Las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la República Mexicana tienen derecho a mantener vinculación con el exterior, indicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió una recomendación en la que exhortó a establecer parámetros para corregir las limitaciones que contravienen lo dispuesto en los artículos 1, 18 y 19 de la Constitución.

La recomendación general 33/2018 está dirigida al secretario de Gobernación, a los gobernadores de las entidades federativas, al jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al comisionado Nacional de Seguridad, a quienes el organismo insta a reconocer la importancia de atender el derecho de las personas en reclusión a mantener vinculación con el exterior, "por el importante papel que representa desde la perspectiva de la organización y disposición del régimen penitenciario, y por tratarse de una herramienta fundamental para la reinserción social".

Para la CNDH, las autoridades del sistema penitenciario deben proporcionar a las personas privadas de la libertad "los servicios de visita familiar, íntima, de locutorios, de abogados defensores, de asistencia social y religiosa; comunicación telefónica, correspondencia y biblioteca, así como diversos medios de comunicación electrónicos, impresos y equipos de cómputo, estos últimos para efectos de aprendizaje, todo ello dentro de la seguridad que establece la ley y bajo estricta supervisión externa".

Explicó que se trata de una faceta externa de libertad de expresión o de adecuación en espacios vitales que no deben ser restringidos por el Estado, con lo cual se protegen los derechos relativos a la familia, salud, autonomía personal y a la asistencia letrada.

La CNDH destacó "la importancia de la vinculación con el exterior como derecho fundamental, considerando para ello el diseño y operación de políticas públicas pertinentes que contemplen infraestructura, procedimientos, marco normativo y personal capacitado y suficiente para dar eficacia al disfrute de esta prerrogativa", condiciones que quedaron señaladas en seis puntos de la recomendación.

Mencionó que la implementación de programas con autoridades corresponsables, de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal, fue aspecto a considerar, así como los relativos a la atención postpenitenciaria, con el fin de fortalecer la participación de la familia y grupos sociales de apoyo.

En el documento la CNDH recomendó impulsar la adopción de una política pública nacional que reglamente y genere protocolos respecto a las acciones de la vinculación de la prisión con el exterior, centrado en el respeto a los derechos humanos y orientado a la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Solicitó capacitar y sensibilizar al personal directivo, técnico, administrativo y de seguridad de los centros penitenciarios en esa materia, y fortalecer las acciones mediante políticas públicas integrales en materia penitenciaria que garanticen a los internos estancia digna y segura en los centros de reclusión.

La CNDH pidió impulsar programas de coordinación con las autoridades corresponsables señaladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como crear programas de atención postpenitenciaria y que se le informe de las acciones, estrategias generales y rutas de trabajo para el cumplimiento de la recomendación.

Uno de los reclusos del penal que se fugaron esta mañana del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tula fue recapturado por policías municipales de Tula de Allende, mientras que doce custodios fueron presentados ante las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) como parte de las investigaciones que se realizan tras la irrupción de un comando armado para liberar a nueve personas privadas de su libertad en dicho penal. 

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad municipal, en inmediaciones de la colonia Nanthza, de Tula, los agentes de la policía visualizaron a un sujeto en actitud sospechosa, por lo que al intervenirlo se percataron que era R.F.S., uno de los reclusos que se fugó, por lo que de inmediato fue reaprehendido y puesto a disposición de la PGJEH para su reingreso al penal. 

El detenido tiene 35 años, es originario del municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán e ingresó al Cereso hidalguense el 4 de agosto de 2021 acusado por el delito secuestro agravado.

Ocho personas más continúan prófugas tras los hechos violentos registrados en el Cereso, por lo que las autoridades de Hidalgo mantienen comunicación con entidades cercanas, principalmente el estado de México y Michoacán, para lograr su ubicación, pues se presume que los reclusos, entre los que se encuentra J.A.M.M y M.M.M., pudieron huir hacía esos puntos. 

Además de ello las autoridades de Hidalgo mantienen comunicación con el gobierno de México y sus diferentes dependencias de seguridad para trabajar en la localización de dichas personas, quienes se encontraban en reclusión por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos de delito del orden común. 

Además, una docena de custodios del Cereso de Tula fueron presentados por agentes de la Policía de Investigación ante la PGJEH para que rindan su declaración por los hechos suscitados la madrugada del miércoles, cuando un grupo de hombres armados ingresó por la fuerza al penal y se enfrentó con policías, dejando a dos lesionados, para liberar a algunas personas y después huir.

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  Luis "N", conocido como "El Tatos" o "El Tato", fue trasladado la mañana de hoy martes del penal estatal de Chiconautla, en el Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social número 14 (Cefereso) de Gómez Palacio, Durango.

"El Tatos" es un reo de 31 años que ha permanecido en diversos penales a lo largo de una década como el de Neza Bordo, Neza Norte, Texcoco, Neza Sur, El Oro, Chalco, Otumba, Zumpango, Ixtlahuaca, Almoloyita, Sultepec y Chiconautla.

A Luis "N" se le imputan diversos delitos como ultrajes, secuestro agravado, homicidio calificado, robo de vehículo con violencia y delincuencia organizada.

"El Tato" fue trasladado al penal de Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México, luego de que se difundieran en redes sociales videos del interior del penal Neza Bordo en los que se observa cómo se tortura y extorsiona a internos, para que sus familiares paguen por su protección.

Ayer lunes se registró un motín en el penal de Chiconautla y según las autoridades del Estado de México, la sublevación se presentó porque algunos de los presos intentaron agredir a "El Tatos", quien es señalado por torturar a sus compañeros para extorsionarlos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a través de la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario informa que como parte de las estrategias para mantener el orden en los centros penitenciarios de la entidad se realizó un operativo de traslado de reos considerados de alta peligrosidad del Centro de Reinserción Social de Tijuana a el penal de El Hongo III en Tecate.

A través de trabajos de investigación de la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario se detectaron 21 internos que por su perfil criminológico alto y ser considerados líderes negativos para el resto de la población reunían las características para ser trasladados.

El operativo de trasladado fue realizado en la medianoches del jueves por un grupo especial de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria en coordinación con otras instancias.

Estas acciones forman parte de las estrategias que el Sistema Estatal Penitenciario aplica para mantener la gobernabilidad, garantizar las condiciones de seguridad máxima dentro de la normatividad en un ambiente digno y de respeto a los derechos humanos.

Por lo menos mil internos del penal de máxima seguridad de El Hongo, realizan desde el viernes una huelga de hambre para exigir que se les permitan televisiones, agua caliente y mejores alimentos, entre otras cosas. La situación dio inicio en el edificio H7 del penal estatal y se extendió en otras áreas, confirmó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

En entrevista al respecto, Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador del Estado, no negó los hechos e informó que se trabaja con el organismo de derechos humanos y afirmó que "para revisar todas las condiciones, nosotros pusimos sobre la mesa el reglamento que también nos permite".

Resaltó que evidentemente “todos queremos estar más cómodos”, sin embargo aclaró que no está en él el hecho de juzgar si los internos pueden o no tener una televisión en las instalaciones, pero, destacó que sí está en él cumplir con las leyes y reglamentos penitenciarios.

Hasta el momento, destacó que no tiene ninguna información de que haya habido un acto violento por esta situación, mucho menos que haya algún lesionado o alguna queja en ese sentido, sin embargo reiteró que se está trabajando con la CEDHBC para revisar cualquier situación.

Lo que sí sabe, expresó, es que efectivamente los internos están pidiendo mejores condiciones y demás, cosa en la que él no estaría en desacuerdo, dijo, pero, destacó que hay un reglamento general que se aplica en el penal y “nosotros no vamos ni podemos hacer algo que no se permita, además que estamos hablando de un penal muy importante”.

De acuerdo con el mandatario, será la Comisión de los Derechos Humanos la que les dará la pauta a seguir, y un panorama para saber qué es lo que deberán atender dentro del penal, ya que dijo que serán respetuosos de los derechos humanos de quienes ahí se encuentran recluidos.

Reiteró que la autoridad no permitirá nada que no esté dentro del reglamento.