Encabezados por el Secretario de Gobierno del XXII Ayuntamiento, Leopoldo Guerrero, autoridades municipales se trasladaron a las oficinas del Sindicato de Burócratas de Tijuana, en la Zona Centro, para atender las gestiones de los trabajadores de base.

En la reunión estuvieron presentes más de 100 miembros de la estructura del sindicato, con la finalidad de llegar a acuerdos, dando seguimiento y respuesta al tema de equipamiento del personal de bomberos, entre otros.

"Nuestra intención de venir personalmente a atenderlos y escuchar de viva voz las peticiones, es mostrar la voluntad que tenemos para llegar acuerdos, tenemos la instrucción del presidente municipal de atender de forma directa y hacer equipo por el bienestar de Tijuana", enfatizó Leopoldo Guerrero.

En la reunión, el secretario de gobierno indicó que en cuanto a los requerimientos de herramientas de trabajo, actualmente ya hay gestiones en proceso de compra, las cuales se encuentran en gran avance, principalmente los uniformes, destacando que estos ya están siendo entregados de manera paulatina.

Leopoldo Guerrero, anunció que se seguirá trabajando en mesas de coordinación para generar una sinergia de trabajo y se pueda atender de una forma más precisa los temas torales para el funcionamiento integral de los servicios públicos y del trabajador, incluso se comprometieron a tener una cuarta reunión este martes 6 de febrero.

Cabe mencionar, que entre las peticiones que se han dado respuesta por parte de la Alcaldía de Tijuana, se encuentra el otorgamiento de bono a bomberos jubilados, el pasado 7 de diciembre, en donde el presidente Juan Manuel Gastélum, aprovechó para reconocer y agradecer a quienes con amor y entrega dentro del heroico cuerpo de bomberos, sirvieron a su ciudad e hizo entrega de un cheque por más de 253 mil 016 pesos al ex bombero Eduardo Martínez, en beneficio de los 33 capitanes jubilados, en el marco del Día del Bombero.

La invitación del Sindicato, también fue atendida por la oficial mayor, María de los Ángeles Olague, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor, así como el director de Bomberos, Carlos Gopar y por parte del Sindicato de Burócratas de Tijuana estuvo presente el dirigente local, Arturo Gutiérrez y el secretario de conflictos, el capitán Humberto Murillo.

De esta forma los funcionarios del XXII Ayuntamiento, reiteraron el compromiso para seguir trabajando unidos por la seguridad, por la prevención y por el respeto a la dignidad de la persona humana.

Con 19 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, se aprobó el dictamen 1 de las comisiones unidas Energía y Recursos Hidráulicos, Hacienda y Presupuesto, para que el ejecutivo estatal firme un contrato plurianual hasta por 30 años para el abastecimiento de energía solar fotovoltáica para el acueducto Río Colorado - Tijuana.

El legislador de Movimiento Ciudadano, Elí Topete, encargado de la lectura del dictamen, indicó que actualmente el ejecutivo estatal eroga mil millones de pesos por este concepto, y con este contrato se ahorrarían 300 millones de pesos.

Éste recurso del ahorro, sería invertido en modernización de la infraestructura hidráulica, añadió.

Elí Topete subrayó que actualmente hay un déficit de alrededor de 400 megawatts y este contrato se subsanará el el déficit en un 20%.

Añadió que con este contrato se estaría garantizando que la Zona Costa no esté en riesgo de quedarse sin agua por falta de energía para el bombeo.

Resaltó que en el decreto se establece una fecha límite para la firma del contrato entre el Ejecutivo y la empresa hasta el 30 de septiembre.

Ésto, motivó una reserva promovida por el diputado Juan Manuel Molina, que pidió la ampliación del plazo hasta el 15 de octubre para la firma del contrato, la cual fue aceptada.

Los diputados que votaron en contra son: Loreto Quintero, Eva María Vázquez, Gerardo López y David Ruvalcaba.

Los diputados que votaron en abstención: Araceli Geraldo y Rodrigo Otañez Licona.

Aunque se trata de un asunto de máxima prioridad, será hasta el miércoles que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE y los diferentes sindicatos de maestros se sienten a dialogar en torno a la falta de pago de una parte de los maestros interinos, que hasta el momento genera la expectativa de que no iniciará el nuevo ciclo escolar este lunes 26 de agosto.

El gobierno del estado dio a conocer que durante este fin de semana se han dado negociaciones a nivel central en la capital del país, a donde han acudido tanto sindicalistas como autoridades educativas, en un intento por resolver las diferencias y porque el arranque del ciclo escolar es una prioridad.

Por lo pronto, la Secretaría de Educación y Bienestar Social hizo circular un video en el cual se afirma que al personal de base no se le debe nada y que no tienen motivo para no regresar a las aulas.

De manera extraoficial se abrió la posibilidad de que se descuente a los trabajadores que no asistan a clases. Frente a esta posición, los maestros adelantaron que sí acudirán a los planteles, pero no darán clases.

Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acordaron un incremento salarial ordinario de 3.37%, así como un aumento de 1.80% a prestaciones de los trabajadores petroleros.

Como parte de la revisión salarial y contractual de este año, se acordó también "armonizar los gastos de la empresa hacia la dirigencia sindical, con el marco de austeridad que distingue esta administración", aunque no se dieron detalles.

La información dada a conocer en un escueto comunicado, Pemex sostiene que, a través del Contrato Colectivo de Trabajo la empresa y sus trabajadores seguirán forjando una relación constructiva.

Pemex, añade el texto, reconoce el compromiso de los trabajadores por el rescate de la soberanía energética.

Después de cinco semanas de iniciadas las negociaciones para la revisión Salarial y del Contrato Colectivo de Trabajo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) empresa y sindicato firmaron dichos acuerdos "tomando en consideración el proyecto de rescate de la empresa de los mexicanos" y que consisten en:

Un incremento al salario ordinario del 3.37%, así como del 1.80% para prestaciones.

Estos acuerdos permitirán consolidar la política de máxima eficiencia administrativa y disciplina financiera y reflejan las justas demandas de los trabajadores.

El comunicado subraya que "también se acordó armonizar los gastos de la empresa hacia la dirigencia sindical, con el marco de austeridad que distingue esta administración".

Pemex y sus trabajadores, sostiene la empresa productiva de Estado, seguirán forjando una relación constructiva e institucional para fortalecer a la empresa impulsando su eficiencia y competitividad, para consolidarse como la palanca del desarrollo de la industria energética nacional en beneficio de todos los mexicanos, que permitirá afrontar los retos a futuro hasta alcanzar la soberanía energética.

Los beneficios alcanzados en la revisión salarial y contractual de este año beneficiarán a sus 127 mil 600 trabajadores, entre empleados de confianza, sindicalizados y a sus casi 100 mil jubilados.

La reforma laboral quedará en letra muerta si no se destina el presupuesto suficiente para su implementación y no desaparece el outsourcing, advirtieron especialistas.

Académicos y abogados laborales consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que la reforma en materia de justicia laboral enfrenta grandes retos, como es la falta de personal para vigilar que se cumpla la democracia sindical, la capacitación del personal en este nuevo modelo de justicia que se impulsa, los recursos para la operación de los centros estatales de conciliación y arbitraje, así como la tercerización del empleo, que impide a los trabajadores ejercer sus derechos laborales de manera plena.

Manuel Fuentes Muñiz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió que uno de los grandes pendientes del proyecto de legislación secundaria de la reforma laboral que está a discusión en el Senado es la regulación del outsourcing, puesto que no se garantiza la estabilidad laboral; además, al tener contratos eventuales por tres meses los trabajadores no pueden acceder a la contratación colectiva ni formar parte de un sindicato.

Consideró "inviable" adaptar este modelo de justicia laboral de Estados Unidos a la realidad mexicana, ya que es "muy costoso" y se requieren recursos para la capacitación de los abogados y de los jueces para su aplicación.

Resaltó que se necesita sumar la participación de la sociedad civil para fortalecer la vigilancia en los procesos de democracia sindical y en la elección de nuevos dirigentes para asegurar el voto libre y secreto, porque en la actualidad las autoridades laborales no tienen la capacidad para supervisar estos procedimientos.

Alfonso Bouzas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, comentó que aunque el proyecto de legislación contiene aspectos "muy positivos" —como la democracia en los sindicatos, con lo que se busca terminar con el corporativismo y los "grandes capos sindicales"—, se requiere impulsar la regulación de la tercerización del trabajo.

"Se tiene que hacer una legislación para regular el outsourcing. Hay un interés innegable para que se respeten los derechos de los trabajadores contratados por esta vía. Las relaciones laborales se han corrompido profundamente", apuntó.

Comentó que el principal obstáculo al que se enfrentará la reforma laboral es la resistencia de los líderes sindicales y del sector empresarial, que es "bastante conservador y no está acostumbrado a negociar, sino a pactar con los sindicatos blancos".

Oscar de la Vega, abogado laboral del despacho De la Vega y Martínez, consideró que a pesar de que este proyecto de legislación es "un paso adelante" en materia laboral, enfrenta muchos desafíos, como el presupuestal.

"Para aplicar los cambios se requiere de mucho presupuesto para que las juntas locales de conciliación y arbitraje atiendan el rezago de casos que tienen, a fin de que cumplan con el plazo de cuatro años. Vamos a ver si coincide con la realidad, porque en el papel suena bien, pero la realidad es otra", enfatizó.

Reyes Soberanes, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), subrayó que de no corregir la reforma que se discute, habrá afectación en la productividad de las empresas, puesto que se generará mucho activismo sindical ante la apertura de crear más sindicatos para un contrato en un centro de trabajo.

"Se generarían más sindicatos y habrá disputa por la posición, lo cual agotará más el ambiente laboral y la productividad", resaltó. Las centrales sindicales, explicó, deberán continuar con su trabajo de encauzar la inconformidad de la gente y cuando se afecte la productividad.

Consideró que sería positivo que antes de que se apruebe la reforma laboral en el Senado de la República, los legisladores deberían entrar en contacto con los empresarios, ya que hay preocupación por la afectación que puede haber respecto a la productividad.

La semana pasada, dirigentes empresariales afirmaron que les inquieta y preocupan algunos de los cambios que se hicieron a la reforma laboral en la Cámara de Diputados, por lo que buscarán que se hagan ajustes antes de que se concluya el proceso en el Senado de la República.

Héctor de la Cueva Díaz, coordinador General del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), resaltó que falta una reforma laboral con mayor alcance mediante la cual se consoliden los derechos de los trabajadores a fin de eliminar el empleo precario en formas como la subcontratación, el pago por honorarios y por hora determinada.

"Es muy importante que [a] este cáncer [outsourcing] que ha ido expandiéndose en el país para rebajar derechos laborales y precarizar el empleo se le [pongan] suficientes candados para que no haya abuso de los patrones en la subcontratación y otras formas de simulación", indicó.