Los ciudadanos mexicanos perciben el mayor nivel de inseguridad desde que inició el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), superando los datos de 2011, que eran hasta ahora los más altos, según una encuesta publicada hoy por la asociación México Unido contra la Delincuencia.

El 85,6 % de los encuestados considera que la situación en cuanto a la inseguridad es "peor" respecto al año anterior, mientras que en 2011 esta cifra se situó en 81,1 %.

La Encuesta Nacional sobre Seguridad Ciudadana en México, elaborada con Consulta Mitofsky, da a conocer que la intranquilidad por asuntos de seguridad, que en 2017 creció, ha alcanzado y superado a la preocupación por temas económicos.

Los datos revelados respecto a 2018 indican que para el 48,6 % de los mexicanos el principal problema del país reside en la seguridad (inseguridad, delincuencia, corrupción, narcotráfico y drogadicción), mientras que para el 45,7 % los problemas económicos (crisis, desempleo, pobreza, bajos salarios, inflación e impuestos) son más preocupantes.

Sobre la delincuencia, uno de cada tres mexicanos afirma que él o algún familiar cercano han sufrido un delito en los últimos tres meses, dato que supera al registro más elevado hasta la fecha (el de 31 % correspondiente a enero de 2015).

Las regiones en las que más personas reconocieron haber sido víctimas fueron el centro (30,7 %) y el noroeste del país (29,9 %).

Para combatir el crimen organizado y la delincuencia, la mayoría de los encuestados están de acuerdo con que se utilice al Ejército. Sin embargo la cifra (70,7 %) se ha reducido con respecto al año pasado (75,5 %).

En cuanto a la opinión sobre la legalización de la marihuana de uso recreativo y terapéutico propuesta por el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador -quien asumirá la Presidencia el 1 de diciembre-, los porcentajes reflejan la división del país.

Un 44 % de los ciudadanos opina que no se debería despenalizar, mientras que un 43 % considera lo contrario.

Los porcentajes, sin embargo, han ido acercándose con el paso de los años; en el año 2007 solamente un 13 % de la población estaba a favor de la regularización de la ley en favor del consumo recreativo.

Es la gente más joven y aquella con mayor formación la que está más inclinada hacia la legalización de esta planta: algo más de la mitad de encuestados de entre 18 y 29 años de edad está a favor y lo mismo sucede con los que tienen formación universitaria o superior.

Por último, un 39 % de los encuestados confía en que la inseguridad en México disminuirá su nivel con el nuevo Gobierno de López Obrador, mientras que el 41 % considera que seguirá igual o incluso aumentará.

Para esta encuesta se realizaron, del 5 al 7 de octubre, 1.000 entrevistas a mexicanos mayores de 18 años residentes en el país, con un nivel de confianza estadística de 95 % y un margen de error de 3,1 %.

Desde el inicio de la gestión de Jaime Bonilla el pasado 1 de noviembre de 2019 y hasta el 30 de junio de 2020 han muerto mil 687 personas, y de no cambiarse la tendencia estadística, ni tomar nuevas y efectivas acciones preventivas, 5 mil 88 bajacalifornianos serán víctimas de la violencia y perderán la vida a causa de algún homicidio doloso en lo que resta de la administración.

De acuerdo con estadísticas proporcionadas por la Fiscalía General del Estado, en los primero dos meses de la administración estatal se registraron 389 homicidios. A 242 días (hasta el 30 de junio) la cifra llegó a mil 687.

Desde el 1 de julio de 2020 a la fecha, la Fiscalía General del Estado no ha proporcionado cifras de homicidios dolosos, sin embargo, de continuar con la tendencia, la cifra a fin de año llegaría a dos mil 596 muertes.

Durante el mismo lapso que gobernó Francisco Vega de Lamadrid en comparación con el que estará Bonilla en el cargo, 4 mil 712 muertes ocurrieron bajo el mando de “Kiko”, es decir casi 400 muertes más ocurrirían con el morenista en el cargo.

En el primer semestre del 2020 se registraron 926 asesinatos, la mayoría -de acuerdo con reportes de la FGEBC- están relacionados con “ajustes” de cuentas entre integrantes de grupos criminales dedicados al narcomenudeo.

Dicha cifra de ejecuciones es menor que el número de homicidios registrados (mil 11) en el primer semestre del 2019, último año de gobierno del alcalde panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

Sin embargo, durante el primer semestre del primer año de gobierno (2017) de Gastélum Buenrostro, se registraron 714 ejecuciones, un promedio de 119 por mes.

El trienio del panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro es considerado el más violento de la última década en Tijuana con 5 mil 541 asesinatos de diciembre del 2016 a septiembre del 2019, un promedio de 162 asesinatos por mes.

En este primer semestre del 2020 la cifra de homicidios dolosos (926) promedia 154 asesinatos por mes, es decir cinco ejecuciones por día.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) han señalado que un alto porcentaje de los asesinatos que se registran en la ciudad se debe a la pugna entre grupos delincuenciales.

En lo que va del 2020 el mes con más ejecuciones fue abril con (164), febrero el que menos asesinatos registró con (135) y en junio se cometieron 150 homicidios dolosos.

Las pasadas dos administraciones municipales de Tijuana consideraron los beneficios de instalar casetas móviles en puntos estratégicos de la ciudad; atendidas por agentes en activo, permitían a los ciudadanos saber en qué punto podían acudir por ayuda, a cualquier hora, en caso de ser necesario.

Las casetas se instalaban por lo regular en las zonas más problemáticas, por lo regular a solicitud delos vecinos y se iban rotando de lugares.

A pesar que el programa de casetas móviles fue apoyado por organismos como el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal y se le inyectaron recursos tanto públicos como privados, actualmente la estrategia se tienen en el abandono.

De unas 80 casetas móviles que llegaron a instalarse, en la actualidad funcionan apenas 40.

“Todo lo que les parece que viene de otras administraciones le hacen el feo”, asegura Genaro de la Torre, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal. 

“Están escasas, las pocas que hay no les dan mantenimiento, la Policía Comercial es un desastre. El caparazón fue aportación la mayor parte de las veces por el Gobierno del Estado, los vecinos colaboraron para que se echaran a darlas casetas móviles por la seguridad, hubo bastante dinero invertido, se les puso dinero para internet, por ejemplo.

“Esta administración deja mucho que desear en cuanto a casetas, faltan elementos, antes la Policía Comercial estaba al pendiente y ahora les quieren cobrar a la ciudadanía.

“Son servicios de alto valor, muchos vecinos dejaron de recibir el servicio. Colonos quieren que sus casetas funcionen, se han puesto a querer trabajar con el Ayuntamiento, pero ha habido mala respuesta.

“La gente que tienen en Policía Comercial y en especial en el tema de casetas, como que quieren desaparecerlas. Me he reunido con el jefe Cabrera de la Comercial y no. Tristemente se hizo tanto esfuerzo en que estas casetas estuvieran funcionaron y se puede decir que se abandonaron”, explica De la Torre.

La inseguridad es el talón de aquiles en Baja California, reconoció el gobernador Jaime Bonilla Valdez, ante residentes de Las Delicias, Ensenada.

En su mensaje durante la Jornada por la Paz, el mandatario estatal señaló que se debe garantizar seguridad a bajacalifornianos, visitantes, sobre todo para los niños.

Añadió que el tejido social en el estado sufrió una desatención, por lo que en este gobierno, los niños son prioridad.

Durante treinta años se dejaron de hacer acciones para beneficio para los niños, ahora estamos trabajando para mejorar sus condiciones de vida, sostuvo.

Explicó que por eso han impulsado una campaña contra los sitios donde hay máquinas "tragamonedas", porque generan inseguridad.

Refirió que los sitios donde hay "tragamonedas" son como centros de acopio para la perversión de los menores.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de INEGI, revela que el 71.5% de los tijuanenses se siente inseguro de vivir en su ciudad.

La media nacional de esta medición es de 72.9% lo que coloca a esta ciudad fronteriza por debajo de este indicador.

Está medición trimestral señala que en septiembre del 2019 el 76.3% se sentía inseguro y para diciembre del 2019 se redujo a 71.5%, una reducción del 4.8 por ciento.

La capital de Baja California (Mexicali) también aparece en esta medición y arroja que en diciembre 2019 el 53.8% de mexicalenses se siente inseguro.

Al igual que en Tijuana, en Mexicali hubo una reducción en el porcentaje de ciudadanos que dijeron sentirse inseguros al pasar de 58.1% en septiembre 2019 a solo 53.8% en diciembre 2019, una disminución del 4.3%.

Cabe mencionar que el último día de septiembre del 2019 hubo cambio de administración municipal en los cinco municipios de Baja California.

Los gobiernos municipales de Tijuana y Mexicali, ahora son encabezados por alcaldes de MORENA. Marina del Pilar, Mexicali y Arturo González Cruz, Tijuana.

Ambos alcaldes fueron precedidos por gobernantes emanados del Partido Acción Nacional; Juan Manuel Gastélum, Tijuana y Gustavo Sánchez, Mexicali.