El papa Francisco y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresaron este lunes, por separado, su inquietud por la decisión de Estados Unidos de revocar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege a 800 mil migrantes indocumentados, en su mayoría mexicanos. El Pontífice dijo que espera que el presidente Donald Trump reconsidere y señaló que "separar a los jóvenes de sus familias no es algo que dé buenos frutos".

En tanto, el fiscal general de California presentó una demanda contra la eliminación del DACA, al tiempo que el canciller mexicano, Luis Videgaray, inició una gira por EU para reunirse con "dreamers".

El Gobierno de Estados Unidos ha ampliado el programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) con el fin de proteger mejor a los 'dreamers', como se conocen a los menores migrantes que cuentan ya con cierto nivel de estudios y arraigo en el país. 

A la espera del apoyo del Congreso, la nueva ley entraría en vigor a partir del 31 de octubre, ampliando el plan anterior lanzado en 2012 durante la administración de Barack Obama y que ha permitido a unos 600.000 migrantes evitar la deportación y trabajar legalmente. 

La principal novedad es la solicitud por separado que deberán presentar cada una de estas personas para evitar ser deportadas o recibir un permiso de trabajo, pero se aplicará solo a la renovación de solicitudes de DACA, no a las nuevas, a la espera de que se resuelva el recurso presentado para permitir al Departamento de Seguridad Nacional emitir nuevos solicitudes. "

"Los 'dreamer' son parte del tejido de esta nación. Sirven en primera línea de respuesta a la pandemia. Son estudiantes, empresarios y propietarios de pequeñas empresas. Muchos sirven valientemente en nuestras Fuerzas Armadas. Solo han conocido a Estados Unidos como su hogar", ha destacado el presidente, Joe Biden.

Sin embargo, la nueva legislación no es infalible ya que para sus detractores y muchos jueces, el Departamento de Seguridad Nacional no tiene autoridad suficiente para proteger del todo a aquellos que quieran evitar la deportación.

La nueva norma necesitará en el Senado el apoyo de al menos diez republicanos y todos los demócratas para alcanzar el umbral de 60 votos, una batalla cuesta arriba en medio del aumento de la polarización en el Congreso en relación a la política migratoria antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

"Haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a los 'dreamers', pero los republicanos del Congreso deberían dejar de bloquear un proyecto de ley que brinda un camino hacia la ciudadanía. No solo es lo correcto, sino también lo inteligente para nuestra economía y nuestras comunidades", ha dicho Biden.

Washington. Un tribunal federal de Maryland ordenó ayer al gobierno de Donald Trump que comience a tramitar nuevos permisos para dreamers, los jóvenes llegados al país de forma irregular junto a sus padres. La corte ordenó también que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), debe ser restaurado totalmente, lo cual significa que debe abrirse a nuevos solicitantes por primera vez en tres años.

El destino de casi 700 mil jóvenes estuvo en el limbo después de que Trump canceló en 2017 el programa que los protegía de la deportación y que había sido creado por su predecesor demócrata, Barack Obama.

La decisión fue impugnada y terminó en la Corte Suprema, que a mediados de junio bloqueó la decisión del Ejecutivo.

El tribunal de Maryland determinó que la rescisión del programa de protección para los dreamers quedó revocada y que debe restaurarse la política antes de la cancelación.

Varias organizaciones sociales agrupadas bajo la plataforma Home is Here (Nuestro Hogar Está Aquí) denunciaron que pasadas tres semanas de la decisión de la Corte Suprema, el gobierno todavía no había emitido una directiva sobre cómo iba a cumplir con la decisión.

Las organizaciones se refirieron en específico a la apertura de las solicitudes de protección del programa DACA para jóvenes que nunca hubieran hecho el trámite.

Consultado por la Afp, el Servicio de Ciudadanía y de Inmigración (USCIS) afirmó que las peticiones iniciales que fueron rechazadas después de la decisión de la Corte Suprema se debieron a que estaban incompletas.

La semana pasada, Trump anunció en una entrevista con la cadena Telemundo que iba a impulsar un decreto migratorio que contendría una vía para que los dreamers tengan la ciudadanía.

La campaña de Joe Biden, quien será el rival de Trump en las elecciones de noviembre, denunció que casi un mes después del pronunciamiento de la Corte Suprema el gobierno se ha negado a recibir nuevas solicitudes.

“La decisión de hoy de una Corte Federal de Maryland es otro golpe contra sus despiadados ataques al DACA, los dreamers y sus familias”, destacó la campaña del postulante demócrata.

En Estados Unidos, unas 700 mil personas, la mayoría de ellas de origen latinoamericano, se benefician del programa DACA.

 El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió este jueves mantener en pie el programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a centenares de miles de jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores".

En una decisión ajustada, por 5 votos a favor y 4 en contra, el Supremo tachó de ilegal la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de poner fin al programa que desde hace ocho años ha beneficiado a muchos indocumentados que llegaron al país cuando eran niños. 

Durante los últimos 12 años el gobierno federal ha identificado a 406 mil 104 agresores de niñas, adolescentes y mujeres adultas en el país.

Las cifras, recopiladas a través del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), detallan que los estados con más agresiones contra niñas, adolescentes y mujeres son Jalisco, Michoacán, Chiapas, San Luis Potosí, Estado de México, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este lunes, expertas advierten que las agresiones se cuentan por miles y que los datos del Banavim, adscrito a la Secretaría de Gobernación, se quedan cortos.

La ONU denunció este viernes que el uso arbitrario e indiscriminado de balines y perdigones para contener las protestas en Chile constituye una violación "grave" de los derechos humanos y pidió a las fuerzas de seguridad del país que dejen de usar esos proyectiles de manera "inmediata".

"La utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad", afirmó el organismo internacional desde su sede en Santiago.

La ONU mostró además su preocupación por "la gran cantidad de muertos y heridos" e hizo un llamado a "alinear las acciones de control de la violencia a los estándares internacionales existentes y que han sido ratificados por el Estado chileno".

El estallido social que vive Chile desde el pasado 18 de octubre, el más grave desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ha provocado centenares de heridos y detenidos y se ha cobrado la vida hasta el momento de 20 personas, de las cuales seis son ciudadanos extranjeros.

La mayoría de las marchas son pacíficas, aunque en las últimas jornadas algunas se han tornado violentas y han terminado con saqueos, barricadas, destrucción de mobiliario público y enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente estatal independiente, hay 1.778 heridos hospitalizados, de los cuales casi dos centenares padecen lesiones oculares por culpa de los balines y perdigones.

El vicepresidente del Colegio Médico de Chile, Patricio Meza, calificó este jueves la situación de "emergencia sanitaria" y aseguró en declaraciones a Efe que muchos de los heridos necesitarán prótesis de por vida.

"No se ha respetado la distancia de seguridad para disparar proyectiles, se ha apuntado por encima de la cintura y, en ocasiones, en presencia de niños, embarazadas o personas con movilidad reducida", afirmó el doctor.

Las protestas se iniciaron en respuesta a la subida del precio de pasaje de metro, pero se convirtieron luego en un clamor popular contra el Gobierno y el desigual modelo económico del país.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, muy cuestionado por la represión con la que se están conteniendo las manifestaciones y quien decretó el estado de emergencia durante los primeros días de la crisis, respondió con una agenda social que no convence a los manifestantes e incluye aumento del salario mínimo y rebajas millonarias al sueldo de los parlamentarios.

Varios organismos internacionales han enviado misiones al país para investigar las más de 2.000 denuncias por violación de derechos humanos que manifestantes han presentado contra las fuerzas de seguridad del país.

En ese sentido, la Fiscalía se encuentra investigando a 14 carabineros por presuntas torturas durante el estado de emergencia y la muerte de cinco personas presuntamente a manos de los militares.