De los 300 centros penitenciarios del país solo 18 son femeniles y albergan al 40.2% de las mujeres privadas de libertad (4,209 personas), mientras que el 59.8% restante se encuentra en centros penitenciarios mixtos, los cuales carecen de espacios dignos y servicios específicos para atender las necesidades de las internas. Los primeros cuentan con calificación de 7.26, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en tanto que los segundos merecieron 5.98, que es una calificación reprobatoria.

Así quedó de manifiesto en el acto que se llevó a cabo en el marco del “Día Internacional de la Mujer”, y en donde el tema de las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para Mujeres Delincuentes, conocidas como “Reglas de Bangkok”, fue el eje central del evento organizado por la CNDH, que ante ese panorama reafirmó la necesidad mínima de contar con una prisión femenil por cada entidad federativa, con las condiciones necesarias para la atención de las niñas y niños que viven con sus madres, para mejorar la situación de las mujeres en reclusión y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales. Así, especialistas y académicas se pronunciaron en favor de programas sobre justicia restaurativa y la posibilidad de que, conforme a los estándares internacionales, un número importante de mujeres puedan ser externadas y apoyadas en libertad.

El encuentro estuvo encabezado por Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora General de la CNDH, quien señaló la importancia de visibilizar la situación de las mujeres internas en centros penitenciarios, así como su proceso de liberación, ya que conforman uno de los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad con necesidades y condiciones específicas.

De igual forma destacó la importancia de contar con la colaboración de autoridades, organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de la población en general, para contribuir a eliminar el estigma que se presenta ante las mujeres privadas de la libertad, conociendo vivencias de mujeres que han estado en reclusión y de los obstáculos que enfrentan posterior a ella. De ahí el significado de las “Reglas de Bangkok”, por lo que la CNDH también ha emitido diversos documentos como Recomendaciones Generales y particulares, Informes Especiales, Documentales y Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria.

Por otra parte, se contó también con testimonios de mujeres que han transitado por la prisión, así como con la participación de especialistas y académicas en la mesa, quienes coincidieron en afirmar que los centros penitenciarios son el espejo más claro de la sociedad en general.

Esther Giménez-Salinas Colomer, Recipiendaria de la Cátedra Extraordinaria sobre Justicia Restaurativa “Nelson Mandela”, otorgada por la CNDH, coincidió señalando que las prisiones, son el reflejo de un país, y que todas sus circunstancias positivas y negativas por ello, se observan en los centros penitenciarios,

María Guadalupe Hernández Guzmán, Fundadora del Centro de Rehabilitación en Atención Infantil y Adolescencia (CRAIA, A.C.), y Alma Yelli Angulo Orozco, creadora del programa “Libertad en Movimiento”, refirieron sus experiencias y coincidieron en señalar que las mujeres que han estado en prisión sufren muchas veces depresión, discriminación y aislamiento por amigos y por la sociedad en general, y que al obtener su libertad no pueden acceder fácilmente a un trabajo.

Patricia Olamendi, Consultora Internacional de ONU-Mujeres, señaló que las mujeres en reclusión conforman una población excluida y en condiciones de gran vulnerabilidad, indicando que en muchos casos, no se cumple con los criterios contenidos en los instrumentos internacionales y que fiscales y jueces no incorporan regularmente en su trabajo criterios con perspectiva de género.

Tras mencionar que se deben unir fuerzas para participar intensamente en la búsqueda del acceso a la justicia para todas las mujeres, expresó que por ello la aplicación de la ley bajo este contexto, es sumamente importante, manifestando que se encuentran trabajando así, para poder presentar un Modelo para la Reinserción Social de las Mujeres Privadas de Libertad.

El primer partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue con Brasil y Croacia, en un encuentro que terminó 0-0 en los 90 minutos, se tuvieron que jugar 30 minutos más, donde el equipo pentacampeón del mundo se adelantó en el marcador.

Al minuto 106’ la figura de Brasil, Neymar anotó el primer gol de partido y desde ahí, el conjunto de la Verdeamarelha se sintió cómodo y “confiado” de ganar el cotejo, pero al 117’, Bruno Petković empató el encuentro luego de un desvío de Marquinhos, con esto lo mandó a los penales.

Para recordar, el portero Dominik Livakovic venía de una actuación fenomenal en penalti es ante Japón en octavos de final y ahora no fue la excepción, pues el primer cobro de Rodrygo el guardameta paró el tiro.

El conjunto europeo anotó sus cuatro tiros de penal con Nikola Vlašić, Lovro Majer , Luka Modric y Mislav Oršić, por su parte, de Brasil anotaron Casemiro y Pedro y lo fallaron Rodrygo y Marquinhos.

Croacia espera rival para la semifinales que sería entre Países Bajos o Argentina.

El estado de Baja California es uno de los que más traslados realiza, sin embargo, sigue este Estado en el tercer lugar con mayor cantidad de población penitenciaria en el país entero.

La comisionada del Sistema Estatal Penitenciario detalló, del universo de las 500 personas que se tienen con un alto perfil criminológico, al menos 120 se tienen catalogadas de un muy alto nivel de peligrosidad, mismos que fueron reubicados en centros de máxima seguridad en otras entidades.

Actualmente en todos los Ceresos de Baja California la población penitenciaria es de 13 mil 300 personas. Los estados con mayor población en el país son Ciudad de México, seguido de Jalisco y por último BC.

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María Elena Andrade Ramírez, comisionada del Sistema Estatal Penitenciario lamentó que fue “desmantelado” el Modelo Estratégico de Reinserción Social, único en México donde los internos laboraran dentro de los penales como parte de su rehabilitación. 

“Tenemos doce naves industriales al interior y entre los hallazgos negativos que encontramos es que las naves industriales dentro del penal estaban en total abandono ”, dijo durante el programa Bajo La Lupa conducido por Yolanda Caballero. 

Desde el 2016 operaba en Baja California, El Modelo Estratégico de Reinserción Social y formaba parte del Programa de Tratamiento de Adicciones “Reconstrucción Personal”, mismo que hoy no existe.

Tan sólo en el penal de mediana seguridad El Hongo, 300 internos ensamblaban productos como prendas, mochilas para la Armada de los Estados Unidos, ropa de tiendas reconocidas y mantas térmicas. 

Algunos de los productos que eran ensamblados por los internos se comercializaban en Corea, Japón y Estados Unidos. 

“Por medio de estas naves industriales pueden tener trabajo, estamos revisando para regresar ese programa al interior de los centros penitenciarios porque además es un trabajo remunerado para ellos”, dijo Andrade Ramírez.

Lamentó que durante la administración del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez se frenó dicho proyecto, único en México. 

“Se frenó y únicamente te esta operando una pequeña nave industrial en un anexo en Ensenada pero en El Hongo no están funcionando y están en el completo abandono”, concluyó la comisionada.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró que es urgente tomar acciones para hacer frente a la pandemia por coronavirus en cárceles del país e indicó que el reto del sistema penitenciario ante esa emergencia es enorme.

Por esta situación, la ONU pidió que haya disponibilidad de personal de salud dentro de los penales, agua suficiente para beber y para asearse, y que una vez a la semana se entreguen de manera gratuita artículos de limpieza y desinfección.

Asimismo, solicitó que haya personal médico suficiente para atender a los internos, contar con provisiones de paracetamol en tableta e inyectado, establecer un punto de valoración y detección de casos sospechosos antes de ingresar al penal, así como medir la temperatura de las personas que intenten entrar.

"Un miembro del personal debidamente capacitado debe realizar una evaluación de riesgos de todas las personas que ingresan al centro penitenciario para recopilar información", destacó.

En el documento Estándares avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano, que la ONU publicó a raíz de la emergencia por Covid-19, tres agencias de la organización consideraron que las personas privadas de su libertad son especialmente vulnerables ante la pandemia.

"Ante la declaración de la pandemia, se ha enfatizado la necesidad de salvaguardar la salud e integridad de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas privadas de la libertad", señaló.

Para prevenir el contagio, la ONU instó a establecer planes de contingencia específicos para garantizar una respuesta de salud adecuada y mantener un entorno de detención seguro y humano.

Explicó que es necesario el distanciamiento social y evitar la concentración en áreas comunes, tener un plan que permita a los internos enfrentar la falta de recursos por la suspensión del trabajo penitenciario y de visitas, medidas de resguardo o aislamiento sanitario, entre otros.

El documento fue elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), para promover medidas sanitarias concretas y así prevenir y contener la potencial presencia del Covid-19 en los penales.

El modelo UNAPS busca proteger a los internos, trabajadores del sistema penitenciario, personas que visitan a sus familiares en las prisiones y a los niños que viven con sus madres en las cárceles.

"[Es necesario] garantizar el bienestar físico y mental de las personas privadas de la libertad a través de la atención a la salud, implementación de medidas de protección y seguridad y de tipo legal", estableció la ONU.

Para lograrlo, los centros penitenciarios deben implementar acciones para prevenir el contagio, brindar atención médica y sicológica a quienes presenten un cuadro leve a moderado de la enfermedad y contar con infraestructura y suministros necesarios.

EL UNIVERSAL publicó ayer la advertencia de organizaciones de la sociedad civil sobre el riesgo de contagios masivos al interior de las prisiones por las condiciones en que se encuentran los internos.

A pesar de que en el país hay más de 200 mil presos en cárceles federales, estatales y municipales, la Secretaría de Salud emitió un Protocolo de Actuación para la Atención de Covid-19 sólo para los penales federales, en el que se contempla la atención para 17 mil 58 personas en 18 Cefereso. Esta población representa sólo 8.4% del total de los internos que existen en México.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió un informe de seguimiento de irregularidades en el Centro de Reinserción Social de Baja California, que constituyen factores de riesgo en materia de maltrato y tortura contra las personas privadas de la libertad.

El informe fue dirigido a los Secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública de Baja California, Francisco Rueda Gómez y José Fernando Sánchez González, respectivamente, quedó consignado que en los Centros de Reinserción Social “El Hongo”, “El Hongo 2”, “La Sección de Medidas Especiales” (a la sazón, “El Hongo 3”), así como en los CERESOS de Tijuana, Ensenada y Mexicali, todos bajo la competencia de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa, persisten el encierro de los indiciados las 24 horas de día y sólo salen una hora a la semana, los malos tratos por personal de seguridad (gritos humillaciones, golpes, discriminación y amenazas), y la carencia de servicios de salud y medicamentos.

Resultado de las visitas de supervisión durante julio de 2019, en que personal del Mecanismo entrevistó a 250 personas privadas de su libertad y entabló diálogo con el enlace designado respecto a las posibles medidas de aplicación para mejorar el trato y las condiciones de dignidad de las personas en prisión, se acreditó la falta de mantenimiento e higiene en las instalaciones, insuficiencia de planchas, colchonetas y cobijas, alimentación de mala calidad y escasa, insuficiente personal de seguridad y falta de actividades deportivas, educativas y laborales, que representa el 24.55% de un total de 167 factores de riesgo que no se han mitigado en esos lugares.