"Autoridades ayudan a la corrupción". "El hacinamiento es muy grave y sin atención integral para solventarlo. Las autoridades ayudan a la corrupción en los penales que, sin readaptación, son escuelas del crimen para salir a delinquir", declaró Montenegro a EL UNIVERSAL.

Su condición de privados de libertad tampoco les impidió comprar privilegios -lujos, placeres y acceso a armas, municiones, marihuana, cocaína o licores vía sobornos- y seguir ligados a sus contactos de afuera de las cárceles para controlar operaciones externas de extorsión, trata de personas, tráfico de drogas y armamento, sicariato, estafas telefónicas y otras actividades ilícitas. Los motines son frecuentes y mortales.

Al advertir que "siempre hay abogados coludidos" con los presos, el viceministro de Seguridad de Honduras, Luis Suazo, reveló que tres empleados penitenciarios fueron detenidos porque cobraron 40 mil 500 dólares hace tres meses por introducir dos teléfonos celulares y un aparato de comunicación satelital a un penal para unos presos.

El caso demostró un alza, ya que el costo por insertar un teléfono celular a prisión era de unos 60 dólares, narró Suazo a la prensa hondureña. "Hay personas que se prestan para trasladar mensajes, dinero, armas", narró.

Al apadrinar a la primera generación de personas privadas de la libertad que concluyeron las licenciaturas en Derecho –45— y en Administración de Empresas –6—, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que privilegiar la educación es un factor de gran importancia que debe atenderse en un sistema penal que busca la reinserción efectiva de las personas internas en centros penitenciarios.

Señaló que la reinserción puede y debe ser una realidad si se trabaja en ello y se cuenta con recursos y capacidades para concretarla, ya que es aspecto básico que debe contemplarse en el replanteamiento de nuestro sistema penitenciario, como parte de la revisión integral y multidisciplinaria que demandan las políticas públicas vinculadas a la seguridad y justicia. “Nuestro país no podrá hacer frente a la situación crítica que vive en esos ámbitos si cierra los ojos y no atiende la problemática de su sistema penitenciario, lo cual requiere el trabajo y acción coordinada de autoridades tanto federales como locales”, aseguró. 

Acompañado por la Tercera Visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja, y tras señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es aliada para lograr y alcanzar los fines de la pena de prisión, tarea en que continuará trabajando con intensidad, responsabilidad y compromiso, enfatizó que el sistema penitenciario tiene su base en el respeto por los derechos humanos y el objetivo de la pena de prisión es la reinserción, con el fin de alcanzar la prevención social.

La pérdida de la libertad también debe entenderse como la ocasión para propiciar una segunda oportunidad en mejores condiciones de vida, que haga posible la incorporación de todas las personas a una sociedad en forma armónica, conforme a la ley, manteniéndose con el producto de su trabajo y con las aptitudes para hacerlo así.

A solicitud expresa de los graduados, de que la CNDH, el Gobierno del estado y las autoridades federales en materia de reinserción social continúen apoyándolos para estudiar sus maestrías y posgrados, el Ombudsperson nacional les aseguró que así lo hará ante las instancias correspondientes.

Por la mañana, en una primera etapa de su visita de trabajo a Tepic, el Ombudsperson nacional acudió, en compañía del Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz, y el Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, al lugar conocido como La Saucera, en el municipio de Xalisco, del estado de Nayarit, donde observó la tenacidad de las familias que realizan los trabajos de búsqueda acompañadas por autoridades de la Fiscalía del estado y de las comisiones de Búsqueda.

En un diálogo con las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, les reafirmó el compromiso de la CNDH con ellas frente a la violencia por la que atraviesan varias regiones del país, y Nayarit no ha sido la excepción, con lamentables problemas de procuración de justicia y debilidad institucional, ante lo cual el Organismo Nacional seguirá alzando la voz. Y puntualizó que sus dolores y sufrimientos hacen reaccionar a todas las personas, pero las autoridades son las obligadas porque, en la acción o en la tolerancia, lamentablemente, permitieron ese estado de cosas, por lo cual la CNDH seguirá a su lado y observará que los debidos procesos se den con dignidad, que les fue vulnerada en el momento que desaparecieron sus hijos, familiares, esposos o hermanos.

Decenas de personas han protestado este fin de semana frente a un centro de detención de Nueva York que lleva siete días parcialmente sin electricidad ni calefacción, coincidiendo con jornadas de intenso frío, y cuyas ventanas los reos golpeaban para llamar la atención.

Según informó este domingo el canal ABC7, la autoridad federal de Prisiones estima que este lunes volverá la energía al Centro de Detención Metropolitano del distrito de Brooklyn, que el domingo pasado sufrió un apagón parcial causado por un pequeño incendio en las instalaciones eléctricas.

Unos 1.200 presos se alojan en el centro y, según se escucha en videos subidos a las redes sociales delante del lugar, muchos pedían ayuda golpeando las ventanas con objetos tras varios días en los que el termómetro en Nueva York llegó a marcar quince grados centígrados bajo cero.

Las protestas de los vecinos, con carteles en los que se leía "Humanidad para todos" o "los escuchamos", provocaron este sábado tensiones con los funcionarios de la penitenciaría, de acuerdo a imágenes televisivas, y hoy domingo por la mañana decenas de personas volvieron a acudir a las puertas del penal.

El alcalde Bill de Blasio dijo a través de su cuenta de Twitter que la autoridad federal de Prisiones había "rechazado la ayuda" de las agencias locales y el sábado por la noche ordenó enviar camiones con mantas, calentadores de mano y generadores.

Abogados de los reos denunciaron que no había servicios médicos y que sus clientes habían estado envolviéndose con toallas de la cabeza a los pies para mantener el calor estos días.

La Oficina federal de Prisiones explicó a CNN que hubo un incendio en la sala de los fusibles y uno de los dos edificios del centro tenía un apagón parcial, problema que se ha resuelto instalando un nuevo panel eléctrico, aunque los técnicos aún tienen que restaurar el servicio, trabajo que finalizará este lunes.

Asimismo, la autoridad dijo que los presos tienen agua caliente, alumbrado de emergencia, que sí hay servicios médicos y que la temperatura del aire en las celdas estaba "en rangos aceptables", algo que disputan representantes políticos locales.

La congresista demócrata Nydia Velázquez, que acudió el viernes y el sábado a las instalaciones, consideró que no se han respetado los "derechos humanos básicos", mientras que su colega Jerry Nadler volvía este domingo para comprobar si funcionaba la calefacción y si los reos podían recibir a sus letrados.

Los libros se han convertido en su refugio y escapatoria, es la forma posible de viajar y conocer nuevos mundos, al menos para los internos del penal de La Mesa, ubicada en Tijuana, Baja California. 

"Leen porque es una forma de mirar hacia a fuera de las celdas, es su forma de conectar con otra realidad", explica Jesús Valenzuela, perito en psicología, quien trabaja con los internos de esta penitenciaria. 

Instaurado desde 1979 en homenaje al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, cada 12 de noviembre se festeja en México el Día Nacional del Libro. En Tijuana, en octubre de 2017 se abrió esta biblioteca para que hombres y mujeres tuvieran acceso a 4 mil 500 títulos, y que ahora superan los 5 mil ejemplares. 

La lectura es parte de la terapia, dijo, devoran las páginas de cualquier título, puede ser una novela, o un libro de auto-superación, no es importante, porque al final es un mensaje que llega directo a la mente de un lector receptivo. 

"No hay mejor lector, porque ahí en esas cuatro paredes y con el tiempo medido, en medio del silencio, es donde hay mayor posibilidad de concentración", explicó el psicólogo que ha trabajado con hombres, mujeres y menores de edad internos, "puede ser uno, dos, tres o cualquier cantidad de libros por semana, tienen todo darse todo el tiempo para disfrutarlos". 

Desde hace un año hombres y mujeres tienen acceso a una librería que fue inaugurada en octubre de 2017 con un padrón de 4 mil 500 libros, y que ya supera los 5 mil ejemplares. Es un espacio al que tanto hombres y mujeres que purgan una condena tienen acceso no solo como una actividad de lectura, sino como un acceso a la libertad de la que no gozan, como una alternativa para vivir otra realidad y reconstruir su propio espacio. 

"Un libro te da una libertad que no puedes tener de otra manera", asegura Dolores, una de las internas que se encarga de la librería, "antes no había abierto un libro pero aquí, irónicamente, hasta terminé la secundaria, es otra forma de ver la vida". 

Prefiere no dar su apellido pero dice que no le avergüenza aprender a ser una persona distinta. No solo le gusta leer, aprendió a hacerlo estando dentro de la prisión, fue uno de los gustos adquiridos a partir de los talleres y actividades que realizan voluntarios en esa cárcel. 

"Un libro nos abre la puerta a un mundo al que no tenemos acceso, porque estamos aquí en estas circunstancias", dijo mientras abrazaba uno de los miles de libros que fueron colocados en los estantes durante la inauguración de la librería, los cuales ahora están al alcance de los casi 4 mil internos, hombres y mujeres, que hay en esa prisión. El azul claro de las paredes de la librería contrasta con el gris de las celdas, además tienen sillones de piel color negro y no solo concreto. Algún par de cartulinas y pósters fueron colocados entre los libreros, con mensajes claros sobre la superación. 

La directora del Instituto Municipal de Artes y Cultura (IMAC) en Tijuana, Haydee Zavala, dijo que los libros pueden convertirse en una fortaleza para la resiliencia de los hombres y mujeres que viven meses e incluso años tras los muros y rejas de una prisión de concreto. 

Advierte que los paisajes de Rulfo, las batallas de Pacheco o las historias de amor y desventura que hay en la literatura universal; o los mensajes de esperanza y de osadía que hay en "El Conde de Montecristo", son aún más necesarios cuando la libertad solo se halla en libros. Además explica que el proyecto de la librería, encabezado por la Fundación Rebeca Lan, mediante el programa "Atrévete a creer en ti", no solo consiste en traer los libros y la instalación del espacio, va más allá del sitio porque además comenzarán una serie de círculos de lectura para fomentar la actividad entre las compañeras. El subsecretario del Sistema Penitenciario de Baja California, David Limón Grijalva, aseguró que darles la oportunidad de mirarse en otros ojos y en otras palabras, es darles una opción más en el mundo y en la sociedad. Pensar que a pesar de los errores la gente puede re-aprender o cambiar, es parte de la mística qué sigue el programa de reinserción social, porque la visión sobre los internos es con entender la falta de oportunidades y cómo eso incide en las acciones del ser humano. "Esta es la verdadera importancia de la educación porque hay un porcentaje muy alto de los internos que están aquí, y que no tuvieron educación", advierte el funcionario.