En conferencia de prensa, integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad, anunciaron que presentaron un amparo en contra el proyecto de Centros de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i); por irregularidades del Gobierno del Estado.

De manera general, Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del CCSPBC, explicó que los conocidos C5i que existen en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Nuevo León, Michoacán, Jalisco y Guanajuato; se han llevado a cabo con inversiones multimillonarias y no han dado los resultados para bajar el índice de delincuencia. Como ejemplo, expuso que Guanajuato tiene uno de los C5i más sofisticados del país, y "es el número uno a nivel nacional en materia de homicidios".

Hernández Niebla, manifestó preocupación de que este proyecto se vea involucrado por irregularidades, puesto que el Congreso del Estado de Baja California autorizó al gobierno estatal, el proceso de licitación para firmar un contrato y convertir los C4 actuales en C5i, con una inversión de 789 millones 280 mil 700 pesos, monto que deberán pagar los bajacalifornianos a un plazo de 10 años.

"Una deuda de esta magnitud, debe ser totalmente transparente a la ciudadanía, y sobre todo garantizando una baja en la incidencia delictiva", señaló.

Debido a que SEGURITECH ganó el proceso de licitación al competir sólo con una empresa, el presidente del CCSPBC, informó que de acuerdo a los reportes de diarios nacionales, SEGURITECH tiene interpuestas seis denuncias ante el Congreso de la Unión por presuntas irregularidades en 22 proyectos implemetados en 22 Estados y municipios del país.

También, agregó que al revisar el contrato se dieron cuenta de que no hay una fecha que establezca el inicio del proyecto, pero si está definido que los pagos a la empresa inician a partir del mes de octubre de este mismo año.

Por ello, el CCSPBC y Coparmex de la entidad, dieron a conocer que solicitaron un amparo para la suspensión del proyecto. Además de que no se invitó a todas las autoridades municipales de seguridad pública y no se consultó la opinión del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública como lo establece la Lay de Seguridad Pública de Estado para la apertura y revisión de las propuestas.

"Con un gobernador que le queda un año de administración y cuando no hay visibilidad de cuándo empezará a operar la empresa... no podemos jugar con el dinero de la gente cuando no hay garantía", detalló Hernández Niebla.

Para mejorar el tema de seguridad en Baja California, mencionó primero se debe invertir en elementos capacitados, que los policías cuenten con mejores salarios y prestaciones, así como otorgarles mejor equipo de trabajo. 

Ciudadanos responden con quejas al Gobierno del Estado. Se niegan a atender sin cita en recaudación de rentas.

Denuncia Ciudadana: María Josefina.

No hay citas para licencia, estoy ahora mismo en Tijuana en las oficinas de vía rápida y se niegan a atender personas sin cita, ¡¡para colmo no hay sistema!! Tercera vez que intento hacer renovación. Y el teléfono que dan en esta página no funciona. No se vale que multen cuando no ofrecen el Servicio.

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Los 123 millones de pesos que el banco Afirme retuvo hace un año al estado por concepto de participaciones federales y que sigue sin retribuirle es motivo ya de una denuncia penal por parte del Gobierno de Baja California contra la institución financiera. El secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia, lo dio a conocer. 

Apuntó que ya con intereses, la suma supera en estos momentos los 130 millones de pesos, cantidad que si bien, en lo general, no significaría mayor diferencia para el gasto de la administración estatal, siempre será bienvenido cualquier recurso adicional a las arcas de la entidad. 

“En la dimensión total de los recursos que requiere el estado no es una parte sustantiva. Pero 130 millones de pesos, es decir, 123 millones más los intereses relacionados con esa inmovilización que tenemos, son 130 millones de pesos que seguramente serian de mucha utilidad en el estado” indicó.

Aún y cuando la mayor parte del caso lo maneja la Consejería Jurídica, el funcionario estatal se dijo confiado en que la denuncia resulte favorable al gobierno estatal y ese dinero pueda, por fin, restituirse al estado.

El recurso se encuentra congelado luego de que Afirme lo retuviera como aval financiero de la fallida planta fotovoltaica que intento construirse en Mexicali durante el pasado gobierno estatal de Jaime Bonilla Valdés.

Para poder afrontar el incremento salarial del magisterio y el retroactivo en el mes de julio, así como otros compromisos de pagos de préstamos económicos, el Gobierno del Estado solicitó a los ayuntamientos de Playas de Rosarito y Tijuana, préstamos económicos, en el caso de Tijuana son 380 millones de pesos, que se asegura, serán cubiertos al finalizar este mes.

Así lo expresó el Secretario de Hacienda, Adalberto González Higuera, quien manifestó que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, la administración estatal no puede tener deuda a corto plazo, es decir, 90 días antes de que concluya el período de gobierno actual, es por ello que para cumplir con los compromisos financieros que se incrementan en el mes de julio por el pago incrementado del salario al magisterio y el retroactivo, ocupan del apoyo de dichos municipios.

Explicó que además del pago a maestros, una nómina amplia para pagar, también requieren cubrir el receso escolar que oscila cerca de los mil millones de pesos; y adicionalmente, julio es el periodo más crítico de la administración, puesto que es el último mes en el que deben de liquidar los préstamos de corto plazo, los cuales se han pagado de manera puntual, por lo que este mes no será la excepción, aseguró.  

González Higuera detalló que, debido al arribo de dichos compromisos financieros, el Estado está recurriendo a los ayuntamientos pidiéndoles algunos flujos de efectivo, asegurando que la solicitud de préstamos de flujo a los municipios, serán devueltos al finalizar el mes.

En el caso de Playas de Rosarito, sólo solicitaron 34 millones de pesos, mismo que fue requerido hace dos semanas, notificado a la Presidenta Municipal, Aracely Brown Figueredo y aprobado por el cabildo de dicho municipio; de igual forma dijo, el Gobierno del Estado asume su responsabilidad de regresar el recurso proveniente del préstamo de 380 mdp solicitado al gobierno municipal de Tijuana. 

El funcionario estatal indicó que el mandatario estatal manifestó que, para efecto de recuperar o retribuir los montos prestados, las administraciones municipales tienen la opción de solicitar el pago del dinero, la realización de obras o la transferencia de bienes que necesiten los Ayuntamientos para cumplir con sus programas o proyectos ya aprobados.

El gobernador Jaime Bonilla, en conjunto con el secretario de Hacienda del estado, Arturo Herrera Gutiérrez reconocieron haber solicitado préstamos al municipio de Rosarito por 34 millones de pesos y eventualmente de 380 mdp al de Tijuana.

El secretario de hacienda explicó que el mes de julio, el más difícil de la presente administración, por el pago de los adeudos a corto plazo, en específico por el pago del incremento salarial al maestro y el retroactivo salarial, por unos mil millones de pesos 

Los 34 millones de pesos solicitados a Rosarito, dijo, fueron a través de la alcaldesa Aracely Brown Figueredo, mismos que aprobados por el Cabildo. Confiaron en que el estado pagará a finales de este mes.

Con esto, se garantizaría que no habrá deuda de corto plazo 60 días antes del término de la administración, igualmente está garantizado el pago al municipio de Rosarito.

Juan Marcos Gutiérrez, presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, observó que por haber avalado tal solicitud, funcionarios municipales habrían incurrido presuntamente en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y peculado.

Explicó que el municipio “sólo puede prestar” a sus entidades paramunicipales y las paramunicipales pueden prestarse entre sí siempre y cuando sean de un mismo municipio, pero no se puede estar prestando dinero entre municipios, ni del municipio al estado.

Rosarito es uno de los municipios que más rezago presenta en materia de servicios públicos, ya que sufre problemas de agua potable, recolección de basura, vialidades, alumbrado y seguridad

Este jueves se colocó el logo de la Universidad Autónoma de Baja California en el edificio que anteriormente ocupaba el gobierno del estado en zona río y este viernes continúan retirando señalamientos del gobierno estatal. 

En ambas entradas se encuentra el logo de la UABC, las puertas permanecen cerradas aún con hojas pegadas que indican las nuevas ubicaciones de las oficinas gubernamentales.

Ciudadanos siguen acudiendo al edificio para realizar diversos trámites y se han sorprendido al ver el nombre de UABC.

De acuerdo a un guardia de seguridad, la Universidad hasta el momento no ha ocupado el edificio, por lo tanto el estacionamiento luce vacío y en ocasiones dijo que se ha permitido el acceso únicamente para empleados de Palacio Municipal.