Diputados federales de todas las bancadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro exigieron al Senado para que este lunes, último día del periodo ordinario del Congreso de la Unión, aprueben la minuta para eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluyendo al Presidente de la República.

A través de un comunicado que emitieron desde la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputados federales del PRI, PAN, PRD, Morena, MC, PVEM y NA aseguraron que comparten las expresiones de algunos senadores que han descalificado la minuta por supuestas deficiencias jurídicas.

El llamado lo hicieron Daniel Ordoñez Hernández (PRD), Braulio Guerra Urbiola (PRI), Hernán Cortés Berúmen (PAN), Lorena Corona Valdés (PVEM), Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC), Virgilio Dante Caballero (Morena), Mirna Isabel Saldívar Paz (NA), Rodolfo Nogués Barajas (PRI), Apolinar Casillas Gutiérrez (PAN), Ángel Alanís Pedraza (PRD) y Ramón Bañales Arámbula (PRI).

A este llamado se sumó el coordinador de la bancada de Acción Nacional en la Cámara Baja, Marko Cortés, quien acusó que hay una alianza entre PRI y Morena en el Senado que, a través de tácticas dilatorias, burlaron a México para no aprobar la desaparición del fuero a todos los funcionarios públicos, incluyendo al Presidente de la República.

"Emplazamos para que de forma inmediata aprueben la minuta que por unanimidad mandó la Cámara de Diputados, o que ya se descaren y digan que quieren mantener la impunidad procesal del viejo régimen", aseguró Cortés Mendoza.

"Si bien es cierto que la actuación de los senadores del PRI y Morena podría constituir un motivo de desánimo o decepción, desde ahora les decimos que no nos vamos a detener al clamor de los mexicanos de acabar con el régimen de privilegios e impunidad del Presidente y los funcionarios públicos; en Acción Nacional los llamamos a que aprueben en sus términos la minuta, para que pueda pasar a los congresos locales para su posterior promulgación", destacó.

En tanto, los demás legisladores dijeron que en respuesta a la preocupación manifestada por algunos senadores, la junta directiva señaló que "considerar al Presidente en los supuestos de eliminación del fuero y juicio político no generaría ingobernabilidad, sobre todo, si fortalecemos con autonomía a las instituciones de procuración".

Los integrantes de la instancia legislativa indicaron: "Existen en la minuta mecanismos que protegen a la función e investidura presidencial, diferenciándolo con la mayoría calificada y no por la mayoría simple, para, en su caso, poder proceder.

"La minuta enviada al Senado es producto no sólo de escuchar a grandes juristas y abogados, también, y de manera preponderante, de escuchar a la ciudadanía que exige de puntualmente que nadie en México cuente con privilegios y escudos que permitan no hacerle frente a la ley", indicaron.

Precisaron que "la minuta establece matices claros que permiten un equilibro entre proteger la función pública y no generar abusos y privilegios al servidor público, ya que tendría que enfrentar un proceso penal si fuera el caso, pero mantenerse en el cargo, salvo que exista una sentencia condenatoria y ejecutoriada que determinen una responsabilidad".

Expusieron que "para el caso específico del Ejecutivo, contrario a lo que de manera imprecisa se ha señalado, su regulación no debe referirse a los otrora llamados delitos graves, puesto que la reforma constitucional de 2008 —que adoptó el Sistema Procesal Penal Acusatorio— eliminó la figura de los delitos graves [por los que no procedía la libertad provisional bajo caución], por lo cual ya no existe esa categoría procesal en la Constitución".

En su opinión, "tampoco es correcto sostener que incluir al Presidente en el nuevo régimen generaría ingobernabilidad, ya que la normatividad procesal penal establece que el Ejecutivo no está obligado a presentarse ante el Órgano jurisdiccional cuando sea citado.

Por mayoría de votos, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó someter a consideración del pleno el próximo miércoles, la presentación de una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas por haber aprobado lo que se ha interpretado como un blindaje para evitar que el gobernador panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pierda el fuero.

En el proyecto de la controversia constitucional, la Cámara Baja argumentó que las reglas aprobadas por el Congreso de Tamaulipas son ilegales porque violan los artículos 14, 35, 41, 49, 111, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y vulneran la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia penal contra servidores públicos, así como el propio orden constitucional.

En contraparte, el Congreso de Tamaulipas rechazó que el acuerdo aprobado el 2 de marzo pasado, que establece las reglas de homologación del proceso de desafuero, se trate de un “blindaje del Ejecutivo del estado”.

A través de un comunicado, los legisladores tamaulipecos consideraron que algunos han denominado erróneamente como blindaje a dicho acuerdo en el que se establecen las reglas del procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confiere al Congreso local el párrafo quinto del artículo 111.

“No se trata de ningún blindaje como se ha señalado mediáticamente, sino de fijar las bases procedimentales que permitan a la Legislatura local ejercer la competencia que sobre este asunto le confiere la norma suprema, para que en observancia a esa potestad resuelva lo conducente”, dicen.

Este acto, se añade, “contrario a lo que se especula, lejos de ser un blindaje, genera certeza y transparencia para los involucrados, entre ellos la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y es con el único fin de que el Congreso del estado lleve a cabo sus facultades constitucionales”.

La Jucopo de la Cámara Baja aprobó el proyecto de controversia constitucional, que deberá ser firmada por la también presidenta del Congreso de la Unión, la priista Dulce María Sauri, que sería presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En sus argumentos explican que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados declarar si ha o no ha lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "kafikiano" el que senadores de oposición estén en contra de que se apruebe su reforma constitucional para que los presidentes de la República se les retire el fuero y puedan ser juzgados por cualquier delito.

"Es increíble que si estoy plantando una iniciativa, que se modifique el que el Presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, no solo por traición a la patria. Es increíble que la oposición no quiera aprobarlo.

"Es kafkiano. ¿Cómo, si son opositores, si están los de Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa) 1 y Frenaaa 2, que están en contra de nosotros, que quieren que renuncie que me vaya?", indicó López Obrador.

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que los legisladores de oposición están evitando que se apruebe esta reforma constitucional porque están pensando que ellos van a regresar "y si esto está establecido en la Constitución y como les gusta mucho los biyuyos puedan ser juzgados, porque son muy ambiciosos, porque su dios es el dinero, pues no quieren que se lleve a cabo la reformas".

En Palacio Nacional, el Presidente exhortó al Senado que se apruebe esta iniciativa para que él pueda informar el próximo 1 de diciembre, al cumplirse dos años de inicio de su mandato, que "ya se cumplió" con esta promesa que hizo y que está dentro de sus 100 compromisos.

Con 420 votos a favor, 0 en contra y 15 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del fuero al Presidente.

Se aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política. 

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

***En breve más información. 

Ante el diferendo entre el Senado y la Cámara de Diputados para ampliar el catálogo de delitos por el cual pueden ser juzgados diputados y senadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que sea para todos los delitos.

"Una manera sencilla es que sea para todos los delitos, tanto para Presidente como para diputados y senadores y ya con eso no habría diferencia, ojalá pronto se resuelva", dijo durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Ayer martes, por segunda ocasión, el pleno de la Cámara de Diputados rechazó la minuta del Senado que busca ampliar el catálogo de delitos para actuar penalmente contra el presidente de la República, pero también contra los diputados y senadores.

"Lo tenemos que resolver, yo envié una iniciativa con este propósito, para quitar el fuero y no hay acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados, entonces hay que atender este asunto lo más pronto posible y llegar a un acuerdo para que se apruebe lo más pronto posible y se quiten todos los fueros", dijo.

La iniciativa del Ejecutivo Federal contemplaba que pueda ser juzgado, además de traición a la patria, por hechos de corrupción, delitos electorales o delitos graves como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas o robo, contemplados en el artículo 19 constitucional.

Pero los senadores se incluyeron en esta reforma y también a los diputados federales, quienes consideraron que se desvirtuó la iniciativa presidencial y que a ellos les otorgaría una mayor protección.

Los 500 legisladores que integran la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados, incluidos los del bloque de la Cuarta Transformación, recibirán para fin de año una bolsa por 164 millones de pesos para pagar sus dietas, aguinaldo y apoyos legislativos.

El acuerdo del Comité de Administración de San Lázaro, firmado el 25 de septiembre del año pasado, indica que cada legislador recibirá en total 328 mil pesos para esta Navidad.

Así, por su dieta mensual cada diputado federal obtendrá 74 mil 672 pesos y otros 140 mil 504 pesos de aguinaldo, que representan ingresos personales y directos.

De manera paralela, a cada uno se le depositarán, antes del 15 de diciembre, 45 mil 786 pesos por asistencia legislativa, 28 mil 772 pesos para labores de atención ciudadana y 38 mil 363 pesos por concepto de apoyo de fin de año.