La reforma laboral quedará en letra muerta si no se destina el presupuesto suficiente para su implementación y no desaparece el outsourcing, advirtieron especialistas.

Académicos y abogados laborales consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que la reforma en materia de justicia laboral enfrenta grandes retos, como es la falta de personal para vigilar que se cumpla la democracia sindical, la capacitación del personal en este nuevo modelo de justicia que se impulsa, los recursos para la operación de los centros estatales de conciliación y arbitraje, así como la tercerización del empleo, que impide a los trabajadores ejercer sus derechos laborales de manera plena.

Manuel Fuentes Muñiz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió que uno de los grandes pendientes del proyecto de legislación secundaria de la reforma laboral que está a discusión en el Senado es la regulación del outsourcing, puesto que no se garantiza la estabilidad laboral; además, al tener contratos eventuales por tres meses los trabajadores no pueden acceder a la contratación colectiva ni formar parte de un sindicato.

Consideró "inviable" adaptar este modelo de justicia laboral de Estados Unidos a la realidad mexicana, ya que es "muy costoso" y se requieren recursos para la capacitación de los abogados y de los jueces para su aplicación.

Resaltó que se necesita sumar la participación de la sociedad civil para fortalecer la vigilancia en los procesos de democracia sindical y en la elección de nuevos dirigentes para asegurar el voto libre y secreto, porque en la actualidad las autoridades laborales no tienen la capacidad para supervisar estos procedimientos.

Alfonso Bouzas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, comentó que aunque el proyecto de legislación contiene aspectos "muy positivos" —como la democracia en los sindicatos, con lo que se busca terminar con el corporativismo y los "grandes capos sindicales"—, se requiere impulsar la regulación de la tercerización del trabajo.

"Se tiene que hacer una legislación para regular el outsourcing. Hay un interés innegable para que se respeten los derechos de los trabajadores contratados por esta vía. Las relaciones laborales se han corrompido profundamente", apuntó.

Comentó que el principal obstáculo al que se enfrentará la reforma laboral es la resistencia de los líderes sindicales y del sector empresarial, que es "bastante conservador y no está acostumbrado a negociar, sino a pactar con los sindicatos blancos".

Oscar de la Vega, abogado laboral del despacho De la Vega y Martínez, consideró que a pesar de que este proyecto de legislación es "un paso adelante" en materia laboral, enfrenta muchos desafíos, como el presupuestal.

"Para aplicar los cambios se requiere de mucho presupuesto para que las juntas locales de conciliación y arbitraje atiendan el rezago de casos que tienen, a fin de que cumplan con el plazo de cuatro años. Vamos a ver si coincide con la realidad, porque en el papel suena bien, pero la realidad es otra", enfatizó.

Reyes Soberanes, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), subrayó que de no corregir la reforma que se discute, habrá afectación en la productividad de las empresas, puesto que se generará mucho activismo sindical ante la apertura de crear más sindicatos para un contrato en un centro de trabajo.

"Se generarían más sindicatos y habrá disputa por la posición, lo cual agotará más el ambiente laboral y la productividad", resaltó. Las centrales sindicales, explicó, deberán continuar con su trabajo de encauzar la inconformidad de la gente y cuando se afecte la productividad.

Consideró que sería positivo que antes de que se apruebe la reforma laboral en el Senado de la República, los legisladores deberían entrar en contacto con los empresarios, ya que hay preocupación por la afectación que puede haber respecto a la productividad.

La semana pasada, dirigentes empresariales afirmaron que les inquieta y preocupan algunos de los cambios que se hicieron a la reforma laboral en la Cámara de Diputados, por lo que buscarán que se hagan ajustes antes de que se concluya el proceso en el Senado de la República.

Héctor de la Cueva Díaz, coordinador General del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), resaltó que falta una reforma laboral con mayor alcance mediante la cual se consoliden los derechos de los trabajadores a fin de eliminar el empleo precario en formas como la subcontratación, el pago por honorarios y por hora determinada.

"Es muy importante que [a] este cáncer [outsourcing] que ha ido expandiéndose en el país para rebajar derechos laborales y precarizar el empleo se le [pongan] suficientes candados para que no haya abuso de los patrones en la subcontratación y otras formas de simulación", indicó.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Isaac Fragozo López, aseguró que se avanza en la implementación de la reforma laboral que inició el 27 de abril en Baja California. 

"El promedio que hemos tenido en todos los estados que hemos tenido en el país son seis meses máximo, no son los juicios eternos que de los trabajadores que han durado en las juntas de conciliación hasta años aquí todos han durado de seis a siete meses", expresó Fragozo.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Arregui Ibarra, dijo durante su intervención que se busca incrementar el número de conciliadores conforme avance dicha reforma. 

Hasta el momento cuentan con cinco centros de conciliación en el estado y se contempla habilitar en los municipios de Rosarito, San Quintín y San Felipe.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadena_noticias | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |

Autoridades entrantes de Baja California solicitaron al Gobierno Federal una prórroga de 90 días el inicio de la reforma laboral en el Estado; el arranque de los cambios era pura ficción, por parte de las autoridades salientes, encabezadas por Jaime Bonilla, ya que en realidad no hay recursos para llevarla a cabo: ni económicos, materiales ni de contratación para el personal necesario. 

La noche de este martes se hizo del conocimiento al personal jurídico y administrativo de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, así como de abogados, usuarios, litigantes y público en general que “SE PRORROGA 90 DÍAS EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL EN BAJA CALIFORNIA”, lo anterior derivado de las reformas legales aprobadas por el Congreso del 

Estado de Baja California, y por acuerdo del Grupo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Baja California. 

Lo anterior en complemento del oficio número STPS/UERSJL/1080/2021 de fecha dos de noviembre del 2021, emitido por el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, en atención a la solicitud de prórroga solicitado por acuerdo emitido por el Grupo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Baja California, por lo que la autoridad federal, determinó extender la entrada en funciones del Centro de Conciliación Laboral y en consecuencia el de los Tribunales Laborales pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Baja California por un plazo de 90 días.

Con la reforma laboral federal, el 1 de agosto concluye el outsourcing en México, con lo que se busca proteger al trabajador y se asegure obtengan todos sus beneficios, y acabar con la defraudación fiscal, teniendo como máximo las empresas, 90 días de prórroga para regularizarse.

Así lo expresó Cruz Manuel Rejón Sánchez, socio director de RBL corporativo ante los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde mencionó que así de agresiva viene la reforma, en la que de no permitir como empresa la inspección y vigilancia podría ser sancionada por un monto desde los 22 mil hasta los 448 mil pesos; y en caso de continuar subcontratando de manera prohibida, para ambos la sanción puede ser desde los 179 mil pesos hasta los 4 millones 481 mil pesos.

Explicó que el esquema outsourcing, consiste en contratar a otra persona o empresa que se especializa en un área que no tiene la primera, sin embargo, esto dio pie a un abuso al no dar beneficios, cuotas de seguridad social o incluso se ha utilizados en operaciones inexistentes, lo que deriva en el delito de defraudación fiscal, e incluso hasta de carácter penal.

Al concluir el outsourcing, se brindará protección al trabajador al obtener todos sus beneficios incluyendo su antigüedad, y se acabará con la defraudación fiscal; en tanto las empresas contarán con una prórroga de hasta 90 días para regularizarse, es decir, contratar como sus empleados a quienes brindaban sus servicios especializados.

Rejón Sánchez reconoció que con esta reforma, las personas que brindan servicios que podrían salir más afectados serían por mencionar un ejemplo, el sector gastronómico, aquellos que laboran como meseros, mientras que el industrial no tanto, ya que desde su inicio tenía varios candados que les impedía utilizar el outsourcing. 

Con 118 votos a favor y 2 abstenciones, el Senado de la República aprobó la nueva regulación del outsourcing y prohibir la subcontratación ilegal a través de agencias de empleo, en lo que consideraron es el resultado de un amplio proceso de diálogo sostenido durante meses entre los legisladores, el gobierno federal y el sector empresarial.

A partir de esta reforma, las empresas ya no podrán subcontratar a trabajadores para realizar labores permanentes, y el outsourcing sólo estará permitido para tareas especializadas o temporales, es decir que no formen parte de las labores esenciales y permanentes.

Se reconocerán las obligaciones fiscales de las empresas y quedará prohibido que el gobierno federal subcontrate personal, más que para servicios especializados y siempre que el contratista esté registrado.

Se propone la prohibición de la subcontratación de personal y quienes intervengan en el proceso de contratación bajo la modalidad de agencias de empleo o intermediarias, que no tendrán la calidad de patrones y sólo podrán participar en los procesos de reclutamiento.

"Solamente se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas con la obligación de que el contratista esté registrado ante la Secretaría de Trabajo, en el padrón constituido para tal efecto", dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado al argumentar a favor de las reformas.

"La reforma tiene la finalidad de robustecer el empleo, la figura de la subcontratación laboral y eliminar diversas prácticas que producen una verdadera afectación a los derechos laborales de los trabajadores, permitiendo atender las necesidades de las empresas para que estas mantengan sus esquemas de producción y prestación de servicios".

La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) dijo que para el sector público, la aprobación del presente dictamen contribuirá fortalecer las finanzas públicas, porque las empresas se verán obligadas a pagar impuestos y la seguridad social de sus trabajadores; para el sector privado, se traducirá en certidumbre jurídica, que les permitirá mantener la subcontratación.

"La subcontratación le permite a las empresas hacer más eficientes sus procesos productivos, facilitar el manejo del personal y el pago de impuestos, también es cierto que este esquema se convirtió en una salida fácil de algunas empresas para evadir sus responsabilidades fiscales, sus obligaciones en materia laboral y los compromisos con la seguridad social. En la mayoría de los casos, estar contratado bajo este esquema significa tener menos salario, menos prestaciones e interrupción de la antigüedad", dijo. 

Una de las críticas que hicieron senadores de la oposición, en específico de MC es que además de aprobar esta ley para regular el outsourcing, el Senado contrate y dé seguridad laboral a los trabajadores de limpieza y ayudantía que están subcontratados en la Cámara Alta.

"Aquí tenemos trabajadores de limpieza y en el Valet Parking que paradójicamente están contratados bajo el esquema de outsourcing, Movimiento Ciudadano exige seguridad laboral para estos trabajadores", pidió Juan Zepeda.

PAN, es que la reforma que se aprobó hoy en el Senado de la República, se hicieron distingos y se le dieron beneficios al gobierno federal con un plazo más largo de adaptación, hasta el 1 de enero de 2022, para que se le aplique la reforma.

"Al sector privado no se le dan estos beneficios, le reduce a tres meses su entrada en vigor. No estamos de acuerdo", dijo el senador por Chihuahua, Gustavo Madero.

"O reducimos para el gobierno a 3 meses la entrada en vigor a esta nueva disposición o la ampliamos al sector privado porque todos tienen que hacer un esfuerzo similar".

Las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron sin cambios el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, entre otras, para prohibir el outsourcing o subcontratación laboral tanto en la administración pública como en el sector privado. 

Avalado con 25 votos a favor y dos abstenciones del grupo parlamentario del PAN, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el pleno.

“Así que este cambio revierte y termina con modelo perverso, insensible, diseñado sin considerar las necesidades sociales; yo diría, compañeras y compañeros senadores, fuera de protagonismos, de oportunismos, del desconocimiento de los objetivos y fines últimos de esta reforma, lo que hoy estamos aprobando es histórico, corrige el rumbo y ahora será el rumbo precisamente de la justicia, del bienestar, de la dignidad para todos los trabajadores y para todos los mexicanos”, puntualizó el morenista Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo.

 En su turno, al fundamentar el voto de su bancada en abstención, el coordinador panista Erandi Bermúdez propuso aplazar la entrada en vigor de la reforma hasta enero de 2022, con el fin de garantizar el respeto a los derechos adquiridos de trabajadores y empleadores.

 La reforma aprobada ya por la Cámara de Diputados prohíbe la subcontratación de personal, entendida como el acto en que una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, salvo en el caso de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria.

 Prevé asimismo multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (de 179 mil 240 a 4 millones 481 mil pesos) a quien realice subcontratación de personal o preste servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente. 

El proyecto considera la creación de un padrón público de empresas dedicadas a la subcontratación de personal de servicio especializados. “Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social”, establece. Entre otros aspectos destaca igualmente el “tope” a la participación de utilidades con un límite máximo de tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

 Las empresas que actualmente operan bajo el régimen de subcontratación laboral contarán con un plazo de 90 días naturales para la sustitución patronal y migración de trabajadores, siempre y cuando la empresa destino reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad, ante las instancias legales correspondientes.