En la primera quincena de junio de 2019, el 73.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con los resultados del vigésimo cuarto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dicha cifra es ligeramente inferior al 74.6% reportado en marzo de 2019 y menor al 75.9% registrado en junio de 2018. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 78.7%, mientras que para los hombres fue de 68.2%.

Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Ecatepec con 97.4%; Coatzacoalcos, 94.3%; Naucalpan, 94.0%; Villahermosa, 92.4%; Tapachula, 92.3%; y Uruapan, con 88.9%.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, con 18.9%; Mérida, 30.2%; San Nicolás de los Garza, 31.5%; Los Cabos, 36.1%; Durango, 40.8%; y Puerto Vallarta, 43.1%.

A partir de junio de 2018, con el objetivo de proporcionar un dato oportuno sobre la victimización, se busca conocer de manera semestral la proporción de hogares en zonas urbanas víctima o con integrantes mayores de 18 años víctima de los delitos de robo y/o extorsión. Asimismo, a partir de junio de 2019 se busca conocer el porcentaje de víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública.

Así, a nivel nacional, 34.9% de los hogares contaron con al menos una víctima de robo y/o extorsión durante el primer semestre de 2019. Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron: Atizapán con 62.7, Chimalhuacán, 59.5; León, 58.3; Cuautitlán, 54.9; y Ecatepec, 54.4%.

Por otro lado, las ciudades con menor porcentaje de hogares victimizados fueron: Tampico con 10.8%; Los Mochis, 16.5; San Francisco de Campeche, 17.8; San Pedro Garza García, 18.2%; y Los Cabos 19%.

En cuanto a las víctimas de actos de corrupción, durante el primer semestre de 2019 se estima que el 15.5% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, de los cuales 47.3% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de éstos.

Un anciano de aproximadamente 65 años fue “molido” a golpes por un sujeto quien alegaba que el señor de la tercera edad le había ganado la colecta de unos botes de aluminio.

Con un tubo, el sujeto de aproximadamente 30 años arremetió contra el anciano hasta dejarlo inconsciente y sobre un tramo de terracería.

Testigos señalan que la policía municipal demoró 30 minutos en llegar al lugar de los hechos, y media hora después, la Cruz Roja se presentó para la atención al anciano.

De acuerdo con vecinos, en anciano se gana la vida juntando botes, limpiando terrenos y en trabajos de albañilería. 

La brutal golpiza ocurrió en la delegación La Presa Este, en el ejido Francisco Villa

Se desconoce el estado de salud del adulto mayor. Tampoco se tiene reporte de algún detenido por este lamentable hecho.

Como algo inusual, la inseguridad y la delincuencia alcanzan en Baja California alcanzan a norteamericanos. Una pareja de adultos mayores murió y un bombero de Los Ángeles está desparecido, con mal pronóstico en cuanto a su sobrevivencia. 

De acuerdo a información del Departamento de Policía de San Diego, se confirmó que los cuerpos encontrados en un pozo en un poblado de San Quintín, corresponden a Ian Hirschson de 78 años y Kathy Harvey de 73, pareja de norteamericanos que vacacionaba en la zona sur de Ensenada.

Aunque las autoridades locales no han confirmado los hechos, trascendió que la pareja se hospedaba en una casa del Ejido El Socorrito a 200 millas al sur de San Quintín.

El caso del bombero, investigado por la Fiscalía general del estado de Baja California refiere que el pasado tres de septiembre, Frank Aguilar, un bombero veterano de Los Ángeles, desapareció hace dos semanas en Rosarito, Baja California, durante un viaje. 

El alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti dijo en conferencia este miércoles que Aguilar “pudo haber sido víctima de un secuestro violento”, por lo que pidió a los involucrados “liberarlo”.

De estos temas, ya tomó nota el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, para conocer el avance de las investigaciones.

A pesar de que siete de cada diez adultos mayores en México reciben ingresos por pensión por jubilación o por programas sociales, esto no ha sido suficiente para erradicar la pobreza entre esta población, advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En México 7.2 millones de 10.4 millones de personas de 65 años o más recibieron ingresos por pensión (por jubilación o programas sociales) en 2018. Sin embargo, la condición de recibirla no fue suficiente para erradicar la pobreza entre este grupo, ya que 38.3% de esta población se encontraba en pobreza y cerca de la mitad (47.6%) no contó con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

En el marco del día de la población adulta mayor, el Consejo presentó el documento Pobreza y Personas Mayores en México, en el cual se identifican características demográficas, sociales, económicas y se analizan los principales factores que influyen en su situación de pobreza y de vulnerabilidad.

El alto número de personas de 65 años o más con ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas o sin acceso a pensión por jubilación (contributiva) ha vuelto imprescindible la creación de programas sociales contra la pobreza en la vejez. Estos programas son financiados con recursos fiscales provenientes de impuestos generales y se conocen como pensiones no contributivas.

La población adulta mayor experimenta, en promedio, menos carencias sociales que el resto de las personas; sin embargo, la desigualdad en el ingreso provoca que haya ciertos sectores con mayor incidencia de pobreza, por ejemplo, quienes no reciben ingresos de pensión por jubilación.

Las mujeres en edad avanzada ameritan especial atención, ya que son más propensas a carecer de pensión por jubilación y depender de los apoyos de pensión vía programas sociales.

En 2019, se implementaron cambios al programa ahora denominado Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El principal cambio fue duplicar el monto de la pensión, lo que significó un aumento en el ingreso de la población beneficiaria. Sin embargo, es necesario fortalecer acciones de participación comunitaria del programa y de protección social, así como el acceso a los servicios de salud.

El Coneval recomienda que se lleven a cabo acciones que mejoren las condiciones laborales de este grupo de población, ya sea con subsidios al empleo o mediante una mayor incorporación de este grupo a programas de pensión por programas sociales.

En opinión del Consejo, es importante modificar el Sistema de Ahorro para el Retiro, asegurar mayores aportaciones obrero-patronales y contar con mecanismos que garanticen un ingreso mayor a lo mínimo necesario para la población mayor.

Asimismo, es necesaria la expansión del mercado laboral formal y la extensión de cobertura de seguridad social a quienes trabajan en el sector informal, pues es crucial que la población ocupada cuente con opciones atractivas y viables de ahorro para el retiro y que, con esto, sean más personas que cuenten con seguridad social y pensión.

La construcción de políticas para garantizar el acceso a derechos de la población mayor enfrenta algunos desafíos, advierte el Coneval. En primer lugar, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y el acceso a derechos sociales de la población y, al mismo tiempo, anticipar las condiciones que enfrentará la población joven que se retirará con el régimen actual, y encontrar medidas de protección social mínima, que deberán contar con medidas suficientes y sostenibles para su financiamiento.

Aproximadamente dos mil adultos mayores del programa "Grandes Platos" continuarán recibiendo tres comidas gratis al día hasta el 9 de septiembre.

Este programa inició a mediados de mayo, a través de una colaboración entre el condado y los restaurantes locales con el propósito de ayudar a los adultos mayores, que tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 y de esta manera evitar que salgan a restaurantes o al supermercado a comprar comida.

Actualmente son 31 restaurantes del Condado que están entregando comidas a las personas mayores inscritas, además el condado está reembolsando a los restaurantes el costo de la comida, la mano de obra y los gastos imprevistos, utilizando una combinación de fondos proporcionados por FEMA, el estado y el Condado.

Cabe mencionar que está en proceso de desarrollar “Grandes platos 2.0” que se enfocará en servir a las personas con discapacidades, además contratarán más restaurantes locales para el nuevo programa, del que estará en las próximas semanas.

Desde el inicio de la gestión de Jaime Bonilla el pasado 1 de noviembre de 2019 y hasta el 30 de junio de 2020 han muerto mil 687 personas, y de no cambiarse la tendencia estadística, ni tomar nuevas y efectivas acciones preventivas, 5 mil 88 bajacalifornianos serán víctimas de la violencia y perderán la vida a causa de algún homicidio doloso en lo que resta de la administración.

De acuerdo con estadísticas proporcionadas por la Fiscalía General del Estado, en los primero dos meses de la administración estatal se registraron 389 homicidios. A 242 días (hasta el 30 de junio) la cifra llegó a mil 687.

Desde el 1 de julio de 2020 a la fecha, la Fiscalía General del Estado no ha proporcionado cifras de homicidios dolosos, sin embargo, de continuar con la tendencia, la cifra a fin de año llegaría a dos mil 596 muertes.

Durante el mismo lapso que gobernó Francisco Vega de Lamadrid en comparación con el que estará Bonilla en el cargo, 4 mil 712 muertes ocurrieron bajo el mando de “Kiko”, es decir casi 400 muertes más ocurrirían con el morenista en el cargo.