Crecen abusos contra migrantes en la 4T
Durante 2020, el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en medio de las restricciones obligadas por la pandemia del Covid-19, las violaciones a los derechos humanos de los migrantes cometidas por autoridades federales se incrementaron 80%.
Cifras del Programa de Atención a Migrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revelan que durante 2018, el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, se reportaron 705 quejas por estos abusos en contra de este sector; en 2019 fueron 831 (un incremento de 17%) y en 2020 se elevaron hasta mil 274.
Algunas de las autoridades acusadas por vulnerar a los extranjeros en 2020 son el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Bienestar.
A estas instituciones federales se les señaló por realizar tratos crueles e inhumanos contra los migrantes, detenerlos arbitrariamente, emplear la fuerza pública en su contra, no prestarles servicios de salud, quitarles sus bienes, limitarles la movilidad en el país, no asesorarlos sobre sus procedimientos de refugio y retenerlos contra su voluntad.
Los abusos se registraron en casi todas las entidades, pero principalmente en Chiapas, Ciudad de México, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Coahuila, Estado de México, Quintana Roo, Jalisco y Baja California.
Especialistas consultadas por EL UNIVERSAL consideraron que las violaciones a derechos humanos de los migrantes han aumentado debido al endurecimiento de la política mexicana, la cual ha incluido el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, así como acuerdos con Estados Unidos para detener el flujo de ilegales desde Centroamérica.
Hace tres días, Amnistía Internacional (AI) publicó un informe donde señaló que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han desplegado más militares para labores de seguridad que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña.
Según la organización, en promedio, al mes 74 mil 507 efectivos militares están activos en las calles y una de sus encomiendas ha sido atender la migración.
“Es muy probable que las quejas y denuncias por violaciones a los derechos humanos contra los migrantes aumenten, sobre todo en las fronteras sur y norte, debido a la militarización, porque es personal que no está capacitado para tratar con personas en situación de vulnerabilidad, ellos están entrenados para atacar al enemigo, que en este caso pareciera que son los migrantes, y hasta que no se deje de incluir a la Guardia Nacional y al Ejército, lamentablemente estas violaciones seguirán”, dijo Diana Villamar Ramírez, subcoordinadora del área legal de Sin Fronteras.
Mientras que María Dolores París Pombo, investigadora del Colegio de la Frontera Norte (Colef), aseveró lo siguiente: “Las autoridades migratorias, sobre todo desde junio de 2019, han tenido un enfoque punitivo de detener a la gente y meterla a las estaciones migratorias, que son como cárceles para migrantes con un enorme hacinamiento y con falta de condiciones para el respeto a la dignidad humana”.
Discurso no coincide con los hechos
Al mismo tiempo que los abusos contra migrantes han crecido en el país, el número de extranjeros que llega a territorio mexicano en busca de mejores condiciones de vida también va en alza y esto se refleja, por ejemplo, en las solicitudes de refugio.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en el primer trimestre de 2019 hubo 12 mil 836 solicitudes y en el mismo periodo de 2021 van 22 mil 606.
Personas de Honduras, Cuba, Haití, El Salvador, Venezuela Guatemala, Nicaragua, Chile, Colombia y Brasil son quienes han solicitado en mayor medida asilo en México.
Frente a este panorama, las expertas cuestionaron que si bien el gobierno federal se ha pronunciado por proteger los derechos de los migrantes, en realidad esto no sucede.
“Desde Sin Fronteras coincidimos en que la situación de los migrantes se ha agravado, pero lo preocupante es el discurso, porque el mensaje del gobierno es incluyente en la política, incluso en las mañaneras siempre se habla del respeto a los derechos humanos, pero vemos que en la realidad no está pasando”, opinó Villamar Ramírez.
Por su parte, París Pombo lamentó que las autoridades federales tienen una lucha contra los migrantes y las bandas delictivas que los acosan han quedado impunes.
“El discurso siempre es de derechos humanos, el presidente López Obrador repitió en el encuentro con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que van a detener a los traficantes para garantizar los derechos humanos de los migrantes y en los hechos no hay un aumento de la detención de traficantes ni una lucha seria contra el tráfico y la trata de personas, lo que hay es una lucha contra los migrantes”, señaló la experta del Colef.
Aunado al despliegue de la Guardia Nacional para frenar la migración, París Pombo recordó que el gobierno federal ha incrementado las restricciones de movilidad a los migrantes por acuerdo con Estados Unidos, y recordó que en 2019 el expresidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles de 5% a las importaciones mexianas si no se detenía la migración irregular.
“México intercambia su política migratoria por otras cosas, ahora por vacunas, por ejemplo, y los migrantes son utilizados como moneda de cambio”, lamentó París Pombo.