Como parte de la transición en el Gobierno del Estado, Tirso Liévano Hernández fue presentado como responsable de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio en la entidad para llevar a cabo los trabajos correspondientes a este cambio de administración.

Este día, Liévano Hernández en compañía del titular del RPPC, José Antonio Araiza Regalado iniciaron los trabajos de intercambio de información en las oficinas ubicadas en Centro de Gobierno de Tijuana, esto tras la reunión encabezada por Amador Rodríguez Lozano como responsable de la transición y el secretario de Gobierno Francisco Rueda en la que acordaron realizar una “transición tersa”.

Por su parte, Araiza Regalado mencionó que la idea es que vayan conociendo el sistema de la Dirección que ha dirigido, principalmente en el área jurídica como lo son las leyes civiles y mercantiles para dar certeza y seguridad, Liévano se mostró interesado en los trabajos de digitalización que han venido realizando en más de 52 millones de copias de documentos, con una inversión de 58 millones de pesos para este rubro.

Además el responsable de la transición en el RPPC se comprometió a seguir de cerca los trabajos de la referida digitalización para que cuando inicie el nuevo gobierno no se vea afectada la atención al público que acude a realizar sus trámites ante esa oficina.

“La instrucción del Gobernador Electo y el responsable de la transición es que no se vean afectados los servicios a la ciudadanía con el cambio de gobierno”, refirió Liévano sobre los trabajos que iniciaron en la dirección del RPPC.

Ciudadanos responden con quejas al Gobierno del Estado. Se niegan a atender sin cita en recaudación de rentas.

Denuncia Ciudadana: María Josefina.

No hay citas para licencia, estoy ahora mismo en Tijuana en las oficinas de vía rápida y se niegan a atender personas sin cita, ¡¡para colmo no hay sistema!! Tercera vez que intento hacer renovación. Y el teléfono que dan en esta página no funciona. No se vale que multen cuando no ofrecen el Servicio.

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Los 123 millones de pesos que el banco Afirme retuvo hace un año al estado por concepto de participaciones federales y que sigue sin retribuirle es motivo ya de una denuncia penal por parte del Gobierno de Baja California contra la institución financiera. El secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia, lo dio a conocer. 

Apuntó que ya con intereses, la suma supera en estos momentos los 130 millones de pesos, cantidad que si bien, en lo general, no significaría mayor diferencia para el gasto de la administración estatal, siempre será bienvenido cualquier recurso adicional a las arcas de la entidad. 

“En la dimensión total de los recursos que requiere el estado no es una parte sustantiva. Pero 130 millones de pesos, es decir, 123 millones más los intereses relacionados con esa inmovilización que tenemos, son 130 millones de pesos que seguramente serian de mucha utilidad en el estado” indicó.

Aún y cuando la mayor parte del caso lo maneja la Consejería Jurídica, el funcionario estatal se dijo confiado en que la denuncia resulte favorable al gobierno estatal y ese dinero pueda, por fin, restituirse al estado.

El recurso se encuentra congelado luego de que Afirme lo retuviera como aval financiero de la fallida planta fotovoltaica que intento construirse en Mexicali durante el pasado gobierno estatal de Jaime Bonilla Valdés.

Para poder afrontar el incremento salarial del magisterio y el retroactivo en el mes de julio, así como otros compromisos de pagos de préstamos económicos, el Gobierno del Estado solicitó a los ayuntamientos de Playas de Rosarito y Tijuana, préstamos económicos, en el caso de Tijuana son 380 millones de pesos, que se asegura, serán cubiertos al finalizar este mes.

Así lo expresó el Secretario de Hacienda, Adalberto González Higuera, quien manifestó que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, la administración estatal no puede tener deuda a corto plazo, es decir, 90 días antes de que concluya el período de gobierno actual, es por ello que para cumplir con los compromisos financieros que se incrementan en el mes de julio por el pago incrementado del salario al magisterio y el retroactivo, ocupan del apoyo de dichos municipios.

Explicó que además del pago a maestros, una nómina amplia para pagar, también requieren cubrir el receso escolar que oscila cerca de los mil millones de pesos; y adicionalmente, julio es el periodo más crítico de la administración, puesto que es el último mes en el que deben de liquidar los préstamos de corto plazo, los cuales se han pagado de manera puntual, por lo que este mes no será la excepción, aseguró.  

González Higuera detalló que, debido al arribo de dichos compromisos financieros, el Estado está recurriendo a los ayuntamientos pidiéndoles algunos flujos de efectivo, asegurando que la solicitud de préstamos de flujo a los municipios, serán devueltos al finalizar el mes.

En el caso de Playas de Rosarito, sólo solicitaron 34 millones de pesos, mismo que fue requerido hace dos semanas, notificado a la Presidenta Municipal, Aracely Brown Figueredo y aprobado por el cabildo de dicho municipio; de igual forma dijo, el Gobierno del Estado asume su responsabilidad de regresar el recurso proveniente del préstamo de 380 mdp solicitado al gobierno municipal de Tijuana. 

El funcionario estatal indicó que el mandatario estatal manifestó que, para efecto de recuperar o retribuir los montos prestados, las administraciones municipales tienen la opción de solicitar el pago del dinero, la realización de obras o la transferencia de bienes que necesiten los Ayuntamientos para cumplir con sus programas o proyectos ya aprobados.

El gobernador Jaime Bonilla, en conjunto con el secretario de Hacienda del estado, Arturo Herrera Gutiérrez reconocieron haber solicitado préstamos al municipio de Rosarito por 34 millones de pesos y eventualmente de 380 mdp al de Tijuana.

El secretario de hacienda explicó que el mes de julio, el más difícil de la presente administración, por el pago de los adeudos a corto plazo, en específico por el pago del incremento salarial al maestro y el retroactivo salarial, por unos mil millones de pesos 

Los 34 millones de pesos solicitados a Rosarito, dijo, fueron a través de la alcaldesa Aracely Brown Figueredo, mismos que aprobados por el Cabildo. Confiaron en que el estado pagará a finales de este mes.

Con esto, se garantizaría que no habrá deuda de corto plazo 60 días antes del término de la administración, igualmente está garantizado el pago al municipio de Rosarito.

Juan Marcos Gutiérrez, presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, observó que por haber avalado tal solicitud, funcionarios municipales habrían incurrido presuntamente en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y peculado.

Explicó que el municipio “sólo puede prestar” a sus entidades paramunicipales y las paramunicipales pueden prestarse entre sí siempre y cuando sean de un mismo municipio, pero no se puede estar prestando dinero entre municipios, ni del municipio al estado.

Rosarito es uno de los municipios que más rezago presenta en materia de servicios públicos, ya que sufre problemas de agua potable, recolección de basura, vialidades, alumbrado y seguridad

Este jueves se colocó el logo de la Universidad Autónoma de Baja California en el edificio que anteriormente ocupaba el gobierno del estado en zona río y este viernes continúan retirando señalamientos del gobierno estatal. 

En ambas entradas se encuentra el logo de la UABC, las puertas permanecen cerradas aún con hojas pegadas que indican las nuevas ubicaciones de las oficinas gubernamentales.

Ciudadanos siguen acudiendo al edificio para realizar diversos trámites y se han sorprendido al ver el nombre de UABC.

De acuerdo a un guardia de seguridad, la Universidad hasta el momento no ha ocupado el edificio, por lo tanto el estacionamiento luce vacío y en ocasiones dijo que se ha permitido el acceso únicamente para empleados de Palacio Municipal.