A fin de buscar soluciones a los adeudos de años pasados y para beneficio del personal que labora en el XXII Ayuntamiento, el presidente municipal Marco Novelo sostuvo una reunión de trabajo con autoridades del Issstecali y del Sindicato de Burócratas.

En la reunión estuvo presente el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Javier Meza López y el líder sindical, Jacinto Alcalá de la Cruz.

En el encuentro se acordó establecer mesas de trabajo técnicas -entre los tres organismos- para darle una pronta solución a la situación en mención y que personal pueda jubilarse conforme a su derecho.

El alcalde Marco Novelo agradeció el apoyo y las facilidades que está otorgando el Gobierno del Estado de Baja California e Issstecali para que el XXII Ayuntamiento pueda dar solución a este tema que aqueja por años.

Manifestó que este tema es prioritario para el Gobierno Municipal, además de externar que confía en que se logrará un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación en la que se involucra a Marco Antonio Novelo Osuna, por los presuntos delitos de Encubrimiento por favorecimiento y Abuso de Autoridad, luego de una denuncia administrativa que interpuso en 2019, ante Sindicatura, el ex director del Issstecali, Javier Meza López.

Los documentos de la Fiscalía indican que el gobierno de Novelo no depositó cuotas y aportaciones que le eran descontadas a los empleados del ayuntamiento.

El XXII Ayuntamiento reconoció una deuda, a enero de 2019, de mil 796 millones 006 mil 294 pesos, de los cuales 871 millones 666 mil 926.50 pesos correspondían a la deuda principal y 925 millones 049 mil 541 pesos a recargos.

Documentos de la Fiscalía del Estado, refieren que el pasado día 8 de diciembre, personal de la Sindicatura Municipal, dio vista de los hechos y constancias que forman parte del expediente 25/2019, ya que pudieran ser constitutivos de los delitos de Abuso de Autoridad y Encubrimiento por Favorecimiento, los cuales están previstos en los Artículos 293, fracción XIV y 334, Párrafo Tercero, del Código Penal del Estado de Baja California.

A raíz de la comparecencia de personal de la Sindicatura Municipal, ante la Unidad de Atención Temprana y Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, se abrió la investigación bajo el NUC 0201-2020-16473.

Aunque se trata de un asunto de máxima prioridad, será hasta el miércoles que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE y los diferentes sindicatos de maestros se sienten a dialogar en torno a la falta de pago de una parte de los maestros interinos, que hasta el momento genera la expectativa de que no iniciará el nuevo ciclo escolar este lunes 26 de agosto.

El gobierno del estado dio a conocer que durante este fin de semana se han dado negociaciones a nivel central en la capital del país, a donde han acudido tanto sindicalistas como autoridades educativas, en un intento por resolver las diferencias y porque el arranque del ciclo escolar es una prioridad.

Por lo pronto, la Secretaría de Educación y Bienestar Social hizo circular un video en el cual se afirma que al personal de base no se le debe nada y que no tienen motivo para no regresar a las aulas.

De manera extraoficial se abrió la posibilidad de que se descuente a los trabajadores que no asistan a clases. Frente a esta posición, los maestros adelantaron que sí acudirán a los planteles, pero no darán clases.

Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acordaron un incremento salarial ordinario de 3.37%, así como un aumento de 1.80% a prestaciones de los trabajadores petroleros.

Como parte de la revisión salarial y contractual de este año, se acordó también "armonizar los gastos de la empresa hacia la dirigencia sindical, con el marco de austeridad que distingue esta administración", aunque no se dieron detalles.

La información dada a conocer en un escueto comunicado, Pemex sostiene que, a través del Contrato Colectivo de Trabajo la empresa y sus trabajadores seguirán forjando una relación constructiva.

Pemex, añade el texto, reconoce el compromiso de los trabajadores por el rescate de la soberanía energética.

Después de cinco semanas de iniciadas las negociaciones para la revisión Salarial y del Contrato Colectivo de Trabajo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) empresa y sindicato firmaron dichos acuerdos "tomando en consideración el proyecto de rescate de la empresa de los mexicanos" y que consisten en:

Un incremento al salario ordinario del 3.37%, así como del 1.80% para prestaciones.

Estos acuerdos permitirán consolidar la política de máxima eficiencia administrativa y disciplina financiera y reflejan las justas demandas de los trabajadores.

El comunicado subraya que "también se acordó armonizar los gastos de la empresa hacia la dirigencia sindical, con el marco de austeridad que distingue esta administración".

Pemex y sus trabajadores, sostiene la empresa productiva de Estado, seguirán forjando una relación constructiva e institucional para fortalecer a la empresa impulsando su eficiencia y competitividad, para consolidarse como la palanca del desarrollo de la industria energética nacional en beneficio de todos los mexicanos, que permitirá afrontar los retos a futuro hasta alcanzar la soberanía energética.

Los beneficios alcanzados en la revisión salarial y contractual de este año beneficiarán a sus 127 mil 600 trabajadores, entre empleados de confianza, sindicalizados y a sus casi 100 mil jubilados.

El presidente municipal de Ensenada, Marco Novelo, dijo que una vez pasada la veda electoral dará un informe comparativo de cómo recibió la administración municipal y cómo la va entregar.

Aseguró que se redujo el gasto, mejoró los servicios públicos y no creció más la deuda.

Lo que sí les puedo decir es que en 2016 presidencia gastó 136 millones de pesos, en 2017 gastamos 60 millones, es un ejemplo, entonces estamos cumpliendo con los compromisos”, externó.

Agregó que presentará un comparativo en los rubros de finanzas, servicios públicos, “en todo lo que hemos hecho en obra pública”.

Afirmó que recibió la administración municipal con 2,500 millones de pesos en deuda, pero que ésta no aumentará al término de su gestión.

-Voy a hacer un cálculo, recibimos 2, 500 millones, vamos a entregar no deuda, no generamos deuda.

Pedimos un crédito a corto plazo de 90 millones de pesos, ahorita ya lo estamos liquidando, tres meses antes. No traemos deuda pública, y lo vamos a presentar ya con datos firmes, posteriormente a la veda electoral”, concluyó

La reforma laboral quedará en letra muerta si no se destina el presupuesto suficiente para su implementación y no desaparece el outsourcing, advirtieron especialistas.

Académicos y abogados laborales consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que la reforma en materia de justicia laboral enfrenta grandes retos, como es la falta de personal para vigilar que se cumpla la democracia sindical, la capacitación del personal en este nuevo modelo de justicia que se impulsa, los recursos para la operación de los centros estatales de conciliación y arbitraje, así como la tercerización del empleo, que impide a los trabajadores ejercer sus derechos laborales de manera plena.

Manuel Fuentes Muñiz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió que uno de los grandes pendientes del proyecto de legislación secundaria de la reforma laboral que está a discusión en el Senado es la regulación del outsourcing, puesto que no se garantiza la estabilidad laboral; además, al tener contratos eventuales por tres meses los trabajadores no pueden acceder a la contratación colectiva ni formar parte de un sindicato.

Consideró "inviable" adaptar este modelo de justicia laboral de Estados Unidos a la realidad mexicana, ya que es "muy costoso" y se requieren recursos para la capacitación de los abogados y de los jueces para su aplicación.

Resaltó que se necesita sumar la participación de la sociedad civil para fortalecer la vigilancia en los procesos de democracia sindical y en la elección de nuevos dirigentes para asegurar el voto libre y secreto, porque en la actualidad las autoridades laborales no tienen la capacidad para supervisar estos procedimientos.

Alfonso Bouzas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, comentó que aunque el proyecto de legislación contiene aspectos "muy positivos" —como la democracia en los sindicatos, con lo que se busca terminar con el corporativismo y los "grandes capos sindicales"—, se requiere impulsar la regulación de la tercerización del trabajo.

"Se tiene que hacer una legislación para regular el outsourcing. Hay un interés innegable para que se respeten los derechos de los trabajadores contratados por esta vía. Las relaciones laborales se han corrompido profundamente", apuntó.

Comentó que el principal obstáculo al que se enfrentará la reforma laboral es la resistencia de los líderes sindicales y del sector empresarial, que es "bastante conservador y no está acostumbrado a negociar, sino a pactar con los sindicatos blancos".

Oscar de la Vega, abogado laboral del despacho De la Vega y Martínez, consideró que a pesar de que este proyecto de legislación es "un paso adelante" en materia laboral, enfrenta muchos desafíos, como el presupuestal.

"Para aplicar los cambios se requiere de mucho presupuesto para que las juntas locales de conciliación y arbitraje atiendan el rezago de casos que tienen, a fin de que cumplan con el plazo de cuatro años. Vamos a ver si coincide con la realidad, porque en el papel suena bien, pero la realidad es otra", enfatizó.

Reyes Soberanes, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), subrayó que de no corregir la reforma que se discute, habrá afectación en la productividad de las empresas, puesto que se generará mucho activismo sindical ante la apertura de crear más sindicatos para un contrato en un centro de trabajo.

"Se generarían más sindicatos y habrá disputa por la posición, lo cual agotará más el ambiente laboral y la productividad", resaltó. Las centrales sindicales, explicó, deberán continuar con su trabajo de encauzar la inconformidad de la gente y cuando se afecte la productividad.

Consideró que sería positivo que antes de que se apruebe la reforma laboral en el Senado de la República, los legisladores deberían entrar en contacto con los empresarios, ya que hay preocupación por la afectación que puede haber respecto a la productividad.

La semana pasada, dirigentes empresariales afirmaron que les inquieta y preocupan algunos de los cambios que se hicieron a la reforma laboral en la Cámara de Diputados, por lo que buscarán que se hagan ajustes antes de que se concluya el proceso en el Senado de la República.

Héctor de la Cueva Díaz, coordinador General del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), resaltó que falta una reforma laboral con mayor alcance mediante la cual se consoliden los derechos de los trabajadores a fin de eliminar el empleo precario en formas como la subcontratación, el pago por honorarios y por hora determinada.

"Es muy importante que [a] este cáncer [outsourcing] que ha ido expandiéndose en el país para rebajar derechos laborales y precarizar el empleo se le [pongan] suficientes candados para que no haya abuso de los patrones en la subcontratación y otras formas de simulación", indicó.