Dámaso López Serrano, alias el "Mini Lic", ahijado de Joaquín "el Chapo" Guzmán y uno de los posibles sucesores del capo en el cártel de Sinaloa, se declaró hoy culpable de haber importado a Estados Unidos miles de kilos de heroína, metanfetaminas y cocaína.

López-Serrano, de 29 años, firmó su declaración de culpabilidad en la corte del distrito sur de California, con sede en San Diego, informó en un comunicado el Departamento de Justicia de EE.UU.

El capo se entregó el 27 de julio de 2017 a los agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en Calexico (California) y, según el Departamento de Justicia, es el "narcotraficante mexicano de mayor rango" que jamás se ha rendido ante las autoridades estadounidenses.

En su comparecencia en la corte de California, López-Serrano reconoció haber sido uno de los líderes de una de las facciones del cartel de Sinaloa y admitió haber organizado el transporte desde México a Estados Unidos de miles de kilogramos de heroína, metanfetaminas y cocaína.

También se declaró culpable de otro de los cargos relativo a la posesión de armas de fuego para promover las actividades de narcotráfico del cartel de Sinaloa.

El juez Dana M. Sabraw de la corte del distrito sur de California fijó para el 12 de julio la vista para dictar sentencia.

"Mini Lic" es hijo de Dámaso López Núñez, alias "el Licenciado" y considerado el sucesor de Joaquín "el Chapo" Guzmán, que fue extraditado desde México a EE.UU. el 19 de enero de 2017 y será juzgado en septiembre de este año por 17 delitos, entre ellos tráfico de drogas y blanqueo de dinero.

"El Licenciado" era considerado la mano derecha de Guzmán, especialmente luego de que este fuera capturado por última vez en enero de 2016 en el estado mexicano de Sinaloa, pero entró en disputa con Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán, hijos del Chapo, por el control del cártel.

Tras la captura de "El Licenciado", se presupone que su hijo tomó las riendas de esa facción del cártel de Sinaloa, un reinado que terminó cuando se entregó a la DEA en California.

Un hombre fue condenado a 178 años de prisión en un juicio oral por su culpabilidad en los delitos de violación espuria, violación genérica calificada y aborto, en agravio de dos menores de edad.

El sentenciado, Alejandro "N", utilizó chantaje emocional, coerción, engaño y manipulación para fomentar una relación habitual incestuosa con las dos menores, señaló la Unidad de Atención Integral para las Mujeres (UNAIM) de la Fiscalía Regional "C" con sede en Celaya.

"Las conductas abusivas no se limitaron a actos aislados, sino que fueron recurrentes en los últimos 2 años, que incluyeron contacto físico y una serie de circunstancias que agravaron la pena", agregó.

Alejandro "N" violó a una de las niñas en reiteradas ocasiones desde 2017, y en consecuencia resultó embarazada. En octubre de 2018 obligó a la menor a tomar medicamento en pastillas, con lo que provocó que expulsara el producto de la gestación, describió la fiscalía.

En el juicio el Ministerio Público especializado en juicio oral presentó las pruebas científicas que demuestran la participación del imputado en "los aberrantes actos sexuales" a los que sometió a sus víctimas, por lo que el juez dictó la sentencia, que además contempla el pago de una multa y la reparación del daño.

Con las pruebas científicas recabadas por el equipo multidisciplinario de la Agencia de Investigación Criminal se pudo acreditar la comisión de los delitos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que más de mil personas, entre ellas algunos servidores públicos y empresas tienen actividades vinculadas al "Cártel Jalisco Nueva Generación" ("CJNG"), por lo que ordenó bloquear sus cuentas bancarias. A través del Operativo Agave Azul, la UIF analizó 2 mil 571 operaciones inusuales por 2 mil 951 millones de pesos; 38 mil 459 reportes de movimientos relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos; transferencias internacionales por 7 mil 216 millones de pesos; 2 mil 102 reportes por 2 millones 955 mil dólares, y 6 mil 507 transferencias bancarias por 657 millones de pesos.

Por ello entre el 1 y 2 de junio la UIF ejecutó acuerdos de bloqueo de cuentas contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos vinculados al CJNG. De acuerdo con la unidad encabezada por Santiago Nieto las operaciones indagadas se realizaron en Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.

Para realizar sus pesquisas, instituciones del gabinete de seguridad proporcionaron a la UIF informes de inteligencia relacionados con los líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y servidores públicos que operan a favor del cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. Además se trabajó en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para ubicar a más integrantes del cártel y sus operadores financieros y empresas utilizadas para el lavado de dinero.

El pasado 11 de marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, incluyó cuatro empresas mexicanas en la lista de personas vinculadas al narcotráfico por sus vínculos con el "CJNG" y su brazo financiero, "Los Cuinis". Ese mismo día, la DEA ejecutó el Proyecto Python, operativo con el que realizó una serie de arrestos, incautaciones y acusaciones coordinadas contra el "CJNG".

Las compañías señaladas por el Departamento del Tesoro son International Investments Holding, registrada en Guadalajara, Jalisco, misma que supuestamente es controlada por Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis" y su esposa Jeniffer Beaney Camacho Cazares. Se incluyó a GBJ de Colima, S. A. de C. V., compañía de gasolinería ubicada en Villa de Álvarez, Colima, y controlada por Diana María Sánchez Carlon, supuesta operadora de González Valencia. Así como Master Reposterías y Restaurantes, S. A. de C. V., administradora de Bake and Kitchen, restaurante ubicado en Zapopan, Jalisco, y Corporativo Sushi Provi, administradora de Kenzo Sushi, restaurante ubicado en Guadalajara.

Al enfrentar un proceso en el sistema penal del país, las mujeres pueden recibir sentencias de 23 años de prisión en promedio por delitos graves, mientras que los hombres obtienen castigos de 17 años por los mismos ilícitos.

El Diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la defensoría penal en México, realizado por la organización Reinserta con 2 mil 503 encuestas de hombres y 570 de mujeres, demuestra que, aunque ambos sexos son procesados por delitos similares, la población femenina tiene un promedio de sentencias más elevado.

Este fenómeno se presenta en Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas, entidades donde se hicieron las encuestas.

El informe destaca además que las mujeres reciben con más frecuencia condenas de 25 años, mientras que las penas más recurrentes para los hombres son de cinco años.

La desigualdad entre sexos no sólo se presenta en las sentencias, sino en la calidad de los abogados privados y de oficio que trabajan para las presuntas delincuentes, así como el dinero que deben invertir en su defensa.

Mientras los hombres cambian de abogado una vez durante el proceso judicial en promedio, las mujeres lo hacen hasta en tres ocasiones, pues consideran que no son bien representadas.

El reporte detalla que en promedio una mujer gasta 155 mil 593 pesos en su defensa legal, en contraste con los hombres, que invierten cerca de 100 mil 521 pesos.

Robo, secuestro y homicidio equivalen a 68% de los delitos cometidos por las mujeres encuestadas. Es la misma cifra en el caso de los hombres para los ilícitos de robo, homicidio y violación, de acuerdo con el estudio.

Vicente Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez, fue acusado este miércoles en una corte de Nueva York, de dirigir una empresa criminal y otros cargos relacionados.

En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Carrillo Fuentes, alias "El Viceroy" y detenido por las autoridades mexicanas en octubre de 2014, fue acusado en una corte federal de Brooklyn de "dirigir una empresa criminal, delitos relacionados con armas de fuego, "lavado" de dinero y otros crímenes ligados con las drogas" como líder del Cártel de Juárez.

"Vicente Carrillo Fuentes era responsable de importar miles de kilogramos de cocaína venenosa a Estados Unidos, de conspirar para el asesinato de rivales de la organización y de beneficiarse con decenas de millones de dólares de ganancias por tráfico de drogas", señaló el fiscal para el distrito este de Nueva York, Richard P. Donoghue.

"Esta acusación y nuestra determinación de traerlo frente a la justicia demuestran, una vez más, que si eres lo suficientemente cruel y tonto para dirigir un cártel de las drogas mexicano, tenemos una celda en una cárcel de Estados Unidos esperándote", añadió.

Ray Donovan, agente especial de la Agencia Antinarcóticos (DEA), señaló que "el alcance del sistema judicial estadounidense va más allá de las fronteras para traer a narcotraficantes internacionales frente a la justicia". Agradeció al gobierno de México y a las autoridades en Estados Unidos por "su asociación mutua en las investigaciones sobre tráfico de drogas".

Se estima que Carrillo Fuentes invadió Estados Unidos con drogas durante más de 20 años, además de que "amenazaba con matar a cualquiera que desafiara su posición en la organización", señaló el agente especial Peter C. Fitzhugh.

Según la acusación, entre enero de 1990 y octubre de 2014 Carrillo Fuentes fue responsable de la importación en Estados Unidos, y la distribución de cientos de toneladas de cocaína. Para ello, detalla, empleaba a individuos a fin de obtener rutas de transporte y bodegas para almacenar nos narcóticos. Asimismo, contrataba sicarios para realizar secuestros y asesinatos en México, en actos de venganza contra rivales que amenazaban al cartel.

Vicente Carrillo, hermano del fallecido Amado, mejor conocido como el señor de los cielos, fue detenido en San Isidro de Torreón, Coahuila, durante un operativo de seguimiento a los domicilios a los que solía acudir. Las autoridades señalaron en su momento que el arresto se produjo sin que hubiera un solo disparo. En 2015 Estados Unidos solicitó la extradición, pero Carrillo se amparó para evitarlo y el año pasado logró otro amparo contra su auto de formal prisión.

Originario de Navolato, Sinaloa, "El Viceroy" era uno de 122 objetivos prioritarios marcados en la Estrategia de Seguridad del gobierno mexicano.

En Baja California, Elementos del Ejército Mexicano, lograron el aseguramiento de una cantidad importante de drogas de diversos tipos, así como unidades tipo Pick - Up, todo ello perteneciente a un grupo criminal que buscaba ingresarla a los Estados Unidos.

El aseguramiento, ocurrió en la playa ubicada en el paraje de “Primo Tapia”, municipio de Ensenada, donde elementos del 67º Batallón de Infantería, cuando se realizaba un patrullaje.

Los agentes, apreciaron a lo lejos a un grupo de personas abordó de tres camionetas en las que ubicaron diversos paquetes.

Los presuntos sospechosos, al ver a los elementos castrenses emprendieron la hundirá y abandonar las unidades, así como los paquetes de droga.

En el lugar, fueron contabilizados 14 bultos ubicados de hierba verde y seca con características de la marihuana, con un peso aproximado de 30 kilos cada uno, lo que dio un estimado a los 420 kilos.

Así mismo, fueron ubicados 11 bultos de 40 kilos cada uno de diversos tipos de droga como lo es : cocaína, cristal y fentanilo con un total de 440 kilos.

La droga en su totalidad, sumó 860 kilogramos, además de que fueron aseguradas las siguientes unidades:

Una camioneta tipo pick up color negro, marca GMC Denali, modelo 2008, con placas de Baja California AN-16-196, con reporte de robo.

Una camioneta tipo sub, color gris, marca Dodge tipo Grand Caravan, modelo 2005 con placas americanas del estado de California 6AMB183, con reporte de robo.

Además de una camioneta tipo pick up color verde, marca Ford F250, modelo 1995, con placas americanas del estado de California 5C78733, sin reporte de robo.

Los delincuentes al notar la presencia del personal Militar acercándose en diferentes direcciones se dieron a la fuga, pese a ello los elementos continuaron con el patrullaje en la zona. 

La actuación, se apegó en todo momento al marco jurídico que regula el MANUAL DEL USO DE LA FUERZA común a las 3 FUERZAS ARMADAS.

La droga, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República ( FGR ), en la plaza de Tijuana.