La reforma aprobada este sábado por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados para que la Guardia Nacional pase al control operativo y administrativo del Ejército, es un fraude “inconstitucional e inconvencional”, advirtieron el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, así como activistas y expertos en seguridad.

Integrado por las asociaciones civiles, Causa en Común, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), el Observatorio Sonora por la Seguridad y la Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública, el organismo y activistas calificaron la decisión de los diputados oficialistas como un atentado más contra los derechos de los mexicanos, que se sumará al ataque sistemático contra el Estado de Derecho por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno.

“El traslado inconstitucional e inconvencional de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que consuma, de hecho, un fraude constitucional y evidencia una clara contradicción a la postura que desde un inicio asumió el partido”.

Mediante un comunicado, señalaron que contrario a sus compromisos de campaña, López Obrador y sus aliados han construido una Guardia Nacional militar, además de incrementar, como nunca antes en la historia moderna del país, las responsabilidades civiles a las Fuerzas Armadas.

“Dicho atropello es, en cambio, congruente con el acuerdo presidencial de mayo de 2020, en el que se pretendió eliminar cualquier dique a la operación de las Fuerzas Armadas, al no especificar los ámbitos temporal y geográfico de su despliegue, ni incluir mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas, ni desde luego subordinándolas al poder civil, como lo exige la Constitución”, puntualizaron.

Por su parte, Causa en Común, en colaboración con el Observatorio de la Guardia Nacional, exhortó a asociaciones civiles, académicos e intelectuales, y ciudadanos en general, a manifestar su oposición a esta deriva militarista, incompatible con cualquier democracia, y que, consideró, inevitablemente conduce, junto con otras manifestaciones autoritarias hacia un régimen político sustentado en la restricción de libertades y derechos.

Los activistas y especialistas en temas de seguridad que se pronunciaron en contra de la aprobación de la reforma son: María Elena Morera Mitre, Erick Jhonathan Saldaña Chávez, Eliana García Laguna, Alberto Guerrero Baena, Marcela Villalobos Andrade, Alejandro Hope, Jorge Andrés Castañeda, David Saucedo, Krimilda Bernal, Antonio Serrano, Clemente Romero Olmedo y Jorge Alejandro Medellín.

El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso de Baja California, expresó su preocupación tras los hechos ocurridos en el fraccionamiento Chapultepec, donde una pareja de médicos fue víctima de un robo presuntamente por parte de individuos con insignias oficiales.

Ramos Hernández calificó como muy lamentable que una corporación que cuenta con un 74 por ciento de aprobación a nivel nacional se vea afectada por prácticas como esta. Agregó que, aunque las imágenes y videos de los vecinos muestran vehículos con la misma logística y posible participación de efectivos, las autoridades correspondientes, tanto estatal como federal, serán las encargadas de analizar y confirmar esta información.

El legislador señaló que muchos de los videos y datos recopilados en la zona son valiosos y serán utilizados por la Fiscalía para esclarecer los hechos y dar transparencia a la ciudadanía. Sin embargo, aclaró que esperará la confirmación oficial antes de hacer afirmaciones definitivas.

Preocupa particularmente la posibilidad de que criminales utilicen insignias oficiales para cometer delitos, por lo que, en respuesta a esta problemática, el congreso aprobó una iniciativa para castigar con severidad el uso ilícito de insignias que corresponden a los cuerpos de seguridad.

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La Guardia Nacional en coordinación con la Policía Municipal de Tijuana realizó un operativo interinstitucional para retirar cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública, en la Delegación Presa Rural. La acción se llevó a cabo del 13 al 15 de enero de 2026, en diversos puntos desde la Avenida Tehuacán hasta la Calle Retorno de las Yucas.

Como resultado, se lograron desinstalar 133 cámaras, incluyendo 14 PTZ (giratorias) y 119 fijas, que quedaron bajo resguardo de las autoridades. La operación fue posible gracias a trabajos de inteligencia y vigilancia, realizados por personal de la Guardia Nacional, quienes localizaron y aseguraron cada dispositivo.

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La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 349 votos a favor y 132 en contra, una nueva Ley de la Guardia Nacional que elimina su carácter civil, la convierte en Fuerza Armada Permanente bajo el mando de la Sedena y permite que militares ocupen cargos públicos o de elección popular con licencia especial del Ejecutivo.

El dictamen establece que dicha licencia concluirá al término del mandato presidencial que la haya otorgado. Diputados del PAN, PRI y MC acusaron que esta reforma profundiza la militarización de la vida pública y representa un riesgo para las libertades ciudadanas.

Desde la tribuna, legisladores de oposición calificaron la medida como el “fin del Estado civil mexicano” y anunciaron recursos legales para frenar la reforma. Morena y aliados desecharon las mociones en contra y defendieron que la Guardia Nacional sigue el modelo de otras corporaciones previamente integradas por fuerzas armadas.

La reforma aún deberá pasar al Senado para su discusión y votación final.

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Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte emitido por la Central de Radio, en el que se alertaba sobre una persona que había ingresado desnuda a un domicilio en la colonia Nueva Tijuana.

Al arribar al lugar, los oficiales fueron abordados por la parte reportante, quien explicó que momentos antes, se encontraba en su casa con su hija y nieto cuando un hombre desconocido rompió la chapa de la puerta e ingresó completamente desnudo.

Los residentes gritaron y pidieron al intruso que se retirara, logrando que saliera del departamento. Sin embargo, el sujeto intentó ingresar al departamento contiguo, causando daños en la cerradura, y posteriormente bajó por las escaleras intentando esconderse.

Gracias a la denuncia, los oficiales localizaron y aseguraron al individuo, quien fue identificado como Rigoberto “N”, de 39 años. El sujeto, que se desempeña como sargento activo de la Guardia Nacional asignado a la aduana de Tijuana, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias del caso.

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El gobierno de México retiró la concesión del Parque Bicentenario a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V. tras la muerte de dos fotógrafos durante el festival AXE Ceremonia el pasado 5 de abril.

En la declaratoria de rescate por causas de utilidad pública publicada en el Diario Oficial, se explica que a partir de hoy el inmueble estará a cargo de la Secretaría de Cultura del gobierno federal con el fin de llevar a cabo un “nodo cultural-ambiental” en el sitio.

“Se declara el rescate por causa de utilidad e interés público del Título de Concesión N° TC-05/2018/A y su instrumento modificatorio TC-05/2018/A-1 emitidos en favor de la persona moral denominada OPERADORA DE PROYECTOS DE ENTRETENIMIENTO NLP S.A DE C.V., relativos al inmueble federal denominado "Parque Bicentenario" con Registro Federal Inmobiliario 9-20863-7”, señala.

El pasado 5 de mayo, durante la realización del festiva AXE Ceremonial, dos fotorreporteros identificados como Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, murieron tras el colapso de una estructura metálica. Tras estos hechos la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se revisaría y en su caso retiraría la concesión a la empresa que administraba el parque, lo cual se oficializó esta mañana con la publicación en el Diario Oficial.

En este contexto, la autoridad recordó que los concesionarios tienen la obligación de preservar el inmueble y garantizar la seguridad e integridad de quienes lo visitan, lo cual no ocurrió en dicho festival.

“Es el caso que, el 5 de abril de 2025 durante un evento en el "Parque Bicentenario" se suscitó un incidente que atentó contra la integridad de las personas que acudieron, es decir, el Concesionario dejó de prever las medidas apropiadas para asegurar la integridad de los asistentes al evento”, señala.

Por tanto, la declaratoria especifica que la empresa tiene 15 días hábiles para solicitar el retiro y disposición de los bienes y equipo, de los cuales acredite la propiedad, siempre que estos no sean afectos al objeto del inmueble y cuando los mismos no fueren útiles a la Federación. También se le da un plazo de 90 días para presentar la documentación necesaria para calcular la indemnización que recibirá por el retiro de la concesión.

En tanto, las autoridades aseguraron que la Secretaría de Cultura cuenta con todas las facultades y atribuciones para que se le destine el predio, al asegurar que en este se desarrollará y ampliará la oferta cultural para la ciudad y el país.

Y explicaron que esta dependencia cuenta con amplia experiencia en la administración de espacios culturales como el Centro Nacional de las Artes, el Complejo Cultural Los Pinos, el Museo Nacional de los Ferrocarriles y el Parque Cultural Chapultepec.

“Se declara por causa de interés público, la creación de un nodo cultural-ambiental, con exposiciones, talleres y actividades que fortalezcan la educación cultural y ecológica, que pueda aprovechar todo el espacio del parque en beneficio de la sociedad, asegurando la conservación de elementos naturales y de la propiedad pública”, señala.

Guardia Nacional toma Parque Bicentenario

Durante la madrugada, elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSP), tomó posesión del Parque Bicentenario en Miguel Hidalgo.

El dispositivo se conformó de por al menos un centenar de elementos policiales que se apostaron en cada una de las entradas del Parque Ecológico con la finalidad de controlar los accesos al mismo.

Al interior del parque hay personal federal revisando las instalaciones y el estado del mismo. También fue recuperado por la autoridad federal el Parque Ecológico 18 de Marzo a espaldas del Bicentenario.

Sheinbaum va por impedir la especulación privada en el Parque Bicentenario 

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno con la recuperación de espacios públicos al anunciar el relanzamiento del Parque Bicentenario, un área de 55 hectáreas que fue objeto de concesión en los últimos momentos del sexenio de Enrique Peña Nieto.

En sus declaraciones, Sheinbaum subrayó la importancia del parque como un bien común, destinado a fortalecer el acceso a la cultura y la preservación del patrimonio.

"Las razones de utilidad reafirman el acceso a la cultura, el resguardo al patrimonio, y en ese sentido, todo bajo la norma de la Secretaría de Cultura", expresó.

Además, señaló que se buscará integrar promotores que operen bajo lineamientos normativos, con el fin de equilibrar la oferta privada y el acceso público.

Sheinbaum enfatizó que su administración trabajará para que el Parque Bicentenario se mantenga como un espacio público accesible, sin estar bajo el control de empresas privadas.

"Vamos a fortalecer la parte pública para trabajar con el gobierno y facilitar otro tipo de oferta de manera que sea colectiva. Se trata del rescate de un bien común que no esté en manos de una empresa que lucra", afirmó.

Con este relanzamiento, se busca que el parque se convierta en un modelo de gestión que permita su desarrollo sostenible, garantizando el disfrute de la ciudadanía y evitando la especulación privada.

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