Alejandra Cuevas, acusada de presuntamente provocar la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero, quedó en libertad y abandonó el reclusorio de Santa Martha Acatitla, lugar en el que permaneció presa cerca de año y medio.

Lo anterior, luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenara su liberación inmediata

Acompañada del señor Roberto Durán, a las escalinatas del reclusorio, le mencionó los protocolos siguientes después de su liberación y le resaltó: "queda usted en libertad".

La señora Alejandra agradeció al Poder Judicial de la Federación y a cada uno de los ministros de la Corte.

"Desde ahora deseo comunicar que quiero ser recibida por el jefe de Estado Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que nos proteja de cualquier eventualidad futura a mi madre, a mis hijos y a mí", resaltó al salir de prisión.

Corte cancela orden de aprehensión contra Laura Morán

Esta tarde, por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte ordenó cancelar la orden de aprehensión emitida contra Laura Morán, también acusada de provocar la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

Aunque los integrantes del pleno consideraron diferentes razones para otorgar el amparo liso y llano a la mujer de 98 años de edad, la sentencia tiene como efecto la cancelación del proceso penal instaurado en su contra.

¿Qué acusación enfrentó Laura Morán?

Laura Morán fue acusada por Alejandro Gertz Manero de provocar la muerte de su hermano Federico al descuidarlo y negarse a llevarlo al hospital para mantenerlo vivo.

Los hechos ocurrieron en el año 2015 cuando Federico tenía 82 años y Laura 88.

La juez 67 penal en la Ciudad de México ordenó capturarla a ella y a su hija Alejandra Cuevas quien desde octubre de 2020 permanece presa en el penal femenil de Santa Martha.

Alejandro Gertz Manero afirmó que Laura, al haber sido la concubina de su hermano, tenía la obligación de cuidarlo y procurar su bienestar pero que al descuidarlo provocó dolosamente (con toda intención) su muerte.

La acusación del ahora fiscal General no prosperó sino hasta el año 2019, cuando ya estaba al frente de la FGR, pues en diversas ocasiones el ministerio público de la Ciudad de México consideró que no había elementos suficientes para proceder penalmente contra las mujer.

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Tras el ataque armado en la Fiscalía General de la República en Tijuana, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que las investigaciones las realiza la FGR y que hasta el momento han indicado el arribo de elementos de la Ciudad de México para participar en la investigación. 

Por su parte, la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade, explicó que desde el momento del ataque ocurrido el pasado sábado, la dependencia estuvo atenta a los hechos, sin embargo, es la propia FGR que llevan a cabo los trabajos de investigación. 

¨Estamos coadyuvando con lo que se requiere, es un tema donde les hemos dado su espacio por la secrecía de las investigaciones que ellos llevan de delitos del fuero federal¨, expresó Andrade.

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Jorge Humberto González Bocardo, exjefe de Operaciones de Diconsa, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en la capital de Coahuila, por delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero en el caso de los desvíos en Segalmex.

Se trata del noveno implicado, de 22, aprehendido por su presunta participación en pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que nunca se entregaron a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

La semana pasada, la FGR obtuvo de un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, orden de captura en contra de 22 personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, por el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex, antes Conasupo.

Al momento han sido detenidos Carlos Antonio Dávila Amerena, exjefe Jurídico de Diconsa y Segalmex; Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de Adquisiciones de Granos y Azúcar; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de la Gerencia de Presupuesto de Linconsa; Simón Escobar Copca, jefe de almacén en Querétaro; Artemio Gutiérrez Rodríguez, subjefe de Operativo de Diconsa en Querétaro.

La FGR también reportó la detención de Jorge Saúl Romero Valencia, José Miguel Ojeda Antonio y Gonzalo Mora Nateras, vinculado con la empresa Servicios Integrales Carregie, que contrató Segalmex para la entrega de la azúcar.

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La Fiscalía General de la República analiza atraer la investigación por el secuestro y asesinato de dos de los cuatro estadunidenses en Matamoros, Tamaulipas, el pasado 3 de marzo, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que en esta caso se realiza una indagatoria a fondo.

“Se está haciendo una investigación a fondo porque la primera versión que se tuvo es que venían a una clínica para un tratamiento médico y después ya se supo que tenían antecedentes penales en Estados Unidos y ya se está haciendo la investigación a fondo”, comentó.

Dijo que por parte del gobierno federal la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, está a cargo y la Fiscalía de Tamaulipas es la que actualmente está al frente de las investigaciones por estos hechos en los que además una mujer mexicana murió por una bala perdida.

López Obrador dijo que el caso de los estadunidenses secuestrados es muy importante ya que “está de por medio el prestigio” de México y del gobierno, por lo que reiteró que deben ir a fondo en las investigaciones para conocer la verdad.

Acerca de la entrega por parte del Cártel del Golfo de los cinco presuntos autores del ataque contra los estadunidenses, el presidente López Obrador aseguró que no tenía información sobre ello.

Este jueves 9 de marzo por la tarde, los cuerpos de Shaeed Woodard y Zindell Brown, los dos estadunidenses que fueron asesinados por un grupo armado en Matamoros, fueron entregados y repatriados a Estados Unidos tras las necropsias de ley.

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La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat, quien este viernes absolvió a Rosario Robles Berlanga del caso de la "Estafa Maestra", de actuar contra la ley y de los autos, por los cuales se inició no solo la queja administrativa, sino el procedimiento penal por el delito de uso indebido del servicio público.

Por ello, la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero anunció que apelará la resolución ante un Tribunal de Apelaciones, ya que "no se puede permitir la violación a los principios legales y a la justicia más elemental".

Mediante una tarjeta informativa, la FGR señaló que la ley establece que cuando hay una conducta prevista en dos leyes, cada una de esas leyes se aplica independientemente de la otra.

"Y así lo dice la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118, donde dice que las sanciones establecidas en esta Ley son independientes de las sanciones civiles, mercantiles, políticas y penales, y al respecto establece:

“Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes”.

Lo anterior, aseguró, lo han ratificado los jueces Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a Robles Berlanga por el delito de uso indebido del servicio público en agosto de 2019; Ganther Alejandro Villar Ceballos y la magistrada Michele Franco González.

Absuelven a Rosario Robles de proceso penal por "Estafa Maestra"

En audiencia de este viernes el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Roberto Omar Paredes, determinó la sentencia a favor de Rosario Robles, en acatamiento de una ejecutoria de amparo dictada por el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito.

En audiencia que duró más de cinco horas, el juzgador determinó aplicar el principio por persona y por falta de causas que justificaran la acción penal por la que Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso en agosto de 2019.

Al escuchar la sentencia, la exjefa de Gobierno rompió en llanto, al igual que su hija Mariana Moguel.

En consecuencia, a la exfuncionaria le fueron retiradas las medidas cautelares de la firma quincenal y la restricción de salir del país.

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