El Alcalde Electo de Tijuana Arturo González Cruz anunció que no acudirá al citatorio enviado por el actual presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro. 

En conferencia de prensa González Cruz y su equipo de transición dieron a conocer que ya tenían identificadas a cuatro empresas de comunicación que fueron creadas a poco tiempo de que iniciara la actual administración.

Además manifestó que aún no han recibido la información solicitada por escrito.

Como parte de un acuerdo reparatorio el ex alcalde panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro, pagó al ayuntamiento que presidía Karla Ruiz Macfarland, la suma de 437 mil 255 pesos, con el fin de concluir la acción penal en la carpeta de investigación con número de caso 0204-2019-59092. 

En un documento despachado el 9 de junio del 2021 con el número de oficio CJM/PENAL/3326/2021 y en poder de Cadena Noticias, El agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, Héctor Alfonso Jaquez Reyes, le solicitó al asesor jurídico de ese entonces Héctor Hernández Ascencio, que se agregue al número de caso el recibo de pago por parte de Gastélum Buenrostro a favor del H. Ayuntamiento de Tijuana. 

"Atentamente lo saludo y al mismo tiempo con apoyo y fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, fracción IX, 26 y demás relativos y aplicables en el Reglamento Interno de la Consejería Jurídica Municipal, solicito a Usted de la manera más atenta, se agregue al No. de caso 0204-2019-59092 el recibo de pago a favor del H. Ayuntamiento de Tijuana, por la cantidad de $437, 255. 00, moneda nacional; a fin de acreditar y dar cumplimiento a lo establecido en Acuerdo Reparatorio celebrado en fecha 03 de junio de 2021, signado por una parte el C. Juan Manuel Gastélum Buenrostro, en calidad de Imputado", escribe en el documento Jaquez Reyes. 

En el mismo documento se asegura que con dicha cantidad queda reparado el daño. "Solicito a usted, se tenga por acreditado el cumplimiento en su totalidad de dicho acuerdo reparatorio, concluyendo de manera satisfactoria por ambas partes, por tal razón pido, decrete la extinción de la acción penal en la carpeta de investigación". En el oficio se anexa el cheque expedido por el ex alcalde del banco Banregio.

En tiempos de transición de gobiernos, el Arzobispo Metropolitano Don Francisco Moreno Barrón, de la Arquidiócesis de Tijuana, hizo un llamado a la unidad, un exhorto a unir dones y cualidades que Dios nos dio, y nunca confrontarnos ni comparar sus actuaciones en el gobierno.

Consideró que estos puntos son claves cuando se hacen transiciones de gobierno dijo ‘’y nosotros como personas de fe, tenemos que orar por todos ellos, por los que concluyen, por los que vienen’’.

Sostuvo que todos debemos estar siempre dispuestos a colaborar con ellos, como instituciones de gobierno, incluyendo también a la iglesia, para construir juntos una mejor sociedad.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó de manera unánime los dictámenes correspondientes al manejo de la cuenta pública que ejerció el XXIII Ayuntamiento de Tijuana en 2017 y 2018.

Con el dictamen 175 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público (CFGP) se puso a consideración de la Asamblea la revisión del manejo del erario correspondiente a 2017, cuyo resultado resultó negativo para la administración del municipio de Tijuana, que presidió Juan Manuel Gastelum Buenrostro, debido a una serie de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado (Asebc).

Lo anterior se dio en el seno de la sesión virtual celebrada este día bajo la coordinación de la presidenta, diputada Eva Gricelda Rodríguez, donde se expuso que la administración infringió la Ley de Ingresos municipal en el cobro del impuesto predial, al cobrar menos de lo que correspondía.

Incumplió con la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público en aportaciones que hizo a varias organizaciones civiles. Se determinó una diferencia con los inventarios de almacenes proporcionados por el Ayuntamiento los cuales ascienden a 4 millones 884 mil pesos.

En total contiene 57 observaciones, la mayoría de las cuales no fueron solventadas, por lo que esta cuenta pública se turnará a la sindicatura para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Por lo que hace a la cuenta pública ejercida en 2018 por la misma administración municipal, tampoco recibió la aprobación del Pleno de la Asamblea, al aprobarse dictamen 176 de la CFGP.

En ambos casos, la Comisión correspondiente dictaminó como no aprobado el manejo de la cuenta pública del XXIII Ayuntamiento de Tijuana y en ese sentido los aprobaron los congresistas.

En esta última cuenta, el resolutivo se dio en términos similares, pero con un total de 99 observaciones, y en este sentido se aprobó, aunque se destaca que la aprobación de dichos dictámenes no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en las Leyes.

El gobernador Jaime Bonilla externó su opinión sobre el regreso a su puesto del presidente municipal Arturo González Cruz, luego de 21 días de licencia.

“No sé si es amenaza o advertencia, el pueblo se ha dado cuenta de la situación penosa en el municipio. La gente ha manejado inconformidad por la forma indigna en que Arturo González trató a la alcaldesa.

“Se ve la inestabilidad de la persona cuando pide licencia y regresa, la razón que está detrás de esa decisión es la seriedad, esto no es El Campestre, esto es serio. Fue determinante cuando se despidió, solo él sabía que iba tomarle el pelo a la ciudadanía” y remató: “esto pasa cuando la gente piensa que es el dueño del escenario, además de la falta de respeto a la alcaldesa en funciones”.

Bonilla dijo que “la reacción solo él la sabe, decides por el hígado o el estómago. Fue una acción visceral”.

El ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, señalado por el alcalde de Tijuana con licencia, Arturo González Cruz de amenazarlo en sus oficinas, acudió a escuchar el informe del primer año de gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

Peralta también fue señalado en las pasadas elecciones de ofrecer un millón de dólares a diputado priísta Benjamin Gómez a fin de impulsar la llamada “Ley Bonilla”.