El terror y la violencia extrema de más de 40 organizaciones criminales, que mantienen como rehén a la población mexicana y amenazan a la seguridad, son el principal reto del nuevo gobierno para lograr la llamada "pacificación del país", que busca impedir la expansión y multiplicación de las actividades de esos grupos, cuyo número es mucho mayor al reconocido oficialmente.

Especialistas coinciden en que después de tres sexenios fallidos en materia de seguridad, la delincuencia organizada que enfrentarán las nuevas autoridades no sólo se reconfiguró, sino que, como un virus social, se adaptó y, más robusta, enfrenta al Estado mexicano.

Informes oficiales de inteligencia, expertos en seguridad y redes criminales de México, Colombia y Estados Unidos, así como organismos de derechos humanos y civiles, muestran que además del tráfico de drogas, la nueva administración deberá contener a grupos que incursionan en al menos otros 15 delitos de alto impacto, como robo de combustible, secuestros, extorsión, desapariciones, desplazamiento forzado, homicidios, contrabando de armas, trata y comercio de personas, entre otros.

Las nuevas autoridades se enfrentarán al rastro que los grupos criminales dejaron al paso de 18 años de alternancia política y que convirtieron a México, según la opinión de expertos, en un país de víctimas sin atención. 

Lo sucedido está documentado con los cerca de 250 mil asesinatos cometidos por estos grupos en 18 años, 36 mil 265 desaparecidos reportados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayor parte de los más de 325 mil desplazados, la estela de fosas clandestinas que se han descubierto, así como en los videos que libremente circulan desde 2005 en la web y en los que exhiben su crueldad.

No hay estado, municipio o ciudad en el que la gente no hable de la presencia de grupos criminales. Están en todas partes, pero no para la PGR, que afirma que 10 estados están libres de la operación de los nueve grandes grupos criminales que hay en el país. 

El "Cártel del Pacífico" o de Sinaloa, el "Cártel Jalisco Nueva Generación" (CJNG), los "Beltrán Leyva", los "Arellano Félix", los "Carrillo Fuentes", los "Caballeros Templarios", la "Familia Michoacana", el "Cártel del Golfo" y los "Zetas" no tienen presencia alguna, según la versión oficial, en la Ciudad de México, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Yucatán, Tabasco, Campeche y Oaxaca. Expertos opinan que ese mapa criminal no aporta nada para entender la delincuencia en el país.

El rostro de los grupos criminales se asoma en todo el territorio nacional, incluidas zonas como la Ciudad de México —donde la PGR no tomó como grupos del crimen organizado ni a "Unión Tepito" ni a la "Anti-Unión", como tampoco a las bandas de "Los Rodolfos" ni de "El Ojos" de Tláhuac— y destinos turísticos, corredores industriales, petroleros, mineros, comerciales, pesqueros o agropecuarios. 

Las nuevas autoridades encontrarán que la reconfiguración criminal y la gama de actividades ilegales en las que actúan se traducen en el sometimiento de poblaciones enteras e incluso en algunas zonas del control y gobernanza de los cuerpos policiacos, autoridades municipales estatales y federales, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Las víctimas se multiplican

Gobernadores, alcaldes y corporaciones policiacas enteras que han sido cooptadas por los grandes grupos delincuenciales que, según la PGR y cuya información recibirá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, operan a través de al menos 30 subgrupos o células y su nivel de violencia es palpable en matanzas que han conmovido al país. 

Entre ellas, se cuenta la desaparición y posible muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las masacres de Allende y San Fernando, Villa de Salvacar, los 36 asesinados y abandonados en la vía pública en Veracruz, los 24 albañiles muertos en La Marquesa, la ejecución de 12 policías federales en Michoacán, el crimen de 15 policías estatales por parte del CJNG en 2015, y la masacre de 23 personas, 14 decapitadas y nueve colgadas, en Nuevo Laredo.

Especialistas como los mexicanos Luis Astorga, César Alarcón Gil, Arturo Urbina Nandayapa, Zulia Orozco Reynoso, Marisol Ochoa, Jesús Pérez Caballero, el colombiano Eduardo Salcedo-Albarán y Laura Calderón, investigadora de la Universidad de San Diego, consideran que el diagnóstico que tiene que hacer el nuevo gobierno debe partir del avance de la criminalidad que fue posibilitado por factores como la corrupción, falta de transparencia, rendición de cuentas, capacitación y vacíos institucionales en los aparatos de seguridad, procuración y administración de justicia.

Explican que otros factores que desembocaron esta crisis de inseguridad y violencia fueron la ausencia de políticas públicas de largo alcance en educación, salud y bienestar social, así como el repliegue y atomización social ante los altos niveles de violencia y crueldad de grupos delincuenciales. 

Todos avizoran un clima de graves complicaciones al gobierno entrante en su objetivo de desmantelar a los grupos criminales, puesto que se requiere luchar contra una estructura cimentada social, económica y políticamente. No se pueden esperar resultados extraordinarios frente a la expansión criminal que fue posible, también, con la compra y cooptación de protección política y policial, además de infiltrar cadenas empresariales, comerciales y de servicios por parte de grupos delincuenciales y del narcotráfico que reconfiguraron y adaptaron sus estructuras y operaciones a una nueva etapa dentro del crimen organizado en la esfera nacional e internacional. 

Los cambios criminales incluyen desde la producción de nuevas drogas de diseño, ampliación de su portafolios de actividades, sistemas de posicionamiento social —como imponer el miedo en la población, lograr la aceptación mutua o convivencia natural— y hasta la sofisticación en el lavado de dinero y su incorporación a la era digital.

El gobierno que encabezará López Obrador deberá identificar cómo la delincuencia organizada se vale del reclutamiento de miembros que actúan en el ámbito legal y operan bajo leyes laxas que les permiten crear empresas fantasmas, participar en licitaciones públicas, triangular recursos, contar con prestanombres, poder colocar dinero en paraísos fiscales, invertir en la carrera de políticos en ascenso y hacer aportaciones a campañas políticas, entre otros delitos, de acuerdo con las fuentes. 

Coinciden en que las expectativas creadas por el nuevo gobierno serán difíciles de lograr. Las transformaciones y acciones para enfrentar al crimen organizado anunciadas fueron calificadas por Luis Astorga como "ocurrencias y sin conocimiento del reto que representan estos grupos"; de "imposibles" de alcanzar en el corto plazo por César Alarcón; de "ilusiones" por Arturo Urbina; como "buenos deseos" por Zulia Orozco; mientras Eduardo Salcedo opinó que incluso una reducción de la violencia no permite asumir un éxito en el combate al crimen organizado, porque es posible que haya aumentado su eficiencia y cooptado instituciones clave para su funcionamiento. Marisol Ochoa, Jesús Pérez Caballero y la catedrática Laura Calderón dicen que nadie puede esperar resultados inmediatos.

Las alianzas para la violencia

Las labores de inteligencia desarrolladas por la PGR sobre la cantidad de grupos criminales que operan en el país y a las que tendrán acceso las nuevas autoridades indican que cuatro de ellas son originarias de Sinaloa: el "Cártel de Sinaloa", los "Beltrán Leyva", los "Carillo Fuentes" y los "Arellano Félix". Las otras son el "Cártel Jalisco Nueva Generación" (CJNG), que es una escisión de los grupos sinaloenses. Le seguirían el "Cártel del Golfo", la "Familia Michoacana", los "Caballeros Templarios" y los "Zetas".

El informe destaca que a la par de los cambios en las estructuras y operación de los grupos criminales, disponen de arsenales, que incluyen armas usadas sólo en conflictos bélicos, lo cual les sirve para enfrentar el despliegue militar o bien retar o enfrentar cualquier embate de las fuerzas del orden.

En varias de esas organizaciones hay un componente familiar que las hace operar como clanes, pero, al final, como cualquier grupo delictivo, el objetivo común es dominar zonas o regiones geográficas para obtener el control de los mercados y las ganancias de las actividades criminales. 

Este componente permite ventajas como seguridad y confianza en el entorno de los líderes, mayores ganancias, alianzas no exentas de rupturas violentas con otras bandas. 

En el "Cártel de Sinaloa" operan Iván y Alfredo Guzmán Salazar, y Aureliano Guzmán Loera, "El Guano", hijos y hermano del extraditado narcotraficante, Joaquín "El Chapo" Guzmán. A la par de ellos está Ismael "El Mayo" Zambada, cuya familia también participa y es activa en los negocios de la organización.

Los "Beltrán Leyva", los "Arellano Félix" y los "Carrillo Fuentes" tienen el mismo ingrediente familiar, el cual juega un papel de primer orden dentro de las estructuras de mando y hasta de rivalidad con sus pares. El CNJG está bajo control de las familias Oseguera y los González Valencia, "Los Cuinis"; en el "Cártel del Golfo" la familia de los Cárdenas Guillén mantiene hasta ahora cierta influencia y, en algún momento, este rasgo estuvo presente con los "Zetas", con la familia Treviño Morales, comandada por el "Z-40", Miguel Treviño Morales, quien administró el grupo como empresa familiar. En los "Caballeros Templarios" y la "Familia Michoacana" no es visible esta característica en común.

La permanencia y supremacía del "Cártel de Sinaloa", de los "Beltrán Leyva", los "Carrillo Fuentes", los "Arellano Félix" o el surgimiento y violencia del "Cártel Jalisco Nueva Generación", junto con la crueldad de los "Zetas" y las ofensivas armadas del "Cártel del Golfo" y de los "Caballeros Templarios", así como la "Familia Michoacana", no sería posible sin la articulación de estas organizaciones con otras asociaciones criminales. 

El informe de la PGR detalla que al menos 34 grupos de delincuencia organizada están coaligados a estos grupos históricos o bien de reciente creación o emergentes, pero ninguno de ellos tiene la característica de ser una organización criminal transnacional, como las nueve mencionadas anteriormente, pero su capacidad de violencia y conocimiento profundo de cada una de las zonas donde operan las hace sumamente peligrosas.

Los grupos no reconocidos

El nuevo gobierno federal deberá asumir que los grupos criminales han trasladado no sólo sus operaciones, sino también sus combates y disputas por mercados, a casi todas las regiones del país. Ahí, según el reporte oficial, hay pequeños grupos de narcomenudistas o delictivos que se disputan mercados locales, que constituyen zonas donde las autoridades locales atienden ese fenómeno. 

No están en el diagnóstico elaborado por la PGR grupos criminales como "Los Tequileros", "Los Sierreños", "Gente Nueva", "Ojitos Verdes", "Guardia Guerrerense", "Sangre Nueva Guerrerense", "Los Marín", y "Los Añorve", en el estado de Guerrero —donde está 60% de los cultivos de amapola—; "Unión Tepito", la "Anti-Unión", "Los Rodolfos" ni la banda criminal de Tláhuac de "El Ojos", en la Ciudad de México.

En Jalisco, el CJNG enfrenta a un grupo criminal denominado "La Resistencia" o "Cártel Nueva Plaza", mientras que en Guanajuato confronta al grupo llamado "Cártel de Santa Rosa de Lima"; en Tamaulipas se encuentra otro grupo autollamado el "Cártel del Noroeste"; en Quintana Roo destaca el "Cártel de Cancún"; en Puebla y Veracruz se suman grupos como el del "Bukanas"; en Michoacán aparecen "Los Viagras"; en Chihuahua se encuentran "Los Linces", entre otros grupos más que se dedican a un sinnúmero de actividades criminales que tienen un gran impacto en el costo de la inseguridad en México, pero son muchos, muchos más como en breve habrá de saber el nuevo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre.

En el primer semestre del 2020 se registraron 926 asesinatos, la mayoría -de acuerdo con reportes de la FGEBC- están relacionados con “ajustes” de cuentas entre integrantes de grupos criminales dedicados al narcomenudeo.

Dicha cifra de ejecuciones es menor que el número de homicidios registrados (mil 11) en el primer semestre del 2019, último año de gobierno del alcalde panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

Sin embargo, durante el primer semestre del primer año de gobierno (2017) de Gastélum Buenrostro, se registraron 714 ejecuciones, un promedio de 119 por mes.

El trienio del panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro es considerado el más violento de la última década en Tijuana con 5 mil 541 asesinatos de diciembre del 2016 a septiembre del 2019, un promedio de 162 asesinatos por mes.

En este primer semestre del 2020 la cifra de homicidios dolosos (926) promedia 154 asesinatos por mes, es decir cinco ejecuciones por día.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) han señalado que un alto porcentaje de los asesinatos que se registran en la ciudad se debe a la pugna entre grupos delincuenciales.

En lo que va del 2020 el mes con más ejecuciones fue abril con (164), febrero el que menos asesinatos registró con (135) y en junio se cometieron 150 homicidios dolosos.

Las pasadas dos administraciones municipales de Tijuana consideraron los beneficios de instalar casetas móviles en puntos estratégicos de la ciudad; atendidas por agentes en activo, permitían a los ciudadanos saber en qué punto podían acudir por ayuda, a cualquier hora, en caso de ser necesario.

Las casetas se instalaban por lo regular en las zonas más problemáticas, por lo regular a solicitud delos vecinos y se iban rotando de lugares.

A pesar que el programa de casetas móviles fue apoyado por organismos como el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal y se le inyectaron recursos tanto públicos como privados, actualmente la estrategia se tienen en el abandono.

De unas 80 casetas móviles que llegaron a instalarse, en la actualidad funcionan apenas 40.

“Todo lo que les parece que viene de otras administraciones le hacen el feo”, asegura Genaro de la Torre, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal. 

“Están escasas, las pocas que hay no les dan mantenimiento, la Policía Comercial es un desastre. El caparazón fue aportación la mayor parte de las veces por el Gobierno del Estado, los vecinos colaboraron para que se echaran a darlas casetas móviles por la seguridad, hubo bastante dinero invertido, se les puso dinero para internet, por ejemplo.

“Esta administración deja mucho que desear en cuanto a casetas, faltan elementos, antes la Policía Comercial estaba al pendiente y ahora les quieren cobrar a la ciudadanía.

“Son servicios de alto valor, muchos vecinos dejaron de recibir el servicio. Colonos quieren que sus casetas funcionen, se han puesto a querer trabajar con el Ayuntamiento, pero ha habido mala respuesta.

“La gente que tienen en Policía Comercial y en especial en el tema de casetas, como que quieren desaparecerlas. Me he reunido con el jefe Cabrera de la Comercial y no. Tristemente se hizo tanto esfuerzo en que estas casetas estuvieran funcionaron y se puede decir que se abandonaron”, explica De la Torre.

La inseguridad es el talón de aquiles en Baja California, reconoció el gobernador Jaime Bonilla Valdez, ante residentes de Las Delicias, Ensenada.

En su mensaje durante la Jornada por la Paz, el mandatario estatal señaló que se debe garantizar seguridad a bajacalifornianos, visitantes, sobre todo para los niños.

Añadió que el tejido social en el estado sufrió una desatención, por lo que en este gobierno, los niños son prioridad.

Durante treinta años se dejaron de hacer acciones para beneficio para los niños, ahora estamos trabajando para mejorar sus condiciones de vida, sostuvo.

Explicó que por eso han impulsado una campaña contra los sitios donde hay máquinas "tragamonedas", porque generan inseguridad.

Refirió que los sitios donde hay "tragamonedas" son como centros de acopio para la perversión de los menores.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de INEGI, revela que el 71.5% de los tijuanenses se siente inseguro de vivir en su ciudad.

La media nacional de esta medición es de 72.9% lo que coloca a esta ciudad fronteriza por debajo de este indicador.

Está medición trimestral señala que en septiembre del 2019 el 76.3% se sentía inseguro y para diciembre del 2019 se redujo a 71.5%, una reducción del 4.8 por ciento.

La capital de Baja California (Mexicali) también aparece en esta medición y arroja que en diciembre 2019 el 53.8% de mexicalenses se siente inseguro.

Al igual que en Tijuana, en Mexicali hubo una reducción en el porcentaje de ciudadanos que dijeron sentirse inseguros al pasar de 58.1% en septiembre 2019 a solo 53.8% en diciembre 2019, una disminución del 4.3%.

Cabe mencionar que el último día de septiembre del 2019 hubo cambio de administración municipal en los cinco municipios de Baja California.

Los gobiernos municipales de Tijuana y Mexicali, ahora son encabezados por alcaldes de MORENA. Marina del Pilar, Mexicali y Arturo González Cruz, Tijuana.

Ambos alcaldes fueron precedidos por gobernantes emanados del Partido Acción Nacional; Juan Manuel Gastélum, Tijuana y Gustavo Sánchez, Mexicali.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para el 1 de diciembre de este año habrá una solución al problema de inseguridad porque su gobierno ya logró controlar la tendencia al alza de los homicidios dolosos.

"Es muy delicado el problema, habrá solución pronto, el 1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación, en este año habrá resultados", aseguró en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador fue cuestionado por el periodista Jorge Ramos, quien -con datos oficiales- señaló 2019 cerrará como el año más violento y que si no tenía pensado cambiar a su gabinete de seguridad ante los magros resultados.

-"Eso si calienta", reviró el titular del Ejecutivo, al reconocer que el tema de seguridad es una asignatura pendiente que su administración no ha podido resolver.

"La explicación es que se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad y la violencia, no se atendieron las causas, no se crearon empleos, los salarios de los mexicanos son los más bajos del mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso la impunidad, no había autoridad, no había una línea o una frontera que dividiera a la autoridad y la delincuencia, estás enterado del caso García Luna. Estas bandas no surgieron el año pasado".

Con gráficas y estadísticas sobre los homicidios dolosos en el país, el presidente López Obrador señaló que han logrado detener la tendencia hacia el alza en la incidencia delictiva.

"Si aumentó, pero no igual como venía sucediendo año con año... estamos consiguiendo controlar la tendencia en el aumento de estos delitos", insistió.