La reforma laboral quedará en letra muerta si no se destina el presupuesto suficiente para su implementación y no desaparece el outsourcing, advirtieron especialistas.

Académicos y abogados laborales consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que la reforma en materia de justicia laboral enfrenta grandes retos, como es la falta de personal para vigilar que se cumpla la democracia sindical, la capacitación del personal en este nuevo modelo de justicia que se impulsa, los recursos para la operación de los centros estatales de conciliación y arbitraje, así como la tercerización del empleo, que impide a los trabajadores ejercer sus derechos laborales de manera plena.

Manuel Fuentes Muñiz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió que uno de los grandes pendientes del proyecto de legislación secundaria de la reforma laboral que está a discusión en el Senado es la regulación del outsourcing, puesto que no se garantiza la estabilidad laboral; además, al tener contratos eventuales por tres meses los trabajadores no pueden acceder a la contratación colectiva ni formar parte de un sindicato.

Consideró "inviable" adaptar este modelo de justicia laboral de Estados Unidos a la realidad mexicana, ya que es "muy costoso" y se requieren recursos para la capacitación de los abogados y de los jueces para su aplicación.

Resaltó que se necesita sumar la participación de la sociedad civil para fortalecer la vigilancia en los procesos de democracia sindical y en la elección de nuevos dirigentes para asegurar el voto libre y secreto, porque en la actualidad las autoridades laborales no tienen la capacidad para supervisar estos procedimientos.

Alfonso Bouzas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, comentó que aunque el proyecto de legislación contiene aspectos "muy positivos" —como la democracia en los sindicatos, con lo que se busca terminar con el corporativismo y los "grandes capos sindicales"—, se requiere impulsar la regulación de la tercerización del trabajo.

"Se tiene que hacer una legislación para regular el outsourcing. Hay un interés innegable para que se respeten los derechos de los trabajadores contratados por esta vía. Las relaciones laborales se han corrompido profundamente", apuntó.

Comentó que el principal obstáculo al que se enfrentará la reforma laboral es la resistencia de los líderes sindicales y del sector empresarial, que es "bastante conservador y no está acostumbrado a negociar, sino a pactar con los sindicatos blancos".

Oscar de la Vega, abogado laboral del despacho De la Vega y Martínez, consideró que a pesar de que este proyecto de legislación es "un paso adelante" en materia laboral, enfrenta muchos desafíos, como el presupuestal.

"Para aplicar los cambios se requiere de mucho presupuesto para que las juntas locales de conciliación y arbitraje atiendan el rezago de casos que tienen, a fin de que cumplan con el plazo de cuatro años. Vamos a ver si coincide con la realidad, porque en el papel suena bien, pero la realidad es otra", enfatizó.

Reyes Soberanes, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), subrayó que de no corregir la reforma que se discute, habrá afectación en la productividad de las empresas, puesto que se generará mucho activismo sindical ante la apertura de crear más sindicatos para un contrato en un centro de trabajo.

"Se generarían más sindicatos y habrá disputa por la posición, lo cual agotará más el ambiente laboral y la productividad", resaltó. Las centrales sindicales, explicó, deberán continuar con su trabajo de encauzar la inconformidad de la gente y cuando se afecte la productividad.

Consideró que sería positivo que antes de que se apruebe la reforma laboral en el Senado de la República, los legisladores deberían entrar en contacto con los empresarios, ya que hay preocupación por la afectación que puede haber respecto a la productividad.

La semana pasada, dirigentes empresariales afirmaron que les inquieta y preocupan algunos de los cambios que se hicieron a la reforma laboral en la Cámara de Diputados, por lo que buscarán que se hagan ajustes antes de que se concluya el proceso en el Senado de la República.

Héctor de la Cueva Díaz, coordinador General del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), resaltó que falta una reforma laboral con mayor alcance mediante la cual se consoliden los derechos de los trabajadores a fin de eliminar el empleo precario en formas como la subcontratación, el pago por honorarios y por hora determinada.

"Es muy importante que [a] este cáncer [outsourcing] que ha ido expandiéndose en el país para rebajar derechos laborales y precarizar el empleo se le [pongan] suficientes candados para que no haya abuso de los patrones en la subcontratación y otras formas de simulación", indicó.

El outsourcing, o subcontratación, ha sido denominado como una herramienta clave para muchas empresas en México y en todo el mundo, ya que ofrece una solución. Esto permite a las organizaciones externalizar ciertas funciones en menos tiempo, optimizando costos y enfocándose en la actividad principal. Sin embargo, sabemos que en años recientes, este modelo ha estado en revisión y cambio de normativa, especialmente en países como México.

Qué es el outsourcing

Antes de enfocarnos en las nuevas reglas del outsourcing, es fundamental entender qué es el outsourcing y para qué sirve. Este término se refiere a la práctica de contratar a una tercera parte para llevar a cabo tareas, servicios o procesos que, tradicionalmente, podrían ser realizados por empleados ya contratados. El outsourcing puede cubrir diversas áreas, incluyendo recursos humanos, contabilidad, atención al cliente, logística y mucho más.

El outsourcing ofrece múltiples beneficios, tales como:

Enfoque en el core business: permite a las organizaciones concentrarse en su actividad principal, dejando tareas secundarias a expertos externos.

Acceso a especialización: las empresas pueden beneficiarse de la experiencia y habilidades de proveedores especializados en áreas específicas.

Reducción de costos: al externalizar ciertas funciones, las empresas pueden ahorrar en salarios, beneficios y gastos generales.

Sin embargo, con la reciente reforma legal, también han surgido nuevos desafíos y responsabilidades que las empresas deben considerar.

Las nuevas reglas del outsourcing en México

Sabemos que en 2020, el gobierno mexicano publicó una reforma a la ley federal del trabajo que sin duda impacta la práctica del outsourcing. La idea de este cambio es garantizar la protección de los derechos laborales y erradicar prácticas que eran consideradas abusivas. Muchas personas alegan que estos cambios son justificados y protegen al trabajador, pero por otro lado también disminuye la posibilidad de ser contratado.

Conoce las principales reglas que deben seguir las empresas que opten por esta modalidad.

Permiso para la subcontratación de servicios especializados

A pesar de la prohibición mencionada, la ley permite la subcontratación de servicios especializados, siempre que no formen parte del objeto social de la empresa. Estos servicios deben ser claramente definidos, y las empresas que optan por esta modalidad deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Sabemos que las empresas que contratan servicios especializados son responsables solidarias de las obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores que realicen funciones relacionadas con esos servicios. Esto implica que, en caso de incumplimiento por parte de la empresa contratista, la empresa que contrata puede ser requerida para cumplir con las obligaciones laborales, tales como salarios, prestaciones y seguridad social.

Registro de contratistas

Las empresas que deseen subcontratar servicios especializados deben registrar a sus proveedores ante la STPS. Este registro busca garantizar que los contratistas cumplen con las obligaciones fiscales y laborales, y que sus trabajadores cuentan con los derechos correspondientes.

Las empresas están obligadas a mantener una documentación clara y transparente sobre las relaciones de outsourcing. Esto incluye contratos que especifiquen los servicios a prestar, así como la identificación de los trabajadores involucrados. La falta de documentación adecuada puede llevar a sanciones y multas.

Sanciones por incumplimiento

La reforma establece sanciones severas para aquellas empresas que incumplan con las nuevas regulaciones. Las multas pueden ser significativas, y las empresas también pueden enfrentar demandas laborales si se determina que han violado los derechos de los trabajadores.

Revisión de contratos

Las empresas deben revisar todos sus contratos de outsourcing y asegurarse de que cumplan con las nuevas regulaciones. Esto incluye la actualización de contratos existentes para reflejar la prohibición de subcontratación de personal y la necesidad de registrar a los proveedores ante la STPS.

Es esencial que las empresas capaciten a sus equipos sobre las nuevas disposiciones legales. La falta de conocimiento puede llevar a incumplimientos y sanciones. La capacitación debe incluir aspectos sobre derechos laborales y la importancia de cumplir con las obligaciones de seguridad social.

Las organizaciones deben evaluar a sus proveedores de servicios especializados para asegurarse de que cumplen con las regulaciones laborales y fiscales. Esto incluye verificar que sus trabajadores estén debidamente registrados y que se les brinden todas las prestaciones correspondientes.

Estrategia de recursos humanos

Sabemos que las empresas pueden considerar ajustar sus estrategias de recursos humanos para adaptarse a las nuevas reglas que cada país tenga. Esto puede incluir la incorporación de nuevo personal para que realicen tareas que anteriormente se externalizaban, o la búsqueda de proveedores que puedan ofrecer servicios especializados de acuerdo con la nueva legislación.

Aunque la reforma busca proteger los derechos de los trabajadores y erradicar prácticas abusivas, también impone nuevas responsabilidades y desafíos para las organizaciones.

Adaptarse a este nuevo marco legal es fundamental para garantizar la continuidad del negocio y evitar sanciones. Con la debida preparación y cumplimiento, las empresas pueden seguir beneficiándose del outsourcing, optimizando sus operaciones y asegurando un entorno laboral justo y equitativo para todos.

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El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Isaac Fragozo López, aseguró que se avanza en la implementación de la reforma laboral que inició el 27 de abril en Baja California. 

"El promedio que hemos tenido en todos los estados que hemos tenido en el país son seis meses máximo, no son los juicios eternos que de los trabajadores que han durado en las juntas de conciliación hasta años aquí todos han durado de seis a siete meses", expresó Fragozo.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Arregui Ibarra, dijo durante su intervención que se busca incrementar el número de conciliadores conforme avance dicha reforma. 

Hasta el momento cuentan con cinco centros de conciliación en el estado y se contempla habilitar en los municipios de Rosarito, San Quintín y San Felipe.

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Autoridades entrantes de Baja California solicitaron al Gobierno Federal una prórroga de 90 días el inicio de la reforma laboral en el Estado; el arranque de los cambios era pura ficción, por parte de las autoridades salientes, encabezadas por Jaime Bonilla, ya que en realidad no hay recursos para llevarla a cabo: ni económicos, materiales ni de contratación para el personal necesario. 

La noche de este martes se hizo del conocimiento al personal jurídico y administrativo de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, así como de abogados, usuarios, litigantes y público en general que “SE PRORROGA 90 DÍAS EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL EN BAJA CALIFORNIA”, lo anterior derivado de las reformas legales aprobadas por el Congreso del 

Estado de Baja California, y por acuerdo del Grupo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Baja California. 

Lo anterior en complemento del oficio número STPS/UERSJL/1080/2021 de fecha dos de noviembre del 2021, emitido por el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, en atención a la solicitud de prórroga solicitado por acuerdo emitido por el Grupo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Baja California, por lo que la autoridad federal, determinó extender la entrada en funciones del Centro de Conciliación Laboral y en consecuencia el de los Tribunales Laborales pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Baja California por un plazo de 90 días.

Con la reforma laboral federal, el 1 de agosto concluye el outsourcing en México, con lo que se busca proteger al trabajador y se asegure obtengan todos sus beneficios, y acabar con la defraudación fiscal, teniendo como máximo las empresas, 90 días de prórroga para regularizarse.

Así lo expresó Cruz Manuel Rejón Sánchez, socio director de RBL corporativo ante los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde mencionó que así de agresiva viene la reforma, en la que de no permitir como empresa la inspección y vigilancia podría ser sancionada por un monto desde los 22 mil hasta los 448 mil pesos; y en caso de continuar subcontratando de manera prohibida, para ambos la sanción puede ser desde los 179 mil pesos hasta los 4 millones 481 mil pesos.

Explicó que el esquema outsourcing, consiste en contratar a otra persona o empresa que se especializa en un área que no tiene la primera, sin embargo, esto dio pie a un abuso al no dar beneficios, cuotas de seguridad social o incluso se ha utilizados en operaciones inexistentes, lo que deriva en el delito de defraudación fiscal, e incluso hasta de carácter penal.

Al concluir el outsourcing, se brindará protección al trabajador al obtener todos sus beneficios incluyendo su antigüedad, y se acabará con la defraudación fiscal; en tanto las empresas contarán con una prórroga de hasta 90 días para regularizarse, es decir, contratar como sus empleados a quienes brindaban sus servicios especializados.

Rejón Sánchez reconoció que con esta reforma, las personas que brindan servicios que podrían salir más afectados serían por mencionar un ejemplo, el sector gastronómico, aquellos que laboran como meseros, mientras que el industrial no tanto, ya que desde su inicio tenía varios candados que les impedía utilizar el outsourcing. 

Con 118 votos a favor y 2 abstenciones, el Senado de la República aprobó la nueva regulación del outsourcing y prohibir la subcontratación ilegal a través de agencias de empleo, en lo que consideraron es el resultado de un amplio proceso de diálogo sostenido durante meses entre los legisladores, el gobierno federal y el sector empresarial.

A partir de esta reforma, las empresas ya no podrán subcontratar a trabajadores para realizar labores permanentes, y el outsourcing sólo estará permitido para tareas especializadas o temporales, es decir que no formen parte de las labores esenciales y permanentes.

Se reconocerán las obligaciones fiscales de las empresas y quedará prohibido que el gobierno federal subcontrate personal, más que para servicios especializados y siempre que el contratista esté registrado.

Se propone la prohibición de la subcontratación de personal y quienes intervengan en el proceso de contratación bajo la modalidad de agencias de empleo o intermediarias, que no tendrán la calidad de patrones y sólo podrán participar en los procesos de reclutamiento.

"Solamente se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas con la obligación de que el contratista esté registrado ante la Secretaría de Trabajo, en el padrón constituido para tal efecto", dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado al argumentar a favor de las reformas.

"La reforma tiene la finalidad de robustecer el empleo, la figura de la subcontratación laboral y eliminar diversas prácticas que producen una verdadera afectación a los derechos laborales de los trabajadores, permitiendo atender las necesidades de las empresas para que estas mantengan sus esquemas de producción y prestación de servicios".

La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) dijo que para el sector público, la aprobación del presente dictamen contribuirá fortalecer las finanzas públicas, porque las empresas se verán obligadas a pagar impuestos y la seguridad social de sus trabajadores; para el sector privado, se traducirá en certidumbre jurídica, que les permitirá mantener la subcontratación.

"La subcontratación le permite a las empresas hacer más eficientes sus procesos productivos, facilitar el manejo del personal y el pago de impuestos, también es cierto que este esquema se convirtió en una salida fácil de algunas empresas para evadir sus responsabilidades fiscales, sus obligaciones en materia laboral y los compromisos con la seguridad social. En la mayoría de los casos, estar contratado bajo este esquema significa tener menos salario, menos prestaciones e interrupción de la antigüedad", dijo. 

Una de las críticas que hicieron senadores de la oposición, en específico de MC es que además de aprobar esta ley para regular el outsourcing, el Senado contrate y dé seguridad laboral a los trabajadores de limpieza y ayudantía que están subcontratados en la Cámara Alta.

"Aquí tenemos trabajadores de limpieza y en el Valet Parking que paradójicamente están contratados bajo el esquema de outsourcing, Movimiento Ciudadano exige seguridad laboral para estos trabajadores", pidió Juan Zepeda.

PAN, es que la reforma que se aprobó hoy en el Senado de la República, se hicieron distingos y se le dieron beneficios al gobierno federal con un plazo más largo de adaptación, hasta el 1 de enero de 2022, para que se le aplique la reforma.

"Al sector privado no se le dan estos beneficios, le reduce a tres meses su entrada en vigor. No estamos de acuerdo", dijo el senador por Chihuahua, Gustavo Madero.

"O reducimos para el gobierno a 3 meses la entrada en vigor a esta nueva disposición o la ampliamos al sector privado porque todos tienen que hacer un esfuerzo similar".