La Alcaldía de Tijuana y el Sindicato de Burócratas lograron este día un acuerdo para atender el tema de uniformes al personal operativo, por lo que desde hoy mismo los trabajadores sindicalizados levantaron la manifestación que habían iniciado desde temprana hora y regresaron a sus labores.

El secretario de gobierno municipal, Leopoldo Guerrero, acompañado de la oficial Mayor María de los Ángeles Olague, el Tesorero Municipal Ricardo Chavarría, el consejero jurídico Leonardo Martínez y el secretario particular de presidencia Arturo Zabel, salieron de palacio municipal hacia la glorieta Hidalgo, para invitar a la dirigencia sindical a dialogar para juntos encontrar una solución.

En la mesa de trabajo que se estableció en las oficinas de la Secretaría de Gobierno, donde participaron los representantes sindicales encabezados por su secretario general, Arturo Gutiérrez, lo primero que se expuso por parte del Ayuntamiento, es que existe toda la disposición de cumplir con lo dispuesto en las Condiciones Generales de Trabajo, de entregar uniformes para 1750 trabajadores operativos.

Además se aclaró que el problema se había originado por el incumplimiento de un proveedor, al cual se le rescindió el contrato y se procedió a firmar con otra empresa, que se comprometió a entregar los uniformes a partir del próximo 16 de enero.

El acuerdo al que se llegó entre Ayuntamiento y sindicato es el siguiente:

1).- Este 5 de enero se pagará a cada trabajador un bono que sustituye un uniforme correspondiente al año 2017.

2).-El segundo uniforme del año 2017, se entregará a más tardar en marzo próximo, para los 1, 750 trabajadores operativos de áreas como recolección de basura, mantenimiento, bacheo y alumbrado público.

3).-Los dos uniformes correspondientes al año 2018, uno de ellos se pagará en dinero en efectivo, el 5 de marzo, a razón de 3 mil pesos por cada trabajador.

4).-El segundo uniforme del año 2018 se entregará en especie, en tiempo y forma de acuerdo a las condiciones generales de trabajo.

El secretario de gobierno municipal, Leopoldo Guerrero, conminó a los representantes de los empleados de base del Ayuntamiento a conducirse por la vía del diálogo y del respeto a terceros, para no afectar a la ciudadanía, y les refirió que la actual administración les ha demostrado, con hechos, que las obligaciones laborales de pago de prestaciones se han cumplido.

Aunque se trata de un asunto de máxima prioridad, será hasta el miércoles que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE y los diferentes sindicatos de maestros se sienten a dialogar en torno a la falta de pago de una parte de los maestros interinos, que hasta el momento genera la expectativa de que no iniciará el nuevo ciclo escolar este lunes 26 de agosto.

El gobierno del estado dio a conocer que durante este fin de semana se han dado negociaciones a nivel central en la capital del país, a donde han acudido tanto sindicalistas como autoridades educativas, en un intento por resolver las diferencias y porque el arranque del ciclo escolar es una prioridad.

Por lo pronto, la Secretaría de Educación y Bienestar Social hizo circular un video en el cual se afirma que al personal de base no se le debe nada y que no tienen motivo para no regresar a las aulas.

De manera extraoficial se abrió la posibilidad de que se descuente a los trabajadores que no asistan a clases. Frente a esta posición, los maestros adelantaron que sí acudirán a los planteles, pero no darán clases.

Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acordaron un incremento salarial ordinario de 3.37%, así como un aumento de 1.80% a prestaciones de los trabajadores petroleros.

Como parte de la revisión salarial y contractual de este año, se acordó también "armonizar los gastos de la empresa hacia la dirigencia sindical, con el marco de austeridad que distingue esta administración", aunque no se dieron detalles.

La información dada a conocer en un escueto comunicado, Pemex sostiene que, a través del Contrato Colectivo de Trabajo la empresa y sus trabajadores seguirán forjando una relación constructiva.

Pemex, añade el texto, reconoce el compromiso de los trabajadores por el rescate de la soberanía energética.

Después de cinco semanas de iniciadas las negociaciones para la revisión Salarial y del Contrato Colectivo de Trabajo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) empresa y sindicato firmaron dichos acuerdos "tomando en consideración el proyecto de rescate de la empresa de los mexicanos" y que consisten en:

Un incremento al salario ordinario del 3.37%, así como del 1.80% para prestaciones.

Estos acuerdos permitirán consolidar la política de máxima eficiencia administrativa y disciplina financiera y reflejan las justas demandas de los trabajadores.

El comunicado subraya que "también se acordó armonizar los gastos de la empresa hacia la dirigencia sindical, con el marco de austeridad que distingue esta administración".

Pemex y sus trabajadores, sostiene la empresa productiva de Estado, seguirán forjando una relación constructiva e institucional para fortalecer a la empresa impulsando su eficiencia y competitividad, para consolidarse como la palanca del desarrollo de la industria energética nacional en beneficio de todos los mexicanos, que permitirá afrontar los retos a futuro hasta alcanzar la soberanía energética.

Los beneficios alcanzados en la revisión salarial y contractual de este año beneficiarán a sus 127 mil 600 trabajadores, entre empleados de confianza, sindicalizados y a sus casi 100 mil jubilados.

La reforma laboral quedará en letra muerta si no se destina el presupuesto suficiente para su implementación y no desaparece el outsourcing, advirtieron especialistas.

Académicos y abogados laborales consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que la reforma en materia de justicia laboral enfrenta grandes retos, como es la falta de personal para vigilar que se cumpla la democracia sindical, la capacitación del personal en este nuevo modelo de justicia que se impulsa, los recursos para la operación de los centros estatales de conciliación y arbitraje, así como la tercerización del empleo, que impide a los trabajadores ejercer sus derechos laborales de manera plena.

Manuel Fuentes Muñiz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió que uno de los grandes pendientes del proyecto de legislación secundaria de la reforma laboral que está a discusión en el Senado es la regulación del outsourcing, puesto que no se garantiza la estabilidad laboral; además, al tener contratos eventuales por tres meses los trabajadores no pueden acceder a la contratación colectiva ni formar parte de un sindicato.

Consideró "inviable" adaptar este modelo de justicia laboral de Estados Unidos a la realidad mexicana, ya que es "muy costoso" y se requieren recursos para la capacitación de los abogados y de los jueces para su aplicación.

Resaltó que se necesita sumar la participación de la sociedad civil para fortalecer la vigilancia en los procesos de democracia sindical y en la elección de nuevos dirigentes para asegurar el voto libre y secreto, porque en la actualidad las autoridades laborales no tienen la capacidad para supervisar estos procedimientos.

Alfonso Bouzas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, comentó que aunque el proyecto de legislación contiene aspectos "muy positivos" —como la democracia en los sindicatos, con lo que se busca terminar con el corporativismo y los "grandes capos sindicales"—, se requiere impulsar la regulación de la tercerización del trabajo.

"Se tiene que hacer una legislación para regular el outsourcing. Hay un interés innegable para que se respeten los derechos de los trabajadores contratados por esta vía. Las relaciones laborales se han corrompido profundamente", apuntó.

Comentó que el principal obstáculo al que se enfrentará la reforma laboral es la resistencia de los líderes sindicales y del sector empresarial, que es "bastante conservador y no está acostumbrado a negociar, sino a pactar con los sindicatos blancos".

Oscar de la Vega, abogado laboral del despacho De la Vega y Martínez, consideró que a pesar de que este proyecto de legislación es "un paso adelante" en materia laboral, enfrenta muchos desafíos, como el presupuestal.

"Para aplicar los cambios se requiere de mucho presupuesto para que las juntas locales de conciliación y arbitraje atiendan el rezago de casos que tienen, a fin de que cumplan con el plazo de cuatro años. Vamos a ver si coincide con la realidad, porque en el papel suena bien, pero la realidad es otra", enfatizó.

Reyes Soberanes, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), subrayó que de no corregir la reforma que se discute, habrá afectación en la productividad de las empresas, puesto que se generará mucho activismo sindical ante la apertura de crear más sindicatos para un contrato en un centro de trabajo.

"Se generarían más sindicatos y habrá disputa por la posición, lo cual agotará más el ambiente laboral y la productividad", resaltó. Las centrales sindicales, explicó, deberán continuar con su trabajo de encauzar la inconformidad de la gente y cuando se afecte la productividad.

Consideró que sería positivo que antes de que se apruebe la reforma laboral en el Senado de la República, los legisladores deberían entrar en contacto con los empresarios, ya que hay preocupación por la afectación que puede haber respecto a la productividad.

La semana pasada, dirigentes empresariales afirmaron que les inquieta y preocupan algunos de los cambios que se hicieron a la reforma laboral en la Cámara de Diputados, por lo que buscarán que se hagan ajustes antes de que se concluya el proceso en el Senado de la República.

Héctor de la Cueva Díaz, coordinador General del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), resaltó que falta una reforma laboral con mayor alcance mediante la cual se consoliden los derechos de los trabajadores a fin de eliminar el empleo precario en formas como la subcontratación, el pago por honorarios y por hora determinada.

"Es muy importante que [a] este cáncer [outsourcing] que ha ido expandiéndose en el país para rebajar derechos laborales y precarizar el empleo se le [pongan] suficientes candados para que no haya abuso de los patrones en la subcontratación y otras formas de simulación", indicó.

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa con la que busca impedir que los dirigentes sindicales puedan ser diputados federales.

A través del diputado Víctor Adolfo Mojica, Morena busca reformar el artículo 55 de la Constitución para que ningún dirigente de organizaciones sindicales o de trabajadores pueda ser electo diputado, a menos de que se separe definitivamente de sus funciones seis meses antes del día de la elección.

"No ser dirigente de ninguna organización sindical de trabajadores o trabajadoras, a menos que se separe definitivamente de sus funciones seis meses antes del día de la elección", describe la modificación presentada en la Gaceta Parlamentaria de este martes.

"Quienes de esa forma han llegado hasta esta soberanía popular, solo han denigrado esa representación al ostentar su riqueza, obtenida a costa de la pobreza de los agremiados a sus sindicatos, y convertirse, en legislaturas pasadas, únicamente en levanta dedos para justificar políticas antipopulares", sostuvo.

La rueda de la fortuna dio una vuelta en la vida de Napoleón Gómez Urrutia en 12 años, puesto que, del exilio con acusaciones en tribunales, hoy ocupa un escaño en el Senado del partido en el poder, preside la Comisión de Trabajo y ahora anuncia la creación de su nueva confederación sindical.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena) anuncia el nacimiento de la Confederación Sindical Internacional Democrática (CSID), que ocupará el vacío, dice, abierto en el sindicalismo mexicano. Explica que la CSID aglutina federaciones estatales que se desprendieron de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sindicatos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), así como organizaciones independientes. Esta formación la encabeza el sindicato de mineros del que Gómez Urrutia es presidente.