Dentro de la Operación "Justicia para Chihuahua" elementos de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron este martes una orden de aprehensión en contra de Raymundo R. M, probable responsable del delito de Peculado Agravado y Tráfico de Influencias, en perjuicio del erario.
Como resultado de las investigaciones efectuadas por hechos de corrupción durante la Administración 2010 – 2016, se obtuvo evidencia de que el imputado en su calidad de Secretario General de Gobierno y Presidente del Comité Inmobiliario, intervino en la autorización de la compra venta de un predio rústico ubicado en Guachochi, a un sobreprecio de 20 millones de pesos.
Lo anterior ocurrió entre el periodo comprendido de octubre de 2013 a finales de abril de 2014, cuando Raymundo R. M, en conjunto con otros servidores públicos, influyó en los diversos funcionarios que conformaban el Comité, a efecto de que aprobaran dicha adquisición.
De acuerdo con lo establecido en la carpeta de investigación, los hechos se llevaron a cabo en virtud de compromisos personales atribuidos al entonces Gobernador, ello, en perjuicio del patrimonio del Estado de Chihuahua.
Tras la detención, el imputado será puesto a disposición del Tribunal de Control del Distrito Judicial Morelos, en donde un Agente del Ministerio Público habrá de formularle cargos por lo antes descrito.
Una serie de anomalías encontradas desde Recaudación de Rentas Municipal hasta la Sindicatura Municipal, fue expuesta por un empleado de cajas que encontró movimientos irregulares en las cuentas de múltiples usuarios de Ensenada.
Conforme a la investigación, más de 200 empleados y ex empleados del ayuntamiento tienen claves de acceso a el sistema de Recaudación de Rentas, con las que han podido manipular las cuentas.
En noviembre del 2021, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, señaló que la cartera vencida de Ensenada por concepto de predial ascendía a más de 500 millones de pesos, de los cuales, 133 estaban concentrados en 30 cuentas de la zona urbana y rutal de Ensenada.
En medio de la exposición de corrupción al interior del ayuntamiento, la sindicatura municipal anunció en julio la suspensión del entonces director de informática municipal, afirmando que no obedecía a una falta grave.
Aunque la posible red de complicidades inicia en Recaudación de Rentas, la Sindicatura Municipal no tocó a ningún funcionario de esa dependencia.
Se informó que el director de informática -suspendido- se amparó, aparentemente con buenos resultados, ante esto, la Sindicatura Municipal respondió que en relación al proceso de responsabilidad administrativa 13/2022 contra el director de Informática del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, iniciado por esta Sindicatura Municipal, la titular de la dependencia Elizabeth Muños, indicó que la sentencia emitida dentro del juicio de amparo indirecto 457/2022 no ha quedado firme y esta puede ser revocada por una instancia superior.
Por ello, dice, la Sindicatura Municipal impugnará dicha determinación, mediante el recurso de revisión previsto en la Ley de Amparo, por lo que esta quedará en las manos de los Tribunales Colegiados de Circuito donde se resolverá en definitiva el asunto relativo a la suspensión temporal del servidor público.
Refirió que el servidor público, no regresará al cargo, hasta que se resuelva el recurso de revisión, lo cual puede tardar de 4 a 6 meses.
El juez estadunidense Brian Cogan sentenció a 10 años de cárcel a Iván Reyes Arzate, La Reina, ex comandante de la Policía Federal, quien el 19 de octubre del 2021 se declaró culpable de delito de distribución internacional de cocaína.
Cogan tomará como crédito los dos años que el ex funcionario cercano a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, lleva preso por lo que le restan ocho años de reclusión.
En un momento de la audiencia, tanto los fiscales como la defensa, negaron que La Reina fuera testigo colaborador de la fiscalía. Sin embargo, el juez Cogan le extraño que el gobierno sugiriera una pena tan corta para un cargo de narcotráfico.
"Soy un hombre que no huye de sus responsabilidades", dice Reyes Arzate
En una carta que leyó frente al juez, Reyes Arzate se definió como "un hombre que no huye de sus responsabilidades" y recalcó que se vino a entregar pese a que otros le recomendaban que no lo hiciera.
El ex comandante pidió disculpas a su familia y amigos, a lo que Cogan le respondió que debido a sus actividades "usted mismo los puso en riesgo".
El fiscal Ryan Harris se quejó de la dificultad de poner policías locales en los países donde se hallan las empresas del narcotráfico "pues es muy fácil que acepten sobornos de los cárteles".
Mark DeMarco, abogado de La Reina, pidió al juez que recomiende a la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), una cárcel en el sureste de Estados Unidos para que Reyes Arzate pase el resto de su condena ahí.
La defensa del ex funcionario había dicho que “una sentencia mínima obligatoria de cinco años era suficiente” argumentando que una pena más larga crearía disparidades con sentencias aplicadas a “otros funcionarios corruptos”.
Iván Reyes Arzate era el oficial de más alto rango de la Unidad de Información Sensible de la Policía Federal y como tal el principal punto de contacto para el intercambio de información entre el personal policial estadunidense y mexicano.
La Reina debía ser puesto en libertad el 27 de enero de 2020 para ser deportado a México tras haber cumplido la sentencia de los cargos en Illinois, pero el 23 de enero de 2020, un gran jurado en Brooklyn emitió un dictamen acusándolo de conspiración para distribuir cocaína por el cual fue arrestado antes de su liberación.
Desde que presentaron este nuevo dictamen, los fiscales de Brooklyn aceptaron que les importaba la figura de Iván Reyes Arzate para ser testigo en contra de su jefe, Genaro García Luna, procesado en la misma Corte y cuyo juicio está programado para iniciar en octubre de este año.
El padre de Octavio Ocaña señaló que la policía que le habría robado una esclava y el celular a su hijo, sería también la que le disparó.
En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para Imagen Noticias, el empresario Octavio Pérez, indicó que le habían informado las autoridades del Estado de México que ya había detenidos por la muerte de su hijo y que la policía que señalaron días anteriores de haber robado al actor, sería quien le disparó al actor.
“Ya hoy ya cayeron los primeros… hay una policía involucrada que dicen que es la que le dispara y es la que roba el teléfono, la información, ya el teléfono lo tengo yo gracias a Dios, pero ya le habían robado la información, son cosas íntimas, le robaron una esclava, un reloj”.
El papá del actor aprovechó para pedir que se "limpie" de corrupción a la policía desde abajo y destituir a quienes estén involucrados en actos ilícitos. Además le solicitó al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dar la cara y esclarecer los hechos.
México cayó un lugar en el Índice de Estado de Derecho 2021, es decir, se ubica en la posición 113 de 139 países que conforman la lista, según el reporte de World Justice Project (WJP). Obtuvo bajos puntajes en las categorías de Ausencia de Corrupción, Orden y Seguridad, Justicia Civil y Justicia Penal.
El informe indica que el puntaje general de México en Estado de Derecho se redujo 2.9% en el Índice de este año.
“México cayó una posición en la clasificación global. El puntaje de México lo ubica en la posición 27 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe y en la 37 de 40, entre países de ingreso mediano alto”, puntualizó.
Sin embargo, el documento señala que la mayor fortaleza del país sigue siendo Gobierno Abierto, ya que es la categoría en donde tiene su puntaje más alto, con lo que se ubica en la séptima posición de la región y en la número 43 en el mundo.
“Al igual que en la gran mayoría de países incluidos en el Índice, México sufrió caídas en dimensiones relacionadas con el espacio cívico (participación cívica, la efectividad de la sociedad civil y la prensa como contrapesos al Ejecutivo, libertad de opinión y expresión, y libertad de reunión y asociación)”.
WJP agregó que en el país también aumentaron las demoras en procedimientos de justicia civil y penal, como en 94% de las naciones.
Señaló que el mayor reto de México es la Ausencia de Corrupción, en el que tiene su puntaje más bajo. Se colocó en el lugar 135, solo por encima de El Congo, Camboya, Camerún, y Uganda, y en la última posición a nivel regional.
En el rubro de Límites a los poderes gubernamentales, el país se ubicó el lugar 102, por debajo de países como Mali, Vietnam, Bosnia y El Salvador.
En el campo de Orden y Seguridad también reportó puntajes bajos, pues está en la posición 130 a nivel mundial y en la posición 30 a nivel regional.
México también tuvo una baja calificación en el apartado de Justicia Civil, donde se ubicó en el lugar 131 a nivel global, y en América Latina y El Caribe ocupa la posición 28 de 32.
El combate a la corrupción es un interés de seguridad nacional para Estados Unidos y por lo tanto, apoyará la capacidad de instituciones nacionales e internacionales y fortalecerá la capacidad de la sociedad civil y los medios enfocados en investigar y destapar casos sobre el tema, anunció este jueves la Casa Blanca en un comunicado firmado por el presidente Joe Biden.
A principios de mayo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, emitió una nota diplomática para expresar su extrañamiento por el supuesto apoyo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Integral (USAID, por sus siglas en inglés), a Organizaciones no Gubernamentales como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a la que calificó de “opositora”, y alegó que es una “muestra de injerencismo del gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo competen a los mexicanos”.
El 31 de mayo se quejó de que su nota no había recibido respuesta y este miércoles se lanzó contra la Embajada de Estados Unidos, diciendo que reparte “maíz con gorgojo”; esto es, que sigue entregando dinero a organizaciones opositoras.
En el Memorándum Estudio de Seguridad Nacional, Biden afirmó que la corrupción “amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, la equidad económica, los esfuerzos contra la pobreza global y en pro del desarrollo, y la democracia, en sí misma”.
Por lo tanto, combatirla se convierte en un “interés de seguridad Nacional de Estados Unidos” y el gobierno encabezará los esfuerzos para “promover la buena gobernanza, traer transparencia a Estados Unidos y los sistemas financieros globales; prevenir y combatir la corrupción a nivel nacional y en el extranjero, y hacer cada vez más difícil para los actores corruptos realizar sus actividades”.
Para ello, presentó una estrategia que incluye “apoyar la capacidad de instituciones domésticas e internacionales y organismos multilaterales enfocados en establecer normas globales anticorrupción, la recuperación de activos, la promoción de transparencia financiera, alentar gobiernos abiertos, fortalecer instituciones financieras, establecer marcos de trabajo para prevenir la corrupción en proyectos financieros de desarrollo, y combatir el lavado de dinero, el financiamiento ilícito y los sobornos”.
Asimismo, se apoyará y fortalecerá “la capacidad de la sociedad civil, los medios y otros actores enfocados en la supervisión y rendición de cuentas para que investiguen y analicen las tendencias de corrupción, respalden medidas preventivas, investiguen y destapen actos de corrupción, exijan cuentas a líderes e informen y respalden los esfuerzos de rendición de cuentas y de reforma del gobierno”. Se trabajará para “proveer a estos actores de un ambiente de operación seguro y abierto a nivel nacional e internacional”.
El comunicado insistió en la importancia de trabajar con socios internacionales para “contrarrestar la corrupción estratégica de líderes extranjeros, empresas estatales o afiliadas, organizaciones del crimen trasnacional”.
Agregó que ese país redoblará esfuerzos para incrementar los recursos de asistencia “para investigación, financieros, técnicos y políticos” en aquellos países que muestren el deseo de reducir la corrupción.
También se fortalecerá la capacidad de socios y gobiernos extranjeros “para implementar medidas de transparencia, supervisión y rendición de cuentas, lo que contrarrestará la corrupción y dará a los ciudadanos información útil y accesible respecto de programas, políticas y gasto de gobiernos”.
Refirió que el Gobierno estadounidense promoverá “asociaciones con el sector privado y la sociedad civil para promover las medidas anticorrupción y emprender acciones para prevenirla”.
El memorándum incluyó, como parte de la estrategia combatir “todas las formas de financiamiento ilícito en Estados Unidos y los sistemas financieros internacionales, incluyendo implementar una ley federal para obligar a las compañías en Estados Unidos a reportar sus beneficiarios al Departamento del Tesoro, reducir el secretismo financiero offshore; mejorar el compartir información”; además, “hacer rendir cuentas a los individuos corruptos, las organizaciones criminales trasnacionales y sus facilitadores; incluyendo, cuando sea apropiado, identificar, congelar y recuperar activos robados… y, cuando sea posible y adecuado, devolver esos activos en beneficio de los ciudadanos afectados por la corrupción”.
Biden, en otro comunicado, afirmó que la corrupción “carcome las bases de las sociedades democráticas. Hace menos eficaces a los gobiernos, desperdicia recursos públicos y exacerba las desigualdades en el acceso a los servicios y hace más difícil a las familias poder sacar adelante a sus seres queridos”. Además, “impulsa e intensifica el extremismo y facilita a los regímenes autoritarios corroer la gobernanza democrática”.
Estados Unidos, aseguró el mandatario estadounidense, encabezará poniendo el ejemplo, pero “esta es una misión para el mundo entero”.
En ese sentido, subrayó que “debemos apoyar a los ciudadanos valientes en el mundo que están demandando una gobernanza honesta, transparente”.
Combatir la corrupción, dijo el mandatario estadounidense, “no solo es cuestión de buena gobernanza. Es autodefensa. Es patriotismo, y es esencial para preservar nuestra democracia y nuestro futuro”.