Entre gritos de “Guanajuato es provida”, el Congreso del Estado volvió a rechazar la iniciativa para despenalizar el aborto voluntario. Con 19 votos en contra y 17 a favor, la propuesta fue descartada por quinta ocasión en un periodo de siete años, manteniendo vigente el marco penal que castiga el aborto inducido con penas de seis meses a tres años de prisión.
En la sesión del 4 de diciembre se sometieron a votación tres dictámenes: dos impulsados por diputadas de Morena, Eugenia García Oliveros y Edith Moreno Valencia, y uno de la legisladora de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco. Las iniciativas buscaban reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva y garantizar su autonomía corporal, siguiendo parámetros establecidos por organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
El marco presentado subrayaba que los derechos sexuales y reproductivos obligan a los gobiernos a respetar, proteger y garantizar el acceso a servicios de salud, información y decisiones libres sobre la reproducción. La permanencia del aborto como delito —señalaban las promoventes— perpetúa estigmas, inhibe la atención médica oportuna y expone a mujeres y personas gestantes a situaciones de riesgo.
La diputada Sandra Alicia Pedroza recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que el Código Penal de Guanajuato vulnera derechos fundamentales, por lo que instó al Congreso a corregir la legislación. Aseguró que su propuesta busca evitar la criminalización y disminuir la mortalidad materna. “Busco justicia y busco dignidad, que se nos deje de perseguir”, sostuvo.
En contraste, la diputada Karol Jared González Márquez defendió la postura provida señalando que su voto parte de la protección de la vida desde la concepción. Argumentó que en Guanajuato no hay mujeres encarceladas por abortar y que mantener la penalización permite a las autoridades actuar ante casos de abuso, explotación o redes que lucren con embarazos no deseados.
Las iniciativas también destacaban que la autonomía reproductiva se ve vulnerada no solo por la criminalización del aborto, sino también por prácticas como impedir el acceso a anticonceptivos, ejercer coacción sexual, discriminar por orientación sexual o identidad de género y limitar la autodeterminación de personas con discapacidad.
Pese a estos argumentos, la mayoría del Congreso optó nuevamente por mantener sin cambios la legislación vigente. Con esta votación, Guanajuato continúa siendo uno de los estados donde el aborto inducido sigue penalizado salvo en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer, y el debate legislativo queda abierto para futuras discusiones.
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