El costo nacional del delito y la violencia para el gobierno, las empresas y la sociedad, representa un impacto anual de 1.5 billones de pesos o el 6.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, recursos suficientes para construir diez veces el tren Maya, y seis veces el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; mientras tan sólo para Nuevo León, alcanza un daño de 85 mil millones de pesos, o el 5.3 del PIB estatal.

Así lo manifestó Raúl Soto Zamora, director del programa Juntos para Prevención de la Violencia, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), durante la presentación del estudio "Estimación y costos del delito y la violencia en México", ante asistentes a la 26ª Sesión Ordinaria de Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública.

En su exposición, Soto Zamora destacó la necesidad de que trabajen juntos los tres niveles de gobierno, vinculados con la academia y el sector privado, para que puedan enfrentar con éxito el problema de la inseguridad, con un enfoque en la prevención.

Primeramente, por medio de un video, que se elaboró con la idea de convencer a los empresarios de participar en las tareas de prevención, Soto Zamora, explicó que, por temor a sufrir algún delito, un 44 por ciento de las personas dejó de llevar dinero en efectivo y salir de noche; mientras el 66.5 por ciento, impidió que sus hijos menores salieran de casa.

Estas decisiones personales, reducen los ingresos de los negocios y disminuyen la actividad económica; mientras los robos o asaltos a las empresas o negocios además de las pérdidas que implican.

Incrementan los gastos en seguridad privada, y todos los delitos juntos, los gastos del gobierno en las tareas de contención, expuso el representante de USAID.

Soto Zamora mencionó tres posibles escenarios del país hacia 2030, si se mantiene la tendencia actual, un escenario mejor donde se disminuya un 50 por ciento la incidencia delictiva, y el peor escenario si se incrementan en 50 por ciento los delitos.

En tales supuestos, señaló el representante de USAID, para 2030 el costo anual para el país sería de 4.5, 1.8 ó 7.2 billones de pesos. Por tanto, insistió, la prevención es la forma más eficiente de responder al delito y la violencia.

Mencionó que, en el caso de Nuevo León, "si no hacemos nada" y continúa la actual tendencia delictiva, del 5.3 por ciento del PIB que cuesta actualmente el problema del delito y la violencia, pasaría a costar el 10.7 del PIB estatal.

Expuso que no de los puntos que es importante reconocer en el problema es que la violencia es la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años y también entre las personas de 25 a 44 años, "por eso tratamos de sensibilizar que es la población en la que tenemos que invertir, porque son los que están con más probabilidad ser víctimas y victimarios".

Soto Zamora explicó que antes del estudio citado, hubo un análisis previo en Canadá, mediante el cual se concluyó que tener un joven en la cárcel cuesta 27 millones de pesos, si se incluyen todos los costos en la vida, por salud, educación, alimentación y lo que la sociedad pierde por el daño que causó con su delito y lo que deja de producir, mientras el costo de prevención para evitar que ese joven caiga en la cárcel sería de 1.2 millones de pesos.

En alusión a la necesidad de que el sector privado se sume al trabajo de prevención del delito, Soto Zamora señaló, no se trata de hacer caridad, a todos nos beneficia no tener gente que delinque en las sociedades.

Al final, dijo, cada joven que está en la cárcel va a salir, pero si no le das educación y oportunidades, va a salir a hacer lo que sabe hacer. Por eso es necesario focalizar los esfuerzos en la población vulnerable, pues de lo contrario, esto será el cuento de nunca acabar si sólo nos dedicamos a la contención del problema la criminalidad y la violencia.

En conclusión, se trata de reforzar la idea de que, si trabajamos en la prevención y hacemos estas inversiones, en unos años México tendrá ahorros muy significativos por lo que deje de impactar el crimen, y como beneficios se generarían alrededor de 2.8 millones de empleos vinculados al PIB, y se ahorrarían 7.1 billones de pesos en doce años, hacia 2030. "Una sociedad no violenta, genera economía, sostenibilidad y mejor calidad de vida, todos ganamos", concluyó el director del programa Juntos para Prevención de la Violencia.

Las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados se alistan para aprobar este jueves la Ley de Amnistía que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso de la Unión.

El dictamen de esta ley, del cual este medio tiene copia, plantea el otorgamiento del perdón por ilícitos como la interrupción del embarazo (que incluye a la mujer, familiares y médicos practicantes), así como delitos contra la salud cometidos por personas pobres, en extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidas y discriminadas, que tengan alguna discapacidad permanente o que fueron obligadas a delinquir por una persona cercana.

También aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia que no ameritan más de cuatro años de cárcel, así como el delito de sedición y los cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se garantiza un debido proceso.

Se prevé que el dictamen se apruebe en comisiones para su posterior votación por el pleno antes de que concluya el periodo de sesiones el 15 de diciembre.

En su exposición de motivos, López Obrador aclaró que la amnistía beneficiará a quienes están en prisión por delitos menores y no a homicidas o secuestradores, o quienes hayan causado un grave daño a otra persona.

¿Qué ilícitos se incluyen?

Aborto cuando se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre.

Delitos contra la salud cuando el que los cometa esté en situación de pobreza, vulnerabilidad o haya sido obligado por criminales.

Robo simple y sin violencia si no amerita prisión de más de cuatro años.

Sedición cuando no se trate de terrorismo, no se utilicen armas de fuego o se haya privado de la vida.

El presente año 2019 se perfila como el de mayor cantidad de delitos denunciados ante fiscalías y procuradurías de los estados.

Tan sólo de enero a agosto se contabilizan un millón 353 mil 990 carpetas de investigación abiertas por homicidio, secuestro, extorsión, robo, narcomenudeo, trata de personas, lesiones dolosas, feminicidio, violencia familiar y abuso sexual, entre otros ilícitos del fuero común.

Esta cifra es 5.2% mayor que la incidencia delictiva del mismo periodo de 2018, que acumuló un millón 286 mil 490 registros, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mayo encabeza las denuncias, con 180 mil 376 en términos absolutos; le siguen agosto, con 175 mil 416; julio, con 174 mil 457; junio, con 170 mil 719, y marzo, con 169 mil.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer las estadísticas referentes a la incidencia delictiva en la entidad y los municipios respecto al mes de abril, donde se da a conocer que en todo Baja California se registraron 7,939 delitos comparados con marzo donde fueron 7,595, es decir hubo un ligero incremento en abril.

De este total 3,566 se registraron en Tijuana, 2,823 en Mexicali, 1067 en Ensenada, 267 en Rosarito y con menos reportes Tecate con 213 incidencias registradas, respecto a Tecate hubo un descenso al pasar de 222 en marzo a 213 en abril, sin embargo el número más bajo se registró en febrero cuando las incidencias bajaron a 188.

Particularmente en Tecate el número de denuncias por reporte de robo de vehículo bajó, pues en marzo se registraron 45 mientras que en abril fueron 48, destacando colonias como Loma Alta, Benito Juárez, El Descanso y La Hacienda.

El robo a comercio también pasó de 16 reportes en marzo a 10 en abril en lugares como Ejido Felipe Ángeles, Cuauhtémoc y El Descanso.

El robo con violencia en vía pública subió durante el pasado mes pues pasó de 6 reportes en marzo a 12 en abril, es decir se duplicó, destacando zonas como Zona Centro, Aldrete y Lázaro Cárdenas.

El homicidio bajó a solo 1 delito en abril mientras que en marzo fueron 3, en lo que va del año el mes con más violento fue febrero con 14 homicidios.

El secuestro se mantiene en cero al igual que el robo a banco mientras que la Privación Ilegal de la Libertad registró dos reportes en abril.

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México tiene identificadas a cuatro familias que controlan el delito de robo de autopartes, que les ha permitido abrir negocios bien establecidos y en los que mezclan la venta de partes originales y legales con las hurtadas, situación que ya investiga la Unidad Financiera de la Procuraduría General de Justicia capitalina.

Este ilícito en la ciudad va al alza y parece no tener freno, debido a que con el nuevo sistema penal el robo de piezas de vehículos no es considerado grave, por lo que los presuntos delincuentes pueden regresar a la calle con la simple reparación del daño.

De acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia capitalina, durante el primer semestre de 2017 se iniciaron 3 mil 793 carpetas de investigación, mientras que en el mismo periodo de este año se interpusieron 5 mil 683 denuncias, lo que representa un incremento de 49.8%.

Además, el robo de autopartes se considera un delito lucrativo. Se estima que por hurtar calaveras, espejos retrovisores, insignias de autos y llantas cada ladrón obtiene ganancias mensuales de entre 30 mil y 50 mil pesos.

Sin embargo, la cifra de personas que siguen un proceso penal por este delito es mínima, apenas 1% de los detenidos en flagrancia llega a prisión, aunque imputados por otras causas, ya sea que cuentan con antecedentes penales o incluso por la portación de drogas y no por la sustracción de autopartes.

La SSP reportó que detuvo durante el primer semestre de 2018 a 275 personas, de las cuales sólo 10 siguen un proceso penal por su reincidencia en el robo de autopartes.

Las detenciones y denuncias de las víctimas se concentran en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

Recientemente se realizó un operativo en la zona de la colonia Doctores, en la que incautaron más de 100 llantas, luego de que los propietarios no lograron comprobar la procedencia de los neumáticos.

Los delitos del orden común han disminuido considerablemente en los 5 municipios del Estado durante los primeros 7 meses del año, informó el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Manuel Sosa Olachea.

Ante los integrantes del “Grupo 21”, dio a conocer que los directores de seguridad pública de los 5 ayuntamientos se pusieron metas y las han venido cumpliendo.

La baja en los delitos se ha podido demostrar cuando se realiza la comparación de los mismos en el periodo de enero a julio de 2018 contra enero a julio de 2017.Los rubros en los que ha disminuido son: robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a comercio y robo con violencia.

Los robos de vehículo bajaron en el periodo referido, en un 30%, en Mexicali, 22% en Tijuana, 7% en Ensenada, 11% en Tecate y 24% en Rosarito.

Sosa Olachea dio a conocer que para los anteriores logros, se ha trabajado en la mejora de los agentes policiales, quienes tienen que aprobar las evaluaciones del control y de confianza en el llamado C3.

Asimismo, estamos realizando evaluaciones del 100% de los policías, sobre habilidades y destrezas, los que califican, continúan como policías.

Dio a conocer que durante la presente administración estatal, de 24 mil 865 aspirantes a ser agentes policiales, únicamente han ingresado, 1 mil 714, esto es, el 7%, toda vez que la evaluación de control y confianza es muy compleja, porque incluye exámenes toxicologicos, psicologicos, socioeconomicos y medicos.

Sosa Olachea expuso que las acciones realizadas han sido por instrucciones del Gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, y en el marco de la “Cruzada por la Seguridad, tarea de todos”, en la cual se ha coordinado ayuntamientos, organismos empresariales y ciudadanos.