Un juez federal determinó este viernes modificar la medida cautelar impuesta al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por lo que podrá continuar bajo prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una red de contrabando de combustible conocida como “huachicol fiscal”.

La resolución se produjo durante una audiencia programada para este 25 de septiembre, en la que la defensa del exmandatario buscó sustituir la prisión preventiva que cumplía en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

La defensa había planteado como argumentos la edad de Ruffo, quien supera los 70 años, así como diferentes condiciones de salud, para solicitar que permaneciera en su domicilio mientras continúa el procedimiento judicial.

Está vinculado a proceso por presunto contrabando de combustible

Ruffo Appel fue detenido en julio y posteriormente vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos, dentro de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Las investigaciones están relacionadas con una presunta red dedicada a introducir combustible desde Estados Unidos a México mediante ferrocarril y operaciones aduanales irregulares.

La FGR ha vinculado a la empresa Ingemar, de la que Ruffo es accionista, con operaciones investigadas a partir del aseguramiento de millones de litros de combustible. La Fiscalía informó en agosto que obtuvo documentación y otros indicios sobre operaciones de comercio exterior que formarían parte de la investigación.

El exgobernador ha rechazado tener conocimiento de operaciones ilegales dentro de la compañía. Las acusaciones en su contra continúan sujetas al proceso judicial y no constituyen una sentencia de culpabilidad.

Familia había denunciado problemas con medicamentos

Durante las últimas semanas, familiares de Ruffo señalaron que el exmandatario no recibía adecuadamente algunos medicamentos mientras permanecía recluido en El Altiplano.

La FGR, por su parte, sostuvo que durante su internamiento estaban garantizados los cuidados de salud requeridos y que se respetaban sus derechos.

Días antes de la audiencia, Ruffo había obtenido una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo. Aquella resolución no le concedió automáticamente la prisión domiciliaria, sino que mantuvo al exmandatario en El Altiplano mientras se analizaba judicialmente la modificación de la medida cautelar.

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Verónica Ruffo, hija del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, expresó su interés en participar como candidata a la gubernatura de Baja California en las elecciones de 2027, informó Lizbeth Mata Lozano, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado. 

La dirigente panista explicó que la hija del exmandatario, quien actualmente enfrenta un proceso penal, busca liderar la causa por su padre, considerado por algunos como preso político.  

Mata Lozano destacó que, si Verónica Ruffo decide avanzar en su aspiración, lo hará en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, participando en el proceso de registro en un foro de participación ciudadana y en las mediciones que el partido realizará, conforme a las nuevas reglas y estatutos del PAN que establecen un método de selección mediante evaluación ciudadana.  

Asimismo, la presidenta estatal del PAN informó que el proceso de registro para aspirantes a la gubernatura se ha cerrado, registrándose inicialmente nueve candidatos, de los cuales cinco continúan en competencia tras el avance en el proceso. 

Entre los aspirantes que avanzan se encuentran Héctor Osuna Jaime, Ignacio Anaya un abogado fiscalista de Tijuana, Margarita de Sánchez y Eva María Vázquez, diputada federal.  

Sobre otros aspirantes, Mata Lozano señaló que el ciudadano Mario García Franco no continuará en el proceso tras su decisión de no seguir adelante, a pesar de haber registrado su intención tanto para la gubernatura como para la alcaldía de Mexicali.  

Finalmente, la dirigente del PAN adelantó que en próximas fechas darán a conocer los detalles de las candidaturas para alcaldías, diputaciones federales y locales, conforme avancen los procesos internos del partido.

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El diputado federal César Damián Retes declaró que, de no haberse filtrado los audios de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el exgobernador del estado, Ernesto Ruffo Appel, actualmente detenido, no estaría en esa situación. 

Retes afirmó que a Ruffo Appel le han negado su derecho a una audiencia pública, una de las principales transformaciones en materia de justicia, y que además fue sometido a un juicio sumario en la conferencia matutina del gobierno federal.

El legislador expresó su preocupación por la falta de respuestas de la presidenta, señalando que, en el caso de Ruffo Appel, sí hubo una reacción contundente que lo declaró culpable, violando así la presunción de inocencia y el debido proceso legal. 

Retes lamentó que estas acciones puedan considerarse una vulneración de derechos fundamentales y llamó a respetar los procedimientos judiciales y la presunción de inocencia en todos los casos.

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El diputado federal con licencia, Fernando Castro Trenti, afirmó que durante el mandato del exgobernador Ernesto Ruffo Appel se cometieron diversas irregularidades, incluyendo casos de robo de elecciones y la presencia de su familia con vínculos a hechos delictivos. 

Enfatizó que, en su opinión, no es lo mismo que a un funcionario le quiten la visa que estar sujeto a un proceso por huachicol fiscal.

El ahora aspirante a la gubernatura por Morena recordó una situación concreta relacionada con el hermano del exfuncionario, Claudia Ruffo Appel, quien se convirtió en un problema grave en los noventas y una historia que, según él, "le llegó el tiempo a la familia resolver". Además, aseguró que el exmandatario tendrá que rendir cuentas por sus vínculos, razones y motivos.

"No prejuzgo, les toca, no se les desea nada mal a nadie", expresó el ex priista, dejando en claro que su intención no es emitir juicios definitivos, sino que las autoridades correspondientes sean quienes determinen las responsabilidades.

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En una rueda de prensa convocada por 15 ex gobernadores de la oposición, los exfuncionarios señalaron su profunda preocupación por la detención del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien calificaron como un preso político. Los ex mandatarios manifestaron su inconformidad y lamentaron que este tipo de acciones puedan poner en jaque la estabilidad democrática del país.

Durante la conferencia de prensa, el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, afirmó que México atraviesa por un momento de gran fractura social y que la economía no crece de manera adecuada. Señaló que la corrupción ha drenado cientos de millones de pesos en bolsillos de quienes han dirigido tanto el país como diversos estados, mientras la inseguridad continúa siendo un problema persistente bajo el gobierno de Morena.

Cárdenas expresó que, aunque respetan la ley, la narrativa del líder de Morena, quien ha declarado que la ley es la ley, está contribuyendo a que el país se desmorone. Enfatizó que hoy es Ernesto Ruffo, pero mañana puede ser cualquiera que le inventen una acusación y caiga en la cárcel.

Los ex gobernadores coincidieron en que este proceso judicial está elevando el costo y el riesgo de ser oposición en México. Por ello, hicieron un llamado a la ciudadanía a no dejarse amedrentar y a dar un paso adelante en defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

Asimismo, recordaron que ellos fueron partícipes de una transición ejemplar, sin violencia ni revolución armada, logrando un cambio de régimen desde la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha llevado a proceso a ocho personas posiblemente vinculadas con una red de contrabando de hidrocarburos, en el marco de una investigación de alta complejidad.

La Fiscalía expuso datos de prueba sólidos que sustentaron la vinculación a proceso en contra del ex gobernador de Baja California, Ernesto "N", así como de Ricardo "N" y José "N", por su posible participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Además, Juan "N" y Luis "N" enfrentan cargos por delincuencia organizada y contrabando. Por su parte, José María "N", Guillermo "N" y Adriana "N" fueron vinculados por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.

Durante la audiencia inicial, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional, lo que retrasó la resolución definitiva. Sin embargo, el juez otorgó la vinculación a proceso y ordenó la prisión preventiva oficiosa en diferentes centros penitenciarios: para Ernesto "N", José "N", Ricardo "N", Juan "N" y Luis "N" en el CEFERESO 1 Altiplano; para Guillermo "N" y José María "N" en sus domicilios; y para Adriana "N", en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Las detenciones se realizaron en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, resultado de una investigación que revela operaciones irregulares en la importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo. La investigación indica que estos individuos participaban en un esquema de contrabando de hidrocarburos, que consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones aduaneras falsas o incompletas, reportando menos de lo transportado o disfrazando el producto para evadir impuestos.

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