Fiscalía General entregó miembros de cárteles a Estados Unidos

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó a Estados Unidos a seis hombres vinculados con diversos grupos del crimen organizado.

Las autoridades relacionan a los extraditados al cártel de Sinaloa, Arellano Félix y al de Los Granados de Tenancingo, grupo que opera en Tlaxcala y que se dedica a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Se trata de Mario, alias el "Nariz", identificado como operador del cártel de Sinaloa y parte del círculo principal de la estructura de la organización pues se le considera como uno de los hombres de mayor confianza de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

"Nariz" fue quien reveló los refugios que "El Chapo" tenía en Culiacán y que llevó a su detención en febrero de 2014.

También fue extraditado Martín, alias el "Popeye", vinculado con la banda Barrio Azteca y a quien se relaciona con el ataque al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Jaime "N", alias "Sergio Granados", identificado como líder de la banda delictiva Los Granados de Tenancingo.

Asimismo, fueron entregados, Jorge, Fernando y Nelson "N".

El gobierno de Estados Unidos, a través de las cortes federales de Nueva York, California, Tennessee, Arizona y Texas busca enjuiciarlos por delitos contra la salud, asociación delictuosa, uso y posesión de armas de fuego, lavado de dinero, homicidio, trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de personas por una ganancia económica.





Va FGR a la Corte contra amparo a Mario Aburto, asesino confeso de Colosio

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

La Fiscalía General de la República (FGR) recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo el amparo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, que tiene a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, a meses de recuperar su libertad.

A través de la misiva 114/2023, la agente del Ministerio Público Federal notificó a dicho Tribunal Colegiado que interpondrá ante la SCJN recurso de revisión contra la sentencia de amparo que dejó sin efecto la condena de 45 años de cárcel contra Aburto Martínez, y en la que se ordena dictar una nueva con base en el Código Penal de Baja California, al momento de los hechos registrados en marzo de 1994.

“Agréguese a este expediente la misiva 114/2023, suscrita por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, por la que hace del conocimiento que derivado del acuerdo emitido el diez de los actuales, en el que se otorgó a la autoridad responsable Primer Tribunal Colegiado de Apelación de este Circuito, el término de diez días hábiles, para que dé cumplimiento al fallo de amparo, informa que ".está formulando Recurso de Revisión para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la sentencia dictada en la sesión de fecha cinco de octubre de 2023." (sic), de lo que se toma conocimiento”, señaló el expediente.

El plazo para que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación emita una nueva sentencia contra Mario Aburto Martínez sigue corriendo.

En tanto, que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dio a conocer que está a la espera de la nueva determinación, tal como lo ordenó en su sentencia el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.

“Téngase por recibido el oficio electrónico 4861/2023, signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, mediante el cual, comunica el proveído dictado el nueve de octubre del año en curso, en el que recibió testimonio de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, informa que está en espera de lo que resuelva del Tribunal de Apelación responsable, en acatamiento a la sentencia en la que se concedió el amparo al quejoso (Mario Aburto)”.

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FGR gira 3 órdenes de aprehensión por caso de mina El Pinabete en Coahuila

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El Universal,  Mexico, Coahuila de Zaragoza, Sabinas, 

La Fiscalía General de la República (FGR) giró tres órdenes de aprehensión en contra de igual número de personas por la probable comisión del delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación a través de la mina de carbón “El Pinabete” de Sabinas, Coahuila, donde permanecen 10 mineros atrapados.

A través de un comunicado, la dependencia recordó a partir del pasado mes de agosto inició la investigación por los hechos ocurridos en el pozo minero propiedad de la empresa minera “El Pinabete” S.A de C.V.

Mencionó que el pasado 11 de agosto se solicitó audiencia judicial en contra de una persona por su probable responsabilidad en los actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo a través de la mina de carbón “El Pinabete”, incumpliendo con las obligaciones que la ley le imponen a quien realiza ese tipo de actividades.

Lo anterior, de acuerdo con la FGR, constituye el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación, previsto y sancionado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales, tratándose de un delito de acción permanente y dolosa, en los términos señalados en el Código Penal Federal, fundamentalmente, en sus artículos 8,9 y 13.

La Fiscalía también informó que se acreditó que otras dos personas incurrieron en una responsabilidad penal al haber permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo minero.

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INAI ordena a FGR informar sobre número de denuncias contra AMLO y expresidentes

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

La Fiscalía General de la República (FGR) debe informar el número de carpetas de investigación que se han abierto, así como el número de denuncias que han sido presentadas contra los expresidentes de la República, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, y el actual titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador; lo anterior, del 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril de 2022.

Así lo ordenaron autoridades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tras atender un recurso de revisión interpuesta por un particular, a quien le fueron negados esos datos bajo el argumento de que se encuentran clasificados como confidenciales.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, expuso que “la Fiscalía General de la República le respondió al solicitante que no podía entregarle la información, ninguna, porque estaba clasificada, porque había que velar por el buen nombre, el derecho al honor y a la presunción de inocencia de los posibles involucrados en esta solicitud”.

“En ningún caso podríamos imaginar que las denuncias de las que estamos hablando, según lo que pidió el interesado, pudieran ser una denuncia que hubiera por un particular, por un hecho eminentemente del plano privado con un expresidente (…) en este caso están pidiendo posibles denuncias y expedientes o carpetas abiertas por hechos relacionados con su mandato, con el ejercicio de sus potestades”, subrayó Acuña Llamas.

Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas advirtió que la clasificación de la información como confidencial o reservada no pueden constituir una regla absoluta, pues existen casos en los cuales la difusión genera mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación; por ello, deben estudiarse las posibles excepciones a la regla general, privilegiando la transparencia y el derecho de acceso a la información.

En este contexto, el INAI llevó a cabo una prueba de interés público ponderando los elementos o subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Sobre la idoneidad la ponencia advirtió que la información solicitada contribuye a que los gobernados tengan pleno conocimiento respecto de las investigaciones que, en su caso, se siguen contra exservidores públicos y actual presidente; asimismo, permitiría a la sociedad conocer y dar seguimiento a las acciones que la autoridad ministerial o judicial decidió.

En el caso de la necesidad, indicó que si se negara el derecho de acceso a la información, se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios para el escrutinio del ejercicio de la actividad del sujeto obligado, en cuanto a sus facultades investigadoras, así como respecto del desempeño de los exservidores públicos y actual presidente; así como, conocer en qué concluyeron sus imputaciones, lo cual no puede quedar delimitado al ámbito privado de las personas identificadas en la solicitud, en virtud de la relevancia que tiene para la sociedad.

En cuanto a la proporcionalidad, se determinó que las personas públicas, como las encargadas de dirigir a un país o a un Estado, deben soportar un mayor nivel de injerencia en sus derechos de la personalidad, como es su privacidad, protección de datos, honor e imagen, así como el de presunción de inocencia, dado el interés social legítimo de recibir información respecto de dichos personajes, para un libre debate público sobre el seguimiento a las imputaciones (denuncias, averiguaciones previas y/o carpetas de investigación) y el resultado de las mismas.

Del ejercicio de ponderación realizado, la ponencia concluyó que, si bien la información requerida actualiza en principio la clasificación invocada con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el interés público sobre lo requerido supera la confidencialidad y contribuye a la rendición de cuentas.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la FGR y le instruyó proporcionar la cantidad de denuncias presentadas y carpetas de investigación que se han abierto contra de los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, y el actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, del 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril de 2022, únicamente por lo que hace a aquellas averiguaciones y/o carpetas de investigación que ya sean de conocimiento previo del imputado a fin de no entorpecer las investigaciones iniciadas, ello, con motivo de los encargos públicos ocupados y no así aquellas que llegaran a existir en el ámbito de su vida privada.



FGR va contra dueño de mina donde quedaron 10 trabajadores atrapados

La Fiscalía busca señalar a Cristian 'N' por el delito de explotación ilícita del subsuelo

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Milenio,  Mexico, Coahuila de Zaragoza, 

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que imputará a Cristian 'N', por su presunta responsabilidad en todos los actos de dirección y administración, en la explotación ilícita del subsuelo, a través de la mina de carbón mineral conocida como “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila.

A través de un comunicado, la dependencia federal indicó que ya solicitó la audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila. 

"Esos hechos, a juicio de la Fiscalía General de la República, constituyen el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación, previsto y sancionado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales, tratándose de un delito de acción permanente y dolosa, en los términos señalados en el Código Penal Federal, fundamentalmente, en sus artículos 8, 9 y 13", apuntó. 

En dicha formulación de imputación, abundó, se señalarán las personas que han declarado al respecto, así como todos los datos de prueba, como dictámenes en documentación fotográfica, en materia criminalística de campo, en ingeniería y arquitectura, en investigación criminal, así como las inspecciones y entrevistas correspondientes.

Asimismo, se adjuntan diversos documentos de autoridades locales y federales, competentes en esta materia. También, como dato de prueba, se adjunta la declaración ministerial del imputado Cristian 'N' y toda la documentación y diligencias procedentes al caso. 

"La investigación continúa y se informará, en forma inmediata, las siguientes actuaciones que realice el Ministerio Público de la Federación (MPF), de conformidad con las pruebas que se vayan obteniendo, en razón de los delitos que se puedan ir comprobando", añadió. 

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FGR investiga a Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

La FGR adelantó que en los meses próximos judicializará una indagatoria contra Peña Nieto

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Ciudad de México, Mexico, 

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que integra carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por los delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito relacionados con diversos casos, en uno de los cuales se encuentra involucrada la constructora española OHL.

En el primer caso, la FGR adelantó, sin precisar detalles, que en los meses próximos judicializará una indagatoria contra Peña Nieto relacionada con diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. 

Asimismo, señaló que se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, presuntamente realizadas por el exmandatario del PRI.

Lo anterior, expuso el Ministerio Público de la Federación, es derivado de denuncias de autoridades hacendarias y, puntualizó, requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.

“Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”, indicó mediante una tarjeta informativa.

La FGR aseguró que conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato.

Detectan transferencias millonarias

El titular de la UIF indicó que se detectó "un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”.

"De agosto de 2019 recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos", dijo Pablo Gómez.

Asimismo, el titular de la UIF mencionó que esos recursos fueron transferidos a Peña Nieto por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España.

“Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, detalló.

Gómez dijo que el familiar del expresidente registró retiros por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.

Resaltó que de esos depósitos destaca la recepción de recursos en efectivo por más 36 millones 333 mil pesos, “cuyos depósitos resultan relevantes debido a que fueron operaciones en efectivo y no se conoce cuál es la fuente”. 

Además de estas transferencias, la UIF detectó que el expresidente Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas, que presentan irregularidades fiscales y financieras. 

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