La Fiscalía General de la República (FGR) informa que se obtuvo un total de siete órdenes de aprehensión contra un grupo de personas acusadas de delincuencia organizada y operación con recursos de dudosa procedencia, entre ellos se encuentra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga

La corporación señala que tres de estas personas ya fueron detenidas y recluidas en los centros federales, para las personas que huyeron de México se está buscando obtener una ficha roja para colaborar con autoridades internacionales.

En noviembre de 2019, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició una carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en estos delitos anteriormente mencionados.

En el comunicado se describe que posiblemente las personas, físicas y morales, se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a una organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos.

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Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, El Altiplano, negó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) la orden de aprehensión contra Rosario Robles, quien fungió como titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social por el probable delito de delincuencia organizada y lavado de dinero por 77 millones de pesos relacionado a la “Estafa Maestra”.

Esto por su probable intervención en los hechos con apariencia de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultar, encubrir o pretender ocultar o encubrir o en encubrir documental en la que- a su consideración- da cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril en donde solicitó reponer el procedimiento.

Así como determinar si procedía o no librar la orden de captura, o ser citada a una audiencia para ser notificada respecto a la existencia de la orden.

En la resolución, el Tribunal solicitó al juez reponer el procedimiento y determinar si debe o no librar el mandamiento judicial o analizar otra vía legal para que la exfuncionaria se presente a una audiencia y afronte la justicia.

En esa ocasión los magistrados manifestaron que los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda no ofrecieron argumentos para combatir el amparo otorgado a Robles.

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación en Tijuana, lograron capturar al imputado Luis Enrique “N”, quien contaba con orden de aprehensión activa por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en la Ciudad de México.  

Luis Enrique “N”, alias “El Ardilla” es considerado probable responsable de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, cometido a propósito de un robo, en contra de Jorge, quien resultó sin vida y su amigo del sexo masculino quien resultó lesionado por los agresores.

El 9 de junio de 2012, alrededor de las 3:00 horas de la mañana, luego de salir de un bar abordaron sus respectivos vehículos, y en el recorrido se detuvieron, estando en la calle Flores Magón en la alcaldía Álvaro Obregón, llegó intempestivamente a bordo de una motocicleta el hoy imputado Luis Enrique “N”, en compañía de otro sujeto, con la intención de asaltarlos.

Los sujetos despojaron a sus víctimas de sus pertenencias, y en determinado momento comenzaron a forcejear con el arma de fuego que portaba Luis Enrique “N”, y este acto seguido, detonó el arma en distintas ocasiones en contra de Jorge, quien perdió la vida al instante a causa de las lesiones producidas por los impactos del arma de fuego, al darse cuenta su amigo acudió a prestarle auxilio, pero es recibido a tiros por Luis Enrique “N”, y antes de huir, aparentemente, lo lesionó en el glúteo y la espalda. 

Las investigaciones de la autoridad ministerial, llevaron a la identificación del presunto agresor, el cual fue localizado en la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde fue capturado y trasladado a la Ciudad de México para que responda a los señalamientos en su contra, ante la autoridad correspondiente en la capital del país.

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Tras el ataque armado en la Fiscalía General de la República en Tijuana, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que las investigaciones las realiza la FGR y que hasta el momento han indicado el arribo de elementos de la Ciudad de México para participar en la investigación. 

Por su parte, la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade, explicó que desde el momento del ataque ocurrido el pasado sábado, la dependencia estuvo atenta a los hechos, sin embargo, es la propia FGR que llevan a cabo los trabajos de investigación. 

¨Estamos coadyuvando con lo que se requiere, es un tema donde les hemos dado su espacio por la secrecía de las investigaciones que ellos llevan de delitos del fuero federal¨, expresó Andrade.

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La Fiscalía General de la República (FGR) recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo el amparo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, que tiene a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, a meses de recuperar su libertad.

A través de la misiva 114/2023, la agente del Ministerio Público Federal notificó a dicho Tribunal Colegiado que interpondrá ante la SCJN recurso de revisión contra la sentencia de amparo que dejó sin efecto la condena de 45 años de cárcel contra Aburto Martínez, y en la que se ordena dictar una nueva con base en el Código Penal de Baja California, al momento de los hechos registrados en marzo de 1994.

“Agréguese a este expediente la misiva 114/2023, suscrita por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, por la que hace del conocimiento que derivado del acuerdo emitido el diez de los actuales, en el que se otorgó a la autoridad responsable Primer Tribunal Colegiado de Apelación de este Circuito, el término de diez días hábiles, para que dé cumplimiento al fallo de amparo, informa que ".está formulando Recurso de Revisión para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la sentencia dictada en la sesión de fecha cinco de octubre de 2023." (sic), de lo que se toma conocimiento”, señaló el expediente.

El plazo para que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación emita una nueva sentencia contra Mario Aburto Martínez sigue corriendo.

En tanto, que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dio a conocer que está a la espera de la nueva determinación, tal como lo ordenó en su sentencia el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.

“Téngase por recibido el oficio electrónico 4861/2023, signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, mediante el cual, comunica el proveído dictado el nueve de octubre del año en curso, en el que recibió testimonio de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, informa que está en espera de lo que resuelva del Tribunal de Apelación responsable, en acatamiento a la sentencia en la que se concedió el amparo al quejoso (Mario Aburto)”.

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