La subcontratación o outsourcing sigue siendo una forma de abuso o explotación en contra de los trabajadores mexicanos, quienes bajo este régimen de contratación pierden sus derechos, sobre todo porque no está claro qué se considera como tal, es importante definir esta actividad en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Cabe recordar que el outsoursing es una práctica empresarial, vendría siendo una subcontratación, externalización o tercerización que trae beneficio a los patrones porque supuestamente reduce costos de manufactura y equipo, entre otros aspectos, pero en México los beneficia por la evasión de impuestos de estas empresas.

La Cámara de Diputados ya se pronunció en contra de esta práctica, sin embargo, las reformas a la nueva Ley Federal del Trabajo no esclarecieron cómo se regulará esta actividad, pero sí se enfoca en materias como conciliación, resolución de conflictos y sindicatos.

Los diputados aprobaron esta ley en días recientes con 417 votos a favor, uno en contra y 29 abstenciones. El aval en lo particular fue por 258 votos a favor, 67 en contra y 18 abstenciones.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano detalla que hay 4.9 millones de mexicanos que están contratados por outsourcing, esta actividad implica también la evasión de impuestos, uno de los principales objetivos de los patrones. Según cifras de un estudio encargado al Departamento de Estadística Matemática y Cómputo de la Universidad Autónoma de Chapingo por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se está evadiendo el 3.39 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) recaudado en 2017.

En "Evasión en sueldos y salarios", como se titula la investigación, se indica que son los corporativos, servicios educativos y empresas de información en medios masivos, los principales evasores al fisco. Les sigue el propio gobierno y organismos internacionales. El monto promedio de evasión va de 6 mil a 8 mil 198 pesos anuales por trabajador. 

Las empresas dan la vuelta a obligaciones y responsabilidades laborales, como el registro de trabajadores ante el IMSS, Infonavit y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), también evaden el pago de utilidades y todos son derechos que se leen en la LFT vigente.

El outsourcing, o subcontratación, ha sido denominado como una herramienta clave para muchas empresas en México y en todo el mundo, ya que ofrece una solución. Esto permite a las organizaciones externalizar ciertas funciones en menos tiempo, optimizando costos y enfocándose en la actividad principal. Sin embargo, sabemos que en años recientes, este modelo ha estado en revisión y cambio de normativa, especialmente en países como México.

Qué es el outsourcing

Antes de enfocarnos en las nuevas reglas del outsourcing, es fundamental entender qué es el outsourcing y para qué sirve. Este término se refiere a la práctica de contratar a una tercera parte para llevar a cabo tareas, servicios o procesos que, tradicionalmente, podrían ser realizados por empleados ya contratados. El outsourcing puede cubrir diversas áreas, incluyendo recursos humanos, contabilidad, atención al cliente, logística y mucho más.

El outsourcing ofrece múltiples beneficios, tales como:

Enfoque en el core business: permite a las organizaciones concentrarse en su actividad principal, dejando tareas secundarias a expertos externos.

Acceso a especialización: las empresas pueden beneficiarse de la experiencia y habilidades de proveedores especializados en áreas específicas.

Reducción de costos: al externalizar ciertas funciones, las empresas pueden ahorrar en salarios, beneficios y gastos generales.

Sin embargo, con la reciente reforma legal, también han surgido nuevos desafíos y responsabilidades que las empresas deben considerar.

Las nuevas reglas del outsourcing en México

Sabemos que en 2020, el gobierno mexicano publicó una reforma a la ley federal del trabajo que sin duda impacta la práctica del outsourcing. La idea de este cambio es garantizar la protección de los derechos laborales y erradicar prácticas que eran consideradas abusivas. Muchas personas alegan que estos cambios son justificados y protegen al trabajador, pero por otro lado también disminuye la posibilidad de ser contratado.

Conoce las principales reglas que deben seguir las empresas que opten por esta modalidad.

Permiso para la subcontratación de servicios especializados

A pesar de la prohibición mencionada, la ley permite la subcontratación de servicios especializados, siempre que no formen parte del objeto social de la empresa. Estos servicios deben ser claramente definidos, y las empresas que optan por esta modalidad deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Sabemos que las empresas que contratan servicios especializados son responsables solidarias de las obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores que realicen funciones relacionadas con esos servicios. Esto implica que, en caso de incumplimiento por parte de la empresa contratista, la empresa que contrata puede ser requerida para cumplir con las obligaciones laborales, tales como salarios, prestaciones y seguridad social.

Registro de contratistas

Las empresas que deseen subcontratar servicios especializados deben registrar a sus proveedores ante la STPS. Este registro busca garantizar que los contratistas cumplen con las obligaciones fiscales y laborales, y que sus trabajadores cuentan con los derechos correspondientes.

Las empresas están obligadas a mantener una documentación clara y transparente sobre las relaciones de outsourcing. Esto incluye contratos que especifiquen los servicios a prestar, así como la identificación de los trabajadores involucrados. La falta de documentación adecuada puede llevar a sanciones y multas.

Sanciones por incumplimiento

La reforma establece sanciones severas para aquellas empresas que incumplan con las nuevas regulaciones. Las multas pueden ser significativas, y las empresas también pueden enfrentar demandas laborales si se determina que han violado los derechos de los trabajadores.

Revisión de contratos

Las empresas deben revisar todos sus contratos de outsourcing y asegurarse de que cumplan con las nuevas regulaciones. Esto incluye la actualización de contratos existentes para reflejar la prohibición de subcontratación de personal y la necesidad de registrar a los proveedores ante la STPS.

Es esencial que las empresas capaciten a sus equipos sobre las nuevas disposiciones legales. La falta de conocimiento puede llevar a incumplimientos y sanciones. La capacitación debe incluir aspectos sobre derechos laborales y la importancia de cumplir con las obligaciones de seguridad social.

Las organizaciones deben evaluar a sus proveedores de servicios especializados para asegurarse de que cumplen con las regulaciones laborales y fiscales. Esto incluye verificar que sus trabajadores estén debidamente registrados y que se les brinden todas las prestaciones correspondientes.

Estrategia de recursos humanos

Sabemos que las empresas pueden considerar ajustar sus estrategias de recursos humanos para adaptarse a las nuevas reglas que cada país tenga. Esto puede incluir la incorporación de nuevo personal para que realicen tareas que anteriormente se externalizaban, o la búsqueda de proveedores que puedan ofrecer servicios especializados de acuerdo con la nueva legislación.

Aunque la reforma busca proteger los derechos de los trabajadores y erradicar prácticas abusivas, también impone nuevas responsabilidades y desafíos para las organizaciones.

Adaptarse a este nuevo marco legal es fundamental para garantizar la continuidad del negocio y evitar sanciones. Con la debida preparación y cumplimiento, las empresas pueden seguir beneficiándose del outsourcing, optimizando sus operaciones y asegurando un entorno laboral justo y equitativo para todos.

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Con la reforma laboral federal, el 1 de agosto concluye el outsourcing en México, con lo que se busca proteger al trabajador y se asegure obtengan todos sus beneficios, y acabar con la defraudación fiscal, teniendo como máximo las empresas, 90 días de prórroga para regularizarse.

Así lo expresó Cruz Manuel Rejón Sánchez, socio director de RBL corporativo ante los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde mencionó que así de agresiva viene la reforma, en la que de no permitir como empresa la inspección y vigilancia podría ser sancionada por un monto desde los 22 mil hasta los 448 mil pesos; y en caso de continuar subcontratando de manera prohibida, para ambos la sanción puede ser desde los 179 mil pesos hasta los 4 millones 481 mil pesos.

Explicó que el esquema outsourcing, consiste en contratar a otra persona o empresa que se especializa en un área que no tiene la primera, sin embargo, esto dio pie a un abuso al no dar beneficios, cuotas de seguridad social o incluso se ha utilizados en operaciones inexistentes, lo que deriva en el delito de defraudación fiscal, e incluso hasta de carácter penal.

Al concluir el outsourcing, se brindará protección al trabajador al obtener todos sus beneficios incluyendo su antigüedad, y se acabará con la defraudación fiscal; en tanto las empresas contarán con una prórroga de hasta 90 días para regularizarse, es decir, contratar como sus empleados a quienes brindaban sus servicios especializados.

Rejón Sánchez reconoció que con esta reforma, las personas que brindan servicios que podrían salir más afectados serían por mencionar un ejemplo, el sector gastronómico, aquellos que laboran como meseros, mientras que el industrial no tanto, ya que desde su inicio tenía varios candados que les impedía utilizar el outsourcing. 

 De acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tijuana lidera la creación de empleos. En marzo del 2021 se tienen registrados un total de 559 mil 548 trabajadores asegurados, lo que se traduce en un incremento de 33 mil 989 puestos más, en comparación con el mismo mes del 2020. 

Ante los estragos que aún se viven por la pandemia, dicho incremento se suma al plan de reactivación económica en el que autoridades municipales han trabajado de manera constante durante los últimos meses que involucran además salud, educación, seguridad, turismo y movilidad.

Con base en las cifras de la dependencia de seguridad social, la ciudad fronteriza se posiciona como el mejor municipio en el Estado de Baja California para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos, lo que podría generar atracción de inversiones tanto nacional como extranjera.

El reporte estima que la cifra arrojada por el IMSS representa el 59 por ciento del total de empleos en el Estado, lo que también se ve reflejado por el registro de los 348 patrones. A la fecha, el número en la ciudad asciende a 19 mil 074 registros. 

Los datos del Instituto revelan que la Zona Metropolitana de Tijuana, donde se incluyen a los municipios de Playas de Rosarito y Tecate, registra un total de 600 mil 734 puestos, representado el 62.9 por ciento de la entidad. En la creación de empleos Mexicali registra a marzo del 2021 un total de 239 mil 388 trabajadores; seguido de Ensenada con 115 mil 300; Tecate con 26 mil 843 y Playas de Rosarito con 14 mil 343.

Con 118 votos a favor y 2 abstenciones, el Senado de la República aprobó la nueva regulación del outsourcing y prohibir la subcontratación ilegal a través de agencias de empleo, en lo que consideraron es el resultado de un amplio proceso de diálogo sostenido durante meses entre los legisladores, el gobierno federal y el sector empresarial.

A partir de esta reforma, las empresas ya no podrán subcontratar a trabajadores para realizar labores permanentes, y el outsourcing sólo estará permitido para tareas especializadas o temporales, es decir que no formen parte de las labores esenciales y permanentes.

Se reconocerán las obligaciones fiscales de las empresas y quedará prohibido que el gobierno federal subcontrate personal, más que para servicios especializados y siempre que el contratista esté registrado.

Se propone la prohibición de la subcontratación de personal y quienes intervengan en el proceso de contratación bajo la modalidad de agencias de empleo o intermediarias, que no tendrán la calidad de patrones y sólo podrán participar en los procesos de reclutamiento.

"Solamente se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas con la obligación de que el contratista esté registrado ante la Secretaría de Trabajo, en el padrón constituido para tal efecto", dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado al argumentar a favor de las reformas.

"La reforma tiene la finalidad de robustecer el empleo, la figura de la subcontratación laboral y eliminar diversas prácticas que producen una verdadera afectación a los derechos laborales de los trabajadores, permitiendo atender las necesidades de las empresas para que estas mantengan sus esquemas de producción y prestación de servicios".

La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) dijo que para el sector público, la aprobación del presente dictamen contribuirá fortalecer las finanzas públicas, porque las empresas se verán obligadas a pagar impuestos y la seguridad social de sus trabajadores; para el sector privado, se traducirá en certidumbre jurídica, que les permitirá mantener la subcontratación.

"La subcontratación le permite a las empresas hacer más eficientes sus procesos productivos, facilitar el manejo del personal y el pago de impuestos, también es cierto que este esquema se convirtió en una salida fácil de algunas empresas para evadir sus responsabilidades fiscales, sus obligaciones en materia laboral y los compromisos con la seguridad social. En la mayoría de los casos, estar contratado bajo este esquema significa tener menos salario, menos prestaciones e interrupción de la antigüedad", dijo. 

Una de las críticas que hicieron senadores de la oposición, en específico de MC es que además de aprobar esta ley para regular el outsourcing, el Senado contrate y dé seguridad laboral a los trabajadores de limpieza y ayudantía que están subcontratados en la Cámara Alta.

"Aquí tenemos trabajadores de limpieza y en el Valet Parking que paradójicamente están contratados bajo el esquema de outsourcing, Movimiento Ciudadano exige seguridad laboral para estos trabajadores", pidió Juan Zepeda.

PAN, es que la reforma que se aprobó hoy en el Senado de la República, se hicieron distingos y se le dieron beneficios al gobierno federal con un plazo más largo de adaptación, hasta el 1 de enero de 2022, para que se le aplique la reforma.

"Al sector privado no se le dan estos beneficios, le reduce a tres meses su entrada en vigor. No estamos de acuerdo", dijo el senador por Chihuahua, Gustavo Madero.

"O reducimos para el gobierno a 3 meses la entrada en vigor a esta nueva disposición o la ampliamos al sector privado porque todos tienen que hacer un esfuerzo similar".