El secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ricardo Bucio, urgió al Poder Legislativo a sacar de la congeladora la Ley General de Adopción, para que con ello salgan de la vulnerabilidad los menores en resguardo del Estado.

"Es indispensable que tengamos una Ley General de Adopción, y más aún, una Ley Nacional de Adopción, un marco legal que establezca la posibilidad de que los derechos sean garantizados para todas las personas en el territorio nacional, independientemente de quién les gobierna, quién dirige un sistema de protección especial, independientemente de quién dirige el DIF".

Al participar en el foro "La Adopción en México: Retos y Necesidades de los Iinfantes", organizado por el Senado, Bucio dijo que es indispensable contar con una ley nacional que homologue los procedimientos, pues en el país hay alrededor de 60 modelos que entorpecen la adopción.

"Tenemos estados que un año dan 100 adopciones; al año siguiente dan dos adopciones. Los mecanismos son muy distintos, los conocemos, es este tema el que nos reúne aquí. Necesitamos un Sistema Nacional que no suponga diferencias y que sí establezca el interés superior de la niñez que es justamente los niños que están en posibilidad de ser adoptados, no de los adoptables".

Señaló que el caso de la ley de telecomunicaciones todos los celulares en el país están regulados, pues sabemos en dónde están, quién los usa, cuántos minutos, quién paga, quién cobra, quién da el servicio.

"Pero cuando hablamos de adopción, estamos viendo que no sabemos todo esto, no sabemos todos estos datos acerca de las niñas, los niños, los adolescentes que son susceptibles de ser adoptados, y esto va en sentido contrario a lo que establece el Comité de los Derechos del Niño, que dice que es la punta de lanza de alguna manera la vanguardia de un sistema de protección integral tiene que ser el sistema de adopciones", dijo.

Por su parte, el procurador Federal de Niñas, Niños y Adolescentes, Luis Enrique García, aseguró que uno de los retos inmediatos es contar con información y datos precisos de cuantos menores son susceptibles de adopción. Reconoció que hoy esa procuraduría tiene que ser un ente que en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil tengan una comunicación estrecha para que se logre una legislación en la materia.

La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), determinó que la acción que realizaron el gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, al sustraer a un niño del Centro de Asistencia Social Capullos del DIF de Nuevo León para una “convivencia familiar”, no se llevó a cabo conforme a la ley, pues no existe un proceso de adopción en curso que involucre al menor ni a la familia formada por el mandatario y la coordinadora de la unidad administrativa “Amar a Nuevo León”.

A través de un comunicado, el SNDIF señaló asimismo que ante el requerimiento de información que hizo a la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León, referente al caso, dicha entidad pública expuso que desde hace tres meses el niño “recibe visita diaria por parte de la C. Mariana Rodríguez Cantú”, sin aclarar o justificar las razones de dichas convivencias. Y argumentó que se autorizó la salida del niño del DIF Capullos bajo la responsabilidad de Mariana Rodríguez Cantú, por representar para él una “figura significativa”.

En seguimiento al caso del supuesto “permiso de convivencia familiar” a través del cual el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León habría permitido el egreso de un niño que se encuentra bajo los cuidados del Centro de Asistencia Social (público) “Capullos”, la Procuraduría Federal de Protección, detalló que el miércoles 19 de enero recibió vía correo electrónico información de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Nuevo León, para responder al requerimiento de esa instancia federal con el fin de conocer el proceso legal seguido para conceder el supuesto medio alternativo de cuidado familiar.

Derivado del análisis de la información recibida “se desprende que no existe un proceso de adopción en curso que involucre al niño, ni tampoco a la familia integrada por el C. Samuel García Sepúlveda y la C. Mariana Rodríguez Cantú”, indicó el comunicado.

Al respecto, la Procuraduría de Protección de Nuevo León informó que desde hace tres meses el niño “recibe visita diaria por parte de la C. Mariana Rodríguez Cantú”, sin aclarar o justificar las razones de dichas convivencias. Y argumenta que se autorizó la salida del niño bajo la responsabilidad de la C. Mariana Rodríguez Cantú, por representar para él una “figura significativa”.

La PFPNNA precisó que la Procuraduría de Protección y el Director del Centro de Atención Integral al Menor y la Familia, ambos de Nuevo León, otorgaron el permiso para que el niño quedara bajo resguardo del matrimonio García-Cantú durante un fin de semana, como “medida especial”. Sin embargo, “no se proporcionó evidencia que acredite que la medida antes señalada se emitió con las formalidades que exige la ley, como lo es que se encuentre por escrito, debidamente fundada y motivada, así como apegada al interés superior del niño, conforme se solicitó en el requerimiento de información”.

Por lo anterior, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del DIF Nacional, hizo un nuevo requerimiento de información a la Procuraduría estatal para concluir el análisis sobre el supuesto “permiso de convivencia familiar”, definir las medidas a adoptar para garantizar la protección del niño y cerciorarse de la adecuada aplicación de los medios de cuidado alternativo en el caso concreto, asentó la instancia federal.

Asimismo destacó que respecto a la vulneración del derecho a la intimidad del niño, la Procuraduría de Protección de Nuevo León estimó que el hecho de que la imagen y datos personales del niño hayan sido expuestos de manera masiva no configura una violación al derecho de intimidad, bajo el argumento de que: “no se considerará injerencia ilegal o arbitraria, aquella que emane de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia, en el cumplimiento de la obligación de orientar, supervisar y en su caso restringir, conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al Interés Superior de la Niñez”.

Además, sostiene la Procuraduría de Protección estatal, que la afectación al derecho de identidad “únicamente puede realizarse por medios de comunicación, pues son éstos los que han difundido información sobre el niño tomando las imágenes de las redes sociales de un particular, de la C. Mariana Rodríguez Cantú”, coordinadora de la unidad administrativa Amar a Nuevo León, aprobada por el Congreso por iniciativa del mandatario estatal.

Con independencia de las medidas a adoptar en el caso concreto, la PFPNNA explicó que emitió un comunicado adjunto, dirigido a los sectores público, social y privado y a la sociedad en general, en el que se fundamentan y establecen medidas que garantizan el derecho de niñas, niños y adolescentes a la intimidad y a la protección de sus datos personales.

En dicho documento, que tiene como primer destinatario a las 32 Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del país, “se subraya que es obligación de las autoridades del Estado mexicano implementar medidas que eviten la repetición de actos violatorios de derechos humanos y contribuir a la prevención de dichas violaciones, así como adoptar medidas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos y se exponen las vías por las que se vulneran los derechos a la intimidad y a la protección de los datos personales de niñas, niños y adolescentes”.

Finalmente, dijo que se convocó a una reunión urgente, que se realizará este martes 25 de enero para revisar la legislación, procedimientos y protocolos vigentes respecto a medios alternativos de cuidado familiar en el estado de Nuevo León. a fin de homologarlos en congruencia con las disposiciones del propio SNDIF y, con ello, “erradicar prácticas que resultan contrarias a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al interés superior de la niñez”.

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, argumentó que ni el DIF nacional ni la CNDH ni la CEDHNL son superiores jerárquicos del DIF estatal, ya que ésta es una autoridad autónoma, ante lo cual descartó sanciones por haber sacado él y su esposa Mariana Rodríguez del centro Capullos a un bebé de cinco meses, para dos días de convivencia, ya que “todo se hizo conforme a la ley”.

Además, expuso, lo primero que se tiene que aclarar es que no se trató de una adopción, como se ha denominado al permiso de convivencia que obtuvieron para llevar al pequeño a su casa, el pasado fin de semana.

Asimismo declaró que no son investigaciones, sino exhortos los realizados por instituciones nacionales y la estatales hacia el DIF estatal, pues asentó que esta institución “es una autoridad autónoma, no tiene superior jerárquico, ni el DIF nacional, ni la CNDH ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son sus superiores”, entonces, dijo, “más que medidas son exhortos, y todos se van a contestar”.

Igualmente descartó sanciones en su contra o de Mariana Rodríguez, pues reiteró que todo se hizo conforme a la ley, al tiempo de señalar que muy pronto “habrá muy buenas noticias”, pues ha estado en pláticas con el presidente del Poder Judicial, Arturo Salinas Garza, pues se harán mesas de trabajo con jueces de lo civil, “vamos realmente a cambiarles a la vida a todos esos niños y niñas” con la aplicación de políticas públicas y reformas legislativas que aceleren las adopciones, y sobre todo que concienticen a la sociedad sobre el tema.

Atribuyó el ruido en las redes sociales que ha generado el caso del infante que sacaron del DIF Capullos, a que nadie en México ni en Nuevo León sabe de términos que están en desuso como “acogimiento, patria potestad, alimentos”, pues insistió que todo lo que se hizo está contemplado en la ley.

Luego de recalcar que se responderán a los exhortos y solicitudes de información que hagan los organismos nacionales y la estatal CEDHNL, dijo que al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador no hará politiquería sobre el caso del bebé del DIF Capullos.

“Yo no veo más que al presidente se le preguntó (en la mañanera), y de manera muy prudente al igual que yo, no vamos a hacer politiquería de un tema tan bonito”, comentó el gobernador.

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La Red por los derechos de la Infancia (Redim) expresó su “profunda preocupación por la extracción de un niño de 5 meses de edad” del DIF Capullos que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, tuvieron en su casa durante el fin de semana .

En ese tiempo, la pareja publicó fotos en sus redes sociales con el menor, las cuales tuvieron miles de reacciones.

El menor fue extraído del DIF bajo el argumento de “convivencia de fin de semana”.

“Sin importar que detrás de estos hechos pudiera haber una aparente motivación humanitaria, es fundamental recordar que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y que es obligación del Estado, y de sus representantes, velar por estos derechos”, señaló Redim en un comunicado.

“Preocupa también la exposición excesiva e innecesaria de este niño, si en efecto hay un interés legítimo por su vida y por su futuro. Las diversas fotografías de su persona expuestas en redes sociales, sin el tratamiento adecuado para la protección de su identidad y en algunos casos incluso usando colores identificados con la campaña del partido político que llevó a su cargo al actual gobernador y a su esposa, son muestra de ello.

"Se debe recordar que la Ley general de derechos de niñas y niños prohíbe en sus artículos 68 y 80 la difusión de imágenes de niñez y se llama la atención en especial cuando son víctimas. Este bebé está bajo responsabilidad jurídica del DIF local y precisamente por ello no puede ser expuesto de ninguna forma, pues se le revictimiza”, expone la organización en el documento.

Finalmente, hace un “respetuoso y firme llamado a la Sra. Rodríguez, titular de AMAR Nuevo León y al Sr. Gobernador del estado de Nuevo León a actuar por la no cosificación de este niño, ni de ningún otro y otra”.

La Iglesia católica reprobó la adopción de un menor de edad por una pareja homo parental en Morelos, porque “lo legal no es lo correcto”, dijo el vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera.

Con base en la doctrina religiosa, afirmó, el matrimonio descansa siempre sobre la familia tradicional, es decir, la unión entre hombre y mujer, y además es importante tomar en cuenta que los niños tienen la necesidad de padre y madre.

Para el vicario se trata de la necesidad que tiene el menor en su constitución para ser educado como una persona, por lo que en su opinión se tendrían que considerar distintos elementos importantes tanto los psicológicos, morales, religiosos y espiritual que necesita alguien para ser formado.

La reacción del vicario la dirigió hacia el Sistema DIF estatal que ayer concedió por primera vez en la historia de Morelos, la adopción de un menor de seis años a una pareja del mismo sexo. Lo anterior fue logrado en pleno cumplimiento al derecho de los niños de vivir en familia y bajo la anuencia judicial otorgada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), argumentó el DIF morelense.

El también rector de la Catedral sostuvo que en el sentido religioso y moral no está bien, porque no es esa la constitución que necesita un infante y, además, argumentó que muchas veces en las adopciones no se fijan en la necesidad de los niños sino en el derecho que tienen las parejas por adoptar.

“El infante tiene a derecho a tener una familia un padre y una madre que lo constituya como tal y que sea el amor de padre y madre que tengan para su crecimiento”, sostuvo Tomás Toral.

El DIF Morelos informó que la adopción fue concretada luego de que la pareja cumplió con todos los procesos minuciosos requeridos por el Consejo Técnico de Adopciones y se le dio continuidad a pesar de la emergencia sanitaria por COVID-19.

El Sistema DIF estatal indicó que así como otras familias que buscan al organismo para someterse al proceso de adopción, la pareja del mismo sexo recibió asesoría integral por parte del equipo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia (PRONAF), como capacitación y acompañamiento, una medida esencial para dar aún más seguridad a los solicitantes.

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La ley española del matrimonio entre personas del mismo sexo, la tercera del mundo y la primera que incluía la adopción, cumple 15 años como referente en Europa y en Latinoamérica y habiendo permitido a más de 100.000 personas "alcanzar la dignidad y dejar de ser ciudadanos de segunda clase".

Su aprobación por el Congreso español (1 de julio de 2005) supuso "un hito que cambió todos los esquemas que teníamos como sociedad", cuando gobernaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, subraya a Efe Alejandro Alder, representante de la Federación Española de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb).

"La sociedad española siempre va por delante de los prejuicios", destacó este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en plena semana de celebraciones del Orgullo Lgtbi, este año de manera virtual debido a la epidemia de coronavoris.

Dos de las mujeres casadas en España son Gema Segoviano y Ana Cabeza, las primeras que lo hicieron en Segovia (centro) y en toda la región de Castilla y León. Fue el 9 de diciembre de 2005, viviendo una doble emoción "personal y social".

"No supuso solo que podíamos formalizar algo que buscábamos desde hacía tiempo (...), sino que nos permitió conseguir socialmente algo que creía inalcanzable", relata a Efe Cabeza. Segoviano reconoce que su matrimonio le permitió "sentirse como cualquier otra pareja".

LA LEY

España fue el tercer país del mundo que aplicó una ley que regula los matrimonios entre homosexuales, despué de Holanda y Bélgica. También estaba vigente en algunas provincias de Canadá y en Massachusetts (EEUU).

En el caso español, Alejandro Alder destaca que fue la primera que incluyó la adopción y que muchos países de Europa y Latinoamérica tuvieron como ejemplo la "estrategia española", que siempre ha contado con el apoyo de la sociedad civil, indica, que ha respaldado las reivindicaciones y los derechos Lgtbi.

Reconoce un momento de crítico en la tramitación a causa de la inclusión de la adopción, aunque "tampoco supuso un cisma". Subraya el papel del Partido Socialista (que gobernaba entonces) e Izquierda Unida, que "estuvieron al pie del cañón al entender nuestras reivindicaciones".

También resalta el trabajo de quien era entonces presidente de la Felgt, el socialista Pedro Zerolo (ya fallecido), pero, sobre todo, que Rodríguez Zapatero "se creyera la ley".

Durante la elaboración y tramitación, explica, hubo una estrategia muy coordinada con todas las asociaciones provinciales de la Felgtb, y se creó una red con agentes sociales, asociaciones de vecinos o movimientos feministas. "Nos ayudó a hacernos visibles porque para nosotros la máxima era que lo que no se ve, no existe", explica.

"Hace 16 años ser Lgtbi en Salamanca, Toledo o Vigo (ciudades españolas pequeñas) no era lo mismo que serlo en Madrid, Barcelona y Las Palmas (islas Canarias), donde había otra realidad", según Alder.

PRIMEROS MATRIMONIOS IGUALITARIOS

La primera boda homosexual se celebró el 11 de julio de 2005, tan solo ocho días después de que la ley entrara en vigor. Fue entre Emilia Menéndez y Carlos Barturín en Tres Cantos (Madrid).

Cinco meses más tarde se casaron Gema Segoviano y Ana Cabeza. "No fue del todo difícil", recuerda la primera, pese al "papeleo" (tramites documentales) e, incluso, una visita previa al alcalde de Segovia, que las trató "muy bien".

Como en cualquier matrimonio civil, tuvieron que dejar claro ante un notario que no era por conveniencia. Sus familias no lo aceptaban, y fue una boda pequeña y "discreta".

Asistieron los testigos y un grupo de la asociación "Mujeres y Teología". Las "novias" tuvieron lanzamiento de confeti y aplausos a la salida del consistorio.

OPOSICIÓN CONSERVADORA

La Iglesia católica rechazó la ley con ahínco y la principal fuerza política conservadora española, el opositor Partido Popular (PP), votó en contra y la recurrió en el Tribunal Constitucional, que tardó siete años en fallar a favor de la norma legislativa. Entonces ya se habían celebrado 22.000 de estos matrimonios.

Ese tiempo lo vivió Gema Segoviano "con un nudo en el estómago". Revela que, cuando se acabó esa "pesadilla", rompió a llorar "de la emoción y de toda la tensión acumulada".

Alejandro Alder lamenta que la "sociedad más rancia y la extrema derecha" siempre pongan a las personas Lgtbi en el objetivo de su diana.

Critica la "hipocresía institucional" de los partidos más conservadores, que votan en contra de ciertas leyes, pero luego se aprovechan de ellas, en alusión a homosexuales de derechas que se casaron.

NORMALIZACIÓN

Segoviano y Cabeza reconocen que, 15 años después, la gente sigue recibiendo con curiosidad el hecho de que se presenten como "mujer y mujer", aunque en el pequeño pueblo segoviano de Encinillas, adonde llegaron en 2006, hacen "una vida muy normal".

Critica que, en la actualidad, siga sin ser fácil decir en el trabajo que se es lesbiana y recuerda que ella no pudo tomar los 15 días legales de descanso laboral por matrimonio porque la habrán despedido de donde trabajaba en aquella época.

Ella y su pareja creen que aún queda mucho por hacer para que la diversidad se acepte con normalidad. Abogan por la educación para el cambio, por medio de una asignatura de educación afectiva y sexual seria en la enseñaza media.

Y piden charlas informativas para padres y madres del entorno de los 40 o 50 años, ya que les cuesta "mucho" aceptar la diversidad, cuando la gente joven está "más abierta".