El Senado emprende el último tramo de ajustes al orden jurídico que requiere la Cuarta Transformación. Los llevará a cabo en el periodo de sesiones de febrero a abril, en el que se prevé que las reformas en materia de justicia, cannabis y outsourcing eclipsen los temas de las minorías parlamentarias.

También se prevé una aproximación a los consensos, con acuerdos políticos para impulsar temas prioritarios del PAN, PRI, MC y PRD, bancadas que permanecen en el bloque de contención y cuyos votos son necesarios para que transiten reformas a la Constitución que bajan del Ejecutivo.

La próxima semana se realizarán las reuniones plenarias de las fuerzas políticas. Sólo está anunciada la salida de la Ciudad de México de los legisladores, diputados y senadores del PAN a Mérida, Yucatán.

Anteriormente, las bancadas del Congreso viajaban a distintos destinos, y en la actualidad deliberan sobre sus agendas parlamentarias en las sedes de diputados y senadores, incluso en sesiones conjuntas, como se prevé que trabajen los del PT.

Morena destaca que en esta ocasión espera reducir sus gastos de la pasada reunión plenaria, que fue de 60 mil pesos, y que se llevó a cabo en la sede histórica del Senado, en la calle Xicoténcatl, en la capital.

Las prioridades de Morena serán justicia, amnistía, cannabis y outsourcing, y llevará a casi la mitad del gabinete a sus reuniones el miércoles 29 y jueves 30 de enero. Además concurrirán el PES y PT. El segundo grupo deliberará su agenda el próximo 31 de enero.

Por su parte, Acción Nacional tiene interés en derechos humanos, niños y adolescentes, la reforma electoral y seguridad pública.

El PRI marca como prioridad los temas económicos, ejercicio del gasto, obra pública, reforma electoral, así como la situación de Pemex. El 31 de enero, en la sede de Reforma, los priistas pulirán posturas en materia de justicia y cannabis; también se proponen plantear ajustes a la reforma que dio origen al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), así como el medio ambiente.

El vicepresidente del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), dijo que en su bancada “las prioridades son garantizar la autonomía e imparcialidad del INE y del Poder Judicial”, en las reformas en materias electoral y de justicia.

Asimismo, la bancada del Partido Encuentro Social (PES), bajo la coordinación de la senadora Sasil de León Villard, compartirá los trabajos de la plenaria de Morena, del que es aliada.

Intereses del sol azteca

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que su grupo se reunirá con la bancada perredista de diputados en San Lázaro el lunes 27 y martes 28 de enero, y que revisarán la gama de temas relevantes que respaldarán de febrero a abril.

Señaló las iniciativas de jóvenes que hacen suyas los senadores perredistas, como el aterrizaje de las leyes de educación superior y de ciencia y tecnología, reformas en materia laboral, de energías limpias, así como cuidados paliativos de niñas y niños.

De igual forma, señaló Mancera Espinosa, la prioridad es participar en el trabajo legislativo en torno del Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley de Delincuencia Organizada.

Se requiere, dijo Mancera, armonizar la reforma de paridad, la cual está dispersa en muchas normas, además de la Constitución y que el salario mínimo sea sustituido por la figura de salario digno, con disposiciones que no detengan su avance.

Desde luego, afirmó, su grupo concurrirá a los trabajos de las reformas de justicia, cannabis y outsourcing, pero con sus propios señalamientos y propuestas. Mancera Espinosa también señaló problemas en la regulación de la marihuana, que de ser aprobados dejarían puertas abiertas al mercado negro de la yerba.

Indicó que las reformas más amplias y complejas, como las que están en las prioridades de Morena, de manera natural absorberán el trabajo y la atención del pleno y comisiones, por lo que será natural que otros asuntos se queden en segundo y tercer planos.

Citó el caso de la Comisión de Justicia, en la cual se deberán procesar los dictámenes a las reformas de amnistía, sistema judicial, sistema penal y cannabis.

La bancada senatorial del Partido del Trabajo (PT), coordinada por Geovanna Bañuelos de la Torre, asistirá a la plenaria de Morena, y el 31 de enero llevará a cabo su propia reunión, en la que pondrá énfasis particular en proyectos legislativos de salud mental, discapacidad, medio ambiente, migración, derechos humanos y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que coordina la senadora Nancy de la Sierra Arámburo.

La bancada también tratará los temas principales del periodo (justicia, cannabis, outsourcing y amnistía).

Por último, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, se reunirá por su lado para afinar la agenda de medio ambiente que impulsará en la Cámara Alta.

Al asegurar que son procesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que dentro del gobierno federal todavía existe la subcontratación o outsourcing -como lo informa este miércoles EL UNIVERSAL -, por lo que llamó a las dependencias a evitar este tipo de contrataciones, pues manifestó que el gobierno federal debe de dar el ejemplo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que “va en serio” su propuesta de desaparecer la subcontratación.

"Son procesos, y se tienen que ir eliminando, y poner el ejemplo en el gobierno para que no se utilicen estas prácticas, si es que hay dependencias del gobierno que contratan trabajadores y los despiden y no pagan aguinaldo y otras prestaciones, eso es completamente indebido", dijo el mandatario.

"Va en serio en que va a desaparecer, se va a eliminar la subcontratación", explicó.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que en el primer trimestre tiene previsto enviar a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma para prohibir la subcontratación, pues señaló que se buscaba un acuerdo con la iniciativa privada "a ver si reaccionaban" pero "no sucedió".

"Ya tenemos previsto que para el primer trimestre de este año se envía la iniciativa, ya está allá, pero buscando un acuerdo, esperando a ver si reaccionaban y no sucedió lo mismo, pero vimos que se continúa con estas prácticas. Yo si creo que debe eliminarse la subcontratación, el outsorcing, y que da pie a que se despidan a los trabajadores sin garantizarle sus prestaciones", aseveró.

Este miércoles, El Gran Diario de México informa que aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa la prohibición de la subcontratación u outsourcing, e incluso apoya castigarla con cárcel, dependencias federales desoyeron su orden y firmaron contratos de subcontratación con diversas empresas para este año.

En una revisión hecha por esta casa editorial en la plataforma CompraNet, se encontró que instituciones públicas como las secretarías de Bienestar, y de la Defensa Nacional (Sedena), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron contratos con empresas de subcontratación para trabajos profesionales y de limpieza, pese a que eso contradice la orden del presidente López Obrador.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, aseguró que no les preocupa que en la iniciativa del Ejecutivo se considere al "outsourcing" ilegal como delincuencia organizada, sino lo que pueda detonar dicha sanción.

"Las personas que cumplen y cumplimos con la ley no se tienen que preocupar por las sanciones. Sabemos que hay sanciones terribles que pudiera llevar a las personas hasta cadena perpetua y no nos preocupamos de eso porque al final el 99.99% cumplimos con lo que nos corresponde y no amanecemos pensando en las sanciones".

En la conferencia de prensa del presidente López Obrador, Salazar Lomelín dijo que lo que les preocupa y se discute con el equipo del Ejecutivo son las causas pueden detonar este tipo de sanciones.

"Es lo que intentamos que quede claro, para que nadie sea sujeto de un abuso en el futuro ni de una interpretación inadecuada".

Señaló que a las empresas les interesa seguir contando con flexibilidad, tener competitividad, modificar nuestras estructuras de trabajo de acuerdo con la oferta y la demanda.

"Siempre estaremos en contra de la ilegalidad y de una empresa que abuse de las libertades del país", insistió.

"Nosotros las hemos explicado y es parte de lo que intentamos que quede clarísimo, para que nadie sea sujeto, ni de una voz en el futuro.

 De aprobarse la reforma en materia de subcontratación de trabajadores creará un efecto regresivo en la generación de inversiones y de empleos, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Carlos Ibarra Aguiar.

Indicó, que hay una preocupación en el sector privado por la afectación que tendrán actividades como la industria maquiladora y manufacturera, el turismo, los minoristas y la construcción, entre otros, debido a que la eventual restricción de la subcontratación afectará sus costos y hará inviable sus operaciones en el país.

“El gobierno debe permitir que la mayoría que prestan un servicio profesional, para facilitar la inversión y las operaciones de empresas operen bajo los esquemas ya establecidos con esa finalidad”, dijo.

Ibarra Aguiar , agregó, que el planteamiento que el Gobierno Federal ve como una desventaja, aclaró, es en realidad una buena noticia en momentos en que el mismo gobierno está despidiendo trabajadores de diferentes secretarías y dependencias que hoy requieren de un trabajo y un ingreso para subsistir.

“Este no es el mejor momento para golpear la creación de empleo e inversión, ni de alterar la operación de las empresas que se apoyan en éstos esquemas, porque el país necesita con urgencia recuperar parte de lo perdido durante la pandemia del Covid-19, que ya se ha extendido por casi 10 meses y que no se ve para cuando pueda terminar”, enfatizó.

La iniciativa en materia de subcontratación que Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados sorprendió al sector empresarial porque el Presidente se había comprometido a consultar a la iniciativa privada antes de elaborar el proyecto.

En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) evaluó que la propuesta pone en riesgo miles de empleos y desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo.

"Establecimos un diálogo directo con las autoridades correspondientes, que asumieron el compromiso de trabajar en conjunto en la futura iniciativa. Este acuerdo se rompió: la iniciativa presentada no fue consultada y no respeta el consenso alcanzado en el Senado", afirmó el CCE que preside Carlos Salazar.

Eliminar el outsourcing, pronosticó, se agravará la frágil situación económica de México por el escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de Covid-19, y golpeará severamente a los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico y minero.

En su comunicado, la máxima cúpula empresarial aseguró que en 2019 se alcanzó el consenso con las fuerzas políticas del país del Senado de trabajar en una regulación que evite el abuso, pero que conserve las fuentes de trabajo.

A unas horas de que el presidente López Obrador y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, anunciaron que enviarán la iniciativa sobre subcontratación a la Cámara de Diputados, el CCE pidió a los legisladores "establecer un nuevo proceso de parlamento abierto en el que el sector privado pueda expresar sus puntos de vista y preocupaciones sobre esta iniciativa", para hacer las adecuaciones pertinentes.

Aprobar la iniciativa presidencial, destacó, generará obstáculos en materia laboral en lugar de opciones para fortalecer la economía.

"Estamos de acuerdo en que la subcontratación irregular, que no cumple con la ley vigente y priva a los trabajadores de sus derechos, debe erradicarse. Sin embargo, una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente a efectos nocivos en la economía: no sólo se perderían empleos, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero, hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal", afirmó.

Al presentar los detalles de la iniciativa de ley para "poner orden" en la subcontratación (outsourcing) Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que cerca de 4 millones 600 mil trabajadores están en este tipo de subcontratación.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria detalló que esta cifra podría ser más alta puesto que no se tienen registros claros.

"Hoy en día, según datos oficiales hay cerca de 4 millones 600 mil trabajadores de esquema de subcontratación.

"Uno de los principales problemas es que no se tienen registros claros, así que consideramos que es un problema que esas cifras sea menor a la real, pero tenemos datos del IMSS, por ejemplo, que nos permiten saber que el crecimiento anual de la subcontratación es de 200 mil trabajadores".

En Palacio Nacional, Luisa María Alcalde señaló que una de las prácticas que utilizan las empresas subcontratadoras es despedir o dar de baja a los trabajadores en diciembre y recontratarlos a finales de enero o febrero para no generar antigüedad y no adquirir derechos rompiendo con la continuidad de la relación laboral.

"Podemos ver dos años consecutivos, este es un fenómeno de todos los años, pero en 2018 es en diciembre cuando hay esta caída de 378 mil 560 puestos de trabajo, que después se recuperan y se recontratan a finales de enero y febrero, y el mismo comportamiento lo vemos en 2019 donde se dan de baja 382 mil 210 trabajadores y posteriormente se vuelven a contratar".

Detalló que se tienen datos de que la mitad del personal contratado en este esquema labora en empresas grandes de más de 250 trabajadores y que se encuentra principalmente en industrias como la manufactura, el turismo y otros servicios.

Indicó que de aprobarse esta ley resolverá el problema en los abusos de la subcontratación que tiene afectaciones en diferentes áreas como registrar salarios por debajo a los reales, lo que afectan las pensiones de los trabajadores, así como los fondos de vivienda, liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad e incapacidades.

"También lo relacionado con la simulación en la relación laboral respecto quienes es realmente el patrón, hay afectaciones en la estabilidad del empleo -porque los corres y los contrato- el pago de reparto de utilidades, impide la organización libre de los trabajadores y las negociación colectiva, por ende la posibilidad de mejoras salariales y también hay una afectación a la antigüedad".

En el salón Tesorería, la secretaria del Trabajo y Previsión Social detalló que la propuesta de reforma prevé sanciones más severas a las empresas que incumplan y se procederá contra ella por el delito de defraudación fiscal "no se permitirán que deduzcan impuestos y se impondrán multas a todas la empresas que incumplan".