Gabino Morales Mendoza, superdelegado federal en el estado de San Luis Potosí, informó en su declaración patrimonial y de conflicto de intereses que tuvo un ingreso neto por su cargo casi 80 veces más de lo que reportó el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, delegado en Guerrero y hermano de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP), aún no presenta su declaración patrimonial.

Al revisar la declaración de Morales Mendoza, EL UNIVERSAL encontró que por el cargo de superdelegado federal reportó 126 millones 209 mil 710 pesos, es decir, 80 veces más que el ingreso que obtuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó que en 2019 ganó un millón 567 mil 640 pesos.

En su breve declaración presentada el pasado 22 de mayo, el funcionario federal detalló que cuenta con dos créditos automotrices, uno con el Banco Santander, por 240 mil pesos, y otro con el NR Finance, por 180 mil.

Jorge Taddei Bringas, delegado federal en Baja California, es otro de los funcionarios que también reportó un ingreso superior al del Ejecutivo federal, debido a que informó que obtuvo un millón 804 mil 734 pesos por su cargo, es decir, 250 mil pesos más que el salario del presidente López Obrador.

En su declaración, Taddei Bringas precisó que en 2019 en total recibió ingresos por 2 millones 412 mil 711 pesos, de los cuales, además del millón 804 mil 734 por su cargo como delegado, obtuvo 607 mil 977 como docente de la Universidad de Sonora.

Armando Zazueta Hernández, delegado federal en Jalisco, sólo reportó 622 mil pesos, esto debido a que comenzó a ejercer este cargo luego de que el empresario Carlos Lomelí Bolaños dejara el puesto, tras los señalamientos de presuntamente formar parte de una red de empresas que vendían medicamentos a la administración federal.

No han cumplido

Al revisar las declaraciones patrimoniales en la plataforma Declaranet hasta la tarde este sábado, se encontró que Amílcar Sandoval, hermano de Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, todavía no presentaba esta obligación, a pesar de los exhortos que ha hecho su hermana y el propio Presidente de la República de que los servidores públicos cumplan con esta obligación.

Hugo Éric Flores Cervantes, superdelegado federal en Morelos y quien fundara el Partido Encuentro Social (PES); tampoco ha reportado su declaración patrimonial; mientras que Carlos Merino Campos, delegado en Tabasco, tierra natal del Jefe de Estado, la presentó apenas anoche.

En el ámbito del gobierno federal, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero de la estrategia para el Covid-19, sigue sin presentar su declaración patrimonial y de intereses.

El pasado 26 de junio, la titular de la SFP aseguró que 100% de los integrantes del gabinete legal del gobierno federal habían cumplido con la obligación de presentar su declaración patrimonial y manifestó que los nuevos formatos implementados este año permiten "recabar más y mejor información", como los ingresos detallados de los servidores públicos para prevenir la corrupción y garantizar que protejan el interés general y no los beneficios particulares "como sucedía en el pasado, cuando se mantenía en total opacidad".

Añadió: "Los nuevos formatos, aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción, cuentan con mayor información y garantizan el derecho constitucional a la protección de los datos personales, con lo que se evita poner en riesgo la integridad y la información de las personas".

Irma Eréndira Sandoval señaló que los formatos constituyen un importante paso hacia la transparencia y cierran espacios a la opacidad, al ser "verdaderos mecanismos de rendición de cuentas, de prevención de corrupción y de detección de faltas como el enriquecimiento ilícito". La secretaria recordó que la aplicación de estos formatos es obligatoria a nivel nacional para los tres órdenes de gobierno.

Tras la tragedia en el antro Rich la noche del viernes, que dejó como saldo dos jóvenes muertos y más de una decena de heridos, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el lugar ubicado en plaza Altus no contaba con los permisos ni licencias para poder operar.

Al respecto, el director de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, precisó que desde el pasado 15 de marzo Protección Civil realizó una inspección en el lugar y detectó que no cumplía con las medidas de seguridad, por lo que le fue solicitado dar cumplimiento a los lineamientos para poder liberar los permisos correspondientes, sin embargo, hasta la noche del pasado viernes 7 de junio, día de la tragedia, esto no ocurrió.

Luego de los hechos, elementos de la dependencia acudieron a brindar auxilio a los jóvenes y personas que resultaron lesionadas; también se procedió a colocar los sellos de clausura inmediata del lugar.

Por último, Ordaz Flores dijo desconocer si el lugar estaba en funcionamiento por permisos que haya otorgado la Dirección de Comercio Municipal y la Dirección de Protección Civil del ayuntamiento de la capital.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que alista dos nuevas iniciativas una constitucional para que la defraudación fiscal sea catalogada como delito grave para que se cumpla la constitución y nadie pueda ganar más que el Presidente por medio de una reforma de austeridad republicana de Estado.

Dijo que la aprobación dependerá de los legisladores en el Congreso, en donde su movimiento no tiene la mayoría calificada para aprobar una reforma constitucional.

“Lo que sucedió en la Corte, de que se dio protección a defraudadores fiscales, a factureros, a delincuentes de cuello blanco, tiene que ir también al Congreso de nuevo”.

Señaló que revisara con constitucionalistas una reforma de Austeridad Republicana de Estado para que nadie pueda evitarla por medio de amparos, triquiñuelas legaloides, y ganen más que el Presidente.

“Se había decidido que terminando un funcionario no podía irse a trabajar a una empresa privada como era la costumbre todos los exdirectores de Pemex terminaron trabajando en empresas privadas; los que trabajaban en Hacienda a los Bancos, y lo más indignante y vergonzoso es que Zedillo se fue a trabajar a una empresa que se quedó con los Ferrocarriles Nacionales que él privatizó… y el caso de Calderón que se fue de consejero a Iberdrola, pero en la Corte lo echaron abajo, entonces vamos a volver a lo mismo”.

Dijo que en la discusión y aprobación dependerá de los legisladores, sin embargo el pueblo ya no quiere que regrese la corrupción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que alista más medidas de austeridad en su gobierno para pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, y detalló que entre las medidas a adoptar está la reducción en los viajes al extranjero y viáticos, y señaló que los ahorros que se obtengan se canalizarán al desarrollo y entregar apoyos a las personas más necesitadas.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que con estas políticas se busca una “austeridad republicana de Estado” y anunció que mañana sostendrá una reunión con su gabinete en Palacio Nacional para analizar esta propuesta.

Aseguró que la formula para obtener ahorros es sencilla, pues consta de “cero corrupción y austeridad".

“Les adelanto que ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es la de la pobreza franciscana, porque tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales, como vamos a reducir bastante, casi no va haber viajes al extranjero, vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono, por teleconferencias y vamos reducir viáticos aún más y otras medidas.

“Vamos a alcanzar más en el plan de austeridad, independiente de lo que tiene que ver con poderes autónomos y que esto tiene que tratarse como una cuestión de Estado, es austeridad republicana de Estado para seguir manteniendo ahorros, para seguir sin deuda, sin solicitar deudas adicionales, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de la gasolinas. La forma el sencilla, es cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo, entregar recursos a la gente más necesitada”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que desde que inició su gobierno no se ha comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos “ni uno solo”.

“Yo, la camioneta más nueva que tengo es del 2018, que la compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280 mil kilómetros, pero tenemos ya camionetas de las que usamos de 400, mil kilómetros y de pues 10 años de uso. Les estamos dando mantenimiento y no me han dejado tirado en las giras”, afirmó.

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), exhibió que titulares de diversos organismos autónomos ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos, algunos que son muy cercanos y que fueron propuestos por el propio Mandatario federal como Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico); el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y Graciela Marquez Colin, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al presentar la nueva sección “Quién es quién en los sueldos mensuales” en la conferencia de prensa matutina el Ejecutivo federal, el procurador señaló que en esta lista también están consejeros de la Judicatura Federal (CJF), el presidente del INE, Lorenzo Cordova; así como ministros de la Suprema Corte de la Nación (SCJN). 

Acusó que funcionarios del Inegi se ampararon para obtener un salario mayor al del titular del Ejecutivo Federal.

Ricardo Sheffield advirtió que investigará más a fondo sobre estos salarios e incluso pidió el apoyo de los medios de comunicación.

“Hay algunas instituciones que están amparadas y que con eso se excusan para no cumplir con una disposición que tiene ya la Constitución de nuestro país en donde nadie debe ganar más que el señor presidente”.

Explicó que el comparativo de sueldos es “el mensual después de impuestos, el neto, el que realmente nos llega a la bolsa y nos lo podemos guardar en lo que ocupemos gastarlo”.

“El sueldo del señor Presidente es de 136 mil 700 pesos, gana exactamente lo mismo la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los secretarios de Estado, 135 mi 400, el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el director general gana 132 mil pesos mensuales ya netos; el director general de Pemex, 125 mil 400 pesos”.

En los que no cumplen con la ley, indicó Ricardo Sheffield, están los consejeros de la Judicatura Federal (CJF) con 286 mil 600 pesos mensuales; el magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) con 286 mil 500 pesos; ministros de la Suprema Corte (SCJN) con 284 mil 500 pesos; la gobernadora del Banco de México (Banxico) con 248 mil 500 pesos; el consejero presidente del INE con 240 mil 500 pesos.

El titular de Profeco señaló que también entre los que ganan más que el presidente López Obrador está el comisionado presidente de la Cofece con 206 mil 400 pesos; el comisionado presidente del IFT con 197 mil 700 pesos; la comisionada presidenta del Inai con 151 mil 300 pesos; la presidenta del Inegi con 149 mil 700 pesos; así como el fiscal general de la República con 146 mil 600 pesos y el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con 142 mil 100 pesos .

El titular de Profeco recordó que el articulo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeñó de su función, empleo mayor a la establecida para el presidente de la República.

Litigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí lograron una sentencia condenatoria en contra de un joven por el delito de feminicidio. La Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes fue la que llevó el proceso desde el inicio hasta la culminación con ese fallo favorable.

Al imputado, quien tenía 17 años cuando cometió el delito, la autoridad judicial le impuso la sanción máxima que establece la ley para adolescentes y estará privado de su libertad en el Centro de Internamiento Juvenil. También deberá pagar la reparación del daño a las víctimas indirectas de lo acontecido.

Este joven privó de la vida a una mujer de 19 años de edad, el 28 de enero de 2021 en la ciudad de San Luis Potosí; tras el hecho, se dio a la fuga.  

La Policía de Investigación (PDI) pudo detenerlo mediante una orden de aprehensión y la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes de la FGE trabajó la carpeta, hasta llegar a este resultado condenatorio.

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