Elementos de la Agencia Estatal de Investigación en Tijuana, lograron capturar al imputado Luis Enrique “N”, quien contaba con orden de aprehensión activa por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en la Ciudad de México.  

Luis Enrique “N”, alias “El Ardilla” es considerado probable responsable de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, cometido a propósito de un robo, en contra de Jorge, quien resultó sin vida y su amigo del sexo masculino quien resultó lesionado por los agresores.

El 9 de junio de 2012, alrededor de las 3:00 horas de la mañana, luego de salir de un bar abordaron sus respectivos vehículos, y en el recorrido se detuvieron, estando en la calle Flores Magón en la alcaldía Álvaro Obregón, llegó intempestivamente a bordo de una motocicleta el hoy imputado Luis Enrique “N”, en compañía de otro sujeto, con la intención de asaltarlos.

Los sujetos despojaron a sus víctimas de sus pertenencias, y en determinado momento comenzaron a forcejear con el arma de fuego que portaba Luis Enrique “N”, y este acto seguido, detonó el arma en distintas ocasiones en contra de Jorge, quien perdió la vida al instante a causa de las lesiones producidas por los impactos del arma de fuego, al darse cuenta su amigo acudió a prestarle auxilio, pero es recibido a tiros por Luis Enrique “N”, y antes de huir, aparentemente, lo lesionó en el glúteo y la espalda. 

Las investigaciones de la autoridad ministerial, llevaron a la identificación del presunto agresor, el cual fue localizado en la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde fue capturado y trasladado a la Ciudad de México para que responda a los señalamientos en su contra, ante la autoridad correspondiente en la capital del país.

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Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, El Altiplano, negó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) la orden de aprehensión contra Rosario Robles, quien fungió como titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social por el probable delito de delincuencia organizada y lavado de dinero por 77 millones de pesos relacionado a la “Estafa Maestra”.

Esto por su probable intervención en los hechos con apariencia de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultar, encubrir o pretender ocultar o encubrir o en encubrir documental en la que- a su consideración- da cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril en donde solicitó reponer el procedimiento.

Así como determinar si procedía o no librar la orden de captura, o ser citada a una audiencia para ser notificada respecto a la existencia de la orden.

En la resolución, el Tribunal solicitó al juez reponer el procedimiento y determinar si debe o no librar el mandamiento judicial o analizar otra vía legal para que la exfuncionaria se presente a una audiencia y afronte la justicia.

En esa ocasión los magistrados manifestaron que los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda no ofrecieron argumentos para combatir el amparo otorgado a Robles.

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Un juez federal ordenó la aprehensión de la conductora de televisión Inés Gómez Mont por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparable por 6 millones 600 mil pesos, por omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio fiscal 2015. 

La conductora promovió un amparo contra el mandamiento judicial librado el 29 de octubre de 2021, dentro de la causa penal 468/2021. 

Sin embargo, el juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal rechazó otorgarle la protección de la justicia en mayo de este año. 

Ante esta situación, la presentadora interpuso un recurso de revisión, el cual fue admitido a trámite por un Tribunal Colegiado, el cual en los próximos meses resolverá si confirma, revoca o modifica la sentencia del juez de amparo que negó protegerla contra la orden de captura girada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte. 

Esta es la segunda orden de aprehensión que pesa contra Gómez Mont, quien desde hace meses es buscada junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 3 mil millones de pesos. 

El matrimonio es buscado a nivel internacional, debido a que Interpol emitió una “ficha roja”.

En septiembre pasado, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, otorgó la orden de captura. 

La indagatoria derivó por la supuesta utilización de empresas que sirvieron para lavar dinero, ya que simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos, sin licitación, por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio pasado. 

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La Fiscalía General del Estado capturó a tres sujetos que contaban con orden de aprehensión por los delitos de robo calificado, violación equiparada y daño en propiedad ajena, en casos diversos.

En el primer caso fue detenido Gerardo “N”, contaba con orden de aprehensión por el delito de robo calificado a comercio abierto al público, específicamente se le acusa del robo de un teléfono celular IPhone 13 pro. 

El reporte indica que Gerardo “N” solicitó en la tienda que le mostraran varios perfumes, pidió uno que se ubicaba en la parte superior y atrás del mostrador, para ello la vendedora va por una escalera para poder subir y alcanzar el perfume, pero el cliente se ofrece a ayudarle, por lo que él sube la escalera y baja el producto; sin embargo, al bajar toma uno de los teléfonos celulares que se encontraban en un mueble.

En una segunda aprehensión, fue detenido Andrés “N”, quien es acusado por el delito de violación equiparada agravada a menor de 14 años.

En la tercera detención, los agentes estatales detuvieron a Juan Manuel "N", quien es acusado de los delitos de daño en propiedad ajena por culpa, y delitos contra la seguridad del tránsito de vehículos.

En los tres casos, a los detenidos se les informó del motivo de su detención y se les dio lectura a sus derechos constitucionales.

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Tras los actos de violencia registrados en el Estadio Corregidora el sábado 5 de marzo, las órdenes de aprehensión aumentaron de 26 a 29 contra quienes se vieron involucrados en la riña que dejó a más de 26 heridos. 

Por el momento, de acuerdo con el Poder Judicial, un total de 17 personas han sido detenidas, de las cuales 10 están vinculadas a proceso por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa en la modalidad de pandilla, violencia en espectáculos deportivos en la modalidad de pandilla y por la apología a cometer un delito. 

​En entrevista, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa, dio a conocer que hay dos jóvenes que durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que ésta continuará este domingo. 

Mientras que otros dos solicitaron la duplicidad del plazo constitucional, pero la audiencia aún está por definirse. 

En tanto, otros dos hombres no fueron vinculados a proceso, por lo que están en libertad y la fase de investigación regresó a la fiscalía del estado. 

De acuerdo con el Poder Judicial, este viernes se llevará a cabo la audiencia de otros tres involucrados que este jueves fueron aprehendidos; uno de ellos por homicidio calificado en grado de tentativa en la modalidad de pandilla y violencia en espectáculos deportivos también en la modalidad de pandilla; y en tanto que otros dos por violencia en espectáculos deportivos. 

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La defensa de Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial del PAN, llegó al reclusorio Norte para la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pretende imputarlo por presuntamente recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado; sin embargo, su cliente no se presentó. 

Afuera del penal Centro de Justicia Penal del reclusorio Norte, el abogado Eduardo Aguilar Sierra comentó que la acusación de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra su cliente es "mentirosa, es una acusación sin sustento, es una acusación que no tienen ni pies ni cabeza”. 

Aguilar Sierra apuntó que la FGR pidió 54 años de prisión para el ex director de Pemex, quien se encuentra recluido en el mismo penal. "También sé que está en la cárcel, de esta manera, empezaremos con con esos argumentos permítanos llegar a la audiencias”, expresó. 

Ésta será la quinta ocasión en que los fiscales intentarán imputarlo por los probables delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por recibir dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht. 

Las diligencias de agosto, octubre y noviembre de 2021, fueron aplazadas porque la defensa del panista no tenía copia de diversos tomos de la carpeta de investigación, situación que le impedía tener una defensa adecuada. 

Por esta razón, se agendó la audiencia para el 31 de enero de este año, pero horas antes de la diligencia, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal en el reclusorio Norte, decidió aplazarla para hoy, debido a que tenía covid. 

Al no participar en la audiencia Ricardo Anaya, la FGR podrá hacer uso de otros medios para hacerlo comparecer, entre ellos, solicitar una orden de aprehensión. 

Hasta hoy no se tiene conocimiento si el panista se encuentra en el país. Lo último que se sabía de su paradero, es que abandonó México en julio del año pasado para ingresar a Estados Unidos.

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