A principios de abril de 2019, mientras veraneaba en un exclusivo barrio de Playa del Carmen, en pleno Caribe mexicano, un escuadrón de la policía federal detuvo a Ignacio Santoyo, alias “El Sony”, por el delito de trata de personas.

El sujeto, quien se encuentra recluido mientras dura su proceso, fue señalado por un juez de ser el propietario de las páginas web “Zona divas” y “Boutique VIP”, desde donde reclutó a más de 2,000 jóvenes de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela para chantajearlas y explotarlas sexualmente.

Las autoridades tenían meses siguiéndole la pista a Santoyo y finalmente dieron con su paradero luego de que sus datos salieron a la luz tras adquirir bitcoins por encima del límite en que se activan las alarmas en el sistema financiero local.

Al hacerse de criptomonedas, Santoyo pretendía lavar miles de dólares en ganancias ilícitas, una práctica cada vez más usada por los grupos del crimen organizado en Latinoamérica, incluidos los poderosos cárteles de Sinaloa -del apresado Joaquín “El Chapo” Guzmán- y Jalisco Nueva Generación (CJNG), según funcionarios mexicanos y la DEA.

Ni Santoyo ni sus abogados pudieron ser contactados para hacer comentarios. La fiscalía general de México se negó a comentar mientras el caso permanezca abierto.

Aunque incipiente, el vínculo entre criminales y criptomonedas supone un duro golpe a la región y, en particular, mina los esfuerzos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ir tras las ganancias de grupos delictivos que libran una guerra sin cuartel por el control de lucrativas rutas para el tráfico de drogas, armas, dinero y personas.

“Hay una transición hacia cometer delitos en el ámbito cibernético, como la adquisición de criptomonedas para lavar el dinero (...) y la pandemia la está acelerando”, dijo a Reuters Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda de México.

La autoridad y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) aseguraron que funcionarios mexicanos y estadounidenses trabajan de la mano para hacerle frente a esta nueva modalidad de lavado de activos, pero no ocultaron sus inquietudes.

“La DEA está ciertamente preocupada”, confesó a Reuters un portavoz del organismo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. “A medida que el tráfico continúa evolucionando, nosotros también debemos evolucionar. Es un gran desafío”.

PRIMEROS CASOS, ¿PUNTA DEL ICEBERG?

El caso de Santoyo es uno de los dos que involucran lavado de dinero a través de bitcoins detectados hasta ahora por las autoridades mexicanas, cuyos detalles no se han publicado previamente. Funcionarios aseguraron a Reuters que más casos podrían estar ocurriendo a sus espaldas por la versatilidad y el anonimato que ofrecen estos novedosos instrumentos monetarios.

En su oficina de la capital, Nieto reveló que integrantes de la Unión Tepito, un cártel que siembra el terror en Ciudad de México, estaban a cargo de vigilar a las muchachas reclutadas por la organización de “El Sony”.

En 2018, el delincuente y su hermana Ivy adquirieron al menos 440,800 pesos (unos 22,260 dólares) en bitcoins a través de Bitso, una plataforma para comprar y vender criptomonedas con operaciones en México y Argentina, según datos oficiales a los que Reuters tuvo acceso.

La ley mexicana obliga a los proveedores de activos virtuales a reportar operaciones superiores a los 56,000 pesos (unos 2,830 dólares). Según cifras de la UIF, en el país hay 11 firmas registradas, incluida Bitso, que declinó comentar.

El segundo caso de lavado de activos a través de criptomonedas que las autoridades mexicanas han seguido es el de la banda “Bandidos revolution team”, acusada de robar millones de dólares a través de ataques cibernéticos a grandes bancos.

En mayo de 2019, una fuerza especial detuvo en el central estado Guanajuato a su líder, Héctor Ortiz, conocido como “H-1”, luego de que adquiriera bitcoins para tratar de lavar miles de dólares en ganancias ilícitas.

Al igual que “El Sony”, el “H-1” quedó al descubierto gracias a la Ley Fintech local, una de las normativas más avanzadas de la región para regular a las instituciones de tecnología financiera promulgada en 2018.

Ni Ortiz ni sus abogados pudieron ser contactados por Reuters en busca de comentarios. La fiscalía general de México también se negó a comentar mientras el caso esté abierto.

Recientemente, la DEA calificó como “alarmante” la presencia cada vez mayor de organizaciones de blanqueo de dinero asiáticas involucradas en el lavado de activos a nombre de poderosos grupos criminales mexicanos.

La agencia antinarcóticos estadounidense considera a los cárteles mexicanos y colombianos como los más poderosos y quienes están usando criptomonedas para lavar sus ganancias.

“Tanto las organizaciones criminales transnacionales mexicanas como las colombianas están aumentando el uso de monedas virtuales debido al anonimato y la velocidad de las transacciones”, dijo a Reuters el portavoz de la DEA, Michael D. Miller.

“Se cree que el uso de moneda virtual solo aumentará en el futuro, a medida que se generalice”, agregó.

En abril de 2018, en una operación conocida como “Tulipán blanca” y coordinada por la Oficina Europea de Policía (Europol), la Guardia Civil española desarticuló una banda criminal que blanqueó más de ocho millones de dólares del narco a través de cajeros automáticos y compra de criptomonedas.

Según la gendarmería de España, los delincuentes ingresaban en cajeros automáticos españoles pequeñas cantidades de dinero que más tarde eran recogidas en Colombia y Ciudad de Panamá.

Pero cuando las operaciones de blanqueo fueron detectadas por la Guardia Civil, el procedimiento cambió. Los delincuentes comenzaron a comprar bitcoins con los fondos procedentes de la droga en el popular sitio de red entre pares (P2P) LocalBitcoins, con sede en Finlandia. Esas divisas digitales eran más tarde convertidas directamente en pesos colombianos.

Tres meses después, en otra investigación, la Guardia Civil y la policía colombiana detuvieron a 23 personas en Colombia y España tras desarticular dos organizaciones criminales que blanquearon cerca de 2.5 millones de euros procedentes de actividades ilícitas de ambos lados del Atlántico.

Los criminales, explicó la gendarmería española, usaban distintos métodos para lavar el dinero como el “pitufeo” -dividir una gran transacción en varias más pequeñas para evitar el escrutinio- y la compra y venta de criptomonedas como bitcoins.

Colombia es uno de los países donde más han aumentado las transacciones con criptomonedas. Según LocalBitcoins, la compraventa entre bitcoins y pesos colombianos creció un 45% en el último año al alcanzar 3.8 millones de dólares en la primera semana de noviembre de este año.

El aumento se explica por la carestía de transacciones bancarias internacionales, pero también por operaciones criminales como el lavado de dinero, dijeron especialistas.

MENOS DECOMISO DE EFECTIVO, MÁS BITCOINS

Cada año, el crimen organizado blanquea más de 25,000 millones de dólares en México, de acuerdo a cálculos del Gobierno y firmas de inteligencia financiera.

El método predilecto para mover y lavar activos sigue siendo el efectivo, dijo la DEA en su último informe, pero el retroceso en la cantidad de dinero incautada desde 2010 abona a su aserto de que los criminales están abrazando las nuevas tecnologías para minimizar los riesgos de mover toneladas de billetes.

Los decomisos de efectivo en Estados Unidos pasaron de 741 millones de dólares en 2011 a 234 millones de dólares en 2018, un retroceso del 68%, de acuerdo a datos de la DEA.

“Las monedas virtuales, como Bitcoin, se están volviendo cada vez más comunes y ofrecen a los traficantes un método relativamente seguro para mover los ingresos ilícitos por todo el mundo con mucho menos riesgo en comparación con los métodos tradicionales”, aseguró la DEA.

La propia agencia reveló que apenas ha seguido menos de una decena de casos de lavado de dinero a través de criptomonedas desde 2014, pero éstos se han venido incrementando y hay algunos relacionados con México.

En uno de ellos, tras una enorme operación policial que culminó en diciembre de 2018 y que involucró a más 400 agentes, se desbarató una red de tráfico de drogas que operaba en Estados Unidos y era liderada por el Cártel de Sinaloa, según documentos judiciales a los que Reuters tuvo acceso.

Entre los 29 arrestados, Gregory Werber, de 56 años, fue acusado de usar “Coin Services International”, su negocio de criptomonedas en Manhattan Beach, California, para lavar y transferir las ganancias del cártel a México desde, al menos, febrero de 2018, según al acuerdo de culpabilidad.

Según el documento fechado en diciembre de 2019, Werber fue capturado luego de que autoridades intervinieran sus teléfonos y correos electrónicos, y que agentes encubiertos compraran bitcoins en su empresa. El acusado, que se declaró culpable, lavó entre 550,000 dólares y 1.5 millones de dólares, que luego depositó en un monedero de criptomonedas del cártel de Sinaloa.

Autoridades mexicanas, por su parte, no descartaron que más casos pudieran estar sucediendo a sus espaldas, sobre todo, si se dieran a través de la internet profunda (deep web), aquella que no está indexada por motores de búsqueda tradicionales como Google o Yahoo y donde pueden establecerse contactos que no son monitoreados por lo que las transferencias -tanto de mercancía como de pagos- son prácticamente imposibles de rastrear.

“Es posible que se pueda dar el tema”, dijo a Reuters Rolando Rosas, titular de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas (UICOT) de la Fiscalía. “En el caso de la deep web es un poco más complicado (combatir el lavado de activos) por el anonimato que dan este tipo de mecanismos”.

Para estar a la altura, Rosas solicitó más y mejor personal para su unidad. La UICOT tiene unos 120 elementos, pero debería contar con más del cuádruple, estimó el funcionario.

De las 11 entidades registradas en México como proveedoras de activos virtuales, una establecida en el estado Jalisco ha enviado 1,008 avisos de operaciones inusuales, un 98% del total de notificaciones recibidas por las autoridades en 2020, según datos federales a los que Reuters tuvo acceso.

“Esto nos permite tener un indicador de que el cártel Jalisco (Nueva Generación) puede estar incorporado en esta dinámica (de lavar activos a través de criptomonedas)”, reconoció Nieto, el titular de la UIF.

Tomás Álvarez, director general de Volabit, dijo a Reuters que su empresa es a la que Nieto hace referencia, pero negó cualquier relación con el crimen organizado.

“Es un error (...) asumir que como los avisos los genera una compañía basada en Jalisco estos deben corresponder a personas de Jalisco”, dijo Álvarez.

“Volabit es una plataforma digital, tenemos usuarios de todo el país. De hecho, la mayoría de los reportes no son de usuarios que viven en Jalisco. Si nuestras oficinas estuvieran en Ciudad de México dirían que el 98% de los reportes vienen de una compañía registrada en Ciudad de México”, agregó.

Pero Adolfo Grego, director de Tecnología del mexicano Grupo RF, aseguró que un riesgo para las organizaciones delictivas es la volatilidad de la criptomoneda.

A fines de 2017, por ejemplo, Bitcoin llegó a su máximo de casi 20,000 dólares aunque por apenas 48 horas. Un año después de su récord histórico, había perdido casi el 84% de su valor al caer por debajo de los 3,100 dólares. Pero Bitcoin es apenas una de las casi 7,000 criptomonedas existentes. Las más usadas también incluyen a Ethereum, XRP y EOS.

“Las criptomonedas, desafortunadamente, se están moviendo cada vez más hacia un uso ilícito”, sentenció Grego.

(1 dólar = 19.8 pesos mexicanos)

Al menos 455 niños y adolescentes fueron asesinados entre enero y septiembre en Ecuador, donde el lunes cuarto menores, entre ellos un bebé, fueron ultimados a tiros por sicarios, señaló este miércoles la Defensoría del Pueblo.

En el país "455 menores (fueron) asesinados solo entre enero y septiembre de 2023", anotó la Defensoría en un comunicado. "La situación en la provincia de Guayas es particularmente grave", donde se registra la mayoría de casos, agregó el texto.

De acuerdo con el reporte semestral del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, entre enero de 2019 y junio de 2022 los homicidios de jóvenes entre 15 a 19 años se incrementaron un 500% en el país, azotado por el narcotráfico y las bandas criminales.

El último caso fue el de los hermanos Jordana, Briana, Adiel y Aitana que murieron cuando hombres armados dispararon contra su vivienda en el Guasmo Sur, un empobrecido barrio de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas.

Los niños tenían entre cinco meses de edad y siete años. Su madre se encuentra hospitalizada bajo pronóstico reservado, según autoridades.

La policía considera que el ataque iba direccionado a otras personas que vivían en la casa vecina y donde los uniformados hallaron explosivos.

"Este incidente, reflejo de un aumento alarmante en los actos de sicariato y violencia, subraya una emergencia de seguridad nacional", señaló la Defensoría del Pueblo.

Agregó que "una masacre se convierte en el espejo más crudo del sicariato en Ecuador", una nación convertida en centro logístico para el envío de cocaína a Estados Unidos y Europa.

La institución exhortó al gobierno a "gestionar de manera urgente los recursos necesarios" para combatir al crimen organizado y el narcotráfico.

Ecuador alcanzó el récord de 26 por cada 100 mil habitantes en 2022. Esa cifra podría escalar este año hasta llegar a los 40 asesinatos por cada 100 mil personas, según expertos.

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, reconoció que tuvo un encuentro con uno de los líderes criminales de Guerrero, esto luego que se diera a conocer un video en la que se les ve juntos.

Este miércoles en redes sociales circuló un video en el que se ve a la alcaldesa con un hombre que viste playera negra y gorra negra, que se identificado como el líder del grupo criminal de Los Ardillos.

Se desconoce cuándo se llevó a cabo dicho encuentro y si es el único que ha tenido lugar entre ambos personajes.

No hizo ningún compromiso con el líder criminal, dice Norma Otilia

Cuestionada al respecto, Norma Otilia Hernández reconoció que el encuentro sí se llevó a cabo y agregó que no hizo ningún compromiso.

El pasado 24 de junio dejaron siete cadáveres desmembrados y decapitados en Chilpancingo junto a un mensaje dirigido a la alcaldesa: “Saludos Presidenta. Sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después que viniste a buscarme con cariño, tu amigo”.

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Los datos son apabullantes: la presencia del crimen organizado en México se extiende a lo largo de 1.59 millones de kilómetros cuadrados: exactamente 81% del territorio nacional, en donde 108 millones de mexicanos viven en riesgo potencial.

Las garras de los grupos criminales se han hecho presentes en el país por medio de ejecuciones, masacres, narcomantas, extorsiones, secuestros, videos amenazantes e, incluso, asesinatos de policías, políticos y funcionarios. Estos hechos han sido detectados en mil 488 de los 2 mil 471 municipios que hay en el país.

Las organizaciones delictivas con mayor presencia en México son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. El primero opera en 28 estados; el segundo, en 24.

Se ha detectado la presencia del Cártel del Golfo en 10; del Cártel del Noreste, en ocho; de La Familia Michoacana, en siete; de Los Zetas, en seis.

De Los Templarios, en cinco; de Los Chapitos, en cuatro. Organizaciones “menores” como los Beltrán Leyva, el Cártel de Caborca, Los Talibanes, Los Rojos, Los Salazar y Los Viagras actúan cada una en tres estados.

Tras una investigación de más de seis meses, que incluye datos del gobierno federal y las fiscalías estatales, así como la consulta de fuentes abiertas y la revisión exhaustiva de documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya, la firma AC Consultores preparó un voluminoso estudio a cuyas conclusiones tuvo acceso EL UNIVERSAL.

En sólo 12 días del actual mes de junio, el país se sacudió con imágenes de sangre procedentes de todos los rincones de México. Se trató de asesinatos y masacres ocurridos en lugares tan distantes entre sí como lo son Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Sonora, Zacatecas y Querétaro.

En esos días se registraron 971 homicidios dolosos: un promedio de 80.9 diarios. Esos homicidios engrosan la cifra de más de 158 mil muertes violentas ocurridas a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El reporte consultado por EL UNIVERSAL es una radiografía que explica esa violencia y habla de una crisis de criminalidad sin precedentes.

Según AC Consultores, en el país existen 175 organizaciones criminales.

El Cártel Jalisco actúa en 427 municipios mexicanos. Los Zetas operan en 411; el Cártel de Sinaloa, en 293; La Familia Michoacana, en 103; el Cártel del Golfo, en 84; el Cártel del Noreste, en 63; Los Zetas Vieja Escuela, en 55, y el Cártel de Juárez, en 30.

Hay una inmensa constelación de grupos que dominan entre 20 y 50 municipios: Los Chapitos, Los Salazar, los Guerreros Unidos, Los Rojos y La Línea, así como organizaciones menos conocidas y citadas: Los Yglesias, El Cheturo, Los Chehuis, Los Coyunda, Los Reyes y Los Terán.

El documento expresa también el radio de influencia de cada uno de estos grupos. El Cártel de Sinaloa domina 674 mil kilómetros cuadrados. El Cártel Jalisco, 477 mil. El Cártel de Juárez, por su parte, mantiene presencia a lo largo de 153 mil.

Las células de el Cártel Jalisco se mueven en lugares cuya población abarca en su conjunto 55 millones de personas. El Cártel de Sinaloa lo hace en sitios donde habitan 36 millones. La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, La Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac operan en centros donde conviven 47 millones de mexicanos.

Sólo dos grupos, como se ha dicho, operan en más de 20 estados. Del Cártel Jalisco no se reporta presencia en Sinaloa, Durango, Coahuila y Campeche. En el resto del país hay actividad de sus células. Según el documento, el Cártel de Sinaloa tendría también presencia en casi todos los estados, a excepción de algunos como Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

De las 175 organizaciones registradas, sólo 39 actúan en dos estados o más. Un total de 136 se mueven en sólo un estado de la República.

De acuerdo con el estudio, existe un promedio de alrededor de 9.5 grupos criminales en cada estado de la República. La Ciudad de México es la excepción: se registran 216% más organizaciones que en el resto del país.

El estudio detecta la imparable actividad de 30 grupos delictivos en la capital de México. Los más grandes son La Unión Tepito, La Fuerza Anti Unión, el Cártel de Tláhuac y células de La Familia Michoacana.

Pero operan también grupos locales como el de Juan Balta, Los Tanzanios, Los Canchola, Los Rodolfos, Ronda 88, Los Molina, El Maestrín, El Hércules y El E.T. Según el documento, en la capital del país también existe presencia del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Guerreros Unidos.

Como dato relevante, el informe señala la presencia de organizaciones de colombianos y venezolanos (muchos de ellos dedicados al gota a gota) cuya actividad ha sido ubicada en 23% del territorio de la ciudad.

En su totalidad, estos grupos ponen en riesgo potencial a 8.6 millones de habitantes. Los municipios más críticos serían las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, las cuales registran la presencia de 13 grupos criminales, lo que las coloca en el mismo rango de Tepalcatepec, Michoacán (con 15 organizaciones) y Ciudad Juárez, Chihuahua (12 grupos).

En la lista de alcaldías del país con mayor presencia del crimen organizado están las oaxaqueñas Asunción Ixtlaltepec, Chahuites, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Guevea de Humboldt, Ixpantepec Nieves, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tlacotepec y Reforma de Pineda, con nueve grupos cada una.

En ese rango se encuentran Ecatepec, en el Estado de México, y Mexicali, en Baja California.

Otros estados del país que superan la media nacional en cuanto a presencia del crimen organizado son Michoacán, donde se contabiliza la presencia de 24 grupos; Sonora, donde actúan 19; el Estado de México y Chihuahua, con 18 cada uno; Oaxaca, con 16; Guerrero e Hidalgo, con 14, respectivamente, así como Morelos y Puebla, con 11 grupos detectados en cada estado.

El estudio concluye que la presencia mayoritaria del crimen organizado en el país, medida incluso en kilómetros cuadrados, corresponde a los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa; y que en 49% del territorio se han asentado grupos como el Cártel de Juárez, Los Zetas, Los Salazar, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, La Línea, Los Chapitos y Los Zetas Vieja Escuela.

El Cártel Jalisco tendría en riesgo de seguridad —con sus respectivos efectos sociales y económicos— a 43.5% de la población de México.

El Cártel de Sinaloa, a 28.6%. Es la radiografía del avance del crimen organizado hasta 2023, el retrato de un país inmerso en una crisis de criminalidad sin precedente.

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El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, informó que fueron localizados los cuatro ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados por un grupo del crimen organizado en esa entidad; dos con vida y lamentablemente dos fallecidos.

En la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, a informar sobre este caso, quien le dijo que tenía en una llamada al gobernador de Tamaulipas.

El poner la llamada el mandatario estatal informó que: “Hoy hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía”.

Villarreal dijo que entre los cuatro ciudadanos estadounidenses había dos fallecidos, una persona herida y la otra con vida.

“Ahorita van las ambulancias y el resto de personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente, para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir”, dijo.

Ayer la Casa Blanca calificó como "inaceptable" el secuestro de cuatro estadounidenses el pasado viernes Matamoros, Tamaulipas, y aseguró que está trabajando con las autoridades mexicanas para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

El embajador Ken Salazar se reunió con el presidente López Obrador, ambos coincidieron, por separado, en que se trabajaba en conjunto para encontrar a los estadounidenses, que según un reporte de CNN habrían sido confundidos con narcotraficantes hatitianos.

Cártel del Golfo, detrás del secuestro de estadounidenses en Matamoros

Medios estadounidenses informan que una facción armada del Cártel del Golfo estaría detrás del secuestro, el viernes pasado, de cuatro ciudadanos de dicho país en Matamoros, quienes ya han sido identificados.

De acuerdo con diversos medios, se trata de sicarios del Grupo Escorpión, quienes atacaron al grupo y después se los llevaron.

Los cuatro estadounidenses viajaban en una furgoneta blanca con placas de Carolina del Norte. La cadena ABC News los identificó como Latavia “Tay” McGee, Shaeed Woodard, Zindell Brown y Eric James Williams.

Barbara Burgess, de 54 años y madre de Latavia, dijo que su hija viajó a Matamoros acompañada de su primo Shaeed para someterse a un “procedimiento médico cosmético”. Los otros dos secuestrados, dijo Burgess, son amigos de su hija.

Una licencia perteneciente a Williams, quien conducía la furgoneta, fue encontrada en la escena, dijeron fuentes cercanas a la investigación.

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Morena en el Senado presentó una iniciativa para tipificar el delito de reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes para actividades relacionadas con asociaciones delictuosas y el crimen organizado, y se prevé imponer de 10 a 20 años de prisión a quien lo cometa.

La presentación de la iniciativa la realizó el líder de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, la cual detalla que los menores que hayan participado, con o sin su consentimiento, en la comisión de delitos o en actividades relacionadas con asociaciones delictuosas, deben considerarse víctimas directas.

En México, se calcula que entre 30 mil y 35 mil menores han sido reclutados por el crimen organizado, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Asimismo, el enrolamiento por parte de diversos grupos delictivos derivó en 2021 en el asesinato de, al menos, 700 niñas, niños y adolescentes, dijo el senador.

En México aún no está tipificado el reclutamiento de niños, niños y adolescentes, por lo que se plantean reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

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