La Fiscalía Regional de Tecate ha cumplimentado la orden de aprehensión en contra de Christian Ricardo “N”, quien era buscado por dos investigaciones en su contra, relacionadas con delitos de narcomenudeo y ocultación de bienes producto de un delito.

Christian Ricardo “N” fue detenido en el kilómetro 17 de la carretera Tecate-Ensenada por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), en posesión de tres envoltorios de metanfetamina y un arma de fuego tipo escuadra calibre .380, con cargador abastecido con siete cartuchos y uno adicional en la recámara.

En audiencia realizada el 7 de noviembre de 2024, el juez ratificó la legalidad de la detención, vinculó al imputado a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Además, se otorgaron dos meses para la investigación complementaria. Por la posesión del arma de fuego, el caso fue turnado a la autoridad federal.

Con esta detención, se lograron cumplimentar dos órdenes de aprehensión adicionales contra Christian Ricardo “N”. Una de ellas permitió reabrir el proceso en su contra correspondiente al delito de ocultación de bienes producto de un delito, ya que el 22 de abril de 2023 se encontraron en su propiedad, ubicada en la colonia Militar de Tecate, diversos objetos robados a una víctima en la misma colonia. Entre los objetos recuperados se encontraban tubos y campanas metálicas para cocina, ventanas y un fregadero.

Por este delito, el imputado también fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva.

La otra orden de aprehensión se relaciona con el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, por posesión de metanfetamina. El 12 de marzo de 2024, en la colonia Aldrete en Tecate, el imputado había sido detenido con 14 envoltorios de dicha droga, con un peso total de 14,278 miligramos.

Este delito también derivó en su vinculación a proceso, con la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un mes de plazo para la investigación complementaria.

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Un juez supremo de Perú ordenó este viernes la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien permanece asilada en la residencia de la embajada de México en Lima, mientras es juzgada por el fallido golpe de Estado que intentó dar el izquierdista ex presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

La decisión fue tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien señaló que el peligro de fuga de Chávez en el proceso es "palpable", por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales, según informaron medios locales.

En la víspera, antes de conocerse esta resolución judicial, el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, negó que su país vaya a irrumpir en la embajada de México en Lima para una eventual detención de Chávez, como hizo Ecuador con el ex vicepresidente correísta Jorge Glas, porque -según dijo- es respetuoso del derecho internacional.

Álvarez aseguró que esa posibilidad es una "hipótesis negada" y agregó que "Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino, ni país hermano".

En su resolución, Checkley revocó la orden de comparecencia con restricciones que se había impuesto a Chávez, porque -según señaló- "existe un evidente incumplimiento (...) respecto a la restricción impuesta en su contra, control biométrico cada siete días".

El magistrado también determinó que el peligro de fuga es "palpable", así como el riesgo de "frustración" del juicio.

Chávez fue detenida en junio de 2023 y permaneció hasta septiembre de este año en prisión preventiva, por su presunta participación en el intento de golpe de Castillo, por el que la Fiscalía pide que se le imponga una pena veinticinco años de cárcel por el delito de rebelión.

La ex primera ministra salió en libertad luego del que el Tribunal Constitucional reconociera que fue víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la prolongación de la prisión provisional y hace dos semanas recibió el asilo otorgado por el Gobierno de México, que la acogió en la residencia del embajador, donde permanece hasta ahora.

Tras la decisión mexicana, el Gobierno de transición de Perú, que preside José Jerí, decidió romper sus relaciones diplomáticas bilaterales, que desde 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer México la legitimidad de la entonces presidenta peruana Dina Boluarte (2022-2025), quien reemplazó a Castillo.

Igualmente, el Ejecutivo peruano tampoco le ha concedido hasta ahora a Chávez el salvoconducto para viajar a México, al condicionarlo a una serie de consultas en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para modificar la Convención de Caracas que regula el asilo diplomático y político, al considerar que el país norteamericano la ha desvirtuado.

Este jueves, el primer ministro Álvarez aseguró que su país denunciará a México "oportunamente en sedes internacionales con las evidencias en la mano" sobre una presunta injerencia en temas internos, que Lima atribuye a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

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La Policía Municipal de Tijuana logró la captura de cuatro personas que contaban con órdenes de aprehensión activas, incluyendo una requerida en Estados Unidos por un delito grave.

El primer caso ocurrió en la colonia Libertad, donde los agentes detuvieron a José Jhovanni “N”, de 34 años, por infringir el Reglamento de Tránsito. Al verificar sus datos, se confirmó que tenía una orden de captura vigente en los Estados Unidos, donde es señalado como presunto responsable del homicidio de una mujer en Union Gap. Además, en el vehículo que conducía, los policías encontraron 15 envoltorios con una sustancia similar a droga, que fue asegurada como evidencia.

En la colonia Villas del Álamo, los oficiales detectaron a Rodrigo “N”, de 38 años, quien fue detenido por violar el Bando de Policía y Gobierno. Al realizar la consulta, se confirmó que tenía tres órdenes de aprehensión activas por delitos de robo calificado y robo con violencia.

En otro operativo en el Distrito Florido-Mariano, agentes detuvieron a Ihan Osvaldo “N”, de 25 años, por faltas administrativas; sin embargo, al verificar su identidad, se encontró que también contaba con una orden de aprehensión por robo calificado con violencia.

Finalmente, en la colonia Tercera Etapa del Río, fue arrestado Carlos José “N”, de 50 años, quien infringía las reglas del Bando de Policía y Gobierno. La revisión de sus datos reveló que tenía una orden de aprehensión vigente por el robo de un vehículo.

Los cuatro detenidos fueron entregados a las autoridades correspondientes para continuar con los procesos judiciales correspondientes.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana informó sobre la detención de cuatro personas que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos, como parte de los operativos para reforzar la seguridad en las colonias de la ciudad.

En la colonia Santa Rosa, oficiales intervinieron a José “N”, de 40 años, quien al ser verificado resultó con orden activa por abuso sexual. En otro hecho, en la colonia San Luis, se aseguró a Víctor Hugo “N”, de 39 años, identificado como generador de violencia, con orden por homicidio.

Asimismo, en la Zona Centro fue detenida Alba Yulissa “N”, de 27 años, sorprendida infringiendo el Bando de Policía y Gobierno. Al consultar sus datos, se confirmó que tenía orden vigente por lesiones. Finalmente, en la colonia Juárez, oficiales detuvieron a Gerardo “N”, de 29 años, prófugo de la justicia por narcomenudeo.

La dependencia municipal señaló que los cuatro detenidos fueron turnados a la Fiscalía General del Estado, donde se dará seguimiento a los procesos legales correspondientes.

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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la existencia de una orden de aprehensión contra el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

El pronunciamiento se dio luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informara sobre la detención del deportista en Los Ángeles, California, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización señalada como grupo terrorista extranjero.

#FGRInforma | Julio “C”, quien cuenta con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas, fue detenido este día por las autoridades norteamericanas, en la ciudad de Los Ángeles, California. 1/2 pic.twitter.com/jkawkeuD2N

— FGR México (@FGRMexico) July 3, 2025

Según la FGR, la orden de captura en México data de marzo de 2023 y ya se ha establecido contacto con las autoridades estadounidenses para avanzar en el proceso de deportación del hijo del exboxeador Julio César Chávez.

Cabe recordar que Chávez Jr. había perdido recientemente una pelea ante Jake Paul en el Honda Center de Anaheim. Su situación legal se complica tras ser vinculado con actividades delictivas que podrían derivar en su extradición a México.

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Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, El Altiplano, negó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) la orden de aprehensión contra Rosario Robles, quien fungió como titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social por el probable delito de delincuencia organizada y lavado de dinero por 77 millones de pesos relacionado a la “Estafa Maestra”.

Esto por su probable intervención en los hechos con apariencia de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultar, encubrir o pretender ocultar o encubrir o en encubrir documental en la que- a su consideración- da cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril en donde solicitó reponer el procedimiento.

Así como determinar si procedía o no librar la orden de captura, o ser citada a una audiencia para ser notificada respecto a la existencia de la orden.

En la resolución, el Tribunal solicitó al juez reponer el procedimiento y determinar si debe o no librar el mandamiento judicial o analizar otra vía legal para que la exfuncionaria se presente a una audiencia y afronte la justicia.

En esa ocasión los magistrados manifestaron que los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda no ofrecieron argumentos para combatir el amparo otorgado a Robles.

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