Un juez federal vinculó a proceso a Javier Nava Soria, presunto operador financiero del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por delincuencia organizada y "lavado" de más de 223 millones de pesos.

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene seis meses más para realizar su investigación complementaria, según ordenó el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro Federal de Justicia Penal con sede en el Reclusorio Norte.

Durante todo ese tiempo y hasta que concluya su proceso, Nava Soria permanecerá sujeto a prisión preventiva de oficio y justificada dada la naturaleza de los delitos que se le imputaron.

El juez federal señaló que existen indicios suficientes y razonables para investigar la probable participación dolosa de Nava Soria en el "lavado" de 223 millones 300 mil 963 pesos, quien fungía como comisario y representante legal de Consorcio Brades, empresa creada ex profeso para blanquear recursos desviados del gobierno de Veracruz.

Durante la diligencia, en tres horas, Nava Soria no ofreció ningún dato de prueba para refutar los 43 datos que presentó la PGR durante la primera parte de la audiencia inicial, celebrada el pasado miércoles, y se limitó a negar la acusación que formuló la dependencia.

La PGR afirmó que solicitará asistencia jurídica a Estados Unidos para verificar la relación entre dos cuentas de correo electrónico y un perfil de Facebook y recabará el testimonio de Nadia y Elia Arzate Peralta, quienes fueron sentenciadas por su participación en la red de lavado de dinero supuestamente liderada por Javier Duarte de Ochoa.

Un juez federal dictó prisión preventiva este jueves contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en el marco de una nueva imputación por el presunto desvío de cinco millones de pesos del erario estatal.

La resolución judicial complica aún más la situación legal del exmandatario priista y aleja la posibilidad de que pueda obtener su libertad en el corto plazo. La decisión se da a dos meses de que Duarte cumpla nueve años desde su primera condena por delitos relacionados con corrupción.

De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, la nueva medida cautelar responde a una de las acusaciones presentadas recientemente por la Fiscalía General de la República (FGR), que el pasado 10 de diciembre formuló una nueva imputación en su contra por el presunto desvío de 10 millones de pesos durante su primer mandato al frente del gobierno de Veracruz, entre 2010 y 2016.

Esa acusación forma parte de una serie de investigaciones adicionales por presunto mal uso de recursos públicos que la fiscalía ha llevado ante los tribunales en los últimos meses. Según las autoridades, estos procesos derivan de irregularidades detectadas en el manejo de fondos estatales durante su administración.

La defensa del exgobernador ha sostenido que las nuevas investigaciones responden a una maniobra política para impedir que Duarte accediera a un beneficio de libertad anticipada, trámite que comenzó a gestionar en noviembre del año pasado. No obstante, el Gobierno federal ha rechazado esa versión y ha señalado que las acciones de la fiscalía obedecen a la magnitud del presunto desfalco cometido durante su gestión.

Con la nueva determinación judicial, Javier Duarte permanecerá en el Reclusorio Norte mientras avanzan los procesos en su contra, en un escenario que prolonga su permanencia en prisión y suma nuevos frentes legales a su ya complejo historial judicial.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes una operación conjunta con el Gobierno de México para desarticular una red criminal acusada de lavar dinero del narcotráfico a través de casinos, restaurantes y otros negocios ubicados en territorio mexicano y europeo. La acción fue coordinada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), tras nuevos acuerdos bilaterales para reforzar la lucha contra delitos financieros.

La OFAC sancionó a 27 personas y entidades, incluidos los integrantes de la familia Hysa —Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon— señalados de operar negocios utilizados como fachadas para el lavado de activos, presuntamente con consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene presencia criminal en las zonas donde operaba el grupo. FinCEN, por su parte, propuso una medida especial para bloquear el acceso de 10 casinos mexicanos al sistema financiero estadounidense por sospechas de operaciones ilícitas.

Entre las empresas sancionadas en México se encuentran Entretenimiento Palmero, Diversiones Los Mochis, Grupo Internacional Canhysamex, H Hidrocarburos, Rosetta Gaming, LH Pro-Gaming, entre otras. De acuerdo con el Tesoro, los negocios eran utilizados para mover grandes cantidades de efectivo, transferir recursos ilícitos a Europa y facilitar operaciones del crimen organizado. 

También fueron incluidos el ciudadano mexicano Gilberto López López y Eselda Baku, residente en México y miembro de la red directiva del grupo.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que la operación envía un mensaje claro a quienes colaboran con los cárteles: “Serán responsabilizados”. Las autoridades estadounidenses destacaron la colaboración con México en esta acción, considerada uno de los golpes financieros más amplios contra una red de lavado binacional en los últimos años.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, empresas señaladas recientemente por supuesto lavado de dinero, para aislarlas del sistema financiero estadounidense. La nueva fecha para que entren en vigor las restricciones es el 4 de septiembre de 2025.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) reconoció avances por parte del gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero relacionado con los cárteles del narcotráfico. Entre las acciones destacadas está la intervención temporal de las instituciones afectadas para asegurar su cumplimiento normativo.

Esta prórroga responde a la coordinación entre ambos gobiernos en materia de combate a las finanzas ilícitas. “México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas”, indicó el comunicado oficial de FinCEN.

Andrea Gacki, directora de la unidad, señaló que Estados Unidos continuará implementando acciones firmes para proteger su sistema financiero y prevenir el financiamiento de organizaciones criminales. La medida refleja la cooperación binacional contra el lavado de dinero y el crimen organizado transnacional.

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Tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no existen pruebas que sustenten dichos señalamientos.

En un comunicado, la dependencia reconoció que conocía los reportes de operaciones con empresas chinas, pero indicó que se trataban de transferencias realizadas a compañías legalmente constituidas, sin evidencia de que estén vinculadas con actividades ilícitas. Por ello, solicitó al gobierno estadounidense presentar información contundente que justifique las sanciones.

La SHCP explicó que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al menos 300 empresas mexicanas han realizado transferencias a firmas chinas a través de 10 instituciones financieras del país, dentro del marco de un comercio bilateral anual que supera los 139 mil millones de dólares.

No obstante, Hacienda ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revisar las operaciones de las instituciones señaladas. Como resultado, se identificaron únicamente irregularidades administrativas, que ya fueron sancionadas con multas que ascienden a 134 millones de pesos.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas insisten en que no hay elementos que comprueben la participación de CIBanco, Intercam y Vector en esquemas de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar operaciones de lavado de dinero y tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam y Vector, según lo informó la Oficina de Control de Crímenes Financieros (FinCEN).

La medida bloquea ciertas transacciones y fue emitida bajo la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley FEND Off, recientemente aprobadas para frenar el flujo de opioides ilícitos. Esta acción marca el primer uso de estas leyes para sancionar a empresas financieras.

CIBanco fue identificado por mantener vínculos con organizaciones criminales como los cárteles de los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y del Golfo. El Tesoro señaló que incluso ayudó a crear una cuenta bancaria con el objetivo de lavar hasta 10 millones de dólares, además de procesar pagos por más de 2.1 millones de dólares para adquirir precursores químicos desde China.

Intercam también fue vinculado con el CJNG, ya que, según el informe, sus ejecutivos se reunieron con presuntos integrantes del cártel para coordinar operaciones de lavado. Entre 2021 y 2024, la institución transfirió más de 1.5 millones de dólares a empresas chinas implicadas en el envío de precursores químicos.

Por su parte, Vector fue asociado con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. El Tesoro documentó que una “mula” del Cártel de Sinaloa utilizó sus servicios para lavar 2 millones de dólares, y la firma facilitó pagos por más de un millón de dólares a China para la compra de sustancias químicas utilizadas en drogas sintéticas.

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