La Paz, Baja California Sur. El Diario Oficial de la Federación del 9 de junio informa que a empresa Anhelo Resort, propiedad del exgobernador bajacaliforniano Francisco “Kiko” Vega de la Madrid solicitó una renovación de concesión en la zona marítimo terrestre de Buenavista, al norte de Los Cabos, donde pretende construir una marina yates con una inversión millonaria.

La empresa Anhelo Resort S.A. de C.V. consiguió una renovación de su concesión, por lo cual deberá pagar una contraprestación de 25 millones de pesos. El desarrollo turístico, que incluye una marina para más de 500 yates de hasta 200 pies, dos hoteles, lotes residenciales, condominios, áreas de eventos y un campo de golf de nivel profesional con 18 hoyos, fue anunciado en 2009, cuando fue adquirido por “Kiko” Vega, siendo gobernador de Baja California, por 58 millones de pesos.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) anuncia la renovación “por conducto de la Dirección General de Puertos”. La modificación al título de concesión al que se refiere es relativo a que se modifique el área de afectación de los bienes de dominio público de la federación, así como la Condición Segunda, estableciendo que la inversión aproximada de las obras será de 371 millones de pesos y que se realizará en un plazo de tres años.

El DOF informa que Anhelo Resorts pagó al Gobierno de México la documentación que acredita fehacientemente el otorgamiento de una fianza cuyo monto será por la cantidad de 25 millones 970 mil pesos, correspondientes al 7 por ciento del valor de la inversión de la obra marítimo-portuaria, conforme a lo estipulado en la Ley de Puertos, en favor de la Tesorería de la Federación.

El proyecto, de acuerdo con la manifestación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), incluye la construcción en la zona federal marítimo terrestre de un canal de acceso, dos rompeolas, un área de operación, muelles, áreas de exclusividad, una grúa para yates de hasta 200 pies de eslora, una rampa de botado y un muelle para abastecer combustible. Esto en un área destinada de 113 mil 139.78 metros cuadrados, de los 213 mil 67.16 metros cuadrados concesionados previamente.

La información oficial no permite saber cuándo comenzarán las obras para la construcción de este nuevo proyecto turístico inmobiliario.

Tomado del periódico Independiente de Baja California Sur

Tres ex funcionarios de la administración estatal que encabezó Francisco Vega de la Madrid fueron declarados como No Vinculados a Proceso por un juez de control del Poder Judicial del estado luego de una jornada de más de doce horas, durante las cuales se realizaron las audiencias de Formulación de Imputación y de Vinculación a Proceso. 

Fueron José Luis "N", Isauro "N" y Miguel Ángel "N", funcionarios de nivel subsecretaría de la extinta Secretaria de Planeación y Finanzas (hoy Secretaria de Hacienda) los acusados del delito de Abuso de Autoridad. El caso expuesto por la Fiscalía General del estado (FGE) se basó en la acusación de desvió de más de 1 mil 586 millones de pesos en adjudicaciones directas a 91 empresas que no se encontraba en el registro de proveedores ni teniendo un expediente que mostrara sus trabajos previos. 

El caso se derivó en el Número Único de Caso NUC 02-2019-42685 y se presentó ante juez bajo la Causa Penal 05760/2020. 

En la audiencia inicial de Formulación de Imputación, que comenzó a las 09:00 horas de este miércoles, el juez de control consideró legal la imputación del delito. 

Sin embargo, ya en la audiencia de Vinculación a Proceso y luego de la exposición de los antecedentes de investigación y la argumentación de las partes, el juez de control no encontró elementos para iniciar un proceso, es por lo que se decretó Auto de No Vinculación a Proceso en la presente causa penal. 

Aún así, la resolución del caso no significa que la investigación quede extinta por parte de la autoridad correspondiente y pueden reintentar la vinculación a proceso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este jueves en su conferencia de prensa que el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) Pablo Gómez Álvarez informará si en esa unidad hay una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto”.

En su conferencia, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre el tema, pues hace un mes dijo que no tenía información sobre una investigación abierta en contra del expresidente de México. 

En ese momento el titular del Ejecutivo dijo: “Yo no tengo información sobre eso, puede ser que tenga los datos o en el tiempo que estuvo Santiago Nieto haya hecho una investigación, no la conocí”, dijo.

-“¿Usted no tenía conocimiento?”, se le insistió.

-“No la conocí, pero es muy sencillo, es cosa de pedirle a Pablo Gómez que nos diga si existe esa investigación, que nos informe y hacemos ese compromiso”, respondió.

Esta mañana el Mandatario dijo que Pablo Gómez acudirá a la mañanera “para que no pase del mes”.

“Todo se escucha, lo que pasa es que hay bastante trabajo y hay que estar recordando, empujando, para que caminen. En Palacio las cosas caminan despacio”.

En septiembre de 2020, el entonces titular de la UIF Santiago Nieto Castillo dijo a EL UNIVERSAL que investigaban a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por el caso de los sobornos por parte de Odebrecht.

El empresario Carlos Alberto Guerrero Villanueva se declaró culpable en una corte de Estados Unidos de haber vendido equipo de espionaje al gobierno de Baja California, durante el mandato de Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid, con el fin de intervenir dispositivos electrónicos de actores polítcios.

Guerrero tenía una empresa llamada Elite by Carga, a través de ella presentó al equipo de Hacking Team a los funcionarios estatales, dicha empresa era de origen italiano y se dedicaba a vender un sistema que podía intervenir celulares Android, iOS y BlackBerry.

El equipo fue adquirido en 2014, sin embargo para 2015 sufrió un hackeo de sus servidores, por lo cual se publicaron en internet los archivos con correos electrónicos y facturas que demostraban las compras realizadas por gobiernos de todo el mundo.

En los documentos se comprobó que el gobierno de Baja California era uno de los clientes de la empresa, sin embargo "Kiko" Vega al ser cuestionado negó que su gabinete haya adquirido el equipo "Galileo".

Por su parte, la empresa de Guerrero, Elite by Carga notificó que nunca compraron ese servicio y que no se encontraban conectados con Hacking Team.

El pasado 15 de febrero, Carlos Alberto Guerrero Villanueva, decidió aceptar la culpabilidad del delito de espionaje de telecomunicaciones con fines políticos tras haber concretado la compra del equipo para su uso en Baja California.

*Con información obtenida de Punto Norte.

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El titular del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Luis Lutteroth, consideró que ninguno de los dos gobernadores anteriores resolvió el tema de inseguridad, por lo que pidió confiar en la actual administración estatal que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El también empresario dijo que el CDT, no tiene un posicionamiento sobre los casos de inseguridad que han ocurrido últimamente en el municipio. 

Ya que justificó que el actual gobierno estatal a penas tiene un mes en funciones. Aunque aseguró que el Consejo solicitó resultados en materia de seguridad a corto plazo. 

De igual forma mencionó que el CDT ha apoyado a las instituciones de seguridad con equipamiento y casetas de vigilancia por lo que de ser necesario los empresarios y el mismo Consejo podrían apoyar con más recursos económicos para ayudar al gobierno Del Pilar Olmeda a solventar la problemática de inseguridad.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, anunció durante un evento que comenzaron a realizar auditorías a las dependencias estatales para descartar si hubo malos manejos o irregularidades en las secretarías bajo al mando de las administraciones anteriores.

Explicó que la primer institución que será analizada será CECyTE BC, ya que existen diversas quejas por parte del personal sobre los manejos que existen dentro de esta organización educativa, además señaló al Centro Penitenciario como una de las próximas paraestatales a revisar.

Del Pilar aclaró que esta acción no es una "cacería de brujas" sino que los organismos que presentan denuncias de irregularidades tendrán que enfrentar una revisión para eliminar dudas.

Platicó que no se trata de revanchismo o ir en contra de una persona en especifico sino hacer cumplir la ley.

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