Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), advirtió que existen distintos indicios que sugieren la persistencia de violaciones contra periodistas.

"En ninguna circunstancia los Estados deben tolerar estas manifestaciones de violencia que atentan contra la libertad de expresión; cuando ésta es amenazada, restringida o limitada, la democracia se debilita, se desprestigia y surge entonces la inmensa tentación de una regresión autoritaria", denunció. En conferencia virtual "La libertad de expresión y la desinformación en el marco de la pandemia de Covid-19"organizada por la Escuela Judicial Electoral, la comisionada del órgano garante estuvo acompañada por la Directora de la Escuela Judicial Electoral, Gabriela Ruvalcaba García.

Donde aseguró que pese a la relevancia del ejercicio de la libertad de expresión para la vigencia y el desarrollo de cualquier democracia y para obtener mejores resultados en la atención de la pandemia por Covid-19 los ataques contra la prensa no han cesado. Con datos del Instituto de Prensa Internacional, a nivel global se han registrado 410 violaciones contra los medios, 179 detenciones o cargos en contra de periodistas; 57 restricciones al acceso a la información; 52 casos de censura a medios o periodistas que cubren la pandemia; 102 ataques físicos, verbales e intimidaciones por parte de autoridades y público en general, puntualizó Ibarra Cadena.

En tanto Reporteros sin Fronteras ha documentado ataques contra al menos 125 reporteros en 29 países, que incluyen expulsiones, arrestos, interrogatorios, retiros de pases de prensa, exigencias de disculpas públicas y decomisos de dispositivos electrónicos. Por otra parte la Comisionada del Inai señaló que el impacto económico provocado por la pandemia, ha puesto en riesgo la permanencia de medios, pues algunos han cerrado ediciones de fines de semana, otros han limitado el número de trabajadores y unos más han cerrado definitivamente.

Durante el Foro Global para el Desarrollo de los Medios, varios miembros reportaron un colapso en los ingresos de hasta un 70% de financiamiento. Blanca Lilia Ibarra aseguró que las limitaciones al ejercicio de los derechos de la libertad de expresión y de acceso a la información, a consecuencia de la adopción de normas para contrarrestar los efectos de la pandemia por Covid-19, deben estar debidamente justificadas y basadas en los ordenamientos para evitar la censura, la opacidad, la falta de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades.

Agregó también que en la contingencia se ha generado una vasta pluralidad y diversidad de contenidos noticiosos que lejos de ayudar, obstaculizan la atención de la pandemia, pues la infodemia, puede ser o no fidedigno y, en consecuencia, dificulta encontrar soluciones. "La desinformación amenaza a la ciudadanía a exponerse a los peligros de omitir las recomendaciones sanitarias, alienta la desconfianza en los tomadores de decisiones y desorienta a los periodistas cuando buscan refutar hechos dudosos con información verídica, polariza las opiniones de diferentes sectores y, lamentablemente, alimenta expresiones y discursos de odio", concluyó.

Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la Red Rompe el Miedo, el Border Center for Journalists and Bloggers, CIMAC, Perteneces y Propuesta Cívica, han activado protocolos de monitoreo a nivel nacional para seguir de cerca la violencia dirigida contra periodistas y medios de comunicación durante las elecciones municipales, estatales y federales de 2024 en México.

Este monitoreo, que inició el 1 de marzo y se extenderá hasta el 31 de julio, busca anticipar y prevenir agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos en el contexto electoral, considerado uno de los momentos más riesgosos para la prensa en México. Durante el proceso electoral de 2018, se documentaron 185 agresiones contra periodistas, destacando la importancia de medidas preventivas y de reacción rápida.

En el día de las elecciones, el 2 de junio, se establecerá un centro de monitoreo nacional coordinado por la Red Rompe el Miedo y otras organizaciones de la sociedad civil. Este centro facilitará la coordinación de redes de protección, llamadas "nodos", compuestas por periodistas y defensores de derechos humanos, con el objetivo de articular medidas de prevención y protección, así como documentar y visibilizar agresiones que puedan ocurrir durante el proceso electoral.

Las organizaciones también han instado al gobierno a garantizar la protección de periodistas mediante medidas concretas, tanto preventivas como reactivas. Además, han exhortado a candidatos y partidos políticos a promover un proceso electoral que permita discutir propuestas de manera plural y diversa, evitando actos que pongan en peligro la vida y libertad de periodistas.

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Se reportó la liberación de los periodistas Silvia Nayssa Arce Avilés y Alberto Sánchez Juárez, del medio digital RedSiete, que habían sido desaparecido en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero.

Los dos de tres periodistas que estaban desaparecidos en la entidad fueron liberados anoche, de acuerdo con Articulo 19, que citó a la Oficina para México y Centroamérica y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).

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Hombres armados asesinaron este sábado al periodista Nelson Matus en Guerrero. Matus estaba en su coche, en la parte trasera de una tienda, en la colonia Emiliano Zapata, en Acapulco. Según han informado medios locales, sicarios se le acercaron y dispararon contra él, quitándole la vida. Matus quedó tirado junto al vehículo, ya sin vida. Las autoridades de Guerrero no han dado detalles de lo ocurrido.

El asesinato de Matus es el quinto asesinato de un periodista este año en México y el segundo en Acapulco. En mayo, sicarios asesinaron al comunicador Gerardo Torres Rentería en el puerto, esta vez en su casa. A sus 59 años, Torres había sido camarógrafo de Telemundo y cofundador de TV Azteca Guerrero, aunque desde hace unos años vivía alejado de los medios.

Entre 2000 y 2022, al menos 161 periodistas han sido asesinados en México en presunta relación con su labor, según la cuenta de la organización Artículo 19. Solo el año pasado fueron 13, el más letal desde que se tiene registro. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que cuenta los asesinatos y muertes violentas de periodistas y trabajadores de los medios, rebajan la cifra global a 142.

Jorge Enrique González Castillo, periodista, editor y editor general del periódico Meridiano de Nayarit, desapareció en la Ciudad de México, y sus familiares reportaron que dejaron de tener contacto con él la noche de este lunes 6 de marzo.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó la ficha de búsqueda del también escritor, y recalcó que “el último contacto con la victima fue vía telefónica, a su llegada a la Ciudad de México.”

Versiones de su familia y personas allegadas a él, señalan que acudió a una reunión de trabajo en la capital del país y que este martes por la mañana ya no fue posible contactarlo.

La ficha de búsqueda resalta que iba vestido de saco café, camisa blanca o azul, pantalón de mezclilla, zapatos de vestir.

La Fiscalía General de Nayarit solicitó la colaboración de autoridades de la Ciudad de México para llevar a cabo su localización. Mientras tanto, se investiga si su labor periodística podría ser la causa de su desaparición.

Sus familiares no han emitido un posicionamiento oficial, ya que están llevando a cabo las diligencias de búsqueda ante las autoridades correspondientes, pero señalaron que ofrecerán más adelante detalles, conforme avancen las investigaciones.