La subcontratación o outsourcing sigue siendo una forma de abuso o explotación en contra de los trabajadores mexicanos, quienes bajo este régimen de contratación pierden sus derechos, sobre todo porque no está claro qué se considera como tal, es importante definir esta actividad en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Cabe recordar que el outsoursing es una práctica empresarial, vendría siendo una subcontratación, externalización o tercerización que trae beneficio a los patrones porque supuestamente reduce costos de manufactura y equipo, entre otros aspectos, pero en México los beneficia por la evasión de impuestos de estas empresas.

La Cámara de Diputados ya se pronunció en contra de esta práctica, sin embargo, las reformas a la nueva Ley Federal del Trabajo no esclarecieron cómo se regulará esta actividad, pero sí se enfoca en materias como conciliación, resolución de conflictos y sindicatos.

Los diputados aprobaron esta ley en días recientes con 417 votos a favor, uno en contra y 29 abstenciones. El aval en lo particular fue por 258 votos a favor, 67 en contra y 18 abstenciones.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano detalla que hay 4.9 millones de mexicanos que están contratados por outsourcing, esta actividad implica también la evasión de impuestos, uno de los principales objetivos de los patrones. Según cifras de un estudio encargado al Departamento de Estadística Matemática y Cómputo de la Universidad Autónoma de Chapingo por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se está evadiendo el 3.39 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) recaudado en 2017.

En "Evasión en sueldos y salarios", como se titula la investigación, se indica que son los corporativos, servicios educativos y empresas de información en medios masivos, los principales evasores al fisco. Les sigue el propio gobierno y organismos internacionales. El monto promedio de evasión va de 6 mil a 8 mil 198 pesos anuales por trabajador. 

Las empresas dan la vuelta a obligaciones y responsabilidades laborales, como el registro de trabajadores ante el IMSS, Infonavit y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), también evaden el pago de utilidades y todos son derechos que se leen en la LFT vigente.

Con la reforma laboral federal, el 1 de agosto concluye el outsourcing en México, con lo que se busca proteger al trabajador y se asegure obtengan todos sus beneficios, y acabar con la defraudación fiscal, teniendo como máximo las empresas, 90 días de prórroga para regularizarse.

Así lo expresó Cruz Manuel Rejón Sánchez, socio director de RBL corporativo ante los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde mencionó que así de agresiva viene la reforma, en la que de no permitir como empresa la inspección y vigilancia podría ser sancionada por un monto desde los 22 mil hasta los 448 mil pesos; y en caso de continuar subcontratando de manera prohibida, para ambos la sanción puede ser desde los 179 mil pesos hasta los 4 millones 481 mil pesos.

Explicó que el esquema outsourcing, consiste en contratar a otra persona o empresa que se especializa en un área que no tiene la primera, sin embargo, esto dio pie a un abuso al no dar beneficios, cuotas de seguridad social o incluso se ha utilizados en operaciones inexistentes, lo que deriva en el delito de defraudación fiscal, e incluso hasta de carácter penal.

Al concluir el outsourcing, se brindará protección al trabajador al obtener todos sus beneficios incluyendo su antigüedad, y se acabará con la defraudación fiscal; en tanto las empresas contarán con una prórroga de hasta 90 días para regularizarse, es decir, contratar como sus empleados a quienes brindaban sus servicios especializados.

Rejón Sánchez reconoció que con esta reforma, las personas que brindan servicios que podrían salir más afectados serían por mencionar un ejemplo, el sector gastronómico, aquellos que laboran como meseros, mientras que el industrial no tanto, ya que desde su inicio tenía varios candados que les impedía utilizar el outsourcing. 

 De acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tijuana lidera la creación de empleos. En marzo del 2021 se tienen registrados un total de 559 mil 548 trabajadores asegurados, lo que se traduce en un incremento de 33 mil 989 puestos más, en comparación con el mismo mes del 2020. 

Ante los estragos que aún se viven por la pandemia, dicho incremento se suma al plan de reactivación económica en el que autoridades municipales han trabajado de manera constante durante los últimos meses que involucran además salud, educación, seguridad, turismo y movilidad.

Con base en las cifras de la dependencia de seguridad social, la ciudad fronteriza se posiciona como el mejor municipio en el Estado de Baja California para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos, lo que podría generar atracción de inversiones tanto nacional como extranjera.

El reporte estima que la cifra arrojada por el IMSS representa el 59 por ciento del total de empleos en el Estado, lo que también se ve reflejado por el registro de los 348 patrones. A la fecha, el número en la ciudad asciende a 19 mil 074 registros. 

Los datos del Instituto revelan que la Zona Metropolitana de Tijuana, donde se incluyen a los municipios de Playas de Rosarito y Tecate, registra un total de 600 mil 734 puestos, representado el 62.9 por ciento de la entidad. En la creación de empleos Mexicali registra a marzo del 2021 un total de 239 mil 388 trabajadores; seguido de Ensenada con 115 mil 300; Tecate con 26 mil 843 y Playas de Rosarito con 14 mil 343.

Con 118 votos a favor y 2 abstenciones, el Senado de la República aprobó la nueva regulación del outsourcing y prohibir la subcontratación ilegal a través de agencias de empleo, en lo que consideraron es el resultado de un amplio proceso de diálogo sostenido durante meses entre los legisladores, el gobierno federal y el sector empresarial.

A partir de esta reforma, las empresas ya no podrán subcontratar a trabajadores para realizar labores permanentes, y el outsourcing sólo estará permitido para tareas especializadas o temporales, es decir que no formen parte de las labores esenciales y permanentes.

Se reconocerán las obligaciones fiscales de las empresas y quedará prohibido que el gobierno federal subcontrate personal, más que para servicios especializados y siempre que el contratista esté registrado.

Se propone la prohibición de la subcontratación de personal y quienes intervengan en el proceso de contratación bajo la modalidad de agencias de empleo o intermediarias, que no tendrán la calidad de patrones y sólo podrán participar en los procesos de reclutamiento.

"Solamente se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas con la obligación de que el contratista esté registrado ante la Secretaría de Trabajo, en el padrón constituido para tal efecto", dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado al argumentar a favor de las reformas.

"La reforma tiene la finalidad de robustecer el empleo, la figura de la subcontratación laboral y eliminar diversas prácticas que producen una verdadera afectación a los derechos laborales de los trabajadores, permitiendo atender las necesidades de las empresas para que estas mantengan sus esquemas de producción y prestación de servicios".

La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) dijo que para el sector público, la aprobación del presente dictamen contribuirá fortalecer las finanzas públicas, porque las empresas se verán obligadas a pagar impuestos y la seguridad social de sus trabajadores; para el sector privado, se traducirá en certidumbre jurídica, que les permitirá mantener la subcontratación.

"La subcontratación le permite a las empresas hacer más eficientes sus procesos productivos, facilitar el manejo del personal y el pago de impuestos, también es cierto que este esquema se convirtió en una salida fácil de algunas empresas para evadir sus responsabilidades fiscales, sus obligaciones en materia laboral y los compromisos con la seguridad social. En la mayoría de los casos, estar contratado bajo este esquema significa tener menos salario, menos prestaciones e interrupción de la antigüedad", dijo. 

Una de las críticas que hicieron senadores de la oposición, en específico de MC es que además de aprobar esta ley para regular el outsourcing, el Senado contrate y dé seguridad laboral a los trabajadores de limpieza y ayudantía que están subcontratados en la Cámara Alta.

"Aquí tenemos trabajadores de limpieza y en el Valet Parking que paradójicamente están contratados bajo el esquema de outsourcing, Movimiento Ciudadano exige seguridad laboral para estos trabajadores", pidió Juan Zepeda.

PAN, es que la reforma que se aprobó hoy en el Senado de la República, se hicieron distingos y se le dieron beneficios al gobierno federal con un plazo más largo de adaptación, hasta el 1 de enero de 2022, para que se le aplique la reforma.

"Al sector privado no se le dan estos beneficios, le reduce a tres meses su entrada en vigor. No estamos de acuerdo", dijo el senador por Chihuahua, Gustavo Madero.

"O reducimos para el gobierno a 3 meses la entrada en vigor a esta nueva disposición o la ampliamos al sector privado porque todos tienen que hacer un esfuerzo similar".

Las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron sin cambios el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, entre otras, para prohibir el outsourcing o subcontratación laboral tanto en la administración pública como en el sector privado. 

Avalado con 25 votos a favor y dos abstenciones del grupo parlamentario del PAN, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el pleno.

“Así que este cambio revierte y termina con modelo perverso, insensible, diseñado sin considerar las necesidades sociales; yo diría, compañeras y compañeros senadores, fuera de protagonismos, de oportunismos, del desconocimiento de los objetivos y fines últimos de esta reforma, lo que hoy estamos aprobando es histórico, corrige el rumbo y ahora será el rumbo precisamente de la justicia, del bienestar, de la dignidad para todos los trabajadores y para todos los mexicanos”, puntualizó el morenista Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo.

 En su turno, al fundamentar el voto de su bancada en abstención, el coordinador panista Erandi Bermúdez propuso aplazar la entrada en vigor de la reforma hasta enero de 2022, con el fin de garantizar el respeto a los derechos adquiridos de trabajadores y empleadores.

 La reforma aprobada ya por la Cámara de Diputados prohíbe la subcontratación de personal, entendida como el acto en que una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, salvo en el caso de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria.

 Prevé asimismo multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (de 179 mil 240 a 4 millones 481 mil pesos) a quien realice subcontratación de personal o preste servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente. 

El proyecto considera la creación de un padrón público de empresas dedicadas a la subcontratación de personal de servicio especializados. “Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social”, establece. Entre otros aspectos destaca igualmente el “tope” a la participación de utilidades con un límite máximo de tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

 Las empresas que actualmente operan bajo el régimen de subcontratación laboral contarán con un plazo de 90 días naturales para la sustitución patronal y migración de trabajadores, siempre y cuando la empresa destino reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad, ante las instancias legales correspondientes.