Alejandra Cuevas, acusada de presuntamente provocar la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero, quedó en libertad y abandonó el reclusorio de Santa Martha Acatitla, lugar en el que permaneció presa cerca de año y medio.

Lo anterior, luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenara su liberación inmediata

Acompañada del señor Roberto Durán, a las escalinatas del reclusorio, le mencionó los protocolos siguientes después de su liberación y le resaltó: "queda usted en libertad".

La señora Alejandra agradeció al Poder Judicial de la Federación y a cada uno de los ministros de la Corte.

"Desde ahora deseo comunicar que quiero ser recibida por el jefe de Estado Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que nos proteja de cualquier eventualidad futura a mi madre, a mis hijos y a mí", resaltó al salir de prisión.

Corte cancela orden de aprehensión contra Laura Morán

Esta tarde, por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte ordenó cancelar la orden de aprehensión emitida contra Laura Morán, también acusada de provocar la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

Aunque los integrantes del pleno consideraron diferentes razones para otorgar el amparo liso y llano a la mujer de 98 años de edad, la sentencia tiene como efecto la cancelación del proceso penal instaurado en su contra.

¿Qué acusación enfrentó Laura Morán?

Laura Morán fue acusada por Alejandro Gertz Manero de provocar la muerte de su hermano Federico al descuidarlo y negarse a llevarlo al hospital para mantenerlo vivo.

Los hechos ocurrieron en el año 2015 cuando Federico tenía 82 años y Laura 88.

La juez 67 penal en la Ciudad de México ordenó capturarla a ella y a su hija Alejandra Cuevas quien desde octubre de 2020 permanece presa en el penal femenil de Santa Martha.

Alejandro Gertz Manero afirmó que Laura, al haber sido la concubina de su hermano, tenía la obligación de cuidarlo y procurar su bienestar pero que al descuidarlo provocó dolosamente (con toda intención) su muerte.

La acusación del ahora fiscal General no prosperó sino hasta el año 2019, cuando ya estaba al frente de la FGR, pues en diversas ocasiones el ministerio público de la Ciudad de México consideró que no había elementos suficientes para proceder penalmente contra las mujer.

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La Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a dos personas acusadas por delitos de abuso sexual requeridas en distintas Cortes.

En la primera causa penal, Iris Rodríguez, fue requerida por la Corte Superior de Texas, para el Condado de Webb, por los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso sexual de una menor de edad. En diciembre de 2023 fue detenida en Jalostotitlán, Jalisco.

En la segunda causa penal, Hugo Domínguez, fue requerido por la Corte Superior de California, para el Condado de San Diego, derivado del delito de abuso sexual infantil. Fue detenido en enero pasado en Cosoleacaque, Veracruz.

Luego de las gestiones efectuadas por la FGR, el gobierno federal concedió la extradición de los reclamados a Estados Unidos. La entrega se efectuó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los agentes designados para su traslado a ese país.

Por otra parte, el viernes pasado la FGR entregó en extradición a Estados Unidos a Francisco Pulido Coracero, alias “Don Puli”, por su responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, fue uno de los principales abastecedores de precursores químicos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En febrero de 2023, la FGR solicitó al Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, la orden de detención con fines de extradición en contra “Don Puli”, que fue cumplimentada en octubre de ese mismo año en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Tras las gestiones y procedimientos conjuntos, se aprobó la extradición y fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana, Baja California a los agentes policiales del gobierno estadounidense, quienes lo trasladaron a Washington.

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Tras la controversia generada por la declaración del jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe de Jesús Gallo, sobre México como "campeón de fentanilo", la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que se trató de "una palabra inadecuada". Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a Gallo, asegurando que no fue de mala fe.

Durante su conferencia matutina, López Obrador indicó que Gallo está inmerso en el tema del control de precursores químicos y que es comprensible que, al tomar la palabra en un evento sobre el tema, pueda utilizar términos no adecuados. Destacó la labor coordinada de la FGR, las Fuerzas Armadas y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en el control de insumos utilizados en la elaboración de drogas.

La FGR, por su parte, señaló que Gallo se disculpó públicamente por el malentendido y aseguró que la Agencia de Investigación Criminal cuidará puntualmente la información que emita para evitar futuras situaciones similares.

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Tras el ataque armado en la Fiscalía General de la República en Tijuana, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que las investigaciones las realiza la FGR y que hasta el momento han indicado el arribo de elementos de la Ciudad de México para participar en la investigación. 

Por su parte, la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade, explicó que desde el momento del ataque ocurrido el pasado sábado, la dependencia estuvo atenta a los hechos, sin embargo, es la propia FGR que llevan a cabo los trabajos de investigación. 

¨Estamos coadyuvando con lo que se requiere, es un tema donde les hemos dado su espacio por la secrecía de las investigaciones que ellos llevan de delitos del fuero federal¨, expresó Andrade.

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Jorge Humberto González Bocardo, exjefe de Operaciones de Diconsa, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en la capital de Coahuila, por delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero en el caso de los desvíos en Segalmex.

Se trata del noveno implicado, de 22, aprehendido por su presunta participación en pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que nunca se entregaron a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

La semana pasada, la FGR obtuvo de un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, orden de captura en contra de 22 personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, por el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex, antes Conasupo.

Al momento han sido detenidos Carlos Antonio Dávila Amerena, exjefe Jurídico de Diconsa y Segalmex; Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de Adquisiciones de Granos y Azúcar; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de la Gerencia de Presupuesto de Linconsa; Simón Escobar Copca, jefe de almacén en Querétaro; Artemio Gutiérrez Rodríguez, subjefe de Operativo de Diconsa en Querétaro.

La FGR también reportó la detención de Jorge Saúl Romero Valencia, José Miguel Ojeda Antonio y Gonzalo Mora Nateras, vinculado con la empresa Servicios Integrales Carregie, que contrató Segalmex para la entrega de la azúcar.

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