Una amarga navidad aguarda a más de 5.000 desplazados en el municipio de San Pedro Chalchiuitan, en el suroriental estado mexicano de Chiapas, por las condiciones inhumanas y el olvido gubernamental, denunciaron hoy sus representantes.
El desplazamiento fue originado ante la actividad de un grupo armado que detonó una escalada de violencia con el asesinato del compañero Samuel Luna Girón en octubre del 2017, denunció Ausencio Pérez Paciencia en una conferencia de prensa.
El asesinato y la actividad del grupo armado exacerbaron un conflicto con el municipio vecino de San Pedro Chenalhó por la disputa de varias miles de hectáreas, indicó.
Recordó que este grupo paramilitar emboscó en octubre de 2017 a Luna Girón y después ha disparado hacia las casas de vecinos de nueve comunidades, que para protegerse se vieron forzados a huir hacia las montañas.
El 60 % de los más de 5.023 desplazados son mujeres, niñas, niños y ancianos que en esta temporada sufren de falta de alimentos, cobijo y medicamentos, aseguró Pérez Paciencia.
Del total de desplazados, 3.786 se vieron forzados a regresar a sus casas, aunque durante la noche las dejan para refugiarse en otros sitios por el temor a ser agredidos de nuevo por el grupo armado, explicó.
Otras 1.237 personas permanecen en 10 campamentos sin que el gobierno del estado de Chiapas haya cumplido con la recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de protegerlos.
Marcos Pérez Gómez, consejero del comité de desplazados, destacó que los desplazados de Chalchihuitán viven en condiciones inhumanas con mucho miedo, con mucha tensión.
"No viven tranquilos porque no tienen alimentos. Hemos hecho gestiones para que la Secretaría de Gobierno (de Chiapas) cumpla con su compromiso de ayudarles mientras prosigan los disparos durante todo el día", agregó.
Los invasores de las tierras abandonadas por los desplazados están protegidos por los paramilitares.
"Pedimos la solución definitiva del problema y pedimos un retorno digno, desarticulación de los paramilitares, conocer de donde provienen los recursos que usan, al gobierno federal retome el caso porque autoridades del estado se hacen omisas y no atienden nada", agregó.
En el conflicto agrario entre los dos municipios, el Tribunal Agrario falló a favor de San Pedro Chenalho, por lo que se haría un convenio para indemnizar a los habitantes de San Pablo Chalchiuitan, explican sus pobladores.
Entonces se hizo un convenio por el que cualquier municipio que llegara a perder lo iban a reconocer con la cantidad de 15 millones de pesos (752.256 dólares) pero resulta que la sentencia se malinterpretó.
"Ahora seguimos muy preocupados el problema sigue después de acusarnos de gastar 15 millones de pesos que no hemos visto", agregó.
Los representantes del Comité de Desplazados Forzados Internos Chalchihuitle exigieron una solución, la desarticulación del grupo paramilitar y el retorno seguro a sus comunidades a donde anhelan regresar a cultivar a sus parcelas ya que sus tierras ahora están ocupadas por los invasores.
Responsabilizan a las autoridades municipales, estatales y federales de cualquier agresión que sufran los desplazados.