La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de mil 939 personas y empresas vinculadas al "Cártel Jalisco Nueva Generación", entre ellos algunos servidores públicos.

A través del "Operativo Agave Azul", la UIF, a cargo de Santiago Nieto, informó que instituciones del gabinete de seguridad proporcionaron informes de inteligencia relacionados con los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y diversos servidores públicos que operan en redes de corrupción para favorecer las actividades del "Cártel Jalisco Nueva Generación".

Además, trabajó en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para ubicar a más integrantes del Cártel y sus operadores financieros y empresas utilizadas para el lavado de dinero.

Durante meses, la UIF analizó dos mil 571 operaciones inusuales por 2 mil 951 millones de pesos y 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos.

También transferencias internacionales que generaron 8 mil 424 reportes por 7 mil 216 millones de pesos y localizó 2 mil 102 reportes por 2 millones 955 mil dólares y 6 mil 507 transferencias interbancarias por 657 millones de pesos.

Las operaciones fueron realizadas en Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.

Por ello, fueron ejecutados acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos vinculados al "Cártel Jalisco Nueva Generación".

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó incluir en su Lista de Personas Bloqueadas a personas y empresas señaladas este martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, luego de detectar operaciones financieras consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.

Entre los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se encuentran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, e Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, a quien el gobierno estadounidense identifica como uno de los líderes de la organización criminal.

📢 #ComunicadoDePrensa

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas derivadas de una designación de la OFAC.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informa que a partir de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos… pic.twitter.com/qUZMifsmlE

— Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 29, 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que la inclusión en la lista mexicana constituye una medida preventiva de carácter administrativo, cuyo objetivo es proteger la integridad del sistema financiero nacional.

Hacienda enfatizó que la medida no constituye una determinación definitiva ni implica que se haya acreditado responsabilidad penal de las personas señaladas. Se trata de una acción preventiva adoptada después de las designaciones y señalamientos realizados por la OFAC.

UIF detectó operaciones financieras de riesgo

Tras las sanciones anunciadas por Estados Unidos, la UIF realizó un análisis de la información financiera disponible en México relacionada con las personas y empresas incluidas.

Como resultado, Hacienda informó que entre algunos de los sujetos fueron identificadas operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que llevaron a la autoridad mexicana a adoptar las medidas preventivas.

La OFAC anunció este martes sanciones contra 46 objetivos: 21 personas físicas y 25 empresas, a quienes el Departamento del Tesoro estadounidense relaciona con diferentes estructuras y operaciones del Cártel de Sinaloa.

Entre los señalados se encuentran personas vinculadas, según Estados Unidos, con las facciones de “Los Mayos” y “Los Rusos”, además de operadores ubicados en Tijuana y Mexicali.

Sancionados podrán defenderse: Hacienda

La SHCP aclaró que las personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas conservan los medios de defensa y garantías establecidos en la legislación mexicana.

Esto incluye el derecho de audiencia ante las autoridades correspondientes y la posibilidad de presentar los recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren procedentes.

La normativa mexicana contempla que las instituciones financieras deben suspender operaciones con clientes que sean incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas una vez que la autoridad les notifica la inclusión.

La UIF ha señalado previamente que este tipo de bloqueos derivados de designaciones internacionales son de carácter preventivo y no equivalen a una resolución judicial ni prejuzgan sobre la existencia de responsabilidad penal.

Las medidas mexicanas se producen después de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara una amplia operación financiera contra personas y empresas que señala como relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un paquete de recompensas por 100 millones de dólares para lograr la captura de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y desarticular sus redes criminales, además de presentar nuevas acusaciones por narcotráfico, tráfico de armas y fraude relacionado con tiempos compartidos.

El anuncio fue realizado por el fiscal general Todd Blanche, el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, y el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, quienes aseguraron que las acciones forman parte de la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.

Durante la conferencia, el titular de la DEA denunció que existe corrupción en México que, aseguró, ha favorecido las operaciones del CJNG.

"La corrupción y los cárteles son lo mismo. La corrupción es actividad de los cárteles, es un facilitador, y la perseguiremos", afirmó Terrance Cole.

El funcionario añadió que las autoridades estadounidenses continuarán investigando tanto a los líderes de los cárteles como a funcionarios públicos que presuntamente faciliten el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otros delitos.

Nuevas acusaciones

El fiscal general adjunto de la División Criminal, Tyson Duva, informó que fueron presentados nuevos cargos por tráfico de drogas y armas contra cinco presuntos integrantes de alto nivel del CJNG:

• Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias "Chorro"
• Hugo Gonzalo Mendoza, alias "El Sapo"
• Ricardo Luis Velasco, alias "Tripa"
• Julio César Montero Pinzón, alias "Tarjetas"
• Carlos Andrés Rivera, alias "La Firma"

Asimismo, las autoridades presentaron acusaciones adicionales por un esquema de fraude en tiempos compartidos contra Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

"El Pelón", prioridad de la DEA

Durante el anuncio, Cole destacó que la coordinación con las autoridades mexicanas continúa de manera permanente y reconoció la comunicación que mantiene con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

"Tenemos una relación. Él quiere lo mejor para su país. Yo quiero lo mejor para Estados Unidos", expresó.

El director de la DEA también se refirió al operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y aseguró que Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón", es actualmente la prioridad número uno de la agencia.

Como parte de las nuevas medidas, el gobierno estadounidense elevó de 20 a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de "El Pelón".

Además, ofrece hasta:

• 15 millones de dólares por Audias Flores Silva, alias "El Jardinero".
• 15 millones de dólares por Gonzalo Mendoza Gaytán, alias "El Sapo".
• 15 millones de dólares por Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias "Chorro".
• 10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco, alias "Tripa".
• 10 millones de dólares por Julio César Montero Pinzón, alias "El Tarjetas".
• 10 millones de dólares por Carlos Andrés Rivera Varela, alias "La Firma".
• 2 millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Revocan visas

Como parte de la ofensiva, el Departamento de Estado informó que prohibió el ingreso a Estados Unidos a 65 familiares y asociados de personas vinculadas con el CJNG, de los cuales 26 contaban con visas vigentes, mismas que fueron revocadas.

La dependencia precisó que, desde la implementación de esta política en junio de 2025, 93 visas han sido canceladas a familiares y colaboradores de integrantes de organizaciones criminales catalogadas por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación formal contra dos ciudadanos chinos señalados de presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los acusados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes enfrentan cargos en el Distrito Este de Virginia.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, entre noviembre de 2016 y abril de 2025 ambos habrían participado junto a otros cómplices en una red internacional de lavado de dinero vinculada al narcotráfico.

La acusación señala que utilizaron diversos métodos clandestinos como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicación cifrada y sistemas de verificación de números de serie para mover recursos ilícitos.

Además, el Departamento de Justicia indicó que la operación criminal involucraba dinero proveniente del tráfico de drogas como cocaína y fentanilo.

Según la investigación, la red operaba en varios países, incluyendo Estados Unidos, México, China y otras regiones de América Latina.

Las autoridades estadounidenses detallaron que ambos fueron acusados formalmente el 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal en Alexandria, Virginia, aunque actualmente permanecen prófugos.

En caso de ser encontrados culpables, Zhen y Wu podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión cada uno.

El gobierno de Estados Unidos ha señalado en repetidas ocasiones la presunta colaboración entre grupos criminales mexicanos y redes financieras chinas relacionadas con el lavado de dinero y el tráfico de fentanilo.

La DEA sostiene que los cárteles mexicanos son pieza clave en la crisis de opioides sintéticos que afecta al país, mientras que Washington también acusa a China de exportar precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera se realizó de manera preventiva y negó que exista una investigación directa en su contra por parte de la dependencia.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el bloqueo ocurrió como parte de mecanismos automáticos derivados de las órdenes de aprehensión emitidas en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF”, declaró Sheinbaum.

La presidenta indicó que solicitó a la dependencia emitir un comunicado oficial para explicar el procedimiento aplicado en este caso.

Asimismo, rechazó que la UIF mantenga una investigación abierta específicamente contra Rocha Moya y sostuvo que este tipo de acciones forman parte de protocolos financieros habituales cuando existen señalamientos internacionales.

El caso ocurre luego de que autoridades estadounidenses acusaran formalmente a Rocha Moya y a otros funcionarios de Sinaloa por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y solicitaran su extradición ante el gobierno mexicano.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sufrió un debilitamiento en su estructura; sin embargo, advirtió que la organización criminal no ha desaparecido y continúa siendo una de las más peligrosas del país.

Al ser cuestionado sobre la situación del grupo criminal a casi un mes del operativo en el que fue abatido su líder, el funcionario señaló que el cártel mantiene presencia en diversas entidades del territorio nacional.

“Por supuesto, es un grupo que tiene presencia en varios estados de la República, es un grupo muy fuerte del crimen organizado, que si bien representa con la neutralización de su líder principal un debilitamiento de la estructura, no quiere decir que el grupo haya desaparecido; por supuesto, tiene presencia a nivel nacional y es un grupo con alta peligrosidad”, declaró.

El titular de Seguridad indicó que, de acuerdo con reportes de inteligencia, el CJNG continúa siendo una organización con importante capacidad operativa, pese al golpe que significó la neutralización de su principal dirigente.

FGR alista informe sobre bienes y recursos asegurados en operativo contra "El Mencho"

Sobre los bienes y recursos asegurados tras el operativo, García Harfuch explicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de informar con precisión los avances ministeriales y las diligencias realizadas.

“Tengo entendido que la Fiscalía General de la República va a presentar un informe de lo que se ha avanzado de manera ministerial después de la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí se le han asegurado ya bienes inmuebles, pero preferiría que fuera la fiscalía quien dé con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué diligencias han llevado a cabo”, señaló.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó abundar en detalles sobre la duración del enfrentamiento ocurrido en Jalisco, al recordar que la información operativa ya fue presentada previamente por la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Ya se dio bastante información por parte del secretario de la Defensa. Fue una operación que estuvo a su cargo y cualquier otra aclaración la puede dar la fiscalía y algún otro detalle también se puede comentar”, expresó.

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